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Misiones fue sede del Tercer Encuentro Federal sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo

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Un centenar de SO de Misiones, Corrientes y Entre Ríos participaron del Tercer Encuentro Federal sobre  prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (PLAFT)

Tuvo lugar ayer, en el Salón Auditorio del Consejo Profesional de Ciencias Económicas ( CPCE ) de Misiones, la tercera jornada destinada a presentar, ante los sujetos obligados de la Región Litoral, el contenido público de la primera Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos (ENR LA) y de la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Financiación del Terrorismo y de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ENR FT/FP) de la República Argentina.

“Celebro el esfuerzo que hemos dedicado para llegar acá”, subrayó Juan Carlos Otero, presidente de la UIF, quien encabezó la delegación del organismo, a la vez aseguró que “seguiremos promoviendo espacios de coordinación y trabajo conjunto tanto con el sector público como con el privado, con la convicción de afianzar un Estado inteligente que implementa políticas para combatir estos delitos de una manera cada vez más eficiente”.

La apertura estuvo a cargo de Daniel Pereyra, tesorero del CPCE Misiones, y de María Gabriela Barrionuevo, Coordinadora de la Agencia Regional Litoral de la UIF. Por parte del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Misiones también participaron de la actividad Cristina Woniatczuk y Lisandro Cicognani, vocal titular y gerente respectivamente.

Los Encuentros Regionales fortalecen las bases para el trabajo conjunto de los actores del Sistema de prevención LA/FT/FP con sujetos obligados de catorce de las veinticuatro provincias que componen el país. De esta manera “potenciamos el rol federal de la UIF, en línea con uno de los ejes de gestión que nos propusimos para este año”, destacó Otero durante el cierre de la actividad.

Además de difundir los objetivos generales y específicos de la Estrategia Nacional ALA/CFT/CFP se expuso el trabajo realizado por la Unidad de Información Financiera en relación a la retroalimentación de reportes de operación sospechosa (ROS) en las provincias convocadas, así como las supervisiones llevadas a cabo por el organismo. Al mismo tiempo, se abordaron las medidas preventivas de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Por otro lado, además de los encuentros presenciales, desde la UIF se realizó la diseminación masiva para todos los Sujetos Obligados del país, de las versiones digitales de ambas Evaluaciones y de la Estrategia Nacional, en cumplimiento al primero de los objetivos generales de la Estrategia Nacional.
El intercambio y la cooperación de todos los actores del Sistema de Prevención en LA/FT/FP resulta clave ante la próxima evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que comenzará en 2023

La jornada estuvo dividida en tres módulos en los que disertaron Federico Pérez, asesor del presidente de la UIF, Elio Grillo, Director de Supervisión y Federico De Negri, Subdirector de la Subdirección Estratégica de la Dirección de Análisis.

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La UIF lanzó su plan de capacitación para Sujetos Obligados

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La Unidad de Información Financiera (UIF) comenzó esta semana las jornadas de capacitaciones destinadas a ofrecer herramientas que permitan mejorar la calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y los informes técnicos que los sujetos obligados remiten al organismo, en consonancia con el deber de informar establecido en la ley de prevención de lavado de activos.

La iniciativa -dirigida al sector privado- promueve buenas prácticas y mayor calidad de información de inteligencia financiera, y forma parte de uno de los Ejes de Gestión establecidos por la UIF para este año.

Las instancias iniciales estuvieron referidas a Autoevaluaciones de Riesgos y a los ROS, procesos relevantes para mitigar y prevenir de una manera eficaz el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT), precisó el organismo.

La Autoevaluación se elabora en función de los riesgos de LA/FT asociados a las características propias de los sujetos obligados, considerando su actividad, dimensión y capacidad, así como la estructura de control interno y recursos humanos y/o tecnológicos disponibles.

El ROS es uno de los insumos que recibe y analiza la UIF para la elaboración y comunicación de la información de inteligencia financiera, a los fines de prevenir e impedir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Esta información se plasma en informes de inteligencia, que pueden ser diseminados, con el resguardo de confidencialidad debida, al Poder Judicial, al Ministerio Público Fiscal y otras unidades de inteligencia financiera de otros países.

La aplicación del enfoque basado en riesgo, en base a los estándares internacionales, implica la identificación, análisis y mitigación de las amenazas de lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

La participación en las jornadas -que se extenderán a lo largo de los próximos tres meses- requiere inscripción previa, en respuesta a convocatorias que la UIF realiza a cada uno de los sectores que constituyen el universo de sujetos obligados, a través del Sistema de Reporte de Operaciones (SRO).

La ley de prevención de lavado de activos (N° 25.246) detalla quiénes son los sujetos obligados a informar ante la UIF las conductas o actividades de las personas o sociedades a través de las cuales puede inferirse la existencia de una situación atípica que pueda configurar un hecho u operación sospechosa de lavado de activos o financiación de terrorismo.

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La UIF lanzó nueva regulación sobre lavado de dinero para tarjetas

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La Unidad de Información Financiera emitió la Resolución UIF N° 76/2019 que regula en materia Anti Lavado de Activos/Contra Financiación del Terrorismo (ALA/CFT), las obligaciones de las empresas operadoras del sector de tarjetas de crédito, compra, prepagas y otros medios de pago, incorporando un enfoque basado en riesgos en consonancia con los estándares internacionales que promueve el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), del cual la República Argentina es miembro pleno.

La norma, se refiere expresamente a las empresas que operan plataformas digitales en las cuáles sus clientes pueden realizar transacciones comerciales de forma no presencial mediante la utilización del sistema de tarjetas de crédito u otros medios de pago. También incorpora a las empresas que operan tarjetas prepagas. Quedan excluidas expresamente de esta categoría la tarjeta SUBE, las tarjetas prepagas que permiten la carga de combustibles, y aquellas en las que se pueden acreditar fondos para ser consumidos únicamente dentro del mismo local de la empresa emisora de la tarjeta.

Esta novedosa resolución es el resultado de un trabajo conjunto realizado por la UIF con el BCRA y el sector de medios de pago, quienes participaron activamente en el proceso de consulta para el desarrollo de la norma agregando valor a la misma.

Entre las principales características cabe destacar que se recepta el uso de nuevas tecnologías para la identificación de clientes y para el cumplimiento de requerimientos de debida diligencia, previendo incluso la apertura de cuentas a distancia con el uso de técnicas biométricas rigurosas, almacenables, auditables y no manipulables.

La norma también autoriza a los Sujetos Obligados de este sector a basarse en las tareas de debida diligencia de clientes realizadas por otros Sujetos Obligados supervisados por la CNV, el BCRA o la SSN, simplificando la gestión de riesgos a los operadores del sector.

Asimismo, prevé la posibilidad de que los clientes autoricen a los Sujetos Obligados a que se comparta su legajo de identificación, simplificando de este modo la carga regulatoria puesto que no deberán presentar varias veces la misma documentación ante distintos Sujetos Obligados.

Igualmente, se reduce el requerimiento de información en los casos de clientes de riesgo bajo, lo cual facilita el on-boarding digital y la inclusión financiera de quienes no contaban con acceso a otros medios de pagos.

A los Sujetos Obligados de este sector, que conformen grupos económicos y/o societarios, se los autoriza a (i) designar un único Oficial de Cumplimiento corporativo y (ii) implementar un único Comité de Prevención de LA/FT.

Finalmente, se requiere a los sujetos regulados, designar una persona de enlace para atender los requerimientos urgentes de la UIF en días y horas inhábiles, en asuntos urgentes relacionados con operaciones sospechosas de Financiación del Terrorismo.

Con esta nueva norma, y con el foco puesto en la oportunidad que ofrecen las plataformas digitales de e-commerce y on-boarding digital para la inclusión financiera, la UIF proporciona una herramienta de control sobre las operaciones de personas que antes se encontraban fuera del sistema, con una regulación moderna y acorde a los estándares internacionales, contribuyendo al fortalecimiento institucional en lo atinente al seguimiento y monitoreo de las operaciones realizadas para la Prevención de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

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Sube el monto de las transacciones que requieren documentar el origen lícito de los fondos

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Los montos no se actualizaban desde 2016. Los nuevos montos fueron comunicados por la Unidad de Información Financiera (UIF).
Hasta el momento, todas las transacciones de compra y venta por más de $3 millones debían ser respaldadas por documentación sobre el orígen lícito de los fondos, que los clientes están obligados a presentar a los escribanos públicos que intervienen en las operaciones. Ahora, según la Resolución 130/2018 publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el monto se elevó a $8,8 millones.
La nueva Resolución de la Unidad de Información Financiera (UIF) actualiza los montos en transacciones de compra venta para
presentar documentación sobre el origen de los fondos.
Por medio de la Resolución 130/2018 de la UIF, se establece que todas las transacciones de compra y venta cuyos montos superen los $8,8 millones deben ser respaldadas por documentación sobre el origen lícito de los fondos. Los clientes están obligados a presentar a los escribanos públicos que intervienen en las operaciones.
Dichos montos no eran actualizados desde 2016, donde se había establecido un valor de $ 3 millones. "Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y la variación de los precios de los bienes y servicios de la economía en general y de aquellos integrantes de las actividades económicas que desarrollan los clientes de los sujetos obligados en particular, se estima conveniente proceder a su modificación", se explicó.
Los sujetos obligados son los escribanos públicos. La documentación respaldatoria que se debe presentar en las operaciones de más de $8,8 millones van desde certificaciones extendidas por contadores públicos, documentación bancaria o que acredite la venta de
bienes muebles, inmuebles, según cada caso.
Operaciones realizadas en efectivo
Entre otras, las cuestiones que introduce la nueva norma, está la necesidad de contar con información que respalde el origen de los fondos en la compraventa de inmuebles, la cesión de derechos, los préstamos, la constitución de fideicomisos o cualquier otra operación, realizada en efectivo cuando el monto involucrado sea superior a los $800.000.
Cuando las transacciones superen los $800.000 se requerirá declaración jurada sobre licitud y origen de los fondos o bienes involucrados en la operación.
Por otra parte, si las transacciones superan los $1,8 millones, adicionalmente, se requerirá la correspondiente documentación  respaldatoria que permita establecer el origen de los fondos, establece la nueva normativa.
Escribanos Públicos como sujetos obligados
Los escribanos públicos, además, deberán informar cada mes las operaciones realizadas por sus clientes en el mes anterior en los siguientes casos: operaciones en efectivo superiores a $1,4 millones; constitución de sociedades anónimas y de responsabilidad limitada y cesión de participaciones societarias; o compraventa de inmuebles superiores a $2 millones.
Obligaciones para empresas operadoras de tarjetas de crédito
Las empresas operadoras de tarjetas de crédito o de compra deberán informar, mensualmente, operaciones como los consumos locales con tarjetas de crédito emitidas en el exterior por montos superiores $16.000 y las tarjetas de crédito que registren consumos mensuales superiores a los $160.000. También tarjetas de crédito corporativas que registren consumos mensuales superiores a $ 400.000.

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La Oficina Anticorrupción consultará a la UIF y al banco de Andorra por el affaire Díaz Gilligan

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La Oficina Anticorrupción dijo que “requerirá aclaraciones” al subsecretario general de la Presidencia, a quien un artículo periodístico lo acusó de ocultar US$1.200.000 en un banco de Andorra.
La Oficina Anticorrupción, que lidera la ultramacrista Laura Alonso, informó este viernes sobre su “actuación” en el caso del subsecretario general de la Presidencia, a quien un artículo periodístico lo acusó de ocultar US$1.200.000 en un banco de Andorra.
La OA informó en un comunicado que, a partir de la publicación del diario madrileño El País, “requerirá aclaraciones” a Valentín Díaz Gilligan, Nº2 de Fernando de Andreis, quien salió en defensa de su subordinado.
Además, dijo que “solicitará autorización para proceder a la apertura de los anexos reservados de las declaraciones juradas del funcionario”. También informó que solicitará información a la Unidad de Información Financiera (UIF), la oficina anti-lavado de dinero, al igual que a la Banca Privada d´Andorra (BPA).
La OA también requerirá al Gobierno porteño, donde se desempeñó anteriormente Gilligan, ” si, en ese ámbito, el funcionario estaba obligado a presentar declaraciones juradas y envíe copias de las mismas”.
El funcionario de Cambiemos y también integrante de la Comisión Directiva de River aseguró que el dinero no era suyo y que intermedió ante el banco para hacerle un favor a su “amigo” Francisco “Paco” Casal. “Él tenía un juicio con el fisco y no podía figurar. Yo en ese entonces era asesor y facturaba como un trabajador autónomo”, argumentó. Según Gilligan, la imputación es “falsa”.
Por su parte, su jefe, Fernando de Andreis, hizo un alto en el retiro espiritual que organizó el Gobierno para defenderlo públicamente. “No tiene ninguna empresa offshore; él asesoró a distintas compañías argentinas y extranjeras y esta es una de ellas, que en tiendo que es inglesa, no offshore y que tiene todos los papeles en regla y paga todos los impuestos”, indicó.
De Andreis remarcó que “se trata de una situación previa a ser funcionario”. “Estamos tranquilos con las explicaciones que viene dando”, añadió.

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