Ueno sacude a Paraguay: ahorros bloqueados, detenidos y una crisis que salpica a Peña
Paraguay enfrenta una crisis bancaria con consecuencias políticas que llegan hasta la Presidencia. La suspensión de las operaciones de Ueno Bank, las dificultades de sus clientes para acceder al dinero y la investigación sobre presuntas irregularidades financieras confluyeron este martes 3 de noviembre en un escenario de fuerte tensión: dos personas detenidas, ocho órdenes de captura y la renuncia presentada por el titular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo Spalding. Miguel Vázquez Villasanti, identificado como CEO de Ueno Bank, se presentó ante el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, después de que la Fiscalía ordenara su captura. Su entrega se suma a las detenciones de Mariana Isabel Torres Rubiani y Julio Daniel Rey Fernández, en el marco de la causa abierta tras la denuncia del Banco Central por presuntas irregularidades en la entidad financiera.
La crisis tiene un componente institucional especialmente delicado. Carvallo Spalding había presidido Financiera Ueno antes de asumir la conducción del organismo encargado de supervisar el sistema financiero. Ahora permanece provisionalmente en el cargo mientras ese organismo conduce la resolución de la entidad.
El impacto alcanza al presidente Santiago Peña, cuyo pasado como inversor en Ueno Holding vuelve al centro de la discusión pública. A ese antecedente se suma el volumen de recursos estatales colocados en el banco: según Bloomberg, los depósitos gubernamentales rondaban los US$869 millones y representaban el 29% de sus depósitos totales al cierre de junio. Se trata de una exposición que convierte la recuperación de los fondos públicos en uno de los asuntos centrales de la crisis.
El dato que precipitó la resolución
El BCP informó que el Directorio decidió por unanimidad iniciar el procedimiento de resolución, mediante una disposición fechada el 2 de noviembre y comunicada el día 3, después de comprobar que el índice de solvencia de Ueno había quedado por debajo de la mitad del mínimo regulatorio exigido.
El deterioro surgió de ajustes a los estados financieros durante el proceso de regularización. La precisión resulta relevante: el comunicado describe una insuficiencia patrimonial grave; no afirma que el banco haya perdido el 50% de los depósitos.
El procedimiento, encuadrado en la Ley 2334/03, contempla la intervención de la Superintendencia de Bancos para verificar el patrimonio y preservar los activos. El regulador sostiene que la situación corresponde a una entidad particular y no representa una crisis generalizada del sistema financiero paraguayo.
Para los clientes, entretanto, el efecto fue inmediato: quedaron suspendidas las operaciones y dejaron de estar disponibles los servicios con tarjetas y cuentas. La resolución trasladó la incertidumbre del balance bancario a la vida cotidiana de quienes utilizaban esos fondos.
El dinero público y la exposición previsional
La situación del Instituto de Previsión Social (IPS) concentra una de las mayores preocupaciones. Sus inversiones en Ueno incluyen certificados de depósito de ahorro y bonos financieros, instrumentos cuya recuperación deberá encauzarse dentro del procedimiento correspondiente.
Los reportes publicados este martes presentan diferencias en la cuantificación. El diario Última Hora informó una exposición cercana a US$345 millones, equivalente al 9% de la cartera de inversiones de la previsional. Radio 1000 recogió declaraciones de la gerente financiera Gladys Vera que situaban el monto alrededor de US$380 millones.
El IPS aseguró que las jubilaciones y los aguinaldos serán pagados en tiempo y forma. Además, aproximadamente 32.000 beneficiarios deberán pasar a otras entidades bancarias.
La exposición de las inversiones previsionales y la continuidad de los pagos son, por lo tanto, dos problemas distintos: el organismo garantiza los haberes mientras procura recuperar su patrimonio.
Las autoridades previsionales también afirmaron que durante 2026 no realizaron nuevas inversiones en Ueno porque en 2025 ya se había alcanzado el límite prudencial establecido por la normativa. Esa explicación forma parte de la respuesta institucional sobre las decisiones de colocación de recursos.
Qué está garantizado y qué sigue pendiente
La garantía informada por el BCP alcanza a 228.300.000 guaraníes por depositante y por entidad, equivalentes a 75 salarios mínimos mensuales.
Para los saldos superiores, el organismo anunció que utilizará los mecanismos legales disponibles para procurar su protección.
Las autoridades explicaron que cuentan con un plazo máximo de 15 días para completar el balance de exclusión de activos y pasivos, aunque buscan acortarlo. Ese plazo corresponde a una etapa del procedimiento y no debe presentarse como una promesa de devolución total de todos los fondos.
Ocho órdenes de detención y dos arrestos
La crisis bancaria adquirió una dimensión penal después de la denuncia presentada por el BCP. El Ministerio Público dispuso la detención de ocho personas vinculadas a Ueno, entre ellas Juan Manuel Gustale, Federico Miguel Vázquez Villasanti y Julio Daniel Rey Fernández.
Durante la jornada se informaron las detenciones de Mariana Isabel Torres Rubiani y Julio Daniel Rey Fernández. La nómina también comprende a Diana Leticia Mongelós González, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Miguel Ángel Almada Frutos.
El fiscal Francisco Cabrera señaló que se analizan más de 2.000 fojas y posibles conductas encuadrables en lesión de confianza, estafa y otros hechos punibles. Las actuaciones estaban en una etapa inicial de evaluación para formular imputaciones.
El vínculo de Peña y la presión sobre el Gobierno
El antecedente empresarial del mandatario vincula al escándalo financiero con el Gobierno paraguayo. El 4 de abril de 2025, Peña declaró que había dejado de ser accionista de Ueno Holding a finales de marzo, al decidir no participar en una reorganización societaria. También negó mantener vínculos con el banco y con ITTI.
ABC Color consignó entonces que su participación en el holding ascendía a 6.144 millones de guaraníes, el 1,58% del capital, según la composición publicada al 18 de marzo de aquel año.
Ese pasado empresarial, la colocación de fondos públicos y la trayectoria previa de Carvallo alimentan los cuestionamientos políticos. Esos vínculos no prueban por sí mismos una responsabilidad penal de Peña, pero colocan bajo escrutinio las decisiones del Gobierno y la actuación del supervisor.
La presión también se trasladó a la calle: circularon convocatorias a manifestaciones para las 17 en Asunción y las 18 en Ciudad del Este, con reclamos contra el presidente.
Paraguay tiene ahora tres frentes abiertos: restablecer el acceso de los ahorristas a sus recursos, determinar cuánto podrá recuperarse de las grandes colocaciones e investigar las responsabilidades por el deterioro del banco. La renuncia presentada por Carvallo deja al descubierto la dimensión institucional del episodio, pero el alcance patrimonial y judicial todavía está por establecerse.
