Soja

Con el mazo dando…

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(Y a Conan rezando…)

El frenesí de los últimos días permitió visualizar en toda su dimensión la improvisada conducción de la economía argentina. De “ya pasó lo peor” a un salvataje de 20 mil millones de dólares para calmar la presión sobre el billete verde. De las retenciones cero a un jugoso premio de 7 mil millones de dólares para un puñado de “ganadores”, mientras que los pequeños productores la vieron pasar, otra vez. Del fin del cepo a un regreso de urgencia para frenar una maniobra de ganancia rápida que en otros tiempos fue aplaudida por el propio Presidente. 

Todo en apenas una semana. Una semana que terminó en un desmesurado festejo de parte del Gobierno por el “respaldo” recibido de Donald Trump. La administración republicana confirmó que le otorgará a la Argentina un crédito stand-by por un monto a definir, un swap por USD 20.000 millones y la compra de bonos denominados en la moneda norteamericana.

“Inmediatamente después de la elección, comenzaremos a trabajar con el gobierno argentino en sus pagos de capital”, advierte Bessent sobre los plazos que tomará en cuenta Washington para transferir fondos al Banco Central. Para la elección falta un montón. Para la reelección, como confundió Trump, una eternidad.

La elección de octubre hoy tiene un resultado incierto y las encuestas se inclinan por una derrota del oficialismo. 

La experiencia indica que los salvavidas de Estados Unidos o el FMI, no necesariamente redundan en bienestar económico para el país. En última instancia, es un rescate al Gobierno y no a la economía. 

De la Rúa también celebraba contar “buenas noticias” después del blindaje de diciembre de 2000, con un crédito extraordinario del Fondo Monetario. “Nos saca del riesgo y crea una plataforma extraordinaria para el crecimiento”, decía el líder de la alianza un año antes de escapar en helicóptero. 

Washington fue clave al momento de cerrar el trato. “Lo felicité por cómo inició su gestión y por haber alcanzado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”, comentó el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Lawrence Summers, después de reunirse con De la Rúa en Davos el 30 de enero.

En 2018, Mauricio Macri también festejaba la vuelta al Fondo para “enfrentar este nuevo escenario global y evitar crisis” futuras. “Mi convicción es que estamos recorriendo el único camino posible para salir del estancamiento buscando siempre evitar una gran crisis económica”, aseguraba el líder del PRO, ahora mimetizado con las fuerzas libertarias. El resultado fue una dura derrota electoral para Cambiemos y una deuda de 57 mil millones de dólares para la Argentina. 

El escenario actual no es tan distinto a las experiencias recientes, pero Milei jura que “nosotros vinimos a hacer algo distinto, no a empezar a construir la casa por el techo sino a sentar las bases del crecimiento a largo plazo. Y ahora que los cimientos están firmes es momento de empezar a ver el fruto de nuestro esfuerzo”.

“Estamos cada vez más cerca de sacar al país del fondo del abismo”, prometió. Ahora sí. 

El entusiasmo no parece ser compartido. El último indicador de actividad económica mostró una caída de 0,1% respecto del mes anterior, con una variación cercana a cero en la comparación interanual.

El campo, donde se concentra buena parte de los votos que le dieron sustento a la Libertad Avanza, está hoy decepcionado con el desplante de las retenciones. Apenas unas horas de haber anunciado retenciones cero hasta después de las elecciones -el mismo día en que se anunciaba que no se iba a cumplir la ley de Emergencia en Discapacidad por “falta de fondos”-, el Gobierno decidió reimplantarlas porque se agotó el cupo de 7 mil millones de dólares de liquidación, meta que se había fijado para conseguir billetes frescos. Los ganadores de las retenciones cero fueron un puñado de empresas: un informe de la consultora RIA, de asuntos públicos del agro, expuso que Cofco International Argentina S.A. exportó 1,86 millones de toneladas; seguida 1,54 MT “Otros”; 1,43 MT Viterra; 1,36 MT Cargill; y 0,81 MT Molinos Agro. 

“El lunes se sabía una cosa y el miércoles otra, lo que generó malestar. Fue una medida puramente financiera para subsanar recursos, no para la producción”, señaló a Open1017 María Soledad Aramendi, la primera mujer en presidir la Sociedad Rural de Rosario en 126 años de historia. 

En el mercado comparten la opinión y aseguran que fue una maniobra armada para conseguir liquidez y respaldos de los grandes pooles. El Centro de Economía Política Argentina agrega un dato geopolítico. “Lo que vino a acelerar los tiempos fue el tweet de Scott Bessent, secretario del Tesoro de EEUU, que expresó en X: “The Treasury is currently in negotiations with Argentine officials for a $20 billion swap line with the Central Bank. We are working in close coordination with the Argentine government to prevent excessive volatility. In addition, the United States stands ready to purchase secondary or primary government debt and we are working with the Argentine government to end the tax holiday for commodity producers converting foreign exchange”. (El Tesoro está negociando actualmente con funcionarios argentinos una línea de swap de USD 20.000 millones con el Banco Central. Trabajamos en estrecha coordinación con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva. Además, Estados Unidos está dispuesto a comprar deuda pública secundaria o primaria, y estamos trabajando con el gobierno argentino para poner fin a la exención fiscal para los productores de materias primas que conviertan divisas”).

Bessent se ocupó de dejar en claro que Estados Unidos estaba trabajando con el gobierno argentino en poner fin a la reducción de retenciones transitoria, dejando en evidencia que esa es una de las condicionalidades a la ayuda prometida. Lo de Bessent resulta una intromisión inadmisible en la política fiscal de la Argentina. 

Relata CEPA que el secretario del Tesoro twitteo bajo la presión de los farmers de su país, que ante la pérdida del mercado chino en función de los aranceles que le impuso el país asiático a las exportaciones de ese país, una oferta extraordinaria de granos de Argentina iba a ser aprovechada por los compradores chinos que habían dejado de comprarles a Estados Unidos por la guerra de aranceles. Los farmers norteamericanos pusieron el grito en el cielo, haciendo público su reclamo en la red social X: “La frustración es abrumadora. Los precios de la soja en EE.UU. están cayendo, la cosecha está en marcha, y los agricultores leen titulares no sobre asegurar un acuerdo comercial con China, sino sobre que el gobierno de EE.UU. está otorgando 20 mil millones de dólares en apoyo económico a la Argentina mientras ese país reduce sus impuestos a la exportación de soja para vender 20 cargamentos de soja argentina a China en sólo dos días”,  (Caleb Raglan, presidente ASA)

Fue un partido de “grandes ligas” con dos derrotados: los pequeños productores y el Estado, que dejó de recaudar unos 1.500 millones de dólares por exportaciones que con retenciones igual se habrían realizado. “Eso configura una competencia desleal”, rezongó Aramendi. La presidenta de la Sociedad Rural de Rosario señaló que la falta de previsibilidad desgasta la confianza y criticó el modo en que se implementó la medida: “No era necesario generar tanto malestar. Fue una decisión puntual para recaudar, mal manejada en un contexto electoral. Necesitamos previsibilidad y seriedad”.

El mismo desgaste que sienten los productores yerbateros, que esta semana volvieron a abrazar un INYM ahora añorado. Entre los viejos rostros de productores desencantados y nuevamente sumidos en el deterioro de sus ingresos, sorprendió el de Hugo Humeniuk, intendente de Concepción de la Sierra, quien se sumó a la protesta frente al Instituto Nacional de la Yerba Mate. Productor yerbatero, comerciante y dirigente de Juntos por el Cambio y afinidad con Javier Milei, no dudó en reconocer la desilusión de su municipio con la gestión nacional: “Con el gobierno estamos desilusionados con el tratamiento de las economías regionales. No recibimos absolutamente ningún beneficio”.

Humeniuk fue más allá al cuestionar la mirada centralista del Ejecutivo nacional: “Todo está concentrado en Buenos Aires. Creen que atendiendo a la macroeconomía, la micro se va a resolver sola, y no es así. Las economías regionales necesitan atención directa, en particular la yerbatera”.

La situación se agrava, según relató, porque los municipios tampoco logran acceder a programas nacionales. “Viajé varias veces a Buenos Aires para gestionar un camión compactador a través del plan Mi Argentina. Tenemos la orden de pago del Ministerio de Economía, pero nunca transfirieron los fondos. Así estamos todos los municipios”, señaló.

La presencia de un intendente “mileista” en la protesta yerbatera refleja que la crisis del sector trasciende lo gremial y amenaza con trasladarse al plano político. La falta de respuestas a las economías regionales se convirtió en un punto de quiebre en territorios donde la yerba mate es la base de la economía local.

Es una situación similar o peor a la de 2001. Es lamentable que que siempre tengamos que pagar el pato los productores, el sector más débil de la cadena”, definió Igor Sobol, uno de los productores yerbateros que encabezó el “abrazo” al Instituto Nacional de la Yerba Mate, en un nuevo intento -que saben poco eficaz- de conseguir torcer la voluntad del Gobierno nacional y recuperar las facultades de regulación y fijación de precios. El abrazo no es la única herramienta. El conflicto por la yerba mate, uno de los principales productos de exportación del Nordeste, escaló en terreno judicial. Un conjunto de asociaciones de productores, cooperativas y sindicatos de Misiones presentó una medida cautelar innovativa en el fuero penal federal para que el presidente Javier Milei “cese en el delito” y que designe de manera inmediata al presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate.

El planteo no es menor. Las entidades sostienen que la omisión del Gobierno configura un “estado de delito permanente” y que la desregulación del mercado yerbatero, iniciada con el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, derivó en un perjuicio económico estimado en más de $140.000 millones para el sector primario. Para los productores, el DNU de Milei, “ha permitido al oligopolio yerbatero el abuso de su posición dominante, imponiendo un proceso de destrucción política y económica del sector de la producción primaria, ocasionando artificialmente la inviabilidad económica de “la chacra” misionera”.

El desencanto de los productores es el mismo en los gobernadores que comparten una certeza: no hay entusiasmo con el supuesto cambio de relación que prometió Milei tras la derrota en Buenos Aires. Curtidos muchos de ellos por experiencias anteriores, advierten que el “salvataje” celebrado en Olivos, no significa nada si no se incorpora a las provincias a la mesa ni se mejoran las condiciones para el empleo y la producción. Es una deuda más, sin asignación específica ni destino de infraestructura. Solo para la caja de la capital. 

En Bariloche hubo una cumbre de gobernadores en la que se compartió la misma sintonía. Sin diálogo y mirada federal no habrá recuperación. La predisposición al diálogo está, pero no encuentra eco en la Nación, donde los funcionarios miran por sobre los hombros a los gobernadores. 

A un mes de las elecciones, los gobernadores decidieron concentrarse cada uno en su provincia. Defender los provincialismos desde cada lugar, sin distraerse por los altibajos libertarios. 

En Misiones la gestión es prioridad y se refleja en la contención a los sectores más agobiados por la crisis. El Presupuesto 2026, que está listo para ser aprobado en las próximas horas, contempla cubrir con fondos propios la retirada de Nación. Las prioridades se sostienen. La educación, la salud, el desarrollo económico son claves para generar condiciones propias de una economía más sana. 

Esa simbiosis se refleja en las políticas oficiales. El gobernador Hugo Passalacqua anunció nuevas medidas de alivio fiscal, ahora apuntadas a los profesionales, que tendrán una rebaja del 30 por ciento en los Ingresos Brutos hasta fin de año, medida que se suma a otras que buscan darle más competitividad a las distintas actividades económicas. 

El Gobernador anunció un nuevo incremento salarial que se hará visible este martes, cuando cobren los estatales. Para los trabajadores activos, el incremento acumulado es del 5,1%, dividido en dos tramos: 2,5% que ya fueron efectivos en julio y agosto más ahora otros 2,5% para el tramo septiembre-octubre. En el caso de jubilados, pensionados y retirados, el aumento será mayor, con un total acumulado del 6,1%, también en dos tramos como los activos.

En paralelo, Oscar Herrera Ahuad -será reemplazado en la presidencia de la Cámara de Diputados por Sebastián Macías-, se enfoca en las propuestas que llevará el misionerismo al Congreso: salud y educación como ejes. “La salud es un activo incalculable para los misioneros”, remarcó Herrera durante la entrega de flamantes ambulancias a una decena de municipios. “Cada vez que entregamos una ambulancia, sabemos que a ella se abraza todo el pueblo. En cada lugar donde llega una ambulancia nueva se festeja, se celebra. Es un día de gozo porque sienten esa mano, ese cuidado, esa protección que se les está dando”

El candidato a diputado nacional resaltó el esfuerzo colectivo para sostener la inversión sanitaria en un escenario de restricciones macroeconómicas: “Hoy el esfuerzo de los misioneros, el esfuerzo del gobernador Hugo Passalacqua, es para tenerlo en cuenta porque la cosa está complicadísima, pero siempre está el Estado misionero para cuidar y para defender a cada uno de nosotros”.

Sin cesar, el presidente de la Legislatura marca el ritmo de la campaña. “Yo no estoy en condiciones de perder ningún voto, voy a salir a buscar chacra por chacra, colonia por colonia, pueblo por pueblo, para que nos acompañen en el bien común de las necesidades que tenemos todos los misioneros. El voto útil está acá, es el voto que los va a defender. Tirar el voto con otro que tiene 5 puntos no sirve, porque no los va a defender, no los defendió nunca”, argumentó Herrera Ahuad.

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Retención 0%: un premio exagerado sin beneficio para los productores

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El gobierno decidió, el día lunes, reducir a cero la alícuota de Derechos de Exportación a granos con plazo hasta el 31/10/2025 o hasta agotar el cupo de USD 7.000 millones con vigencia desde el 23/9.

La magnitud del beneficio anunciado hacía presumir que la medida tendría una importante adhesión. En el caso del poroto de soja (producto agrícola que mayor alícuota de derechos de exportación tiene -26%-), por ejemplo, implicaba un beneficio equiparable a una devaluación del orden del 35% respecto del tipo de cambio vigente el viernes anterior, es decir, un precio de $1.991 por dólar, ello sin considerar el costo financiero del anticipo de las divisas, señala un estudio del Centro de Economía Política Argentina.

Dado que la condición para que la alícuota cero resultara aplicable era que se liquiden al menos el 90% del contravalor en divisas en el período comprendido entre la entrada en vigencia (23/9) de la norma y hasta 3 días hábiles de registrada la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE), lo esperable era que el cupo se cubriera en un período corto de tiempo. Sin embargo, fue mucho más acelerado de lo previsto, cubriendo el cupo de USD 7.000 millones en sólo 48 horas, por el eventual efecto sobre el precio que podría tener una oferta tan importante de divisas en el mercado libre de cambios en una ventana de tiempo tan corta, además de la necesidad de hacerse de las líneas crediticias, ya sea con entidades financieras internacionales o locales o mediante cobros anticipados intragrupo.


  1. Por el enojo de los farmers, la política tributaria Argentina la define Estados Unidos y no el Congreso, como marca la Constitución Nacional

Lo que vino a acelerar los tiempos fue el tweet de Scott Bessent, secretario del Tesoro de EEUU, que expresó en X:

The Treasury is currently in negotiations with Argentine officials for a $20 billion swap line with the Central Bank. We are working in close coordination with the Argentine government to prevent excessive volatility. In addition, the United States stands ready to purchase secondary or primary government debt and we are working with the Argentine government to end the tax holiday for commodity producers converting foreign exchange.

Bessent se ocupó de dejar en claro que estaba trabajando con el gobierno argentino en poner fin a la reducción de retenciones transitoria, dejando en evidencia que esa es una de las condicionalidades a la ayuda prometida. Más allá de la necesidad de implementar DEX dada la realidad económica de nuestro país, lo de Bessent resulta una intromisión inadmisible en la política fiscal de la Argentina. Bessent twitteo bajo la presión de los farmers de su país, que ante la pérdida del mercado chino en función de los aranceles que le impuso el país asiático a las exportaciones de ese país, una oferta extraordinaria de granos de Argentina iba a ser aprovechada por los compradores chinos que habían dejado de comprarles a EEUU por la guerra de aranceles. Los farmers norteamericanos pusieron puesto el grito en el cielo, haciendo público su reclamo en la red social X:

“La frustración es abrumadora. Los precios de la soja en EE.UU. están cayendo, la cosecha está en marcha, y los agricultores leen titulares no sobre asegurar un acuerdo comercial con China, sino sobre que el gobierno de EE.UU. está otorgando 20 mil millones de dólares en apoyo económico a la Argentina mientras ese país reduce sus impuestos a la exportación de soja para vender 20 cargamentos de soja argentina a China en solo dos días.”[1]  (Caleb Raglan, presidente ASA)


  1. Aceleración de los tiempos

Sin duda la publicación de Bessent funcionó como un aviso que llevó a las cerealeras a acelerar el registro de DJVE como si no hubiera mañana. El sector sabía o cuando menos suponía que el gobierno no iba a quedar en offside con Bessent y que la forma elegante de cumplir con el compromiso de poner fin a la rebaja transitoria y aprovechar el beneficio era completar el cupo en el menor tiempo posible. Según informó ARCA en sus redes sociales, ese cupo se alcanzó el 24/9, teniendo menos de 48 horas de vigencia la medida. Eso sólo es posible dada la particularidad de ese sector: casi la totalidad de las ventas son a empresas del mismo grupo económico de la empresa exportadora, comprador que actúa de trader entre ese exportador y el destinatario de los granos.


  1. Los ganadores de la medida

Con los el registro de DJVE cerrado para el beneficio del Decreto 682, los datos por empresa y grano, producto y subproducto indican que el 80% corresponde a soja, productos y subproductos de soja y se corresponden con el siguiente grafico:

Como se observa, el beneficio se concentra en un puñado de empresas exportadoras de granos. Estas empresas lograron, en relación al beneficio fiscal por Derechos de Exportación, un beneficio el equivalente a casi USD 1.500 millones. Las primeras 6, concentran el 86,8% de las toneladas involucradas, equivalente a un ahorro total, por el no pago de retenciones, por unos USD 1.313 millones.

Estamos hablando de Cargill, cuyo beneficio ascendió a USD 328 millones. LDC, que sumó unos 222 millones, COFCO y AGD, con un ahorro de DEX por casi USD 200 millones cada una, Bunge y Molinos, con beneficios de USD 167 y 151 millones respectivamente, entre las principales.

En definitiva, esos USD 1.500 millones —que correspondían a retenciones por embarques de granos valuados en USD 7.000 millones— no ingresarán a las arcas del Estado y muy probablemente no se traduzca en un beneficio de magnitud semejante a los productores. Esas ventas al exterior que registraron las cerealeras en menos de 48 horas, corresponden a cantidades que no guardan relación con las compras de granos que se dieron en estos días según los registros del SIO-granos (SAGyP – CNV), con lo cual se trata de cantidades que no están en sus inventarios y que irán comprando con el pasar de los días. En efecto, parte de esos granos corresponde a cereales u oleaginosas que aún no han sido cosechados. Cuando baje la espuma, es muy probable que los precios en los mercados de cereales locales vuelvan a reflejar precios con los derechos de exportación descontados, siendo que las empresas exportadoras trasladan a los productores la carga tributaria de los derechos de exportación. De ese modo un puñado de compañías agroexportadoras se quedarán con la mayor parte de esa renta que no recaudó el Tesoro ni va a ir a parar a los bolsillos de los productores. En los hechos, se trata de una ganancia extraordinaria que embolsarán las multinacionales del agro a cambio de un mínimo costo financiero, en relación a la ganancia extraordinaria que les representa, por las líneas de crédito para la liquidación anticipada de las divisas en el mercado de cambios. Un premio nada desdeñable por anticiparle a Milei los USD 7.000 millones que necesita para contener la cotización del dólar de cara a las elecciones por exportaciones que se producirán a lo largo de varios meses. Pan para hoy y hambre para mañana.


  1. ¿Agricultura se hará la distraída con la aplicación de la Ley Martínez Raymonda?

Siendo que la rebaja transitoria de derechos de exportación ya quedó sin efecto, casi la totalidad de las exportaciones cuyas DJVE fueron registradas al amparo del Decreto N° 682/2025 se concretarán con la vigencia de la alícuota anterior a la vigencia de la rebaja transitoria, es decir una alícuota mayor a la vigente al momento de registro de la DJVE. Teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 26.351, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca debería exigir oportunamente a las cerealeras que acrediten de modo fehaciente la tenencia o en su caso la adquisición de las cantidades registradas con anterioridad a la finalización de la rebaja transitoria, algo que resulta de cumplimento imposible para las agroexportadoras: las ventas en el mercado interno que surgen del SIO-granos (SAGyP – CNV) no están calzadas con las cantidades de ventas al exterior registradas y no hay chances que puedan cubrir la diferencia con sus existencias. Si bien la autoridad de aplicación tiene un plazo de 5 años para fiscalizar eso antes que prescriba, dada lo burda de la maniobra no debería tener dilaciones en su fiscalización.


  1. El modelo Milei y las medidas que no funcionaron

En términos generales, es posible confirmar, por enésima vez, que la medida de la baja de retenciones y los anuncios de acuerdos con EEUU apuntan a ganar tiempo en el frente cambiario, talón de Aquiles del modelo. Según el gobierno, la baja temporaria de retenciones a 0% y el swap con EEUU (¿+ recompra bonos y crédito?) permitirían resolver este frente. Pero vale detallar que cosas impulsó el gobierno que previamente, que no lograron encausarlo:

  • Blanqueo: USD 20.631millones}
  • Dólar Blend (liquidación de divisas en el CCL): USD 15.124 millones
  • BOPREALES (serie 1, 2 y 3): suscribieron USD 10.000 millones
  • REPO con bancos privados: USD 3.000 millones en total (USD 1.000 millones en dic-24 y USD 2.000 millones en jun-25)
  • Préstamo FMI: primer desembolso de USD 12.396 millones
  • BONTE: USD 1.500 millones en total (apertura + reapertura en jun-25)
  • Baja de retenciones temporarias: liquidación (anticipada) récord de USD 21.687 millones entre enero y julio (USD +7.688 millones interanual)
  • Dólar colchón: no funcionó
  • Desembolso adicional de FMI a pesar de no cumplir meta: USD 2.069 millones
  • Préstamos de OOII: ingresaron aproximadamente USD 6.263 millones entre abril y agosto

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Objetivo cumplido: se llegó a los US$7000 millones esperados por el Gobierno con la suspensión de las retenciones

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En apenas tres jornadas, el Gobierno logró que el campo registrara exportaciones por más de US$7000 millones tras suspender de manera transitoria el cobro de retenciones. Así lo informó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que confirmó el cumplimiento de la meta prevista en el decreto 682/2025.

Con el cupo alcanzado, las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) bajo el régimen especial quedaron deshabilitadas. A partir de ahora, los embarques se registran nuevamente con los derechos de exportación vigentes: soja al 26% y maíz al 9,5%, entre otros.

La decisión generó un aluvión de registros. Hasta antes del anuncio oficial de ARCA, ya se habían presentado DJVE por US$4180,9 millones, equivalentes al 60% del objetivo. Los subproductos de soja fueron los más relevantes, con 4,72 millones de toneladas por US$1359 millones, seguidos por la soja en grano (2,69 millones de toneladas, US$1050 millones), el aceite de soja (905.110 toneladas, US$935,7 millones), el trigo pan (1,77 millones de toneladas, US$392 millones) y el maíz (952.500 toneladas, US$190,6 millones).

📊 Los números clave de la suspensión de retenciones

  • US$7000 millones: meta de ingresos fijada por el decreto 682/2025, alcanzada en apenas tres días.
  • US$4180,9 millones: monto acumulado de DJVE al mediodía del miércoles, equivalente al 60% de la meta.
  • 11,46 millones de toneladas: volumen total registrado en las primeras jornadas.

La jornada de este miércoles estuvo marcada por la incertidumbre. Una frase del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, encendió las alarmas al señalar que su país trabaja con la Argentina “para poner fin al feriado impositivo de los productores de commodities”. El comentario fue interpretado como una señal de que no habría prórroga más allá del 31 de octubre, o incluso como un pedido de eliminar definitivamente los derechos de exportación.

La reacción inmediata fue el freno del mercado. “Los compradores se retiraron y dejaron de validar precios”, explicó Lorena D’Angelo, analista de AZ Group. Según advirtió, la confusión juega en contra de los productores norteamericanos y a favor de la soja argentina, que encuentra en China un comprador ágil frente a la oportunidad.

En la misma línea, Germán Iturriza sostuvo: “A partir del tuit de Bessent el mercado se paralizó. Los exportadores interpretaron que Estados Unidos pedía cortar el beneficio y dejaron de convalidar valores”. Como resultado, la soja noviembre perdió US$18 en la rueda y se ubicó en US$342,4 la tonelada.

El desconcierto también impactó en los valores en pesos. De los $505.000 por tonelada que llegó a ofrecerse en los primeros días sin retenciones, el miércoles las propuestas bajaron a $465.000. Una caída de $25.000 respecto del cierre previo, aunque todavía por encima de los $440.000 vigentes antes de la medida.

“La soja volvió a liderar la operatoria, pero con precios que fueron mermando en paralelo a la caída del tipo de cambio”, indicó Eugenio Irazuegui, de Zeni. El mercado argentino, añadió Iturriza, quedó desalineado respecto a Uruguay, donde la soja noviembre se paga US$355, mientras que la capacidad de pago local se calcula en torno de US$380 FOB.

Para Juan Manuel Uberti, de Grassi, la dinámica muestra un contraste: “Pasamos de volúmenes récord de soja a la paralización total en pocas horas por los ruidos externos. Los precios cayeron tanto en pesos, por efecto del tipo de cambio, como en posiciones futuras, por temor a un retorno anticipado de las retenciones”.

No obstante, la avalancha de registros en solo tres días deja una certeza: el sector agroexportador respondió de manera inmediata al incentivo fiscal. El interrogante es si, de aquí a octubre, la incertidumbre política y externa seguirá pesando sobre los precios y las decisiones comerciales de los productores.

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Eliminación temporaria de retenciones: impacto inmediato positivo, dudas sobre el futuro

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Escriben Franco Artusso y Tobías Lucero, sección Agroindustrial, Fundación Mediterránea. El Decreto 682/2025, publicado el 22 de septiembre, bajó a 0% las retenciones a granos y subproductos. La medida estará vigente hasta el 31 de octubre o hasta que se acumulen Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) por USD 7.000 millones, lo que ocurra primero.

Para acceder a esta alícuota diferencial, los exportadores tienen que liquidar al menos el 90% de lo declarado dentro de los tres días hábiles. Si no cumplen, deberán pagar los derechos de exportación según las alícuotas vigentes al 19 de setiembre.

La medida busca acelerar la venta de granos por parte de los productores agropecuarios (y otros actores de la cadena), cambiando los incentivos económicos al elevar, mientras esté vigente, los precios internos. Una mayor comercialización primaria permite la exportación directa los granos o su transformación industrial en otros productos que tendrán como destino la exportación. De lograrse el objetivo, es de esperar una mayor afluencia de dólares al MULC, con un costo fiscal asociado, el de los impuestos no recaudados. 

Se calcula que todavía quedan por comercializar 20 millones de toneladas de soja del ciclo 2024/25 y unos 16 millones de toneladas de maíz (destinadas a exportación). A valores de mercado, esto representa entre USD 10.000 y 11.000 millones —según cotizaciones internacionales y si la soja se exporta como grano o sus productos derivados—, una cifra que supera ampliamente el límite fijado en la norma.

Un dato llamativo es que será la primera vez en varias décadas que todas las materias primas agrícolas y sus principales derivados podrán exportarse sin pagar retenciones (a diferencia de otros momentos en los que sólo algunas de ellas se encontraron completamente liberadas del tributo).

Acerca de la suba esperada de los precios

La efectividad del esquema para acelerar la comercialización de granos depende mucho de la suba de precios internos que pueda ofrecer, tanto en pesos como en moneda dura. 

Respecto a este movimiento, un primer comentario es que la suba de precios no será simétrica entre granos. En efecto, como los DEX difieren según el producto, el impacto en precios internos debería ser mayor en soja (26%) que en maíz o trigo (9,5%). Como nota al pie, no está asegurado que la eliminación de retenciones se traslade en la misma proporción, es decir, completamente, a los precios locales, al tratarse de una medida temporaria que concentra mucha oferta en menos de 40 días, ya sea por sobrecostos, vinculados a cuestiones logísticas y financieras que probablemente enfrenten los exportadores, particularmente los vinculados a la industria de procesamiento, como por la posible oportunidad que enfrenta el sector exportador de negociar mejores condiciones, en un escenario de mucho entusiasmo de los productores por entrar al esquema. 

Otro factor que puede limitar el alza plena de precios, al menos en los primeros días del nuevo régimen, es la posición comercial de cada exportador entre volúmenes registrados (DJVE) y volúmenes efectivamente comprados a precio cerrado. En los casos donde las DJVE emitidas superan la mercadería adquirida (un resabio del adelanto de DJVE que se observó al cierre del programa previo de baja temporaria de DEX), los operadores deberán absorber primero el costo de haber registrado ventas externas y pagado DEX sin contar todavía con el grano comprado a precio firme.

Finalmente, en paralelo al nuevo régimen de DEX, el Tesoro de Estados Unidos anunció un apoyo económico y financiero a la Argentina, un hecho con pocos antecedentes. Tras el comunicado —y también por el efecto inmediato de una mayor liquidación de exportadores—, el tipo de cambio oficial cayó 9% en los últimos días. Esto impacta en los precios internos de los granos medidos en pesos, que ahora enfrentan dos fuerzas opuestas: el impulso alcista de la eliminación temporaria de DEX y la baja del tipo de cambio oficial. Según cuál de estos factores pese más, los precios en moneda nacional pueden quedar por encima o por debajo del nivel previo al cambio de régimen, haciendo más o menos atractiva la nueva situación a los ojos de los productores. Por caso, en el maíz, una caída del 10% en el tipo de cambio oficial compensaría por completo los efectos de la eliminación temporaria de los DEX sobre los precios internos en pesos.

La decisión de vender ahora versus esperar

En cuanto a la decisión de venta, las expectativas de corrección cambiaria post elecciones de octubre podrían hacer pensar que existe un dilema entre aprovechar la eliminación transitoria de los derechos de exportación y los mayores precios resultantes — una situación equivalente a la de un tipo de cambio más alto— versus esperar a una eventual suba del tipo de cambio que compense la restitución de esas alícuotas. Esta disyuntiva aparece si la cuenta se hace en pesos, pero no si la decisión se evalúa en moneda dura.

En soja, por ejemplo, con un DEX del 26% y un dólar oficial cercano a $1.400, y haciendo números en pesos, recién convendría postergar la venta si se esperase que, tras los comicios, el tipo de cambio oficial superará los $1.900, dado que neto de retenciones, el valor resultante sería (en pesos de poder de compra constante) mayor al actual (ceteris paribus precios internacionales). En el caso del maíz, con una alícuota de 9,5%, el tipo de cambio de indiferencia se ubica por encima de los $1.600.

Ahora bien, cuando la cuenta se hace en dólares, la conclusión anterior no se mantiene. Sucede que vender en el presente a “precio internacional pleno” (sin descuento de DEX) siempre será más conveniente (a cualquier tipo de cambio, en un mercado libre), que vender en el futuro a “precio internacional con descuento”, suponiendo similares precios internacionales. 

A los precios externos actuales, y suponiendo un traslado pleno de la baja de DEX a los precios internos, la soja pasa de USD 285 / ton a USD 385, es decir mejora en unos 100 dólares por tonelada aproximadamente. Como ya se mencionó anteriormente, habrá que esperar a ver si el mercado convalida una suba de esta magnitud, o se queda a medio camino.

Por otra parte, más allá del precio, en la decisión de comercialización influyen también factores como la urgencia de obtener fondos para cubrir gastos, ya sea personales o vinculados al negocio. En este sentido, una fracción importante de los productores ya había anticipado ventas de soja al 30 de junio, aprovechando la rebaja transitoria de retenciones previa, por lo que no se verían obligados a regresar al mercado de inmediato para financiar la cosecha fina o la siembra de granos gruesos de la próxima campaña. Pero al mismo tiempo, los precios relativos entre granos e insumos mejoran sensiblemente en estos 40 días de vigencia del esquema, gracias al aumento en dólares de los granos, lo que ofrece al sector una oportunidad favorable para la compra y el acopio de insumos.

Magnitud del costo fiscal directo

La magnitud del costo fiscal directo que asume el gobierno depende tanto del nivel total de DJVE que se alcance con el nuevo esquema (de si se llega o no al límite de USD 7.000 millones) como de la composición de la canasta de operaciones. Respecto a esta última, debe advertirse que 1 dólar declarado en operaciones de exportación de soja grano o de sus derivados tiene implícito un costo fiscal mayor que 1 dólar declarado de operaciones de exportación de cereales (de 0,24 o 0,26 centavos versus 0,095 centavos).

A continuación, se estima el costo fiscal asumiendo por simplicidad, momentum del año y relevancia, que entran al programa operaciones de exportación de solo tres productos: harina de soja, aceite de soja y maíz. Se toman precios FOB de exportación de referencia de estos productos antes mencionados, que se mantienen fijos para todas las operaciones y se consideran las alícuotas de derechos de exportación (DEX) vigentes antes de la baja. 

Con esta información se calculan, para distintas combinaciones posibles de total de DJVE registradas y canastas posibles de participación soja – maíz, los montos de retenciones que el Estado dejaría de percibir. 

Una aclaración importante es que los granos disponibles para comercializar son suficientes como para abastecer todas las canastas que se simulan; en los casos de canastas de exportación muy concentradas en operaciones con soja, se llega a consumir hasta el 80% de la soja disponible para comercializar, mientras que, en las canastas más concentradas en maíz, se llega al 95% de la mercadería disponible.

Los resultados muestran que el costo fiscal es sensible al nivel de DJVE alcanzado y la composición de la canasta. Si se alcanza el tope máximo de USD 7.000 millones de DJVE, el sacrificio fiscal oscilaría entre los 0,25% del PIB (si en la canasta predominan completamente los subproductos de soja) y 0,18% (si aumenta hasta el 44% la participación de las operaciones de exportación de maíz en las DJVE totales). En escenarios de menor volumen, el impacto se reduce en forma proporcional: con USD 6.000 millones de DJVE, el rango es 0,22%–0,16% del PIB; con USD 5.000 millones, 0,18%–0,13%; y con USD 4.000 millones, 0,14%–0,10% del PIB.

Las simulaciones presentadas reflejan únicamente el costo fiscal directo y de corto plazo de la medida. No obstante, corresponde señalar que una fracción de dicho costo se traduce en un incremento de los márgenes de las explotaciones agropecuarias, lo cual amplía la base imponible del Impuesto a las Ganancias y otros impuestos. En consecuencia, una parte importante del costo inicial será compensada mediante una mayor recaudación por este tributo.

¿Cómo quedará la oferta neta de dólares?

El objetivo central de la reducción temporaria de derechos de exportación es incrementar la oferta de divisas en el mercado cambiario y, de ese modo, contener la presión alcista observada recientemente, en un contexto de restricción de liquidez externa y de un esquema cambiario que exige intervención del BCRA para sostener la banda superior. 

No obstante, el efecto neto dependerá del destino que los productores y exportadores asignen a los pesos obtenidos por la comercialización de granos. En la medida en que dichos fondos se orienten a la dolarización inmediata —posibilidad vigente para personas físicas—, la mayor oferta de divisas podría verse parcialmente compensada por un incremento de la demanda en el MULC. También podría suceder que la dolarización se realice vía los mercados financieros, observándose entonces una posible ampliación de la brecha cambiaria hasta tanto dure el programa. Alternativamente, si los recursos se destinasen a activos financieros en pesos, la adquisición de insumos o bienes de capital, la realización de inversiones productivas o consumo en el mercado interno, el impacto será diferente y la medida tendrá resultados más acordes a los deseados, contribuyendo a incrementar la oferta neta de dólares. 

Por otra parte, la novedad del inédito apoyo económico financiero que ofrece el gobierno de Estados Unidos al país disminuye las expectativas de corrección cambiaria a corto plazo y con ello reduce los incentivos a convertir, al menos rápidamente, los pesos recibidos en la comercialización de los granos en divisa extranjera.

Impacto sobre los consumos internos

El aumento en la cotización interna de los granos eleva los costos de producción en actividades que dependen de ellos como insumo principal —entre ellas, la producción animal en sistemas intensivos, los tambos, la molienda y la elaboración de biocombustibles—, generando presiones adicionales sobre los precios de dichos bienes, varios de los cuales tienen un peso significativo en la canasta del consumidor. No obstante, el impacto final sobre los precios internos dependerá de la magnitud efectiva del traslado, condicionado por la reciente baja del tipo de cambio oficial y por otros factores que inciden en la formación de precios en el mercado.

Ahora bien, debe señalarse que la reducción y eliminación definitiva de los derechos de exportación resulta inevitable, en la medida en que se desee liberar de esta carga tributaria al principal sector generador de divisas del país; es decir, no es sostenible una política que grava al sector primario para transferir recursos a las actividades de engorde animal o a los consumos industriales de granos. En los países con los que Argentina compite en exportaciones agroindustriales este tipo de mecanismos no se utilizan; cuando existen políticas de apoyo, suelen instrumentarse mediante herramientas específicas y no a través de la alteración de los precios de mercado. Por tanto, avanzar hacia un esquema en el que los consumos internos enfrenten el precio internacional de las materias primas constituye un objetivo deseable, tanto por razones de asignación eficiente de recursos como por la necesidad de evitar subsidios cruzados dentro de una misma cadena productiva.

Apreciaciones finales

La reducción de retenciones constituye, en sí misma, una buena noticia. La baja de impuestos mejora el resultado económico de las empresas agropecuarias (al menos de aquellas que contaban con granos en stock, probablemente la mayoría de ellas) y genera mayor confianza respecto del futuro de la actividad y el tratamiento que puede recibir por parte del gobierno en materia tributaria. 

Dado que el programa implica una significativa mejora de los precios internos de los granos, medidos en moneda dura, es probable que sea muy efectivo en su objetivo y que se llegue al límite de presentaciones establecidas (DJVE de USD 7.000 millones). Nótese que será la primera vez, en al menos los últimos 40 años, que los precios internos convergerán con los precios internacionales, al no haber restricciones cuantitativas sobre volúmenes ni impuestos específicos en el mercado de exportación.

Sin embargo, las ventajas de este tipo de medidas se ven limitadas en sus efectos positivos cuando son transitorias y poco previsibles. 

En este sentido, como ya se ha mencionado en otras oportunidades, lo deseable sería avanzar hacia un esquema de reducción y eliminación del impuesto definitivo, previsible y consistente, que facilite la planificación, maximice los efectos positivos sobre otras producciones (proveedores de insumos, equipos) y otorgue también a las actividades que se encuentran aguas abajo en la cadena de valor, el tiempo necesario para adaptar modelos de negocio y estrategias al nuevo escenario de precios relativos (ver PAL 101: Propuesta para la eliminación de las retenciones).

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Sembrar soja en febrero puede reducir hasta un 38 % el rendimiento

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El 25 y 26 de septiembre de 2025, la Casa de las Culturas de Las Breñas (Chaco) será sede del 1° Congreso de Cereales y Oleaginosas del Gran Chaco Argentino, un espacio inédito que busca articular ciencia, producción y territorio en una de las regiones más dinámicas y desafiantes del país.

“El Gran Chaco aporta casi una quinta parte de la superficie de soja y maíz del país, y es clave en sorgo y girasol. Este congreso surge como una respuesta para poner en valor el conocimiento generado en los últimos 15 años y acercarlo directamente a quienes lo necesitan que son los productores”, señaló Carlos Simón, investigador del INTA Las Breñas.

Uno de los tópicos centrales será el impacto del clima en los cultivos de la región. Datos de la estación meteorológica de la EEA Las Breñas muestran que la campaña 2024/25 tuvo el febrero más cálido en 87 años -según datos de la Estación Meteorológica de Las Breñas desde 1938- y el verano con menores precipitaciones registradas.

Según los estudios de la Red de Soja NEA, se calcula que, en soja, pierden 24 kilos por hectárea de rendimiento potencial por cada golpe de calor, definido como dos días consecutivos con más de 35°C.

Para reducir riesgos, los ensayos de la Red de Soja NEA identificaron que la fecha de siembra es el factor que más incide sobre el rendimiento: el máximo potencial se alcanza entre el 10 y el 15 de diciembre, mientras que sembrar en febrero puede significar hasta un 38 % menos de rendimiento.

“Frente a estas condiciones extremas, la innovación pasa por diversificar fechas de siembra y combinar prácticas como reducir la distancia entre surcos, aumentar la densidad y elegir variedades adaptadas. Se trata de manejar la incertidumbre con estrategias inteligentes”, sostuvo Gerardo Quintana, especialista del INTA Las Breñas.

Un encuentro enfocado en la productividad

El Congreso reunirá a investigadores, productores y empresas para debatir sobre manejo de cultivos, productividad y protección vegetal. plantea estrategias frente al clima extremo y nuevas herramientas para reducir brechas de rendimiento.

La agenda incluirá ejes en manejo de cultivos como maíz, soja, girasol y sorgo, sostenibilidad de los sistemas con aspectos vinculados a la salud de suelo, fertilidad y rotaciones, así como la protección vegetal y el manejo de malezas y plagas emergentes.

El congreso contará con paneles de productores, especialistas en fertilización y suelos, y conferencias de referentes como Fernando Salvagiotti, quien cerrará el evento con una charla magistral sobre el futuro de la agricultura en el Gran Chaco.

Con el respaldo de INTA y el acompañamiento de gobiernos y empresas, el encuentro se proyecta como un hito para la región: un espacio donde la ciencia se convierte en herramienta concreta para enfrentar los desafíos del clima y fortalecer la competitividad del agro chaqueño.

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