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Anticipan que el nuevo valor de la yerba irá en línea con la inflación proyectada para el año

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El subsecretario de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Urriza, afirmó que están trabajando para que la industria cumpla con el pago de los 5,10 pesos establecidos para el kilogramo de hoja verde de yerba mate, cuyo incumplimiento disparó la protesta de los productores yerbateros pero adelantó también que el nuevo laudo no estará muy por arriba de ese monto, descartando así la propuesta del Gobierno de Misiones de establecerlo en 50 centavos de dólares (unos 7,80 pesos).
Por otra parte, aseguró también que habrá flexibilidad en cuanto a la cupificación para los pequeños y medianos productores y que desde la Secretaría de Comercio e Industria de la Nación están haciendo controles en supermercados e hipermercados.
Uno de los acuerdos entre productores y el directorio del Inym fue la cupificación: por Resolución del organismo quedó establecido que debe quedar sin cosechar al menos el 20 por ciento de las plantaciones, para evitar la sobreoferta de materia prima.
El sitio Misiones Plural entrevistó al funcionario nacional, un día después de que se destrabó el principal punto de conflicto con los productores yerbateros quienes acamparon durante una semana frente a la sede del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), en el centro de Posadas.

-Podemos suponer que están más que conformes con el acuerdo arribado con los productores yerbateros, tras casi un mes de intensos reclamos y que comenzó con el yerbatazo del 1 de marzo en Plaza de Mayo y prosiguió con cortes de ruta, tractorazos y la toma del Inym en Posadas…
– Sí. Conformes por tener un acuerdo y se puedan resolver las cosas en paz dentro de las instituciones. Por supuesto que los acuerdos se deben llevar adelante y, por tal motivo ese es el desafío que tenemos desde la Secretaría de Ganadería y Pesca de la Nación. Este acuerdo permite que vayamos encaminándonos en cosas concretas; vamos avanzando de a poco, concretando cosas y por eso hemos dado un paso muy importante con este acuerdo.

-¿Cómo garantiza la Nación que se cumplan los acuerdos con los productores yerbateros?
-Los acuerdos tienen dos o tres líneas de temas. Uno de esos acuerdos, que a los productores les interesa mucho, es el cumplimiento del precio del kilogramo de hoja verde (5,10 pesos el kilogramo). Y, en eso, estábamos haciendo algunos trabajos que se agregan al acuerdo firmado con los productores y que se van a profundizar, como el convenio que suscribiremos con la Afip, con Rentas de Misiones y con el Registro Único de la Cadena Agroalimentaria que tiene el Ministerio de Agricultura de la Nación y el Inym, para abordar la problemática del control con mayor profundidad y en conjunto. Trataremos de resolver un problema que viene desde hace décadas y que con justicia reclaman los productores.

– El tema yerbatero es un problema que viene de años. ¿Cómo se resuelve?
-Sí. Es cierto. Eso quiere decir que el desafío que estamos enfrentando es muy grande. Vamos a ir atacando tema por tema. En cuanto al cumplimiento del precio oficial estamos analizando la estrategia que ha tenido el Inym y, ahora sumaremos a Rentas de Misiones y a la Afip”.

-Otro de los puntos que se firmaron es la no cosecha de un 20 por ciento de las superficies plantadas con yerba, es decir la cupificación. Productores pequeños que no alcanzan las 10 hectáreas plantearon que dejar ese porcentaje sin cosechar es imposible porque implicarían la no cosecha de entre dos o tres hectáreas, en este ejemplo, que para ellos representa muchísimo. ¿Podrían rever este punto para los pequeños y medianos productores?
-Sí. Sin dudas. El 20 por ciento puede ser una ayuda para disminuir la oferta de hoy y, por eso los productores lo pidieron. Por un lado esto es bueno pero por el otro, toda medida tiene su contra y el 20 por ciento para aquel productor que tiene una producción chica es muy importante. Por ello seguramente tendremos alguna flexibilidad para el pequeño productor. Lo bueno es que esta medida puede ayudar por ahora; y es una medida que recomienda el Inta porque es parte de un mejor rendimiento para el yerbal aunque en el corto plazo se produce menos y esto puede ser un problema para el pequeño productor. Pero para el mediano plazo puede ser una ventaja para todo el sector porque es más sustentable y se termina cosechando más. Es una medida interesante pero el problema coyuntural para el pequeño productor va a ser atendida.

-¿Existe la posibilidad de que la Nación garantice más dinero del ofrecido para que aquel productor yerbatero que cobró su cosecha del año pasado y recibió cheques posdatados a más de 180 días, por ejemplo, los pueda descontar en las entidades bancarias?
-Lo bueno del acuerdo que firmamos es que vamos poniendo metas concretas. Este miércoles se firmaron 200 millones de pesos por un lado y el Fonagro por el otro. Sabemos que el capital de trabajo de la cadena yerbatera es más grande. Primero vamos por metas concretas para el arranque de la cosecha. Sin duda que esto no es suficiente para la cadena yerbatera, pero es un primer acuerdo y ya tenemos una mesa para trabajar juntos.
-¿Se establecerá algún control hacia los supermercadistas, con respecto a los precios del paquete en góndola?
-Ya lo estamos haciendo. Antes de este acuerdo veníamos trabajando con la Secretaría de Comercio e Industria que ya implementó algunas medidas de control en Capital Federal y el gran Buenos Aires. Además estamos implementando un control de la competencia en la que le pedimos a Comercio que verifique si empresas grandes se pueden cartelizar o no en desmedro de los más chicos. En pocas semanas presentaremos el informe correspondiente y de ser necesario aplicaremos las sanciones correspondientes.

-Los productores yerbateros aseguran que los supermercadistas se quedan con la mayor ganancia. Hay estudios que aseguran que les ingresan por la venta de yerba mate unos 12 mil millones de pesos anuales cuando a cada uno de los productores les ingresan unos 120 mil pesos anuales….
-Sí. Es todo un tema que no pasa solamente por los márgenes de ganancia sino también de ineficiencias en la cadena yerbatera pero no sólo le sucede a la yerba mate sino a muchas economías regionales donde hay muchos intermediarios y se encuentran en punta supermercados que tienen mucho poder.

-¿Y habrá control hacia los molineros? Porque la yerba mate es una actividad económica que está manejada por no mas que cinco grandes empresas…
-Parte de los que estamos estudiando es el último eslabón de la cadena yerbatera que son los supermercados e hipermercados pero también estamos estudiando el eslabón anterior que son las molinerías porque todos sabemos que algunas empresas tienen mucho poder. Eso puede ser un problema y seguramente una de las causas del no cumplimiento de los precios oficiales sería eso. Por supuesto que sería más fácil para la cadena yerbatera si habría mayor competencia molinera o mayor cantidad de cooperativas. Eso es un punto que tenemos que trabajar. Por suerte existen cooperativas de pequeños y medianos productores.

-Después de todo lo sucedido. ¿Plantean cambios en el Instituto Nacional de la Yerba Mate?
-Para nosotros lo más importante desde un primer momento es el respeto a las instituciones. Es decir se deben cumplir los mandatos y por ende la ley. Uno de los reclamos en el conflicto de parte de los productores yerbateros era que se cumpla la ley. Ellos se referían, por ejemplo, al precio y yo digo también que se debe cumplir con la institucionalidad del Inym porque si se cumple el precio pero se desarma el Inym no se estaría cumpliendo con la ley. Queremos que el Inym funcione institucionalmente, que escuche a todos y por ello se conformó una comisión asesora. Dentro de poco se renuevan las autoridades y vamos a ser lo más transparentes posibles para fortalecer el Inym. No queremos ningún cambio sea fuera de la ley. Vamos a estar sobre la renovación de las autoridades para que sea lo más legítima posible para que todos se sientan representados. Yo estoy convencido que la actual mesa del Inym trabaja muy bien pero no desconozco que hay productores y otros sectores que no se sienten no representados y, por consiguiente se los debe escuchar dentro de las institución.

-El 31 de marzo debe estar laudado por la Secretaría de Agricultura ¿En cuánto se fijaría el valor?
-Por supuesto que no le puede adelantar el valor porque no estaría cumpliendo con la ley. Pero si le digo que hay cosas que por sentido común todos vamos a entender. Los molineros, los productores y toda la cadena yerbatera sabe que si es difícil lograr que se cumpla hoy el precio oficial de 5,10 pesos el kilogramo de hoja verde, todo lo que sea por arriba de eso será más difícil cumplir. Por ello, el primer foco es que se cumplan ya los 5,10 pesos, pero también sabemos que hubo y hay inflación. Los 5,10 pesos fueron hace seis meses. Si bien la inflación en el último semestre no fue mucha, existió y, esto implicó que los productores yerbateros tengan más costos y que los tareferos (cosecheros) se merecen que se les mejore el sueldo. Los 50 centavos de dólares que no sé si es oficial, históricamente fue difícil de cumplir. Es un valor orientativo. Lo concreto hoy son los 5,10 pesos y que hubo inflación lo que produjo que subieran los costos a los productores y a los tareferos.

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“Hay que hablar de responsabilidad empresaria y no de complicidad con la Dictadura”

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“Hay que cambiar el concepto de complicidad. La complicidad implica que uno ejecuta una acción y el otro la consiente o acompaña. En relación con las empresas y la última dictadura militar, hablar de complicidad es insuficiente. Hay que hablar de responsabilidad”. La afirmación es de Victoria Basualdo, Andrea Copani y Alejandra Esponda, integrantes del equipo de Investigación que publicó dos vastos volúmenes sobre la responsabilidad empresarial en los años de plomo, con un capítulo dedicado a Las Marías, la yerbatera correntina donde hubo trece secuestros y dos desaparecidos, sin que hasta ahora hayan sido juzgados los responsables.

El trabajo abarca la situación de 25 empresas en todo el país, que tuvieron una abierta participación en la represión militar y se beneficiaron con el rumbo económico. Algunas aportaron sus cuadros económicos a la administración militar o aportaron logística, vehículos o terrenos para sus operaciones.  En los casos más extremos, montaron Centros Clandestinos de Detención en las propias fábricas, como los casos de Ford, Mercedes Benz, donde los grupos de tareas torturaron a sus propios empleados. No fueron hechos aislados. Se documentaron secuestros y torturas en 22 de los 25 casos estudiados.

Las investigadoras hacen una distinción entre el poder económico y las Fuerzas Armadas como herramienta represiva. Las empresas integraron sus cuadros directivos a la administración política. Por ejemplo, José Alfredo Martínez de Hoz, que pasó de Acindar a ser el ministro de Economía de los primeros cinco años de la Dictadura. Muchas empresas se beneficiaron directamente con las políticas económicas, como la promoción industrial, la estatización de la deuda o los planes de obra pública. Sin embargo, a otras, pese al entusiasmo colaborativo, les fue mal, por sus propios planes de desarrollo y por perder capacidad productiva con sus obreros presos.  

Las investigadoras coinciden en que militares y corporaciones compartían un objetivo común: frenar el activismo sindical y controlar la creciente organización de los trabajadores.

Las investigadoras estuvieron en Economis, para contar la participación empresaria en al última dictadura.
Las investigadoras estuvieron en Economis, para contar la participación empresaria en al última dictadura.

Los grandes grupos se consolidaron, como el complejo siderúrgico, con Acindar y Techint a la cabeza. Tuvieron saltos en los procesos productivos que le permitieron expandir sus rangos de acción y ganancias. Acindar se benefició después con la estatización de la deuda. Las automotrices como Fiat, Ford y Mercedes Benz lograron mejorar sus costos controlando los reclamos sindicales. En esas fábricas se montaron centros clandestinos de detención.

La empresa de la familia presidencial, Socma, también tuvo enormes beneficios durante la dictadura. Pero para el caso específico de investigación, no hubo elementos que la asimilen a otras. “Socma no está ausente, pero no fue igual que otros grandes grupos. Lo mismo que Papel Prensa, como empresa, más allá de lo que signifique dentro del proceso económico político que perdura hasta hoy”, indican  en una entrevista con Economis.

En cambio, Taller Gráfico, la imprenta del diario La Nueva Provincia, que reivindicaba desde sus editoriales a la Dictadura, sí fue partícipe directo en la colaboración con la dictadura en la persecución y asesinato de al menos dos trabajadores.

 

La investigación pudo llevarse a cabo tras un acuerdo entre el Flacso, el Cels, el ministerio de Derechos Humanos de la Nación, el Archivo de la Memoria, el archivo de la Conadep. Además de las tres investigadoras que vinieron a presentar el libro a Misiones, durante dos años más de 20 personas trabajaron en la edición del libro, que es la recopilación más precisa hasta ahora del rol de las empresas durante la represión. Ya no como cómplices, sino como responsables directos, una conclusión a la que se arriba después de estudiar patrones de conducta casi idénticos entre los principales grupos. Las investigadoras insisten en que la colaboración empresaria constituye un hecho económico que muta el concepto de represión enfocada en el activismo político, que, obviamente va de la mano. Pero más allá del “pensamiento político”, entre los torturados, desaparecidos o asesinados, había trabajadores que defendían derechos dentro de las empresas, que fueron arrasados.

En 1976, 30 años después del decreto de Juan Domingo Perón que establecía las vacaciones pagas, en Virasoro, Corrientes, los trabajadores rurales que cosechaban yerba mate y té, no tenían idea de lo que eso significaba, cuenta Andrea Copani. Pertenecían, en vida, a Las Marías, relata. Trabajaban de sol a sol y de su capacidad de corte y carga, dependía lo que recibían como jornal.

Las Marías, hoy convertida en una enorme empresa agroforestoindustrial, era manejada por entonces por Adolfo Navajas Artaza. El caso es emblemático por el tamaño de la empresa y la cantidad de operarios que manejaba. Sin embargo, fue difícil reconstruir la historia, ya que no hay documentación y hubo que entrevistar a sobrevivientes o sus familiares para reconstruir el entramado.

“Había dos sectores de trabajadores. Los rurales y los industriales, ambos sometidos a condiciones brutales de pobreza y explotación. No tenían derechos laborales, como vacaciones y aguinaldo y trabajaban en suma precariedad, casi como esclavos, con salarios que dependían del volumen de la cosecha”, cuenta Copani. En la industria de Gobernador Virasoro, no se pagaban horas extra.

Recién en 1973, durante el fugaz gobierno de Héctor Cámpora, los trabajadores comienzan a organizarse, en el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación y la Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. A través de estas organizaciones, canalizaron numerosos reclamos por mejoras en los salarios y las precarias condiciones de trabajo. En 1974 realizaron una huelga de 48 horas, que tuvo eco nacional y forzó a la empresa a considerar algunas de las reivindicaciones de sus trabajadores.

El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, cortó en seco la incipiente organización gremial con el secuestro de más de una docena de trabajadores. La empresa familiar manejada por Adolfo Navajas Artaza, quien había sido interventor de Corrientes durante la dictadura de Lanusse, aportó logística e información. El empresario después se convirtió en ministro de Desarrollo Social de Reinaldo Bignone.

Las primeras detenciones se produjeron pocas semanas después del golpe, en abril de 1976, cuando fueron secuestrados tres dirigentes sindicales del establecimiento. En agosto de ese año, otros dos empleados fueron detenidos, y se intentó hacerlos declarar en perjuicio de los miembros del sindicato secuestrados en abril. Luego, entre febrero y julio de 1977, otros ocho trabajadores fueron privados ilegalmente de su libertad, de los cuales dos permanecen desaparecidos. Los trabajadores fueron secuestrados en las casas proveídas por la empresa e incluso dentro de la misma fábrica. Por eso, hay dos causas abiertas, aunque solo una está para ir a juicio, con un solo imputado. Militar. Navajas Artaza, quien estuvo imputado, fue sobreseído sin siquiera prestar declaración. Doce jueces se excusaron de tomar la causa.

Adolfo no ocultaba su desprecio por los derechos laborales adquiridos y especialmente por Perón. Él mismo contó su participación en el derrocamiento, a nivel local, del gobierno constitucional de Juan Domingo Perón, en 1955: “Cuando en el año 55 me tocó actuar bastante en la Revolución Libertadora, nosotros éramos muy amigos del general Aramburu; estuvo aquí en Las Marías una vez, y después estuvo como presidente. Volábamos juntos en avión haciendo campaña política. Me tocó a mí ser el nexo para sublevar acá a las tropas contra el general Perón. No fue una cosa de un día para otro, costó. Mis contactos indujeron a que algunos jefes amigos participaran, yo hice de nexo. Se sublevó Apóstoles y después yo fui el correo secreto entre Apóstoles y Santo Tomé que después se sublevó. De manera que esta zona fue también revolucionaria. Hasta que Perón se rindió”.

Según la investigación, Las Marías cedió sus tierras para campamentos militares que operaban en la zona. Apuntó a los empleados más radicalizados que fueron luego secuestrados. Uno de los operarios contó que su torturador le dijo que Pablo –uno de los hermanos Navaja- le había pagado 600 pesos para que lo atrapen.

“Los delitos siguen impunes y aunque sea condenado un militar, seguirán así si no se investiga la participación empresarial”, advierten las investigadoras.  “En Las Marías no solamente denunciaron a los trabajadores en causas penales armadas, provocando su secuestro y tortura, sino que a su vez proveyeron recursos logísticos y materiales a las fuerzas que ejecutaron los delitos”.

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Desde Nación se comprometieron a “mejorar los controles” para que se cumpla el precio de la hoja verde

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El secretario de Coordinación y Desarrollo Territorial de la Nación, Santiago Hardie, afirmó que entienden y acompañan el reclamo del productor de yerba, y aclaró en diálogo con Radio República que antes de decidir sobre el precio en laudo, trabajarán para reforzar los controles para que el valor de la hoja verde se cumpla. No vendrá a la reunión de esta mañana en el Inym.

Hardie aseguró comprender el reclamo yerbatero pero insistió en que el Inym y a través del diálogo es la única manera de resolver el conflicto. Afirmó que “desde Nación vamos a mejor los controles con la Afip con Rentas de la provincia, vamos a aportar con financiamiento y acompañar lo que resuelva hoy el Inym”.

El Inym es un organismo que tiene espíritu propio pero que debe poder encontrar la manera de avanzar y trabajar mejor

El funcionario de Nación que no vendrá a la reunión con los productores en Posadas porque “no consiguió pasajes de avión”, consideró que la cupificación “es un pedido razonable que hay que acompañar. Hace mucho que los sistemas de control no son los adecuados”.

Asimismo, consultado sobre el valor que podrían definir en laudo para la hoja verde y la yerba canchada expresó que “primero hay que resolver el problema que tenemos hoy y después discutir los precios. Hay que trabajar para que el productor reciba lo que le corresponde, hay que controlar la calidad en la generación de los registros que no están completos”.

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Desarrollan una yerba que fortalece los huesos

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Un equipo de científicos del Conicet liderados por el investigador Lucas Brun del laboratorio de Biología Ósea de la Facultad de Medicina de Rosario está desarrollando una variedad de yerba mate que contribuye a la salud de los huesos. “Estamos evaluando todos los componentes de la yerba que pueden tener efectos sobre la estructura ósea como calcio, fósforo, flúor, polifenoles y cafeína”, precisó el investigador.

“El objetivo es ver qué cantidad de estos compuestos se deberían agregar para desarrollar una yerba funcional con un efecto positivo en la salud, no sólo de los huesos, sino también para bajar el colesterol y los triglicélidos. Estudios científicos han demostrado que la ingesta de mate ayuda a bajar de peso, y también tiene propiedades antifúngicas y antinflamatorias”, explicó el científico.

La investigación tiene su antecedente en un trabajo del doctor Fernando Saraví, de la Universidad Nacional de Cuyo, que reveló que “tomar mate mejora la densidad ósea de mujeres posmenopáusicas”. “Cuando leí este estudio me sorprendí, porque la yerba tiene cafeína, que es perjudicial para los huesos -comentó Brun-.

Entonces, decidí encarar esta nueva investigación. Dado que el mate es por lejos la bebida más popular en el país, consumida en el 98% de los hogares con más de 100 litros por año por habitante según datos del INYM, introducir componentes saludables en ella tendría un enorme impacto sanitario.

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Irrazábal instó a implementar Mercado Consignatario de Yerba Mate

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El senador Juan Manuel Irrazábal (Frente para la Victoria, Misiones) reclamó la puesta en funcionamiento del Mercado Consignatario de la Yerba Mate y la sanción del Fondo Especial Yerbatero.

Ante la crisis del sector yerbatero que ha llevado a los productores yerbateros a movilizarse, el legislador misionero recordó que la ley faculta al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM)  a implementar un Mercado Consignatario con financiamiento del Banco Nación y apoyo de los organismos nacionales.

“La ley en su momento fue aprobada por unanimidad tanto en Diputados como en Senadores a partir de un proyecto de mi autoría. El Mercado Consignatario es un instrumento que no sólo permite equilibrar las cadenas de valor y distribuir más equitativamente las rentas, sino que también apunta que los grandes empresarios cumplan con el precio oficial de la yerba mate”, señalo Irrazábal.

En sus fundamentos, la iniciativa destacaba que la creación del INYM fue un hito en la política yerbatera; de esa manera se avanzó a fin de determinar el precio de la materia prima y fiscalizar la calidad del producto. Pero resulta necesario que implemente e administre un Mercado Consignatario, a los fines de hacer ágil la comercialización y con el objeto de “blanquear” el conjunto de la actividad, asegurando una rentabilidad al productor.

Irrazábal, que integra la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Cámara alta, anunció que impulsará este año el tratamiento de diversas modificaciones a la ley yerbatera reclamadas por la Cámara de Representantes de Misiones, en particular un fondo para asistir a los productores pequeños y medianos y a los tareferos.

Este proyecto de ley también apunta a un blanqueo amplio de la actividad yerbatera, ya que volverá conveniente para el productor exigir los comprobantes de cada operación comercial a fin de tramitar los subsidios correspondientes. Además mejorará la recaudación de impuestos sobre la actividad y combatirá la informalidad de los trabajadores tareferos.

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