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CRA anuncia Jonagro, impulsa el debate por la ley de semillas y lanza formación para dirigentes del agro

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En el escenario político y productivo de la Expoagro 2026, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) activó una agenda que excede la lógica de una exposición rural: anunció una nueva edición de Jonagro, confirmó el 15º Congreso de Entes y Fundaciones de Lucha Sanitaria Animal y lanzó la tercera cohorte de la Diplomatura en Políticas Públicas Agropecuarias.

Las definiciones se presentaron durante una conferencia de prensa realizada el miércoles en la muestra agroindustrial de Expoagro, donde la dirigencia de CRA combinó anuncios institucionales con señales políticas hacia el Gobierno nacional.

El dato más inmediato es el calendario: Jonagro se realizará el 12 de mayo en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, mientras que el Congreso de Entes Sanitarios tendrá lugar el 3 y 4 de junio en la Sociedad Rural de Gualeguaychú.

Detrás de esa agenda aparece una estrategia más amplia: reposicionar al agro como actor político en la discusión sobre competitividad, sanidad animal y regulación productiva. Y, al mismo tiempo, sostener canales de diálogo con el Ejecutivo en temas sensibles como la ley de semillas, un debate que lleva años sin resolución legislativa.

La pregunta que empieza a emerger es si el movimiento del ruralismo organizado busca influir en la agenda de políticas públicas del sector o si se trata de un intento por ordenar al propio entramado agropecuario frente a un contexto económico y regulatorio todavía incierto.

Jonagro, el foro político del agro

El presidente de CRA, Carlos Castagnani, fue el encargado de confirmar la nueva edición de Jonagro, el encuentro que la entidad define como la “jornada nacional del campo argentino”.

El congreso tendrá como lema “Producir para el mundo, competir con inteligencia” y convocará a productores, empresarios, técnicos y referentes del ámbito político y económico para debatir el posicionamiento del agro en los mercados internacionales.

Según adelantó Castagnani, cinco gobernadores provinciales ya confirmaron su presencia, un dato que anticipa que el evento volverá a funcionar como espacio de articulación entre el sector productivo y la política territorial.

Jonagro se ha convertido en los últimos años en uno de los ámbitos donde el ruralismo intenta instalar agenda. Allí suelen discutirse cuestiones estructurales como competitividad, infraestructura, presión impositiva y acceso a mercados.

La elección de la Bolsa de Cereales como sede también tiene una lectura institucional: el evento se realiza en uno de los centros históricos de representación del comercio agrícola argentino.

Sanidad animal y estructura federal del agro

El vicepresidente primero de CRA, José Colombatto, presentó otro de los encuentros clave del calendario rural: el 15º Congreso de Entes y Fundaciones de Lucha Sanitaria Animal.

El evento se realizará el 3 y 4 de junio en la Sociedad Rural de Gualeguaychú y reunirá a las organizaciones que gestionan programas sanitarios ganaderos en todo el país.

Colombatto subrayó que estos encuentros cumplen una función federal dentro del sistema agropecuario. Según explicó, permiten intercambiar experiencias, revisar avances y proyectar el futuro de la sanidad animal en Argentina.

El sistema de entes sanitarios es una estructura particular dentro del modelo agropecuario argentino: combina organismos públicos y organizaciones del sector privado para ejecutar políticas de control sanitario en el territorio.

Por eso, cada congreso se convierte también en un espacio donde se revisan los equilibrios institucionales entre productores, entidades y organismos estatales vinculados a la sanidad animal.

La ley de semillas vuelve al centro del debate

En paralelo a los anuncios, el secretario de CRA, Adrián Luna Vázquez, reveló que la entidad y la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias mantuvieron una reunión con el secretario de Agricultura para discutir el futuro de la ley de semillas.

La dirigencia rural presentó un documento elaborado desde noviembre e invitó al Gobierno a participar de una mesa técnica para avanzar en el tema.

“Encontramos muy buena predisposición para continuar trabajando y encontrar puntos en común”, señaló Luna Vázquez.

El punto es relevante porque la normativa sobre semillas permanece en debate desde hace años. La dificultad para alcanzar una síntesis refleja tensiones entre productores, empresas biotecnológicas y el propio Estado respecto a la regulación del uso de semillas y los derechos asociados a su desarrollo.

CRA planteó que el objetivo debe ser una política pública construida por consenso, una señal de que el sector busca influir en el proceso legislativo antes de que cualquier iniciativa avance en el Congreso.

Formación política para el sector agropecuario

Otro de los anuncios estuvo a cargo del economista Ernesto O’Connor, quien presentó la edición 2026 de la Diplomatura en Políticas Públicas Agropecuarias.

La capacitación es organizada en conjunto por Universidad Católica Argentina, CRA y la Fundación CRA.

El programa abrirá su tercera edición con el objetivo de formar dirigentes agropecuarios con formación en economía, políticas públicas y desarrollo territorial.

La iniciativa refleja una tendencia creciente dentro del sector rural: profesionalizar el vínculo entre producción y política pública.

En otras palabras, no se trata solo de representar intereses sectoriales, sino de formar cuadros capaces de intervenir en el diseño de políticas agrícolas.

Una agenda que mezcla institucionalidad y poder sectorial

Más allá de los anuncios formales, la presencia de CRA en Expoagro incluyó reuniones con organismos y actores clave del sistema agropecuario.

Durante los cuatro días de la muestra, la dirigencia rural mantuvo encuentros con SENASA, la Secretaría de Agricultura de la Nación, legisladores nacionales y el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, además de reuniones comerciales con empresas del sector.

Ese despliegue confirma que Expoagro funciona no solo como feria productiva, sino también como plataforma política del agro argentino, donde se negocian agendas regulatorias, se construyen alianzas y se marcan posiciones frente al Gobierno.

Lo que se jugará en los próximos meses

La agenda presentada por CRA deja abiertos varios frentes.

Jonagro podría convertirse nuevamente en un escenario de definiciones políticas si los gobernadores y dirigentes del sector utilizan el encuentro para fijar posiciones sobre competitividad, regulación o impuestos.

El debate por la ley de semillas, en tanto, seguirá siendo una prueba para medir hasta dónde el Gobierno está dispuesto a construir consensos con las entidades agropecuarias.

Y la diplomatura impulsada junto a la UCA introduce otra dimensión: la formación de dirigentes con capacidad de intervenir en la discusión de políticas públicas.

En conjunto, los anuncios realizados en Expoagro sugieren que el ruralismo organizado intenta reforzar su peso institucional en un momento donde las decisiones regulatorias y productivas vuelven a ocupar el centro del debate económico.

La incógnita es si esa estrategia logrará traducirse en incidencia concreta sobre la agenda legislativa y las políticas agropecuarias del país.

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Agustín Salvia asegura que la pobreza en la Argentina es estructural y que “el mercado no resolverá los desequilibrios”

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En el último informe del INDEC, la pobreza en Argentina alcanzó un alarmante 52,9% de la población, marcando el mayor aumento en dos décadas. Este dato ha generado un fuerte debate entre economistas, políticos y expertos en política social. 

Para comprender mejor las causas y las implicaciones de esta situación, Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), ofreció un análisis detallado de la crisis y sus repercusiones en una entrevista reciente del programa “Dato sobre dato” de FM Milenium,

Salvia explicó que si bien el aumento de la pobreza tiene múltiples factores, el deterioro del modelo económico basado en el consumo y el endeudamiento ha sido uno de los principales detonantes. “El modelo de la convertibilidad estaba agotado ya hace 10, 12 años. No es solamente culpa de un gobierno, ya venía colapsando con Cristina Fernández de Kirchner y continuó durante los años de Macri”, explicó. 

Según el especialista, este ciclo se caracterizó por “burbujas de consumo insostenibles”, que derivaron en graves devaluaciones en 2014 y 2018, impactando negativamente a la economía real.

Los datos son claros: en 2011-2012, la pobreza alcanzó un mínimo de 25%, pero hoy se ha disparado al 52,9%. Salvia apunta que este incremento no es solo un fenómeno reciente, sino el resultado de una tendencia que se ha consolidado en los últimos años: “En 2017, bajo la presidencia de Macri, la pobreza también llegó al 25%, pero la devaluación de 2018 y los problemas estructurales que venía arrastrando el país hicieron que esa cifra fuera insostenible”, comentó Salvia.

Además, indicó que la situación se agravó aún más en el primer trimestre de este año debido a la liberalización de precios y la devaluación que aplicó el gobierno: “Un efecto de devaluación sin compensación inmediata en los salarios tuvo como correlato un fuerte aumento de la pobreza por ingresos“, señaló el experto.

A su vez, el crecimiento de la indigencia también ha sido notorio, la tasa pasó del 12,3% al 18,1%: “En enero y febrero, la indigencia superó el 20%, sobre todo en sectores informales y vulnerables que no pudieron absorber el golpe de la inflación y la devaluación”, destacó.

El Observatorio de la Deuda Social de la UCA ya había anticipado este escenario a través de micro simulaciones basadas en datos preliminares: “El ajuste y los cambios en el sistema de precios afectaron fuertemente a la construcción, la industria y el comercio, lo que explica en parte el aumento de la pobreza”, explicó.

Esto termino por consolidar una “nueva capa de pobres estructurales” con creciente dependencia a los programas sociales, lo que paradójicamente genera más precariedad en lugar de alivio: “Hoy los pobres de ese 30% crónico y estructural son más pobres que antes en términos de seguridad alimentaria, hídrica y capacidad de inversión en capital humano”, afirmó.

Este fenómeno, según Salvia, refleja que el mercado ya no es capaz de resolver los desequilibrios sociales. “Parece ser que esta población está cristalizada y va a necesitar ser subsidiada y apoyada por mucho más tiempo”, agregó.

Aunque el gobierno ha intentado mitigar el impacto de la crisis con programas como la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar, Salvia es claro: estas medidas no son suficientes. “Una familia tipo con dos hijos que recibe un plan social y la tarjeta alimentar solo percibe alrededor de $250.000, lo cual no cubre ni la mitad de la canasta básica alimentaria”, destacó el economista.

Además, subrayó que el aumento en los precios de servicios esenciales como el gas, la electricidad y el transporte ha neutralizado cualquier mejora en los ingresos de las familias. “Aunque se recuperaron algunos ingresos gracias a la actualización de haberes jubilatorios y salarios, las tarifas de servicios públicos aumentaron tanto que las clases medias y bajas no lo sienten en el bolsillo”, explicó.

A pesar de este sombrío panorama, Salvia señala que hay una leve mejora: “La estadística de pobreza sigue bajando, pero no necesariamente refleja una mejora real, ya que los servicios públicos y el combustible han aumentado de manera desproporcionada”, comentó.

El director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA destacó que, si bien hay indicios de que la situación podría estabilizarse, el verdadero problema radica en la pobreza estructural que deja este proceso. “Lo que queda es un mar de fondo: una nueva capa de pobres que son más vulnerables que antes y dependen cada vez más de los subsidios, en un país donde el mercado no genera las oportunidades suficientes”, concluyó.

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Según la UCA la pobreza subió al 55,5% de la población en el primer cuatrimestre

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En un contexto de décadas de pobreza estructural, la coyuntura de aceleración de la espiral inflacionaria generó un incremento de la población en situación de pobreza e indigencia. A partir de los datos del ODSA-UCA, entre las mediciones correspondientes al 3° trimestre de 2023 y las estimaciones –por micro simulaciones- para el 1° trimestre de 2024, el indicador de pobreza se habría incrementado de 44,7% de la población a 55,5% y el de indigencia de 9,6% a 17,5%.

Por lo que, en el primer trimestre de 2024, 24,9 millones de personas residentes en áreas urbanas del país
habrían estado en situación de pobreza (por debajo de la CBT), entre las cuales, 7,8 millones de personas en estado de pobreza extrema o indigencia (por debajo de la CBA).

  • Los bajos ingresos de los hogares impactan en elevados niveles de inseguridad alimentaria. La inseguridad alimentaria total para áreas urbanas relevadas por la encuesta del ODSA-UCA, alcanza al 24,7% de las personas, al 20,8% de los hogares y al 32,2% de los niños, niñas y adolescentes. Por otra parte, se encuentran en una situación aún más grave, con inseguridad alimentaria severa el 10,9% de las personas, el 8,8% de los hogares y el 13,9% de los niños, niñas y adolescentes. Al considerar el AMBA, los valores de inseguridad alimentaria total se ubican en el 26,4% de las personas, el 21,8% de los hogares y el 35% de NNyA. Al considerar la inseguridad alimentaria severa se ubican en 9,9%, 12,7% y 16,5%, respectivamente.
  • Los elevados valores de privaciones alimentarias que sufre la población tratan de ser compensados con acciones realizadas desde los diferentes niveles del Estado. Considerando a los niños, niñas y adolescentes, el 42,6% de ellos reside en hogares que reciben la AUH+Tarjeta Alimentaria, el 50% asiste a comedores escolares, el 36,7% recibe caja o bolsones de alimentos de comedores y el 11,1% recibe caja o bolsones de alimentos de comedor no escolar; sumando muchos hogares más de un beneficio.
  • La tasa de mortalidad infantil, de menores de 1 año y de menores de 5 años, presenta una mejora general a través del tiempo, 2005 a 2022, pero una mayor heterogeneidad entre la situación de cada una de nuestras provincias. En general, al considerar los datos por provincias, se observa que los altos niveles de mortalidad infantil tienden a correlacionarse con altos niveles de indigencia monetaria.
  • El marcado déficit educacional de la población urbana de nuestro país es representado por los siguientes valores, el 23% de los NyN de 3 a 5 años no asiste a establecimientos educativos formales, el 9,1% de los NNyA de 6 a 12 años asiste con sobre edad a la escuela primaria y el 35,3% de los jóvenes de 18 a 29 años no termino la secundaria. Estos indicadores expresan valores adversos a pesar de que el sistema general de gestión pública (80,7% de los alumnos de menos de 18 años) se ve fortalecido por la acción de la gestión privada (12,6% en establecimientos privados laicos y 6,8% en establecimientos religiosos).
  • El escenario laboral expresada las desigualdades de la estructura productiva y la escasa generación de empleo y de empleo de calidad, el 32,5% de los ocupados son trabajadores que residen en hogares en situación de pobreza, el 30,9% de los ocupados trabaja en la economía social y, al considerar a la población económicamente activa el 26,5% tiene un empleo precario y el 24,3% un subempleo inestable.
  • La venta y el tráfico de drogas se ha vuelto un flagelo que se incrementa con el paso del tiempo. El porcentaje de referentes de hogares que expresaron que en la cercanía de su vivienda se vende droga paso del 22,8% en 2021, al 26,5% en 2022 y al 31,3% en 2023. En 2023, solo el 29,2% de los referentes de hogares de barrios con trazado urbano advertían venta de drogas, cuando sí lo hacían el 62% de los de asentamientos de emergencias y el 70,5% de los residentes en complejos de viviendas sociales monobloques, constituyéndose estas últimas en estructuras de múltiples particularidades adversas y objeto de especial atención.
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Ignacio Warnes “Si todo sale bien en tres años Argentina puede estar como Brasil”

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Así lo señaló el director del Departamento de Economía y Finanzas de la UCA al comentar los resultados del último índice de Solvencia Fiscal que elabora esa casa de estudios.

La afirmación es del jefe del Departamento de Economía y Finanzas de la Universidad Católica Argentina (UCA), Ignacio Warnes. Según informó esa casa de estudios, entre el período diciembre de 2023 y marzo de este año el indicador se ubicó en los 42,67 puntos.

Tal índice se obtiene de una combinación de variables como ser la relación entre deuda pública y PBI, los datos del Sector Público Nacional, la recaudación fiscal, la inflación y el tipo de moneda en que está contraída la deuda del Estado. Con ello se puede determinar qué tan bien administrado está un país.

“El valor de este índice registró 42,67 puntos a fines de febrero con una tendencia proyectada a la recuperación en marzo”, señala el informe, el cual detalla que “el índice registró 46,22 puntos en noviembre, una fuerte caída a 39,62 a fin del 2023 y 40,38 puntos en enero”.

“Lo que tuvimos fue una caída brusca en diciembre, que tiene que ver con la devaluación, luego viene una recuperación paulatina en enero y febrero”, explicó Warnes.

El economista indicó que “en marzo se está recomponiendo” el indicador debido a que “la inflación está volviendo a los niveles de noviembre”. “Se contuvo un brote hacia la hiper lo que es una buena noticia y el riesgo país está menos grave que antes”, explicó el profesional.

El director de Economía de la UCA indicó que “lo negativo es que esto se logra con un gasto público muy contenido lo que genera otro riesgo porque cae mucho la recaudación”. Al respecto consideró que “estás es un punto de inflación, donde la cuestión viene con cierta mejoría, pero hay que ver cómo se proyecta hacia el futuro”.

En comparación con otras economías regionales, Warnes dijo que “Chile es una economía de ingresos medios a altos que está alrededor de 80 puntos, mientras que Brasil está en 66”. Por esa razón, planteó que “como referencia, si anduviera todo muy bien, al final del gobierno de Javier Milei deberíamos estar cerca de Brasil”. En tanto que a finales de 2024 el país podría estar en 50 a 55 puntos en la escala cuyo tope es 100.

Warnes afirmó que “Chile para nosotros es la estratosfera”, pero que Argentina tiene que aspirar a “estar a la altura de nuestros vecinos bien administrados”.

En relación a lo que está llevando a cabo el equipo del ministro de Economía, Luis Caputo, remarcó que “han encarado por el lado de mejorar la solvencia fiscal” y si bien consideró que para salir de la situación anterior el recorte de gasto era “inevitable”, consideró que “tal vez es excesivo en obra pública, que en muchos sectores es cero”.

En ese orden, Warnes también señaló que “la recesión era inevitable” y que en todo caso “la pregunta es si está bien graduado eso”.

“Creo que había que hacerlo, lo que hay que tener cuidado es cuánta recesión”, dijo el economista, al considerar que una señal de alerta es la caída de la recaudación fiscal. Warnes planteo que “hay un punto en el que te podés afectar a vos mismo, porque entrás en una espiral recesiva de la que es difícil de salir”.

Por eso, estimó que “si las cosas salen bien, este año el objetivo sería volver a la inflación a principios de 2023 ya que el plan está apuntando a contenerla, no a eliminarla”. “Si llegamos a octubre con 5% tenemos que descorchar espumantes”, explicó.

Paro advirtió: “Si no generás confianza en la inversión, el recorte de gastos solo no te lleva a ningún lado. La caída del riesgo fue interesante al principio pero ahora está más lenta, indica que los mercados saben que no vamos a una hiper, pero se preguntan a dónde vamos”

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Estudio de la UCA: el hambre infantil se redujo a índices prepandémicos

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En el marco de los datos emitidos por el INDEC, los cuales indicaron que la inflación de abril fue del 8,4%, un estudio de la Universidad Católica Argentina reveló que en el último año se redujo el porcentaje de niñas, niños y adolescentes que no tienen para comer. Además, desarrolló que la asistencia alimentaria del Estado alcanzó a 6 de 10 víctimas de dicha problemática.

En Argentina 6 de cada 10 niños y adolescentes de hasta 17 años son pobres y no consiguen acceder por completo a los alimentos, educación y salud necesarios. El número estadístico representa a unos 8,2 millones de chicos de todo el país. Y se suma otro síntoma, reflejo de la crisis de la última década potenciada por la pandemia: el aumento de personas de sectores medios que caen en situación de pobreza, por el deterioro de la calidad de vida en términos económicos.

En primer término, el relevamiento arrojó un dato contundente: en 2022 el 61,6% de los niños y adolescentes (NyA) de hasta 17 años de edad se encuentran en la pobreza. Es decir que 6 de cada 10 chicos tienen un déficit de ingreso económico en su entorno que no les permite acceder por completo a los bienes y servicios (como alimentos, salud, educación) de la Canasta Básica Total (CBT) que estima el Indec.

Por lo tanto, la pobreza infantil se sostiene en niveles similares a los de 2019, el momento previo a la pandemia, donde alcanzó el 59,5% de los NyA. En medio de la crisis del Covid-19, esos valores tocaron máximos de 64,6% (2020) y de 64,9% (2021).

Además, en esa serie relevada, se constató que un 13,1% de los NyA se encuentran en el umbral de la indigencia, ya que pertenecen a hogares que no pueden acceder a la Canasta Básica Alimentaria (CBA) que estima una cantidad mínima de alimentos para cubrir el umbral de requerimientos energéticos. De este modo, si tomamos estas dos variables, la conclusión muestra que un 74,7% de los chicos no cumplen parcial o totalmente con las necesidades requeridas.

El trabajo del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la UCA mostró que este nivel de pobreza estructural tuvo una tenue baja, a pesar de los esfuerzos del Estado en materia de ayuda social, como la AUH y otros planes, para contrarrestar ese efecto negativo. El informe relevó un total de 5.860 hogares y 4.816 niños y adolescentes.

En esa línea, el trabajo reflejó que las ayudas sociales del Estado para los sectores bajos y medios fueron en suba, del 41% en 2019 (prepandemia) a 49,8% en 2022. Por lo tanto, al día de hoy, 5 de cada 10 NyA son beneficiarios de la AUH o de algún beneficio derivado de transferencias no contributivas.

Inseguridad alimentaria

La alimentación es uno de los ejes del trabajo donde se observó una leve baja respecto a 2021. En concreto, el 59,3% de los NyA de Argentina reciben alimentos de forma gratuita, ya sea en la escuela, merendero o centro social, entre otros lugares.

Allí reportaron una reducción en la dieta total necesaria alcanzaron el 31,4% en 2022. Mientras que aquellos que sufren de “hambre” (o inseguridad alimentaria severa) y demostraron que no accedieron en los últimos 12 meses a los alimentos necesarios, alcanzaron el 12,3%.

Deterioro progresivo de sectores medios

Sin dudas, uno de los temas que genera especial atención es el progresivo deterioro de la clase media en términos económicos en el período 2010-2022, algo que ya se percibe desde la crisis de 2001, como fenómeno particular.

En ese sentido, el informe de pobreza infantil de la UCA es otra muestra más de esa “caída” de sectores que integraban la clase media y que ahora forman parte de aquellos más bajos, con foco en la situación económica, agravada en 2020 con la pandemia del Covid-19.

Este dato se ve reflejado en la tasa de pobreza de NyA, se mantiene en niveles previos de pandemia. En 2022 arrojó que el 61,3% de los chicos de nivel socio-económico medio son pobres, mientras que en 2019 esa cifra era del 54,4%. O sea que hubo un aumento de alrededor del 10% de pobres en ese rango social, en proporción, en tan solo tres años.

Justamente, uno de los datos en el que hace hincapié el informe es el mayor impacto, desde 2020, en las infancias de sectores medios, con foco en la alimentación, la salud y la educación. El hecho insoslayable es que desde el año del inicio de la pandemia, el Estado amplió el servicio de cobertura social.

En ese cruce, se observó que los sectores medios comenzaron a recurrir cada vez más a la ayuda social, como producto de la crisis económica derivada de la pandemia. “Las clases medias iban cada vez más a comer y recibir ayudas del Estado”, expresó a este medio Ianina Tuñón, una de las autoras del informe.

El fuerte impacto de la pandemia en la clase media

Dentro del fenómeno de impacto negativo progresivo en las clases medias, puede hacer un corte para determinar que ese efecto adverso fue más duro en los sectores “medios no profesionales”, es decir, aquellos cuyo sostén de hogar no acceden a trabajos calificados o profesiones.

En el caso de los sectores “medios no profesionales”, hubo un deterioro más grave, donde pasó de un 20,2% en 2019 a 29% en 2022. Es decir que la pobreza creció 9 puntos porcentuales más que en prepandemia.

La situación del otro subgrupo de “clase media profesional” también llama la atención, puesto que en 2019 era de pobreza 0 y hoy se encuentra en un 3,5%, con picos de 4,1% y 4,3% en 2020 y 2021 respectivamente.

Aumento del trabajo infantil

El caso de la variable sobre trabajo infantil es el más claro ejemplo de la penetración de la ayuda social del Estado para compensar la falta de acceso a bienes y servicios de los sectores más vulnerables.

El documento publicado por la UCA demostró que hubo una abrupta caída en el trabajo infantil durante la pandemia y en 2022 superó los niveles previos.

La ayuda social y la ampliación de beneficios, entre 2020 y 2021, tuvieron un efecto positivo sobre los hogares en los que niños y adolescentes tienen el rol de “sujeto proveedor”, es decir, que realizan tareas domésticas o salen a trabajar (con un adulto o por su cuenta) para generar un ingreso económico (salario) adicional al grupo familiar al que pertenece.

En este caso, se observó que los niveles de trabajo infantil (con actividad doméstica y económica intensiva) que en 2019 eran de 14,7% cayeron de forma rotunda a menos de la mitas en 2020 (5,3%) y en 2021 (7,7%).

Ya en 2022, por efecto de la crisis macroeconómica, este fenómeno vuelve a crecer y recupera niveles de prepandemia, alcanzando el 14,8% en 2022.

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