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La UIA advierte que la presión impositiva absorbe hasta el 50% de los costos industriales

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La Unión Industrial Argentina (UIA) volvió a advertir que la elevada presión impositiva es el principal factor que explica la pérdida de competitividad de la producción local, en un contexto marcado por la apertura de importaciones y la persistencia de un esquema tributario que, según el sector, se mantiene sin cambios estructurales desde hace una década. El diagnóstico impacta de lleno en la discusión económica e institucional sobre costos, precios y capacidad exportadora de la industria nacional.

Una estructura de costos condicionada por la carga tributaria

Desde la UIA insisten en que la presión impositiva continúa siendo el principal obstáculo para que la industria argentina compita en igualdad de condiciones con los mercados externos. En declaraciones a Radio Rivadavia, Mauricio Badaloni, integrante de la mesa de la entidad por la región de Cuyo, sostuvo que la Argentina “mantiene la misma presión impositiva desde hace diez años”, un dato que, para el sector, explica buena parte de las dificultades estructurales que enfrenta la producción local.

Según el dirigente industrial, la estructura de costos de las empresas se encuentra fuertemente afectada por una carga estatal distribuida entre los niveles nacional, provincial y municipal, que encarece los procesos productivos y se traslada de manera directa al precio final de los bienes y servicios.

Las estimaciones del sector industrial son contundentes: entre el 40% y el 50% del costo de cualquier estructura productiva es absorbido por el Estado, a través de impuestos, tasas y contribuciones. Este nivel de incidencia fiscal, advierten desde la UIA, no solo reduce márgenes, sino que también limita las posibilidades de inversión, expansión y generación de empleo.

Apertura de importaciones y pérdida de competitividad

El reclamo de la UIA se da en un escenario de mayor apertura de importaciones, que expone con mayor crudeza las asimetrías de costos entre la producción local y los bienes provenientes del exterior. Desde la entidad sostienen que, sin una revisión profunda del sistema tributario, la industria nacional queda en desventaja frente a competidores que operan con menores cargas fiscales y estructuras más livianas.

Badaloni remarcó que esta situación impacta directamente en la capacidad exportadora y en el desarrollo de nuevos emprendimientos, al elevar los precios y reducir la competitividad sistémica. En ese marco, el debate sobre impuestos deja de ser sectorial para convertirse en un eje central de la política económica, con implicancias sobre el entramado productivo y el saldo comercial.

La preocupación industrial apunta a que la presión impositiva no solo afecta a grandes empresas, sino también a pymes y proyectos emergentes, que enfrentan mayores dificultades para absorber costos y sostener operaciones en un mercado cada vez más abierto y competitivo.

Críticas a la intervención estatal y el debate por la competitividad

Al referirse al caso Techint, Badaloni cuestionó la intervención del Gobierno en disputas comerciales entre privados, y planteó que el eje del problema no se encuentra en el comportamiento empresario, sino en el sistema tributario vigente. Según el directivo, la falta de competitividad es una consecuencia directa de un esquema impositivo que no fue corregido en la última década y que continúa gravando de manera excesiva a la producción.

Desde la UIA, el planteo se inscribe en una discusión más amplia sobre el rol del Estado, la presión fiscal y la necesidad de generar condiciones macroeconómicas e institucionales que permitan a la industria recuperar competitividad, ampliar exportaciones y sostener el empleo.

El mensaje del sector industrial vuelve a poner sobre la mesa un reclamo histórico: sin una reducción efectiva de la carga impositiva y una simplificación del sistema tributario, la apertura comercial profundiza las desventajas estructurales de la producción local, con impacto directo en precios, inversión y desarrollo productivo.

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Qué estudiar para aprovechar el acuerdo Mercosur–UE y vender servicios al mercado europeo

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Tras más de 25 años de negociaciones, el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea abre una nueva etapa para la economía argentina, con impacto directo en el empleo, la formación profesional y el perfil exportador del país. El tratado permitirá acceder a un mercado de 500 millones de consumidores, con una reducción arancelaria cercana al 90%, pero también con mayores exigencias normativas. En ese escenario, el especialista en comercio internacional Carlos Alejandro Nahas sostuvo que la venta de conocimiento y servicios profesionales aparece como la principal oportunidad para que los argentinos compitan y facturen en euros.

El análisis se dio durante el programa “Basta Baby edición verano”, emitido por Radio Rivadavia, donde se debatió el alcance económico, productivo e institucional del acuerdo entre ambos bloques.

Un acuerdo de largo plazo que redefine el perfil exportador argentino

Según explicó Nahas —ex secretario general de la Comisión Nacional de Comercio Exterior y experto en derecho de la integración—, la implementación plena del acuerdo demandará alrededor de 15 años, pero el proceso ya marca un rumbo claro. “Existen sectores definidos para que los jóvenes argentinos vendan sus servicios y ganen en euros”, afirmó.

El tratado Mercosur–UE no solo implica una apertura comercial gradual, sino también un cambio estructural en la lógica de inserción internacional. El desafío, señaló el especialista, es dejar atrás un modelo centrado exclusivamente en materias primas y avanzar hacia exportaciones de alto valor agregado, especialmente en actividades donde la logística física no es determinante.

El debate contó con la participación de Mariano Fernández, Micaela Cendra, Aldana Gómez y la locutora Myriam Salinas, bajo la conducción de Verónica Albanese, en una mesa que puso el foco en el impacto laboral y formativo del acuerdo.

Las áreas con mayor potencial para exportar servicios al mercado europeo

De acuerdo con el análisis de Nahas, las industrias basadas en el conocimiento concentran las mejores oportunidades, apoyadas en el talento local y en una ventaja competitiva clave: el huso horario compatible con Europa. Entre los sectores destacados se encuentran:

  • Software y aplicaciones: el desarrollo tecnológico aparece como el rubro con mayor potencial exportador directo desde la Argentina hacia la Unión Europea.
  • Servicios profesionales: contadores y auditores que se especialicen en normativa europea podrán trabajar de manera remota para grandes firmas internacionales.
  • Diseño e ingeniería: áreas estratégicas para la exportación de servicios intensivos en conocimiento, sin dependencia del transporte físico.
  • Ciencias exactas: Nahas instó a los jóvenes a enfocarse en la generación de soluciones innovadoras, comparando el escenario actual con el surgimiento de grandes empresas tecnológicas a partir de estructuras mínimas.

En este contexto, el acuerdo funciona como un marco de previsibilidad institucional que favorece la internacionalización del talento argentino, especialmente en servicios digitales y profesionales.

Sectores sensibles, estándares europeos e inversión extranjera

El especialista advirtió que el tratado también plantea desafíos significativos. Además de la reducción de aranceles, la Unión Europea exige estándares elevados de calidad, trazabilidad y certificación. “Europa le da una importancia mayúscula a si los productos son genéticamente modificados”, explicó Nahas.

Entre los sectores más expuestos a la competencia externa identificó a la industria textil y del calzado, que podrían verse afectados si no inician un proceso de reconversión. La recomendación fue clara: adoptar normativas internacionales y modernizar tecnología desde ahora para no perder competitividad.

En paralelo, el acuerdo podría convertirse en un factor clave para atraer inversión extranjera directa, especialmente en agroindustria y energía, gracias a la mayor certidumbre jurídica que ofrece el tratado.

En ese marco, el análisis destacó el interés de la Unión Industrial Argentina (UIA), que observa en el acuerdo una oportunidad para reposicionar manufacturas de origen industrial en el mercado europeo, bajo el sello de calidad que exige el Viejo Continente.

Un cambio de paradigma productivo y educativo

El acuerdo Mercosur–Unión Europea no solo redefine el comercio exterior, sino que interpela al sistema educativo, al mercado laboral y a la estrategia de desarrollo. La posibilidad de exportar conocimiento, servicios y soluciones tecnológicas aparece como el principal canal para aprovechar el tratado, en un escenario donde competir ya no depende solo de precios, sino de capacidades profesionales, estándares y especialización.

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La industria cayó 6% en noviembre y la UIA advierte una crisis profunda en las PyMEs

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La UIA alertó por la crisis de las PyMEs industriales, caída del 6% en noviembre y fuerte impacto de las importaciones chinas

La actividad industrial volvió a encender señales de alarma en noviembre de 2025. Según el último informe de la Unión Industrial Argentina (UIA), la producción cayó 6% interanual y 1% mensual, profundizando un escenario de fragilidad que golpea con mayor fuerza a las pequeñas y medianas industrias. La central fabril advirtió que el deterioro se explica por una combinación de menor demanda interna, presión de costos y una creciente competencia de importaciones, especialmente de origen chino, que erosiona la participación de las PyMEs en el mercado local.

El diagnóstico adquiere relevancia política y económica en un contexto de apertura comercial y ajuste macroeconómico, donde la industria aparece como uno de los sectores más expuestos a la desaceleración del consumo y a la pérdida de competitividad.

Industria en retroceso: construcción, autos y energía entre los más afectados

El informe de la UIA, difundido el 26 de diciembre, proyecta una caída generalizada de la actividad industrial durante noviembre, influida también por menos días hábiles debido a feriados, aunque con señales estructurales más profundas. Entre los sectores más golpeados se destacó la construcción, con una baja pronunciada en los despachos de cemento (-7,7%) y en el Índice Construya (-7,1%), reflejo de una demanda interna debilitada.

La industria automotriz también mostró un desempeño negativo: la producción de vehículos cayó 22%, afectada tanto por los feriados como por la retracción de las ventas internas. En el rubro bebidas, la producción descendió 6,9%, mientras que el consumo de energía eléctrica de grandes usuarios industriales registró una baja del 5,8%, un indicador clave del menor nivel de actividad fabril.

Pese a este escenario contractivo, el reporte identificó algunos datos puntuales en terreno positivo. El patentamiento de maquinaria industrial creció 0,9%, y la producción de acero avanzó 0,4%, aunque sin alcanzar niveles suficientes para revertir la tendencia general.

PyMEs en situación crítica y presión de importaciones

La UIA subrayó que la crisis impacta de manera desigual entre los distintos segmentos productivos. “La heterogeneidad sectorial es notable”, señaló el informe, al indicar que solo la refinación de petróleo y la producción de motos lograron recuperar niveles de 2022. En contraste, las pequeñas y medianas industrias enfrentan un panorama mucho más delicado.

Según el relevamiento, las PyMEs acumulan una caída de producción del 4,1% y una retracción del empleo del 4,6% en el tercer trimestre de 2025, cifras que confirman un deterioro sostenido de su capacidad operativa. Además, el 81% de las PyMEs reporta presión de costos, mientras que el 37% perdió participación en el mercado interno debido a la competencia importada, con especial énfasis en productos provenientes de China.

Los indicadores de producción y de confianza empresarial continúan ubicados en zona contractiva, lo que refleja un entorno adverso para la inversión, la planificación y la recuperación del empleo industrial. Para la central fabril, este fenómeno no solo compromete el presente del sector, sino también su sostenibilidad a mediano plazo.

Comparación histórica y desafíos estructurales

En perspectiva histórica, la UIA advirtió que la actividad industrial se mantiene 10% por debajo de los niveles de 2022 y 2023, lo que da cuenta de una recuperación incompleta tras los shocks de los últimos años. Si bien la producción industrial acumulada hasta octubre de 2025 muestra un crecimiento del 3,1% interanual respecto de 2024, el nivel sigue siendo inferior al registrado en 2023.

Algunos sectores, como bienes de capital e insumos para la construcción, exhiben un desempeño relativamente mejor, aunque todavía lejos de los máximos alcanzados dos años atrás. En ese marco, el informe concluye que la industria argentina enfrenta desafíos estructurales que requieren atención para evitar una profundización del proceso de desindustrialización y sentar las bases de una recuperación sostenible.

La advertencia de la UIA pone el foco en el delicado equilibrio entre apertura comercial, competitividad interna y preservación del entramado productivo, especialmente de las PyMEs, que concentran una parte significativa del empleo industrial.

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Reforma Laboral: empresarios respaldan el proyecto y sindicatos la rechazan por “regresiva”

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El Senado inició este miércoles el tratamiento del proyecto de ley de Reforma Laboral en una maratónica sesión que expuso con nitidez la fractura entre el sector empresario y las organizaciones sindicales. Mientras cámaras industriales, comerciales y entidades agropecuarias respaldaron la iniciativa por considerarla clave para reducir la informalidad y la litigiosidad, las centrales obreras —incluida la CGT— la rechazaron por “inconstitucional” y “regresiva”. El plenario de comisiones pasó a cuarto intermedio hasta este jueves a las 9.30, cuando continuarán las exposiciones.

Un debate extenso y el respaldo del sector productivo

La jornada se desarrolló en el Salón Azul y reunió al plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, presididas por Patricia Bullrich (LLA) y Ezequiel Atauche (LLA). El debate se extendió hasta pasadas las 20 horas, con la participación de funcionarios nacionales y representantes de cámaras empresariales, industriales, comerciales y del agro.

Tras la exposición del secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rapallini, sostuvo que “el régimen actual ha fracasado en generar empleo formal y en reducir la informalidad”, y apuntó a la litigiosidad laboral y a la crisis del sistema de riesgos del trabajo como los principales obstáculos. “Si no atacamos la litigiosidad, no podremos destrabar el empleo formal”, afirmó, al tiempo que expresó el respaldo de la UIA al proyecto por permitir “actualizar modalidades de trabajo y convenios” en línea con las realidades productivas y tecnológicas.

Desde la Sociedad Rural Argentina (SRA), su vicepresidenta primera Eloisa Frederking destacó que la iniciativa aporta coherencia normativa y se inscribe en un trabajo conjunto entre el sector público y privado para reducir burocracia, en especial en el contrato de trabajo agrario. En la misma línea, el asesor legal de la CAME, Juan Pablo Diab, valoró que el proyecto busca “mejorar las relaciones laborales” y aportar previsibilidad y certidumbre, subrayando la dinámica cotidiana entre pymes y trabajadores.

Por su parte, Pablo Devoto, presidente de la comisión laboral de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), acompañó las actualizaciones propuestas y alertó sobre la informalidad laboral, que ubicó en 43%, advirtiendo que el país se aproxima a niveles de economías con informalidad del 50% o 60%. También desde ADIMRA, el director Gustavo Corradini consideró que la reforma permite ordenar normas y reducir interpretaciones judiciales, aunque pidió revisar puntos específicos como la ultraactividad, los convenios de empresa para pymes y la prohibición de aportes a cámaras empresariales, por posibles efectos no deseados.

Rechazo gremial y críticas por constitucionalidad

El contrapunto llegó desde el sindicalismo. Hugo Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, cuestionó la extensión y el contenido del proyecto —197 artículos— y sostuvo que “viola normas constitucionales” y derechos consagrados, al tiempo que “fomenta el despido”. En sintonía, Hugo Yasky, de la CTA de los Trabajadores, advirtió que la discusión se da en un contexto en el que el salario mínimo es el más bajo de América Latina, y recordó que reformas laborales previas derivaron en caídas del empleo, alertando sobre una legislación contraria a la Constitución Nacional.

El cierre del debate estuvo a cargo de la CGT, cuyos referentes se sumaron al tramo final de la jornada. Jorge Sola, secretario general de Seguros, cuestionó la constitucionalidad del proyecto y reclamó un tratamiento más profundo, advirtiendo sobre el impacto en los derechos individuales y en la representación sindical. Jorge Argüello, de Camioneros, calificó la iniciativa como “regresiva” y sostuvo que se trata de una flexibilización laboral que no genera empleo. Finalmente, Cristian Jerónimo, secretario general de SEIVARA, afirmó que la CGT “no avaló en ningún momento” la reforma y que no aporta “nada al mundo del trabajo”.

Escenario abierto y próximas definiciones

Con posiciones claramente delineadas, el Senado acordó un cuarto intermedio para retomar el debate este jueves a las 9.30. El proyecto avanza con respaldo empresario y resistencia sindical, en un contexto de alta sensibilidad económica y social, donde la discusión combina empleo formal, informalidad, litigiosidad y derechos laborales. Las próximas exposiciones y eventuales cambios al texto serán determinantes para definir el rumbo de una reforma que promete seguir generando fuertes tensiones políticas e institucionales.

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El Gobierno adelanta el documento del Consejo de Mayo y avanza sin acuerdo con la CGT

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El Gobierno acelera la reforma laboral sin consensos y anticipa la presentación del Consejo de Mayo para el 9 de diciembre

En una Casa Rosada atravesada por tensiones internas y desacuerdos entre sectores clave, el Gobierno decidió adelantar al 9 de diciembre la presentación del documento final del Consejo de Mayo, luego de constatar la falta de consensos necesarios para tratar la reforma laboral durante las sesiones extraordinarias que iniciarán el 10 de diciembre. La CGT manifestó su rechazo y advirtió que “no hubo ni ha habido consenso”, mientras el oficialismo apunta a avanzar con su propio texto.

Reunión sin acuerdos: reclamos sindicales, posiciones divergentes y presión por los tiempos legislativos

La jornada tuvo lugar en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior y duró cerca de una hora y media. Participaron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; la senadora Carolina Losada; el diputado Cristian Ritondo; el titular de la UOCRA y representante sindical, Gerardo Martínez; y el presidente de la UIA, Martín Rappallini.

El calendario parlamentario obligó al Consejo a adelantar la presentación del documento final del 15 al 9 de diciembre, una señal clara de que el Gobierno pretende llegar a las sesiones extraordinarias con una propuesta cerrada, aun sin consenso.

Los cuestionamientos más fuertes provinieron de la CGT. Martínez expresó: “Nosotros hablamos de una modernización laboral que atienda sin perder derechos”, y ante la consulta sobre si ese planteo estaba contemplado en el borrador del Ejecutivo respondió: “Veremos”.

Horas después amplió su crítica: “No hubo ni ha habido consenso. Los integrantes del Consejo de Mayo no sabemos cuál es el contenido”.

Fuentes oficiales remarcaron que, pese a las reuniones, la central obrera rechaza una reforma que aún no fue presentada formalmente: “Antes de leer el proyecto salieron a decir que estaban en contra”, señalaron.

El Ejecutivo avanza con su texto: capítulos clave y temas que quedaron afuera

Aunque la intención inicial del Consejo era elaborar un documento de consenso, el Gobierno ya dejó en claro que, de no lograr acuerdos, enviará al Congreso su propio texto, actualmente en etapa final de redacción.

Según informaron participantes del encuentro, el borrador incluye los siguientes capítulos:

  • Ultraactividad
  • Relación entre convenios colectivos
  • Cargas fiscales
  • Peajes y financiamiento de sindicatos y cámaras empresarias
  • Derechos colectivos
  • Trabajo individual
  • Trabajadores autónomos
  • Democracia sindical
  • Derivaciones varias

En paralelo, dos temas centrales quedaron excluidos:

  • la redistribución de fondos coparticipables, y
  • la reforma previsional,
    pese a que figuran en los puntos 5 y 9 del acuerdo firmado en Tucumán. El Gobierno planea tratarlos más adelante, luego de mejorar el diálogo con los gobernadores, una tarea asignada al ministro del Interior, Diego Santilli.

Durante la reunión, Sturzenegger presentó además un ranking internacional que ubica a la Argentina entre los países “más restrictivos del mundo” para importar y exportar, como argumento para promover reformas estructurales.

Un escenario incierto en la antesala del debate legislativo

El proceso evidencia una fractura entre sindicatos, Gobierno y sectores empresariales, que aguardan definiciones para evaluar impactos. Mientras la UIA planteó sus objeciones “en los detalles”, el dirigente del PRO Cristian Ritondo anticipó que el documento final reflejará “la impronta del Ejecutivo”.

La falta de consenso abre interrogantes sobre la recepción política de la reforma en el Congreso, en un clima en el que los gremios buscan preservar derechos adquiridos y el Gobierno pretende avanzar con una transformación profunda en materia laboral, sindical y fiscal.

Asimismo, la anticipación del documento al 9 de diciembre busca evitar demoras en un contexto donde la velocidad legislativa será decisiva para el oficialismo. De no prosperar acuerdos, el Ejecutivo confía en impulsar su texto propio, incluso a costa de tensiones con la CGT.

La central obrera anticipó nuevas instancias de diálogo, aunque hasta el momento no recibió convocatoria formal. “Hubo voluntades, pero no fechas”, señalaron desde el sector sindical.

El desenlace dependerá de los próximos días: si se logra una instancia extra de negociación o si la administración Milei avanza hacia un proyecto unilateral que podría ampliar el conflicto político y gremial.

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