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El Gobierno eleva al 40% el valor base del gas propano para ajustar tarifas

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Energía: el Gobierno eleva al 40% el precio base del gas propano por redes para el cálculo tarifario. La Secretaría de Energía actualizó el valor de referencia utilizado por ENARGAS en los cuadros tarifarios del gas propano indiluido. La medida busca alinear los precios con los costos reales de abastecimiento.

La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía oficializó este jueves un ajuste clave en el esquema tarifario del gas propano indiluido distribuido por redes. A través de la Resolución 278/2025, se modificó el porcentaje que se toma como base para calcular el precio de este combustible en las tarifas, que pasa del 25% al 40% del valor de referencia determinado por la normativa vigente desde 2015.

La decisión, que ya fue publicada en el Boletín Oficial, tendrá impacto directo en los cuadros tarifarios que elabora el ENARGAS, y forma parte de la estrategia del Gobierno para reducir subsidios energéticos y ajustar los precios a los costos reales del sistema, en línea con los objetivos fiscales del plan económico nacional.

La normativa modifica el artículo 8° de la Resolución 41/2024, que establecía que el precio del gas propano por redes a ser incluido en los cuadros tarifarios representaba el 25% del valor resultante del procedimiento de cálculo definido por la Resolución 36/2015. Ahora, ese porcentaje se eleva al 40%, lo que representa un incremento del 60% sobre el valor anterior considerado en las tarifas.

Según la resolución, el nuevo valor deberá ser calculado por el ENARGAS tomando como base el precio vigente al día 20 del mes anterior a la entrada en vigor de cada cuadro tarifario. Esta actualización tendrá aplicación automática cada vez que se modifique el valor de referencia, de acuerdo con la normativa técnica establecida.

El cambio fue sustentado por los informes técnicos IF-2025-63811719 e IF-2025-68572796 de la Dirección de Gas Licuado. Ambos destacan la necesidad de lograr una mayor coherencia entre los costos reales de abastecimiento y los precios trasladados a los usuarios, considerando además la evolución del contexto macroeconómico, marcado por la aceleración inflacionaria de 2024 y el proceso de recomposición de precios relativos iniciado en 2025.

La medida se inscribe en un esquema de reducción progresiva de subsidios energéticos, eje central del programa económico del gobierno de Javier Milei, que busca acercar los precios regulados a niveles de mercado para reducir el déficit fiscal.

El gas propano indiluido por redes abastece a numerosas localidades pequeñas y medianas del interior del país, especialmente en zonas sin acceso a gas natural por gasoducto. Por ello, cualquier modificación en su precio base impacta directamente en el costo final que pagan los usuarios residenciales, comerciales e industriales de esos distritos.

En ese sentido, la medida podría generar aumentos tarifarios en áreas rurales o de menor densidad poblacional, particularmente en provincias del norte argentino, la Patagonia y regiones del NEA y NOA, como Misiones, Formosa, Salta o La Rioja, donde este tipo de combustible tiene mayor penetración.

La nueva resolución forma parte del proceso de normalización del mercado energético argentino, que combina ajustes tarifarios, retiro del Estado como formador de precios, y nuevas reglas para la asignación de subsidios. La medida refuerza la señal fiscal del Gobierno, al avanzar sobre un segmento que hasta ahora mantenía un precio base artificialmente bajo.

La actualización del porcentaje podría tener efectos indirectos sobre los programas de asistencia energética en zonas vulnerables, así como sobre la estructura de costos de pymes que dependen de este tipo de suministro. Se espera que el impacto se vea reflejado en los próximos cuadros tarifarios que publique el ENARGAS.

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Milei disuelve el Fideicomiso PPP y el fondo de subsidio al gas envasado

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El Gobierno nacional oficializó la disolución de dos fondos fiduciarios clave: el Fideicomiso PPP para la Red de Autopistas y Rutas Seguras y el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de GLP. Mediante el Decreto 415/2025, se busca avanzar en la reorganización del Estado, en línea con la Ley Bases y los objetivos de eficiencia fiscal.

A través del Decreto 415/2025, el Ejecutivo liquida el Fideicomiso PPP y el fondo de subsidios al consumo de gas envasado. El Programa Hogar continuará operativo bajo nueva estructura y se garantizan los pagos de deuda con BICE como agente.

Avanza la reorganización de fondos fiduciarios

El presidente Javier Milei firmó este martes el Decreto 415/2025, por el cual se dispone la disolución de dos instrumentos financieros estatales:

  • El FIDEICOMISO INDIVIDUAL PPP RED DE AUTOPISTAS Y RUTAS SEGURAS (PPP RARS)
  • El FONDO FIDUCIARIO PARA SUBSIDIOS DE CONSUMOS RESIDENCIALES DE GLP

Ambas estructuras serán liquidadas por el Ministerio de Economía conforme a los procedimientos definidos por el Decreto 695/2024 y la Resolución 796/2024. La medida se inscribe en las facultades delegadas al Ejecutivo por el artículo 5 de la Ley 27.742 (Ley Bases), que autoriza la disolución o transformación de fondos fiduciarios públicos.

El Fideicomiso PPP, sin contratos y con $85.000 millones en obligaciones

El fideicomiso PPP RARS fue creado en 2018 para canalizar inversiones en corredores viales mediante participación público-privada. Sin embargo, tras la extinción de todos los contratos PPP en 2020, el único objetivo del fondo quedó limitado al pago de los Títulos de Pago por Inversión (TPI) emitidos a contratistas adjudicados.

Dichos títulos, emitidos en dólares y con vencimientos semestrales, implican una deuda remanente de $84.954 millones. La SIGEN advirtió sobre deficiencias de trazabilidad en los beneficiarios de los TPI y la ausencia de mecanismos adecuados de control.

El decreto establece que el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) será designado agente de pago, y se autoriza al Ministerio de Economía a ofrecer el rescate anticipado de los títulos.

El Programa Hogar sigue, pero sin fondo fiduciario

Por otro lado, se disuelve también el Fondo Fiduciario creado por la Ley 26.020 para subsidiar el consumo de gas licuado de petróleo (GLP) en hogares vulnerables. No obstante, el Programa Hogar, que subsidia la compra de garrafas, continuará vigente bajo administración directa del Estado.

La Secretaría de Energía será responsable de definir los criterios de inclusión y coordinar con ANSES la identificación de beneficiarios, en base a cruces de datos y registros domiciliarios. La liquidación y el pago de los subsidios estarán a cargo de ANSES, que operará con fondos transferidos por el Ministerio de Economía.

Ambos procesos de disolución deberán respetar las responsabilidades pendientes de los fiduciarios. La normativa asegura la continuidad de los pagos y la producción de información durante la transición. La Jefatura de Gabinete deberá realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes.

La SIGEN ya había cuestionado la falta de manuales operativos, indicadores y trazabilidad en ambos fondos, lo que refuerza el argumento oficial sobre la necesidad de simplificar estructuras administrativas y mejorar la eficiencia del gasto público.

Implicancias para provincias como Misiones

En provincias con alta dispersión poblacional y baja cobertura de redes de gas, como Misiones, la continuidad del Programa Hogar sin el andamiaje fiduciario será clave para garantizar el acceso a garrafas subsidiadas. La redefinición de criterios y el nuevo esquema operativo exigirán coordinación efectiva entre Nación y beneficiarios locales.

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La guerra menos pensada: Trump vs Musk

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Un pleito que sorprende, por el tono de la comunicación y por la capacidad de amplificar sus mensajes, pero no por el origen de la relación. Algo que parecía difícil de sostener en el tiempo finalmente muestra su verdadera cara: la de la enemistad cuando el poder está en juego. La disputa entre el político más importante del mundo y el hombre más rico del mundo.

Elon Musk formó parte del gobierno de Donald Trump hasta hace apenas unos días, y tras su salida, esa relación que parecía conjugar el epicentro más concentrado del poder mundial comenzó a desmoronarse. El dueño de Tesla (entre otras empresas) estuvo al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental, casi como una parodia estadounidense de la cartera dirigida por Federico Sturzenegger en Argentina. El área de Musk fue la encargada de ejecutar miles de despidos y el cierre de organismos en Estados Unidos, con el único fin de alcanzar el tan deseado equilibrio fiscal.

Cierto es que la llegada de Musk al gobierno de Trump le valió una ola de críticas a nivel mundial y boicots a sus empresas, al punto de comprometer el valor de sus acciones. En pocas palabras, el negocio no estaba cerrando. Más allá de eso, nunca se involucró demasiado en la política.

La salida del gobierno fue pacífica y todo hacía creer que la relación personal con Trump, así como los gestos públicos mutuos, se mantendrían en el tiempo. Pero el viraje fue rápido y abrupto. Elon Musk lanzó una serie de críticas directas a Donald Trump y a su nueva política fiscal, lo que provocó la ira política del mandatario y una inmediata respuesta, escalando el conflicto hasta acusaciones comprometedoras que, además, generaron un sismo interno en la política estadounidense y una incertidumbre propia de crisis institucional.

Todo comenzó con la ley presupuestaria que impulsa el presidente Trump y que espera sea aprobada lo antes posible. Dicha norma incluye la ampliación de exenciones tributarias, un mayor recorte en el gasto social y un aumento en el techo de deuda. Para Musk, es una abominación; para Trump, es grande y hermosa.

La crítica textual de Elon Musk fue la siguiente:
“Lo siento, pero ya no aguanto más. Este proyecto de ley del Congreso, enorme, escandaloso y repleto de gastos superfluos, es una abominación repugnante. Qué vergüenza para quienes lo han votado: saben que han hecho mal. Lo saben.”

La respuesta de Trump apuntó directamente a la quita de subsidios para la industria automotriz eléctrica, insinuando que esa fue la verdadera razón de la ofuscación de Musk. Literalmente, le metió el dedo en la herida. Nada peor que cuestionar subsidios ante alguien que dirigió un área encargada de recortar gastos. Trump disparó con artillería pesada y con pleno conocimiento de sus acciones.

Musk redobló la apuesta y vinculó al actual presidente con los oscuros encuentros de Jeffrey Epstein, condenado por abuso, trata y prostitución de menores. El golpe fue durísimo para Trump, abriendo la posibilidad de que la situación escale hasta el ámbito judicial en Estados Unidos.

¿Promesas incumplidas?

Más allá de los idas y vueltas y de los trending topics que derivan de este pleito, hay una cuestión que merece un análisis más profundo: el trasfondo internacional de esta pugna por el poder, entre promesas incumplidas y alianzas de cartón.

Una de las aristas menos exploradas del distanciamiento entre Trump y Musk está relacionada con la guerra en Ucrania. A primera vista puede parecer que no hay vínculo entre ambos asuntos, pero como dice el dicho: “todo tiene que ver con todo”.

Trump hizo del fin de la guerra en Ucrania una de sus principales promesas de campaña y, desde el primer minuto, trabajó en acercar posiciones para poner fin a la conflagración. Sin embargo, entre tensiones y distensiones, ese objetivo se fue diluyendo. Cabe destacar que es muy posible que Trump logre la paz en Europa del Este, incluso más que un eventual acercamiento directo entre Putin y Zelenski. Pero la espera agotó la paciencia de Musk.

El fin del conflicto y una eventual partición del territorio ucraniano delineaban una ocupación rusa por un lado y una injerencia económica estadounidense por el otro. Esta última no implicaba asentamientos, pero sí una estrategia clara: Ucrania debía comenzar a pagar los préstamos y el apoyo militar brindado por Washington. A cambio, entraba en juego la explotación de las tierras raras y minerales estratégicos del país, y allí es donde Elon Musk entraba en escena.

Entre manganeso, grafito, hierro, litio, uranio y titanio, Ucrania alberga cerca de 10 mil yacimientos de tierras raras y minerales, lo que la convierte en una de las reservas más grandes del mundo. Estos recursos son materia prima clave para la industria tecnológica y de comunicaciones.

Con este panorama, todo empieza a cuadrar. La alianza entre Trump y Musk tenía un componente económico desde el lado del magnate, y uno geopolítico desde el presidente. Musk creyó en la promesa de una resolución rápida del conflicto para que sus empresas pudieran acceder a los minerales ucranianos, potenciando al máximo sus ganancias y las de otros grandes jugadores que apoyaron a Trump, como Mark Zuckerberg y Jeff Bezos.

Para Trump, lo redituable era la estrategia geopolítica. Buscaba que las empresas aliadas crecieran, escalaran su producción y dominaran mercados, utilizándolas como arma de competencia directa frente a China en la guerra comercial.

Si lo analizamos en perspectiva, ambos tenían mucho por ganar. Trump, al reposicionar a Estados Unidos en el tablero global; Musk, al incrementar sus beneficios económicos. Sin embargo, los tiempos se estiraron, las promesas no se cumplieron, y el magnate terminó perdiendo más de lo que ganó durante su paso por el gobierno. Ante la falta de resultados, la alianza de cartón se rompió, y hoy vemos un cruce público donde ambos se reprochan abiertamente.

El poder es difícil de compartir. Se ejerce o se padece. Y cuando dos figuras de peso entran en juego, las alianzas suelen basarse más en intereses que en pactos de caballeros. Lo romántico de las promesas y las amistades es propio de quienes aún no han sido completamente corrompidos. Para Trump y Musk, como en la geopolítica misma, todo se trata de intereses.

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Por decreto, Economía concentrará decisiones clave sobre tarifas eléctricas y de gas

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El Gobierno otorga más poder a la Secretaría de Energía para intervenir en tarifas de servicios públicos

Por decreto, la Secretaría de Energía podrá modificar contratos y licencias tarifarias sin interferir en las funciones de los entes reguladores. La medida busca agilizar la gestión de la política energética en un contexto de reformas estructurales.

A través del Decreto 371/2025, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional modificó los objetivos de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, habilitándola a actuar como autoridad concedente en materia tarifaria, lo que le otorga la facultad de intervenir directamente en modificaciones de contratos o licencias de servicios públicos del sector energético.

La disposición forma parte de la estrategia del Poder Ejecutivo para concentrar la toma de decisiones en temas críticos de política económica, en este caso vinculados al gas natural y a la electricidad, sectores regidos por las leyes 24.076 y 24.065, respectivamente.

Qué cambia con el nuevo decreto

Con esta decisión, la Secretaría de Energía podrá:

  • Actuar como Autoridad de Aplicación de las leyes que regulan las actividades del sector energético.
  • Intervenir en los procesos de revisión y modificación de contratos de concesión y licencias tarifarias.
  • Ejercer el rol de autoridad concedente, sin superponerse con las funciones técnicas específicas de los entes reguladores, como el ENRE (Electricidad) y el ENARGAS (Gas).

El Decreto 50/2019, que establecía los objetivos originales de la Secretaría, fue modificado para incorporar esta atribución como Objetivo N°5, ampliando las capacidades institucionales de dicha dependencia.

La medida se inscribe en el marco de la política de reordenamiento estructural del Estado que impulsa el Gobierno de Javier Milei. En los considerandos, se destaca que la modificación tiene como propósito fortalecer la capacidad ejecutiva del Ministerio de Economía para alcanzar las metas políticas trazadas, especialmente en un área clave como es la energética.

Además, la norma aclara que este cambio no implica la absorción de las funciones técnicas o regulatorias propias de los entes autárquicos, sino que apunta a facilitar decisiones tarifarias que requieren celeridad y alineamiento con los objetivos macroeconómicos.

El decreto menciona que tanto la Dirección Nacional de Diseño Organizacional del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado como la Oficina Nacional de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda intervinieron en el proceso, validando la necesidad y viabilidad presupuestaria de la medida.

Si bien no se incluyeron declaraciones directas en el texto, fuentes del Ministerio de Economía interpretan este cambio como un paso hacia una mayor autonomía en la gestión de precios relativos, particularmente en un momento donde el esquema de subsidios y tarifas está en revisión.

Con este cambio, el Gobierno refuerza su poder de intervención en áreas donde el congelamiento o la manipulación política de las tarifas ha sido históricamente una fuente de distorsión macroeconómica y conflicto institucional.

La Secretaría de Energía, bajo esta nueva facultad, podrá liderar negociaciones con concesionarios y operadores de servicios públicos, permitiendo mayor flexibilidad para adaptar los contratos al nuevo paradigma económico que impulsa la gestión Milei.

En el contexto de transición hacia un esquema tarifario más alineado con los costos reales, esta modificación podría agilizar los procesos de adecuación de precios y ordenamiento del gasto público, dos ejes fundamentales en la política económica actual.

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Emergencia energética: el Gobierno prorroga el régimen hasta 2026 y endurece el recorte de subsidios

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El Gobierno extiende la emergencia energética hasta 2026 y redefine el régimen de subsidios

A través del Decreto 370/2025, el Poder Ejecutivo Nacional prorrogó por un año más la emergencia del sector energético nacional, abarcando los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural bajo jurisdicción federal. La medida, que estará vigente hasta el 9 de julio de 2026, busca dar continuidad a las reformas estructurales iniciadas y consolidar la reestructuración del sistema de subsidios y tarifas.

La declaración de emergencia, inicialmente dictada en diciembre de 2023, responde a una situación crítica heredada, según el Gobierno, en tres frentes clave: deterioro en el sistema económico-recaudatorio del sector, obsolescencia de las infraestructuras energéticas, y ausencia de señales de mercado que incentiven eficiencia y nuevas inversiones.

El decreto resalta que más del 60% de las fallas en el sistema de distribución ocurren en redes con más de 25 años, mientras que muchas estaciones transformadoras operan con cargas superiores al 90%. En tanto, el parque generador eléctrico mantiene una elevada antigüedad que impacta negativamente en su desempeño operativo.

Subsidios: hacia una asignación más focalizada

Uno de los puntos centrales del decreto es la prórroga hasta julio de 2026 del “Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados”, iniciado en junio de 2024. Esta etapa tiene como objetivo migrar desde un esquema de subsidios generalizados —que beneficiaban a más de 10 millones de hogares— hacia un modelo focalizado, basado en criterios de vulnerabilidad y niveles de ingresos.

De acuerdo con la Subsecretaría de Planeamiento Energético, se detectaron más de 1,5 millones de hogares categorizados como de bajos ingresos que recibían subsidios sin haberlo solicitado, además de 370 mil solicitudes vinculadas a personas fallecidas. A partir de este proceso de depuración, más de 970.000 usuarios fueron recategorizados.

Asimismo, se prevé revisar regímenes como el de Zona Fría, que según el decreto ha generado desvíos millonarios al incluir zonas cálidas, y controlar inscripciones irregulares en programas como el de Clubes de Barrio.

Tarifas, inversiones y señales de mercado

Desde mayo rigen nuevos cuadros tarifarios para el transporte y distribución de electricidad y gas, luego de las revisiones quinquenales realizadas por el ENRE y ENARGAS. El objetivo, según el Ejecutivo, es garantizar que las tarifas reflejen de forma progresiva los costos reales del servicio, sin excluir a los hogares más vulnerables.

En gas natural, la cobertura del costo de abastecimiento pasó del 18,7% en enero de 2024 al 74,5% en marzo de 2025. En el caso del precio estacional de la electricidad, los usuarios de Nivel 1 (altos ingresos) ya abonan el 100% del costo, mientras que la cobertura para los Niveles 2 y 3 alcanzó el 29,97% y 45,68% respectivamente.

En paralelo, se avanza en obras estructurales como la ampliación del Gasoducto Perito Moreno (ex Néstor Kirchner), nuevas licencias de exportación de GNL por 30 años bajo el RIGI, y se habilitaron contratos de abastecimiento para proyectos energéticos habilitados a partir de 2025.

El rol de CAMMESA, ENARSA y la institucionalidad regulatoria

El decreto también extiende hasta julio de 2026 la intervención del ENRE y ENARGAS, hasta que se conforme el nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad previsto en la Ley Bases. Se prevé que tanto ENARSA como CAMMESA adecúen su accionar a las nuevas directrices regulatorias, en línea con el proceso de normalización del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), cuya entrada plena en vigencia está prevista para noviembre de 2025.

La extensión de la emergencia busca consolidar un nuevo marco normativo y económico que incentive la inversión privada, reduzca la dependencia de subsidios y asegure la sostenibilidad del sistema energético nacional. A mediano plazo, se proyecta que las tarifas reflejen plenamente los costos de producción y distribución, con subsidios dirigidos exclusivamente a quienes lo necesiten.

El Gobierno apuesta a que la reforma energética —en articulación con el capítulo energético de la Ley Bases— actúe como uno de los pilares de la estabilización fiscal y el crecimiento económico, mediante la expansión de las exportaciones y la mejora de la infraestructura.

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