Mientras el expresidente y actual candidato Donald Trump impulsa una agenda migratoria más agresiva con deportaciones masivas como eje, crece el malestar en sectores productivos clave de Estados Unidos. Desde la industria agrícola hasta el turismo, las empresas alertan sobre el riesgo de una crisis de mano de obra que podría desestabilizar la cadena de suministro y desacelerar la economía. La Casa Blanca reconoce las tensiones y evalúa medidas paliativas, pero las divisiones internas dificultan una estrategia coherente.

En un contexto de alta dependencia del trabajo inmigrante, especialmente indocumentado, la política migratoria de línea dura promovida por Trump enfrenta resistencias incluso dentro de su propio gabinete. Mientras sectores del Gobierno buscan sostener la productividad agrícola e industrial, otros —liderados por el influyente asesor Stephen Miller— insisten en la aplicación estricta de las leyes migratorias, sin excepciones.

Según datos del Departamento de Agricultura, EE.UU. cuenta con 2,4 millones de trabajadores agrícolas, de los cuales un 40% no tiene estatus legal. En sectores como producción de cultivos, procesamiento de alimentos y construcción, los trabajadores indocumentados representan hasta el 20% de la fuerza laboral. Goldman Sachs advirtió que una pérdida masiva de este segmento podría generar cuellos de botella, escasez de productos y aumentos de precios.

La industria presiona: riesgo de caída en productividad y empleo

“El Gobierno está entre la espada y la pared”, declaró Kip Eideberg, vicepresidente de la Asociación de Fabricantes de Equipos. Según el referente empresarial, una política de deportaciones sin contemplaciones “haría imposible sostener el impulso de reindustrialización” que promueve el propio Trump. El impacto negativo se proyectaría no solo sobre los agricultores, sino sobre fabricantes, proveedores y consumidores.

Rosanna Maietta, presidenta de la Asociación Estadounidense de Hoteles y Alojamiento, también manifestó su preocupación por la escasez de mano de obra en el sector turístico y hotelero, que enfrenta “graves desafíos” si se profundiza la política de redadas y deportaciones.

Pese a la retórica pública, la Casa Blanca ha iniciado contactos discretos con actores del sector privado para buscar alternativas. Se analizan mecanismos para permitir que ciertos trabajadores indocumentados permanezcan temporalmente en sus puestos, incluso a través de nuevas versiones del programa de visas agrícolas H-2A.

La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, ha impulsado iniciativas para permitir que los empleadores presenten declaraciones juradas que validen la experiencia y necesidad de estos trabajadores. Trump, en tanto, ha deslizado en entrevistas la posibilidad de “pases temporales” para sectores críticos, aunque ha aclarado que “no habrá amnistía”.

Riesgos políticos y dilemas electorales

El giro moderado en la aplicación de las leyes migratorias podría tener costos políticos para Trump, cuya base electoral espera una política sin concesiones. Jessica Vaughan, del Centro de Estudios de Inmigración, lo advirtió: “Cuanto más consienta a los empleadores de trabajadores ilegales, más se indignará su base”.

Las idas y vueltas del Gobierno reflejan esa tensión: tras una redada en una planta cárnica de Omaha, ICE recibió órdenes de moderar las acciones en granjas y hoteles. Sin embargo, días después, Trump volvió a reclamar públicamente la implementación del mayor programa de deportación de la historia. “Están furiosos”, reconoció un funcionario de su entorno respecto a la presión del sector agropecuario.

La disputa entre la necesidad de sostener la producción y la promesa electoral de “orden migratorio” coloca al Gobierno en un equilibrio inestable. Mientras sectores como agricultura, hotelería y construcción reclaman medidas para preservar su capital humano, los funcionarios más duros presionan por una aplicación inflexible.

Trump, por ahora, intenta mantener ambas promesas: garantizar una fuerza laboral 100% legal y proteger a los productores que sostienen la economía real. Pero con el calendario electoral en marcha, las definiciones urgentes parecen inevitables.

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