Crisis de Ueno Bank: Paraguay activa garantías para los ahorristas y la oposición impulsa un juicio político contra Peña y Alliana
La resolución de Ueno Bank abrió en Paraguay una crisis que atraviesa al sistema financiero, al ámbito judicial y a la política nacional. Mientras el Banco Central del Paraguay (BCP) inició el procedimiento para atender la situación patrimonial de la entidad y activar los mecanismos de protección a los depositantes, la oposición anunció que promoverá un juicio político contra el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana. En paralelo, la Fiscalía conformó un equipo especializado para investigar las denuncias del organismo monetario y el Congreso prepara el tratamiento de una iniciativa para ampliar la cobertura de los fondos públicos depositados en el banco.
El episodio tiene relevancia para Misiones por la relación económica, comercial y financiera que mantiene la provincia con Paraguay. La evolución de la crisis, las condiciones para recuperar los depósitos y las medidas que adopten las autoridades paraguayas serán aspectos centrales para evaluar sus eventuales efectos sobre la confianza y las operaciones económicas en la región fronteriza.
El Directorio del BCP resolvió por unanimidad, el 2 de noviembre, iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank, decisión comunicada durante la madrugada del martes 3. La causal invocada fue una insuficiencia en el índice de solvencia inferior al 50% del mínimo requerido, luego de ajustes realizados en los estados financieros durante el proceso de regularización. La medida se encuadra en la Ley 2.334/2003, que regula la garantía de depósitos y los procedimientos de resolución de entidades de intermediación financiera.
El procedimiento contempla la designación de interventores de la Superintendencia de Bancos para verificar la situación patrimonial, preservar los activos y desarrollar las actuaciones necesarias para ordenar la resolución. Durante la jornada, las autoridades explicaron que las operaciones de la entidad quedaron suspendidas mientras se realiza el balance de exclusión de activos y pasivos. El BCP cuenta con un plazo legal de hasta 15 días para completar esa instancia, aunque manifestó que buscará reducirlo.
La garantía de depósitos y el primer pago a los ahorristas
Uno de los principales interrogantes para los clientes de Ueno Bank es cuándo y cómo podrán recuperar sus fondos. El régimen paraguayo de garantía de depósitos contempla una cobertura de hasta 75 salarios mínimos mensuales para actividades diversas no especificadas por persona física o jurídica y por entidad financiera. Según el valor vigente informado por el BCP, el límite equivale a 228.300.000 guaraníes.
La cobertura no se aplica por cada cuenta individual, sino por depositante y por entidad. El organismo también señaló que buscará mecanismos para procurar la mayor protección posible de los saldos que excedan el límite garantizado, a través de la compensación y el análisis de los activos y pasivos de la institución.
Como primera medida operativa, el BCP anunció un anticipo de hasta 10 millones de guaraníes para los ahorristas, dentro del proceso de cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos. Para acceder al mecanismo se prevé la apertura de un registro de beneficiarios. Al cierre de la información difundida el martes, todavía no se había precisado una fecha concreta para el inicio de los desembolsos ni el cronograma completo para cancelar los saldos restantes.
En los casos en que los depósitos superen ese primer anticipo, la diferencia deberá procesarse conforme a las siguientes etapas que establezca el organismo. También se informó que las deudas pendientes de los titulares con Ueno Bank serán consideradas en la liquidación, por lo que el importe final a percibir puede variar según la situación de cada cliente.
La situación de los fondos públicos depositados en la entidad agrega otra dimensión al problema. El presidente Santiago Peña anunció un acuerdo con las autoridades del Congreso para impulsar una ley que permita ampliar la garantía de depósitos y facilitar la devolución de los recursos estatales, incluidos los correspondientes al Instituto de Previsión Social (IPS) y otras cajas jubilatorias públicas. El proyecto busca modificar de manera excepcional los límites previstos en la Ley 2.334/2003 y fue convocado para su tratamiento en una sesión extraordinaria de Diputados este miércoles 4 de noviembre a las 10.
La iniciativa todavía debe atravesar el trámite legislativo. Su aprobación y aplicación serán determinantes para establecer el alcance efectivo de la protección adicional que pretende otorgarse a los fondos públicos, diferenciándola de la cobertura ordinaria que ya contempla el régimen de garantía.
La oposición anunció un juicio político contra Peña y Alliana
La dimensión política se profundizó después de que el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) anunciara que impulsará, junto con legisladores de otras fuerzas opositoras, un juicio político contra el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana.
El anuncio se realizó luego de una reunión en la sede partidaria, con participación de autoridades liberales y parlamentarios de distintas agrupaciones. Entre los asistentes estuvieron los senadores Líder Amarilla, Salyn Buzarquis y Sergio Rojas, además de legisladores de otros sectores, como Raúl Benítez, Rocío Vallejo y Alexandra Zena.
El gobernador del departamento Central y precandidato presidencial, Ricardo Estigarribia, ofició de vocero al término del encuentro. Señaló que diputados liberales y representantes del denominado tercer espacio buscarán presentar un libelo acusatorio ante la Cámara de Diputados, con causales diferenciadas para el presidente y el vicepresidente.
Estigarribia atribuyó al Gobierno responsabilidad política por la crisis y cuestionó el manejo de los fondos de los ahorristas y jubilados. Sus declaraciones expresan la posición de los sectores que promueven la iniciativa y no constituyen, por sí mismas, una determinación judicial sobre responsabilidades individuales.
El procedimiento constitucional requiere que la Cámara de Diputados considere la acusación y alcance la mayoría de dos tercios para habilitar el juicio ante el Senado. En esa segunda instancia se debe resolver sobre la eventual destitución. Por lo tanto, el anuncio del PLRA representa el inicio de una ofensiva política, pero no implica que el presidente y el vicepresidente hayan sido formalmente sometidos a juicio ni que exista una decisión sobre su continuidad en los cargos.
El gobernador también cuestionó el papel institucional de Alliana y recordó que, desde 2023, ejerció la Presidencia de la República en reemplazo de Peña durante más de 200 días. Según su planteo, ese período le habría permitido revisar la situación del sistema financiero y el manejo de los fondos previsionales. La oposición anticipó que buscará coordinar acciones entre sus distintas fuerzas y mantener la movilización ciudadana.
Renuncia en el Banco Central y conducción interina
La crisis también repercutió en la conducción del organismo regulador. Carlos Carvallo, presidente del BCP, comunicó que había firmado su renuncia en medio del procedimiento de resolución de Ueno Bank. Su trayectoria previa como presidente de Financiera Ueno, antes de asumir al frente de la banca matriz en agosto de 2023, quedó bajo atención pública por el vínculo institucional que tuvo con la entidad ahora sometida al proceso.
En el Directorio, la economista Liana Caballero fue propuesta por los demás integrantes para asumir la presidencia interina. La decisión fue comunicada luego de la renuncia de otra integrante, Carmen Marín. El Directorio sostuvo que mantenía el quórum mínimo legal para sesionar con sus miembros restantes, entre ellos Marco Aurelio González y Miguel Ángel Mora. La transición deberá garantizar la continuidad de las decisiones regulatorias y del procedimiento de resolución.
Caballero, funcionaria de carrera del BCP con 19 años de trayectoria, manifestó que su prioridad será recuperar la institucionalidad y acompañar el proceso para encontrar una salida para los depositantes. La conducción del organismo enfrenta así el desafío de sostener la supervisión financiera y, al mismo tiempo, dar respuestas operativas a los clientes afectados.
Investigación fiscal y detenciones de directivos
En paralelo al procedimiento administrativo del BCP, el Ministerio Público abrió una investigación sobre los hechos denunciados por integrantes del Directorio de la autoridad monetaria. El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, conformó un equipo de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción para analizar la documentación y determinar si existen conductas que puedan configurar hechos punibles.
La presentación remitida a la Fiscalía incluye alrededor de 2.000 documentos escaneados y una denuncia de casi 200 páginas, según informó la fiscal adjunta Nancy Salomón. El equipo tendrá a su cargo examinar los antecedentes y establecer si las irregularidades señaladas exceden el ámbito administrativo y requieren una investigación penal. La coordinación quedó en manos del fiscal Francisco Cabrera, junto con los agentes Jorge Arce, Yeimi Adle y Silvio Corbeta.
La causa fue caratulada “Federico Miguel Vázquez Villasanti y otros s/ Lesión de confianza y otros”. En ese marco, la Fiscalía ordenó la detención de ocho personas vinculadas a la conducción y administración de la entidad. Entre ellas figura Miguel Vázquez, miembro del directorio de Ueno Bank y presidente del Grupo Vázquez, quien se presentó voluntariamente ante la Policía Nacional. También fueron mencionados Juan Manuel Gustale, Julio Daniel Rey Fernández, Diana Leticia Mongelós González, Mariana Torres Rubiani, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Miguel Ángel Almada Frutos.
Las detenciones y las medidas investigativas forman parte de una causa en etapa inicial. La existencia de una orden de captura o la presentación de una denuncia no equivalen a una condena ni determinan por sí mismas la responsabilidad penal de las personas involucradas. La investigación deberá establecer los hechos, evaluar la documentación y garantizar las instancias procesales correspondientes.
El BCP explicó que el procedimiento de resolución fue precedido por varios meses de supervisión técnica. Según la información difundida por el organismo, los primeros hallazgos incluyeron indicios de créditos otorgados a empresas vinculadas con el grupo controlador de la entidad. La revisión de las condiciones financieras y la trazabilidad de los recursos permitió profundizar el análisis, al que se sumaron observaciones sobre la liquidez, debilidades en la documentación de operaciones crediticias y servicios informáticos cuya justificación no habría estado suficientemente respaldada.
El sistema financiero y la respuesta de los bancos
Frente a la incertidumbre generada por la resolución, la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) sostuvo que el caso de Ueno Bank no representa una situación generalizada del sistema financiero y ratificó que el sector mantiene condiciones de solvencia, liquidez y estabilidad.
La entidad también manifestó su disposición a colaborar con el BCP para agilizar los mecanismos de restitución de los depósitos. Su vicepresidente, José Brítez, señaló que la prioridad inmediata debe ser atender a los ahorristas y facilitar la canalización de los recursos cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos.
La posición de Asoban busca diferenciar la situación particular de Ueno Bank del funcionamiento del resto de las entidades. La evolución del proceso permitirá observar cómo responden los mecanismos de supervisión, garantía y resolución previstos en la legislación paraguaya ante una crisis de esta magnitud.
Para Misiones, donde la actividad comercial y los movimientos cotidianos mantienen una relación directa con ciudades paraguayas, la evolución del caso merece seguimiento por sus posibles efectos sobre la operatoria financiera, los pagos y la confianza de consumidores y empresas que utilizan servicios bancarios en ambos lados de la frontera. No obstante, la información disponible no permite afirmar que exista una afectación generalizada sobre las entidades financieras paraguayas ni cuantificar consecuencias concretas para la economía misionera.
La crisis de Ueno Bank deja, por ahora, tres desafíos institucionales inmediatos: garantizar el acceso de los depositantes a los fondos cubiertos, esclarecer las operaciones que derivaron en la resolución y determinar si existen responsabilidades administrativas, civiles o penales. En paralelo, el debate parlamentario sobre los fondos públicos y el eventual juicio político trasladan el episodio al terreno de la responsabilidad política. La respuesta que construyan el BCP, la Justicia y el Congreso será determinante para medir la capacidad de las instituciones paraguayas de administrar la crisis y recuperar la confianza de los ahorristas.
