La médica ginecóloga Silvana Gamarra convirtió una experiencia personal vinculada con la alimentación en dos emprendimientos que hoy generan empleo y suman una nueva propuesta gastronómica a Oberá. Ketolandia nació como panadería saludable y Poketo amplió el concepto hacia la cafetería y los bowls. Ahora, el proyecto familiar comienza a estudiar un próximo paso: desarrollar un modelo de franquicias.
Oberá atraviesa un momento particularmente dinámico en materia comercial. En una ciudad que viene recibiendo nuevas inversiones, ampliaciones y propuestas gastronómicas, también empiezan a ganar terreno emprendimientos que no compiten solamente por precio o ubicación, sino que intentan construir un concepto propio.
En ese escenario nacieron Ketolandia y Poketo, dos proyectos de una misma familia y forjados a partir de una misma idea: ofrecer alternativas para quienes buscan reducir el consumo de harina de trigo, azúcares refinados y productos ultraprocesados.
Detrás de ambos está Silvana Carolina Gamarra, médica ginecóloga desde 2006, formada además en medicina ortomolecular y nutrigenómica. Su ingreso al mundo empresarial no significó abandonar la medicina. En cierta forma, ocurrió exactamente al revés: fue desde su experiencia profesional, sus estudios y, especialmente, su historia personal que comenzó a imaginar el negocio.
“Si yo puedo mejorar, pueden mejorar otras personas”, resume Gamarra al explicar el razonamiento que terminó convirtiéndose en un proyecto comercial.
El primer paso fue Ketolandia, que abrió sus puertas en noviembre de 2024. La propuesta fue desarrollar una panadería diferente de la tradicional. Allí no se utiliza harina de trigo y las recetas incorporan alternativas como harina de almendras, coco o garbanzos. Tampoco trabajan con azúcar de mesa, sino que recurren, según cada producto, a stevia, eritritol o frutas.
La premisa es sencilla pero ambiciosa: conservar una costumbre profundamente argentina -comer pan, medialunas, tortas y otros productos de bollería- modificando los ingredientes con los cuales se elaboran.
El catálogo fue creciendo. Hoy incluye panes de molde y de campo, ciabattas, medialunas, productos de repostería y otras variedades. También desarrollaron alfajores con diferentes rellenos y una línea propia de helados en palito denominada Sin Cero, elaborada bajo el mismo concepto de reducción de azúcares.
Las mermeladas, el dulce de batata y el membrillo son elaborados en la propia panadería. Según explica Gamarra, tampoco utilizan conservantes ni colorantes y privilegian materias grasas como el aceite de oliva, aceite de coco y, dependiendo de las recetas, manteca.
Pero Ketolandia no nació de un estudio de mercado convencional. Nació de una historia.
Gamarra cuenta que durante buena parte de su vida convivió con distintos malestares y que, con el tiempo, identificó una intolerancia al gluten, aunque aclara que no es celíaca.
A partir de allí comenzó a modificar su alimentación, investigó alternativas y realizó distintas formaciones, incluso en España, relacionadas con dieta cetogénica y nutrición.
Esa búsqueda personal fue transformándose paulatinamente en otra cosa. “Se me abrió un panorama y un nuevo estilo de vida”, recuerda.
La experiencia también estuvo atravesada por la historia de su padre, quien padecía diabetes e hipertensión y sufrió un accidente cerebrovascular antes de fallecer. Aquello terminó convirtiéndose en uno de los motores emocionales del proyecto.
Gamarra comenzó a preguntarse por qué una persona que debía restringir determinados alimentos encontraba tan pocas alternativas cuando quería comprar algo tan cotidiano como una medialuna, un panificado o una torta.
De esa pregunta surgió una oportunidad. No se trataba de decirle al consumidor qué debía comer, sino de darle la posibilidad de elegir.
“Por lo menos que exista la opción que en su momento yo me planteaba que mi papá no tenía”, explica.
Esa combinación entre experiencia personal, formación profesional y demanda insatisfecha fue la semilla de Ketolandia.
La recepción del mercado terminó empujando el segundo paso. Ketolandia comenzó a recibir clientes de Oberá y de localidades cercanas, entre ellos personas con diferentes restricciones alimentarias o consumidores que simplemente habían decidido modificar algunos hábitos.
A partir de esa demanda, la familia detectó que había espacio para ampliar el concepto. Así nació Poketo, que abrió sus puertas en julio de 2026. Esta vez la apuesta fue más allá de una panadería.
Poketo incorpora una cafetería saludable. El cliente puede armar su propio bowl seleccionando carnes, vegetales, semillas y toppings, con la intención de resolver una comida completa dentro de una rutina cotidiana marcada por el trabajo, la escuela, los horarios y la falta de tiempo.
El concepto apunta precisamente a una de las transformaciones del consumo urbano: existe un público que quiere comer de determinada manera, pero que no siempre dispone del tiempo necesario para preparar esos alimentos.
Poketo intenta ocupar ese espacio. La cafetería mantiene la filosofía que dio origen a Ketolandia. Utiliza cacao 100%, distintas bebidas elaboradas a partir de ingredientes como remolacha y zanahoria y alternativas que buscan evitar azúcares refinados.
Dos conceptos, una misma dirección
Los dos emprendimientos funcionan uno junto al otro, en Jujuy 394, Oberá. Ketolandia ocupa el local A y Poketo el local B. Sin embargo, cada espacio fue diseñado con una identidad diferente.
En la panadería, los productos están exhibidos en canastas sobre una mesa central. El cliente elige personalmente las piezas que quiere comprar, se pesan y finalmente se determina el precio. La inspiración surgió de una panadería que Gamarra conoció durante uno de sus viajes.
Poketo, en cambio, fue pensado también como un lugar de permanencia. Cuenta con sillones, mesas para grupos pequeños y una mesa de mayor tamaño destinada a reuniones familiares. Además, incorporaron un pequeño sector literario con libros para adultos y niños.
La intención es que el espacio permita hacer algo que muchas veces parece haber desaparecido de la experiencia gastronómica: quedarse.
Tomar un café, conversar, leer, escuchar música o simplemente reducir por un rato la velocidad de la rutina y el protagonismo del teléfono celular.
Los emprendimientos son también una empresa familiar. Gamarra trabaja junto a su marido, Marcelo, abogado de profesión. Ambos participan activamente de la operación cotidiana y cuentan con empleados tanto en la panadería como en la cafetería.
De ese modo, dos profesionales provenientes de actividades completamente diferentes terminaron construyendo una nueva unidad económica y generando puestos de trabajo alrededor de una idea que inicialmente había surgido dentro de su propia casa.
La familia, de hecho, fue el primer laboratorio del proyecto. Gamarra recuerda que uno de sus objetivos era que su hijo, hoy de 12 años, pudiera incorporar determinados hábitos no como una imposición sino entendiendo las razones detrás de cada elección.
El cambio comenzó en la mesa familiar y después saltó al mercado. “Mi esposo es abogado, yo soy médica”, señala al describir un recorrido empresarial que no había comenzado originalmente en el mundo gastronómico.
La historia de Poketo y Ketolandia se inserta además en un proceso más amplio.
Oberá viene mostrando en los últimos años una creciente dinámica de inversiones comerciales y gastronómicas. Nuevas marcas, ampliaciones, emprendimientos locales y conceptos diferentes están modificando gradualmente la oferta de la ciudad y reforzando su condición de centro económico de la zona Centro de Misiones.
En ese mapa, los emprendimientos de Gamarra aportan una característica particular: la especialización.
Esa diferenciación puede ser, precisamente, una de las claves para competir en mercados urbanos donde la oferta gastronómica es cada vez mayor. Y el proyecto ya empieza a mirar más allá de Oberá. El crecimiento despertó consultas para replicar el modelo en otras localidades.
Gamarra confirma que ya recibieron pedidos para desarrollar franquicias y que la familia está trabajando sobre esa posibilidad. El desafío no es menor.
Una de las fortalezas del producto -la ausencia de conservantes- también representa una dificultad logística. Algunos panificados tienen una ventana de entre 24 y 48 horas antes de necesitar congelación, lo que obliga a diseñar cuidadosamente cualquier eventual esquema de producción, almacenamiento y distribución. “Es una logística bastante compleja, pero no imposible”, reconoce.
Por eso, antes de expandirse, buscan terminar de ajustar los procesos. El objetivo, sin embargo, está definido.
“El propósito a largo plazo sí es una franquicia”, asegura Gamarra. Si ese salto finalmente se concreta, Ketolandia habrá recorrido en pocos años un camino significativo: de una necesidad personal a una panadería; de la panadería a una cafetería; de un emprendimiento familiar a una marca con potencial para replicarse fuera de Oberá.
Es también una pequeña postal de la transformación empresarial que atraviesa la ciudad. Silvana Gamarra resume la filosofía detrás de su apuesta con una frase que, además de explicar su relación con la alimentación, permite entender la lógica con la que decidió emprender: “La salud y la alimentación son una inversión y no un gasto”.
La economía de Paraguay sigue demostrando una notable resiliencia, respaldada por sólidos fundamentos macroeconómicos y esfuerzos de reforma. La implementación de reformas estructurales de manera sostenida será esencial para impulsar la productividad y garantizar un crecimiento duradero e inclusivo en el mediano plazo.
La política fiscal debe seguir anclada en restablecer el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) protegiendo al mismo tiempo los gastos esenciales, reforzar la gestión financiera pública, y regularizar los atrasos en los pagos, a fin de preservar la credibilidad de la política fiscal.
La calibración actual de la política monetaria es adecuada en el corto plazo y deja margen para una flexibilización gradual adicional si el shock energético resulta ser temporal, las expectativas de inflación permanecen ancladas, y la actividad económica se modera según lo proyectado.
El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la Consulta del Artículo IV con Paraguay[1]. Las autoridades han dado su consentimiento para la publicación del informe del personal técnico del FMI preparado para esta consulta[2].
Paraguay ha registrado un sólido desempeño macroeconómico. Tras expandirse un 6,6% en 2025, el PIB real creció un 5,8%, en cifras interanuales en el primer trimestre de 2026, sustentado en el sólido desempeño de los sectores de servicios, manufactura, agricultura, construcción, y distribución energética. Se prevé que en 2026 el crecimiento alcance el 4,4% y que a mediano plazo se modere hasta su nivel potencial del 3,8%. Los riesgos en torno a las perspectivas económicas están equilibrados. En junio la inflación general se situó en un 2,1%, en términos interanuales, debido a que el alza de los precios internos de los combustibles se vio compensada por reducciones de precios en algunos segmentos alimentarios y en los bienes duraderos importados, gracias a la apreciación del guaraní. Se proyecta que la inflación general alcance la meta del banco central del 3,5% este año. El déficit en cuenta corriente disminuyó en 2025 hasta el 2,5% del PIB y se prevé que se sitúe en el 2,6 % en 2026. El guaraní se apreció un 23,1%, interanual frente al dólar estadounidense en términos nominales, y un 8,6% en lo que va del año hasta junio de 2026. A fines de junio, las reservas internacionales netas rondaban USD 11.000 millones, y las reservas brutas se encuentran dentro del rango considerado adecuado.
El déficit presupuestario alcanzó el 2% del PIB en 2025 y se prevé que aumente hasta el 3,5% del PIB en 2026, debido principalmente a la regularización parcial de los atrasos en el pago de gastos acumulados durante el período 2023-2025 y a la disminución de los ingresos como consecuencia de la apreciación del guaraní. Hasta junio de 2026, los ingresos tributarios crecieron un 2,1% en cifras interanuales acumuladas, impulsados por los impuestos internos, mientras que los ingresos aduaneros se contrajeron un 11,5%. Los ingresos no tributarios disminuyeron un 11,3% en términos interanuales, debido principalmente a la apreciación del guaraní.
El crecimiento general del crédito se ha moderado, y el sector bancario sigue mostrando buenos niveles de capitalización, liquidez, y rentabilidad. Tras alcanzar un máximo del 22,8% a comienzos de 2025, el crecimiento del crédito fue del 6,8% en cifras interanuales en diciembre, y el 3,2% en mayo de 2026. Sin embargo, el crédito al consumo sigue creciendo y se situó en el 22,8%. En mayo de 2026, los activos líquidos de los bancos representaban el 24,3% de los pasivos totales y los coeficientes de suficiencia de capital se situaban en el 14% y el 17,3% (capital de nivel 1 y capital regulatorio total, respectivamente), muy por encima de los mínimos del 8% y el 12%.
Los directores ejecutivos estuvieron de acuerdo en términos generales con la evaluación del personal técnico. Acogieron con satisfacción los buenos resultados macroeconómicos que sigue registrando Paraguay, respaldados por políticas sólidas y reformas estructurales sostenidas, y valoraron positivamente las perspectivas favorables de crecimiento a mediano plazo, así como el equilibrio de los riesgos para las perspectivas. No obstante, teniendo en cuenta la mayor incertidumbre externa y las vulnerabilidades internas, los directores subrayaron la necesidad de mantener políticas macroeconómicas prudentes y seguir impulsando reformas estructurales para reforzar la resiliencia y apoyar un crecimiento duradero e inclusivo.
Los directores celebraron el compromiso de las autoridades de restablecer el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal para 2028. Señalaron que las iniciativas sostenidas para mejorar la administración tributaria y ampliar la base imponible, así como para fortalecer la eficiencia en el gasto, facilitarían la consolidación fiscal y generarían margen para el gasto social y en desarrollo prioritario. Los directores destacaron la importancia fundamental de regularizar oportunamente los atrasos por concepto de gastos y de reforzar la gestión financiera pública para preservar la credibilidad de la política fiscal, y acogieron con satisfacción los esfuerzos de las autoridades en este sentido. Asimismo, se mostraron a favor de revisar y fortalecer el marco fiscal, una vez que se hayan alcanzado las metas de consolidación.
Teniendo en cuenta el aumento de la incertidumbre externa, los directores se mostraron de acuerdo con que las decisiones de política monetaria deben seguir basándose en los datos. Coincidieron en que la credibilidad del régimen de metas de inflación de Paraguay y su tipo de cambio flexible han contribuido a la estabilidad macroeconómica, y subrayaron que el tipo de cambio debe seguir desempeñando una función esencial a la hora de absorber los shocks externos. Los directores instaron a realizar esfuerzos adicionales para mejorar los marcos de gestión de liquidez y de divisas, así como para fortalecer la autonomía y la gobernanza del banco central.
Los directores señalaron que, si bien los riesgos del sector financiero parecen estar controlados, el rápido crecimiento del crédito al consumo justifica un seguimiento minucioso y la disposición a actuar en caso de que surjan indicios de un debilitamiento de los criterios de evaluación de préstamos. Destacaron que el desarrollo de un conjunto de herramientas macroprudenciales, especialmente de aquellas basadas en los prestatarios, contribuirá a reforzar la capacidad de las autoridades para contener las vulnerabilidades. Los directores instaron a las autoridades a que completen la aprobación de la Evaluación Nacional de Riesgos actualizada y subsanen sin demora cualquier deficiencia detectada, con el fin de reforzar aún más el marco de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (LLD/LFT).
Los directores valoraron positivamente los esfuerzos de las autoridades en materia de reformas estructurales y subrayaron que su aplicación continuada será fundamental para aumentar la productividad y garantizar un crecimiento duradero e inclusivo. Animaron a las autoridades a seguir adelante con nuevas reformas para reducir la informalidad, aprovechando los avances recientes. Asimismo, los directores alentaron a las autoridades a seguir fortaleciendo la gobernanza y las instituciones de lucha contra la corrupción para mejorar el clima de inversión. También señalaron que continuar con las reformas relacionadas con el clima, incluidas las iniciadas en el marco del Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (SRS), afianzaría aún más la resiliencia de Paraguay ante los desastres naturales.
Se prevé que la próxima consulta del Artículo IV con Paraguay se celebre en el ciclo normal de 12 meses.
[1] Conforme al Artículo IV de su Convenio Constitutivo, el FMI mantiene conversaciones bilaterales con sus países miembros, habitualmente todos los años. Un equipo de funcionarios del FMI visita el país, recaba información económica y financiera, y analiza con las autoridades la evolución del país y sus políticas en materia económica. Tras regresar a la sede del FMI los funcionarios elaboran un informe que sirve de base para el análisis del Directorio Ejecutivo.
[2]Opción 1: El Convenio Constitutivo del FMI establece que la publicación de documentos que se refieren a los países miembros es voluntaria y requiere el consentimiento del país miembro. El memorando del personal técnico se publicará en breve en la página www.img.org/pry.
[3] Al concluir las deliberaciones, la Directora Gerente, como Presidenta del Directorio, resume las opiniones de los directores ejecutivos, y el resumen se comunica a las autoridades del país. En el siguiente enlace consta una explicación de las expresiones utilizadas en las exposiciones sumarias: https://www.imf.org/external/spanish/np/sec/misc/qualifierss.htm.
El glifosato mata. Los antibióticos, la aspirina y hasta la sal también pueden provocar daños graves e incluso la muerte cuando se utilizan o consumen de manera inadecuada o en cantidades excesivas.
La frase puede resultar provocadora, pero sirve para abrir un debate que Misiones necesita dar: ¿debemos discutir la prohibición absoluta del glifosato o debemos discutir cómo, dónde, cuánto y bajo qué condiciones se utilizan los productos fitosanitarios?.
Después de tres años de sancionada la Ley VIII N.º 103 de Promoción de la Producción de Bioinsumos, que establece en su artículo 7 la prohibición del uso del glifosato, considero que tenemos una oportunidad para debatir seriamente sobre esta política y, fundamentalmente, para sacarnos las caretas.
No se trata de defender a ultranza un producto ni de demonizarlo. Se trata de construir una posición consensuada entre el Estado, los profesionales, los productores, los trabajadores y la sociedad.
Es cierto que existen evidencias científicas sobre los riesgos asociados a determinados productos fitosanitarios y que se han detectado residuos de estas sustancias en personas, cursos de agua y alimentos. También es cierto que una utilización incorrecta puede generar consecuencias reales sobre la salud de los aplicadores, terceros y el ambiente.
Pero si realmente queremos abordar el problema, debemos analizar los distintos contextos productivos.
En Misiones, por ejemplo, existe una problemática histórica vinculada al uso de fitosanitarios en determinadas actividades, particularmente en el sector tabacalero, donde las condiciones de aplicación y exposición merecen especial atención.
El sector forestal presenta una realidad diferente. La provincia cuenta con aproximadamente 400.000 hectáreas de bosques cultivados, y una parte importante de esa superficie se encuentra bajo sistemas de certificación forestal, entre ellos PEFC/CERFOAR y FSC.
En este sector, la utilización de productos fitosanitarios se concentra principalmente durante los primeros tres o cuatro años desde la preparación del terreno para la plantación, dentro de ciclos de rotación que pueden extenderse aproximadamente entre 13 y 15 años. Es decir, que durante gran parte del crecimiento de los árboles no se realizan aplicaciones.
Esto no significa que el sector forestal esté exento de impactos ambientales ni que la certificación sea una garantía absoluta. Significa que existen protocolos, controles y criterios de manejo que permiten reducir y ordenar el uso de estos productos.
Además, el sector forestal es actualmente la actividad productiva de Misiones que ocupa la mayor superficie cultivada, por encima de la yerba mate. Por eso, cualquier decisión sobre el uso de fitosanitarios en nuestra provincia debe contemplar necesariamente su impacto sobre esta actividad, sobre el empleo y sobre la competitividad de las empresas y productores.
El glifosato, como muchos otros productos utilizados en la producción agropecuaria y forestal, es una herramienta. Utilizado correctamente puede contribuir a reducir determinados costos y facilitar labores productivas; utilizado incorrectamente puede generar impactos sobre los aplicadores, terceros y el ambiente.
Por eso, no se trata de hacer apología de su utilización. Tampoco de convertirlo en el responsable de todos los problemas ambientales. Se trata de reconocer que estamos frente a una herramienta tecnológica que debe estar sometida a reglas claras, capacitación, controles y responsabilidad.
También debemos discutir el origen y la historia de esta tecnología. El desarrollo de los herbicidas modernos estuvo fuertemente vinculado al crecimiento de grandes empresas multinacionales y a un modelo de producción agrícola que generó enormes transformaciones económicas y tecnológicas, pero que también recibió fuertes cuestionamientos por sus impactos ambientales, por la concentración empresarial y por sus efectos sobre la soberanía alimentaria y la diversidad genética de las semillas.
No debemos ignorar esa discusión. Pero tampoco debemos permitir que nos impida analizar con racionalidad la realidad concreta de Misiones.
Nuestra condición de provincia de frontera agrega otro elemento que no puede ser ignorado.
Cuando se prohíbe un producto que continúa siendo utilizado legalmente en países vecinos y existe una demanda productiva para utilizarlo, también debemos preguntarnos qué ocurre cuando la prohibición no está acompañada de controles efectivos.
El riesgo es que aparezca un mercado ilegal, sin trazabilidad, sin capacitación, sin control sobre las dosis, sin fiscalización sobre las aplicaciones y, especialmente, sin una correcta gestión de los envases vacíos.
Una política de prohibición que no pueda ser controlada puede terminar generando exactamente el efecto contrario al buscado: mayores riesgos ambientales y sanitarios.
Por eso, antes de tomar decisiones definitivas, necesitamos estudios serios e integrales. ¿Sabemos cuánto empleo podría verse afectado? ¿Cuánto aumentarían los costos de producción? ¿Qué impacto tendría sobre la competitividad de nuestras empresas y productores frente a Brasil, Paraguay y otros mercados? ¿Qué alternativas técnicas existen para cada cultivo? ¿Cuál sería el costo de reemplazar determinadas prácticas? ¿Y qué beneficios ambientales concretos obtendríamos?
Hasta el momento, el debate económico necesita mayor evidencia.
Muchos actores del sector productivo advierten que una prohibición absoluta podría generar aumentos significativos de los costos de producción y afectar la competitividad. Puede que algunas de estas advertencias sean exageradas y puede que otras sean reales.
La única manera responsable de saberlo es estudiarlo.
Prohibir o regular: ese es el verdadero debate.
Creo que debemos abandonar las posiciones extremas.
Misiones ya cuenta con un marco normativo que puede ser una herramienta fundamental para avanzar en este sentido: la Ley XVI N.º 144 de Productos Fitosanitarios y Domisanitarios, que establece mecanismos vinculados con la utilización responsable de estos productos, incluyendo la obligatoriedad de la receta y la intervención de profesionales, junto con la responsabilidad técnica.
El problema, entonces, no es solamente qué dice la ley, sino cómo hacemos para que la ley se cumpla efectivamente en todo el territorio provincial.
Para eso hacen falta recursos. Recursos humanos, técnicos, tecnológicos y económicos que permitan fiscalizar, capacitar, registrar aplicaciones, controlar la comercialización y verificar el cumplimiento de las recetas profesionales.
También es necesario fortalecer los organismos responsables del control y generar mecanismos de trazabilidad que permitan saber qué producto se utiliza, dónde, cuánto, quién lo prescribe y quién lo aplica.
Una política de regulación sin recursos para fiscalizar corre el riesgo de convertirse simplemente en una norma escrita.
Por eso, si realmente queremos proteger la salud y el ambiente, debemos fortalecer la aplicación de la Ley XVI N.º 144 y utilizar todas las herramientas disponibles antes de avanzar hacia prohibiciones que pueden resultar difíciles de controlar. Necesitamos una política provincial que involucre a profesionales especializados, productores, trabajadores, organismos técnicos y un verdadero organismo de contralor.
Una política que establezca:
receta agronómica obligatoria y efectiva;
intervención y responsabilidad de profesionales habilitados;
capacitación obligatoria para los aplicadores;
registro y trazabilidad de las aplicaciones;
protocolos claros de aplicación;
distancias y condiciones de seguridad;
correcta gestión de envases vacíos;
monitoreo de suelo y agua;
protección de las personas expuestas;
fortalecimiento presupuestario de los organismos de fiscalización;
controles efectivos en todo el territorio, especialmente en zonas rurales y de frontera;
y multas severas y ejemplares para quienes incumplan y provoquen daños a las personas o al ambiente.
Pero esta política no debería terminar ahí.
Promover alternativas, no solamente prohibir
La propia Ley VIII N.º 103 de Promoción de la Producción de Bioinsumos nos brinda una herramienta para avanzar en esa dirección. La norma no solamente establece un marco regulatorio para los bioinsumos, sino que plantea entre sus objetivos promover su desarrollo tecnológico, impulsar su utilización, mejorar la fertilidad del suelo, fortalecer el control biológico de plagas y enfermedades y fomentar técnicas vinculadas con sistemas de producción orgánica.
Por eso, en lugar de pensar únicamente en términos de prohibición, deberíamos poner en valor esa herramienta y darle los recursos necesarios para que pueda cumplir con sus objetivos.
Misiones puede avanzar hacia una producción con menor dependencia de productos sintéticos, pero esa transición debe estar acompañada por investigación, desarrollo tecnológico, capacitación, asistencia técnica, financiamiento e incentivos económicos para productores y empresas que adopten alternativas.
La producción de bioinsumos también puede convertirse en una oportunidad para generar conocimiento, empleo y agregado de valor dentro de nuestra propia provincia. Pero esa oportunidad debe construirse mirando hacia adelante y aprendiendo de las experiencias anteriores.
No podemos reemplazar un modelo de dependencia por otro.
Si vamos a promover los bioinsumos, debemos hacerlo generando las condiciones para que puedan surgir múltiples empresas, emprendimientos y desarrollos tecnológicos, con reglas claras, competencia y transparencia, independientemente de su origen o vinculación con el Estado.
El objetivo debe ser crear un verdadero mercado de bioinsumos, donde diferentes actores puedan investigar, producir, comercializar y competir en igualdad de condiciones. El Estado debe tener un rol fundamental, pero como promotor, regulador, fiscalizador y generador de conocimiento.
La producción orgánica requiere un esfuerzo adicional. Requiere más manejo, conocimiento, planificación y, muchas veces, mayores costos.
Si como sociedad queremos que ese modelo crezca, no alcanza con prohibir el producto opuesto: hay que incentivar la alternativa.
Podemos pensar en reducciones impositivas significativas para quienes produzcan bajo sistemas certificados, programas de asistencia técnica, financiamiento diferencial, promoción comercial y, fundamentalmente, políticas que ayuden a encontrar mercados dispuestos a pagar por productos diferenciados.
La transición hacia sistemas productivos más sustentables no debería construirse desde la prohibición, sino desde la promoción y la generación de alternativas viables.
En definitiva, no se trata de elegir entre glifosato u orgánico.
Se trata de construir una política productiva que permita reducir progresivamente la dependencia de los productos sintéticos, promover alternativas biológicas y orgánicas y, al mismo tiempo, garantizar que mientras determinadas herramientas continúen siendo necesarias, su utilización se realice bajo las condiciones más estrictas de seguridad, profesionalización y control.
Misiones no necesita una discusión basada en consignas.
Necesita ciencia, profesionales, productores, controles, incentivos y datos. Y, sobre todo, necesita una política que proteja la salud y el ambiente sin destruir la producción, el empleo y la competitividad de quienes trabajan y producen en nuestra provincia. Ese debería ser el verdadero debate.
Un acuerdo judicial alcanzado en Estados Unidos obligará a Meta a rediseñar aspectos centrales de Instagram y Facebook para usuarios de entre 13 y 17 años. El esquema incluye un límite conjunto de dos horas diarias, pausas obligatorias, bloqueo durante la madrugada, ocultamiento de “likes”, controles contra el grooming y sistemas más estrictos para comprobar la edad. Aunque su aplicación inicial no alcanza automáticamente a la Argentina, el antecedente instala una nueva referencia para el debate regulatorio sobre niñez, datos personales y plataformas digitales.
Durante años, las grandes plataformas tecnológicas presentaron el tiempo de pantalla, las pausas de uso y los controles parentales como herramientas voluntarias que cada familia debía buscar, configurar y administrar. El nuevo acuerdo judicial que alcanza a Meta en Estados Unidos altera esa lógica: varias de esas medidas dejarán de depender de la voluntad del adolescente y pasarán a estar activadas de manera predeterminada.
El documento establece una cifra máxima cercana a los US$16.680 millones. De ese total, aproximadamente US$12.700 millones están garantizados, mientras que el resto dependerá de que otras plataformas —Snapchat, TikTok y YouTube— adopten determinadas medidas contempladas en una segunda fase.
La resolución alcanza directamente a Instagram y Facebook y se aplicará a los llamados Teen Users, definidos como usuarios de entre 13 y 17 años, dentro de los estados y territorios estadounidenses participantes.
No impone, por sí misma, las mismas modificaciones a WhatsApp ni a Threads. Tampoco significa que TikTok, YouTube o Snapchat hayan quedado automáticamente sometidas a todas las obligaciones: la participación de esas compañías, denominadas en el acuerdo Core Industry Members, es la que podría activar la segunda etapa del convenio.
Para la Argentina, el alcance jurídico no es directo. Sin embargo, el antecedente tiene relevancia porque plantea un estándar concreto sobre responsabilidad empresarial, protección integral de niños y adolescentes, tratamiento de datos personales, diseño algorítmico y prevención de daños digitales. También desplaza el eje de la discusión: ya no se trata solamente de qué publican los usuarios, sino de cómo está construida una plataforma para captar, retener y dirigir su atención.
Dos horas diarias entre Instagram y Facebook
El cambio más contundente será la incorporación de un límite diario predeterminado de dos horas para adolescentes. El tiempo se contabilizará de manera acumulativa entre Instagram y Facebook.
Esto significa que una hora utilizada en Instagram y otra hora en Facebook agotarán el máximo previsto. No se concederán dos horas para cada aplicación.
El contador se reiniciará a las 00:00, de acuerdo con la zona horaria configurada en el dispositivo. Cuando un adolescente tenga cuentas vinculadas, el tiempo se calculará en conjunto. Meta también tendrá que identificar determinados usos de cuentas secundarias y evitar que estas sean empleadas para eludir la restricción.
Una vez consumidas las dos horas, las funciones comprendidas quedarán bloqueadas hasta el reinicio del contador. El adolescente no podrá extender unilateralmente el plazo: para establecer un límite menos restrictivo necesitará la autorización de un adulto supervisor.
No obstante, las dos horas no abarcarán toda la permanencia dentro del ecosistema de Meta. Quedarán exceptuados:
La mensajería a través de Messenger.
Determinados contenidos audiovisuales de larga duración.
El tiempo utilizado dentro de la interfaz de configuración.
El acuerdo define como contenido de larga duración al material de audio o video de 22 minutos o más, como películas, series u otros formatos extensos. Por lo tanto, no establece un límite absoluto de dos horas para toda actividad dentro de Meta, sino para las funciones específicamente alcanzadas.
Un bloqueo que cambia la navegación
Cuando el adolescente complete las dos horas, la interfaz tendrá que impedir que continúe utilizando normalmente Instagram o Facebook. No alcanzará con mostrar una advertencia que pueda ser descartada.
Meta tampoco podrá aprovechar ese momento para recomendar el paso hacia otra de sus plataformas ni utilizar la restricción para empujar al usuario hacia Messenger. Podrá exhibir una pantalla neutral para informar que determinadas funciones permanecen disponibles, pero no deberá emplear mensajes, enlaces o configuraciones como vías indirectas para volver al contenido bloqueado.
El cambio no se limita, por lo tanto, a incorporar un contador de “tiempo de pantalla”. Interviene directamente sobre la arquitectura de navegación y retención de usuarios.
Bloqueo nocturno entre las 0 y las 6
Instagram y Facebook deberán activar de manera predeterminada un Night Mode o modo nocturno para adolescentes. Entre las 00:00 y las 06:00 quedará bloqueado el acceso a las principales funciones.
La restricción comprenderá:
Feed.
Stories.
Explore.
Reels.
Publicación de contenido.
Visualización de publicaciones.
La mensajería y algunas opciones de configuración continuarán disponibles, aunque no podrán ser utilizadas como puerta trasera para ingresar a las funciones bloqueadas.
El silenciamiento de notificaciones comenzará incluso antes. Las alertas quedarán deshabilitadas entre las 22:00 y las 07:00, salvo comunicaciones urgentes relacionadas con seguridad, protección e integridad de la cuenta.
En la Argentina, donde distintos distritos y comunidades educativas discuten restricciones al uso de celulares durante la jornada escolar, el acuerdo agrega otro componente: el impacto del diseño digital sobre el descanso y la utilización nocturna de las pantallas.
Modo escolar y notificaciones desactivadas
El denominado School Mode se aplicará entre las 08:00 y las 15:00 durante los días escolares. En esa franja, Meta deberá desactivar de manera predeterminada las notificaciones automáticas enviadas a los adolescentes.
Las excepciones estarán vinculadas con:
Mensajes.
Seguridad de la cuenta.
Integridad de la plataforma, sus contenidos y publicaciones.
Los padres o supervisores podrán modificar el horario escolar, ajustar el grado de restricción e incluso bloquear todas las funciones, con excepción de la mensajería.
El modo escolar no implica que Instagram y Facebook queden completamente inaccesibles durante esas horas. La obligación afecta principalmente a las notificaciones, uno de los mecanismos utilizados para recuperar la atención del usuario y promover su regreso a la aplicación.
Pausas obligatorias a los 15, 60 y 90 minutos
Meta también deberá introducir interrupciones progresivas durante los períodos prolongados de uso.
Después de 15 minutos de utilización continua, el adolescente recibirá una intervención o notificación visible. Al llegar a los 60 minutos, aparecerá una primera Productive Pause. A los 90 minutos, se activará una segunda pausa.
Estas advertencias deberán aumentar gradualmente en duración o prominencia y estarán activadas por defecto. Dejarán de ser simples recomendaciones voluntarias del tipo “tomarse un descanso”.
Meta, además, tendrá que proporcionar al auditor información sobre la respuesta de los adolescentes frente a estas intervenciones: si abandonan la aplicación, si continúan utilizándola y cómo se comportan quienes superan los 60 o los 90 minutos.
Así, el acuerdo no solamente obliga a implementar las pausas, sino también a evaluar si realmente resultan eficaces para interrumpir el uso continuado.
Una alternativa al feed algorítmico
Dentro de los cuatro meses posteriores a la entrada en vigencia del acuerdo, Meta deberá ofrecer una opción razonablemente accesible para que los adolescentes establezcan como pantalla principal un feed no personalizado.
En esa modalidad, la selección del contenido no estará determinada fundamentalmente por:
El historial de interacciones.
El nivel de participación o engagement.
Las recomendaciones algorítmicas.
La optimización personalizada.
La experiencia se acercaría a un orden cronológico basado en las cuentas que el adolescente sigue o con las que mantiene vínculos.
El acuerdo, sin embargo, no elimina el algoritmo. El feed personalizado seguirá siendo la experiencia predeterminada. La modificación consiste en reconocerle al adolescente la posibilidad de convertir el feed no personalizado en su pantalla principal.
Meta deberá informar sobre esta alternativa. El primer aviso tendrá que aparecer dentro de los diez días posteriores a que el usuario sea identificado como adolescente y repetirse cada 90 días. El joven podrá desactivar esos recordatorios.
Los padres también podrán imponer el feed no personalizado. En ese caso, el adolescente necesitará autorización parental para regresar a una configuración menos restrictiva.
Autoplay controlable, pero no prohibido
Los adolescentes podrán desactivar la reproducción automática o autoplay. Con esa configuración, los videos no comenzarán ni continuarán reproduciéndose sin una acción deliberada del usuario, como tocar o deslizar la pantalla.
Los adultos supervisores también podrán establecer ese ajuste dentro de los controles parentales.
No obstante, el autoplay no estará prohibido ni desactivado obligatoriamente desde el inicio. Tampoco desaparecerá el desplazamiento infinito o infinite scroll. Se trata de una opción disponible, no de la eliminación general de esas herramientas.
Likes y reacciones ocultos por defecto
Para las cuentas adolescentes se ocultará el número de “likes” y reacciones, tanto en publicaciones propias como de terceros.
La visibilidad de esas métricas vendrá desactivada de manera predeterminada y el adolescente no podrá restaurarla por sí solo: necesitará la aprobación del padre o supervisor.
La medida afectará al feed, las publicaciones, los perfiles, la interacción social y las métricas visibles de participación. Es uno de los cambios más directamente relacionados con la comparación social, la búsqueda de validación y la presión que puede producir la exposición pública de resultados.
Restricciones a los filtros de belleza
Meta deberá impedir que los adolescentes utilicen los denominados Cosmetic Procedure Filters y determinados filtros de Extreme Makeup.
Los primeros son definidos como efectos de realidad aumentada que modifican, esculpen, redefinen o idealizan el rostro de una manera que no podría conseguirse sin procedimientos cosméticos o técnicas extremas de maquillaje.
La restricción afectará principalmente a la cámara, las herramientas de creación y la biblioteca de filtros y efectos. No supone la desaparición de todos los filtros de Instagram, sino de aquellos identificados por su potencial para alterar de forma extrema la apariencia física.
Meta deberá determinar la edad real del usuario
La eficacia de todas las restricciones depende de una cuestión central: saber quién es realmente adolescente. Por eso, Meta deberá desarrollar un sistema más robusto de verificación o estimación de edad, conocido como Age Assurance.
El mecanismo tendrá que diferenciar entre:
Menores de 13 años.
Adolescentes de entre 13 y 17 años.
Adultos.
La clasificación no podrá descansar exclusivamente en la fecha de nacimiento declarada. Meta deberá utilizar herramientas adicionales para detectar posibles falsificaciones, aunque el acuerdo todavía no define de manera definitiva todos los métodos que se aplicarán.
Si una persona declara ser adulta, pero las señales disponibles indican que podría ser adolescente, la compañía deberá utilizar modelos de estimación y procedimientos de revisión.
Los nuevos usuarios que todavía no hayan podido ser clasificados recibirán protecciones predeterminadas. Después de cierto período, podrán ser considerados adolescentes si su edad continúa sin verificar.
Umbrales de precisión y auditorías anuales
No será suficiente que Meta afirme que cuenta con un sistema de inteligencia artificial para estimar edades. El acuerdo fija exigencias estadísticas y umbrales de precisión.
Para determinadas metodologías, los falsos positivos no deberán superar:
El 3% entre usuarios de 13 a 15 años.
El 10% entre usuarios de 16 y 17 años.
Las exigencias variarán según se trate de métodos propios o comerciales y se prevén objetivos más estrictos en etapas posteriores.
Los sistemas deberán ser evaluados anualmente. Las revisiones contemplarán:
Precisión.
Diferencias demográficas.
Privacidad.
Seguridad.
Posibilidad de evasión.
Confiabilidad técnica.
Este punto resulta especialmente relevante para la Argentina: cualquier mecanismo de comprobación de edad exige manejar información sensible y plantea interrogantes sobre proporcionalidad, seguridad y protección de datos personales.
Más controles para detectar a menores de 13 años
Meta tendrá que mejorar la identificación de cuentas pertenecientes a niños menores de 13 años. Las medidas incluirán:
Análisis de señales.
Modelos específicos de detección.
Revisión de cuentas eliminadas.
Estudio de redes de contactos asociadas a esas cuentas.
Detección de perfiles relacionados.
Investigación de mecanismos utilizados para evadir los controles.
El objetivo es reducir la posibilidad de que un niño ingrese al sistema con una edad falsa y sea tratado como adulto.
Verificación con límites y protección de datos
El acuerdo también procura impedir que el propio sistema de verificación se convierta en una fuente de vigilancia o recolección desproporcionada de datos.
Para ello contempla:
Límites al número de intentos de verificación.
Investigación de maniobras de evasión.
Minimización de la información recopilada.
Medidas de seguridad.
Eliminación de los datos cuando dejen de ser necesarios.
Prohibición de utilizar determinados datos de menores de 13 años para publicidad, marketing u optimización algorítmica.
Un mecanismo de apelación para quienes sean clasificados erróneamente como menores.
En la Argentina, estos puntos se cruzan con la protección constitucional de la privacidad, la Ley de Protección de Datos Personales y el principio de interés superior del niño. El desafío consiste en evitar dos riesgos simultáneos: que los menores eludan las barreras y que la solución derive en la recolección excesiva de información biométrica o personal.
Menor exposición a contenidos sensibles
Meta deberá mantener y mejorar los mecanismos dirigidos a reducir la exposición adolescente a contenidos relacionados con:
Bullying.
Acoso.
Trastornos alimentarios.
Suicidio.
Autolesiones.
Material sensible.
Contenidos inapropiados para la edad.
La obligación no se limita a retirar publicaciones ilegales. También exige controlar la frecuencia y repetición con que una persona queda expuesta a determinados materiales.
De esa manera, la regulación avanza sobre la arquitectura de recomendación. No elimina el algoritmo, pero obliga a revisar qué contenidos recomienda, cuántas veces los ofrece y si termina encerrando al adolescente en una secuencia potencialmente dañina.
Las protecciones no podrán retroceder
Meta no podrá aplicar las medidas y reducirlas posteriormente mediante un cambio unilateral de política comercial o de producto.
El acuerdo establece obligaciones de mantenimiento y mejora. Las protecciones deberán conservar, como mínimo, el nivel exigido y ser reforzadas cuando las evaluaciones demuestren que resultan insuficientes.
El principio es relevante porque limita una práctica frecuente en el sector tecnológico: lanzar herramientas de seguridad, promocionarlas públicamente y luego volverlas menos visibles o eficaces mediante sucesivos rediseños.
Seis horas para responder reportes de contenido dañino
Cuando un adolescente denuncie determinado contenido potencialmente perjudicial, Meta deberá contar con procedimientos capaces de responder dentro de las seis horas en, al menos, el 90% de los casos.
La obligación específica alcanza a reportes realizados en inglés o español, un dato especialmente significativo para los usuarios hispanohablantes.
Las categorías previstas incluyen:
Bullying.
Acoso.
Violencia.
Contenido sexual.
Explotación sexual infantil.
Discursos de odio.
Suicidio.
Autolesiones.
La medida modificará tanto la interfaz utilizada para realizar denuncias como los procesos internos de moderación, clasificación y respuesta.
Barreras contra el grooming
Meta tendrá que reforzar las herramientas destinadas a impedir que los adolescentes sean encontrados o contactados por cuentas consideradas potencialmente sospechosas.
Entre las medidas previstas aparecen:
Limitar la posibilidad de que esas cuentas encuentren adolescentes.
Restringir solicitudes de seguimiento o contacto.
Mantener privadas las cuentas adolescentes de Instagram.
Aplicar configuraciones específicas de privacidad en Facebook.
Fortalecer las herramientas de bloqueo y denuncia.
Mostrar advertencias ante determinadas interacciones.
El acuerdo incorpora así una capa preventiva contra el grooming: no espera únicamente a que se concrete una conversación abusiva, sino que procura reducir las posibilidades de contacto desde el diseño mismo de la plataforma.
En la Argentina, el grooming está tipificado como delito, pero el acuerdo estadounidense coloca el foco en una etapa anterior a la intervención penal: las obligaciones empresariales para impedir o dificultar el acercamiento.
Advertencias dentro de Messenger y los mensajes directos
Cuando un adolescente interactúe con una cuenta clasificada como potencialmente sospechosa, Meta tendrá que mostrar advertencias dentro de Messenger o de los mensajes directos.
Estas alertas aparecerán en:
La interfaz de mensajería.
Las solicitudes de contacto.
Las interacciones entre cuentas.
El objetivo es que el adolescente reciba información preventiva antes o durante una comunicación potencialmente riesgosa, y no solamente después de haber denunciado una conducta.
Más facultades para los padres
El nuevo esquema amplía sustancialmente las herramientas disponibles para padres y supervisores. Podrán:
Establecer límites de tiempo.
Fijar restricciones más severas.
Imponer el feed no personalizado.
Controlar la reproducción automática.
Modificar el horario escolar.
Restringir funciones durante ese período.
Activar configuraciones protectoras.
Recibir información sobre la utilización de las plataformas.
Obtener alertas sobre determinadas interacciones.
El modelo combina, de este modo, restricciones obligatorias con decisiones del adolescente y facultades parentales. No coloca toda la responsabilidad en las familias, pero tampoco las excluye de la supervisión.
Identificación de cuentas secundarias
Meta deberá mejorar la detección de cuentas vinculadas, perfiles secundarios y cuentas que probablemente pertenezcan al mismo adolescente.
Los padres podrán recibir notificaciones cuando se identifiquen determinados perfiles alternativos. Las restricciones parentales también deberán extenderse a esas cuentas.
El objetivo es cerrar una de las principales vías de evasión: que el adolescente cree otro usuario cuando su cuenta habitual alcance el límite de tiempo o quede sometida a una restricción.
Alertas sobre interacciones y búsquedas sensibles
El sistema de supervisión podrá proporcionar a los adultos información vinculada con:
Uso general.
Mensajería.
Consumo de contenido de larga duración.
Conexiones sociales.
Interacciones con cuentas potencialmente sospechosas.
También se contemplan alertas frente a determinadas búsquedas reiteradas sobre suicidio, autolesiones o trastornos alimentarios.
Este mecanismo abre, a su vez, un debate delicado: cómo equilibrar la protección del adolescente con su derecho a la intimidad, especialmente a medida que se aproxima a la mayoría de edad.
De las herramientas voluntarias a la protección predeterminada
El aspecto conceptual más profundo del acuerdo es el cambio desde el modelo de adhesión voluntaria —opt-in— hacia medidas activadas desde el comienzo.
El esquema tendrá tres niveles.
Obligatorias y predeterminadas:
Límite diario de dos horas.
Modo nocturno.
Silenciamiento de notificaciones.
Pausas productivas.
Ocultamiento de likes y reacciones.
Protecciones frente a contenidos sensibles.
Determinadas configuraciones de privacidad.
Opcionales para el adolescente:
Elegir un feed no personalizado.
Desactivar el autoplay.
Adoptar configuraciones todavía más restrictivas.
Bajo control parental:
Autorizar el levantamiento de ciertas restricciones.
Imponer límites adicionales.
Seleccionar el feed no personalizado.
Desactivar la reproducción automática.
Modificar horarios.
Bloquear funcionalidades.
La diferencia con el modelo anterior es sustancial. Las herramientas de bienestar digital ya no quedarán escondidas como funciones que el usuario debe descubrir y activar. La protección pasa a ser la configuración inicial y cualquier flexibilización relevante requiere intervención adulta.
Límites a los patrones manipulativos
Las opciones protectoras deberán ser razonablemente accesibles. Meta no podrá enterrarlas dentro de sucesivas pantallas, menús complejos o recorridos diseñados para desalentar su utilización.
Cuando la plataforma ofrezca cambiar el feed o modificar configuraciones, tampoco podrá preseleccionar respuestas de forma manipulativa. El acuerdo interviene así sobre los llamados dark patterns: diseños que orientan al usuario hacia la decisión más conveniente para la empresa.
Este punto completa el cambio de paradigma. La regulación ya no observa solamente el contenido publicado, sino también los botones, avisos, recorridos, valores predeterminados y mecanismos de recomendación que estructuran la experiencia.
Un antecedente para el debate argentino
Las modificaciones no comenzarán a regir automáticamente en la Argentina por el solo hecho de haber sido acordadas en Estados Unidos. Sin embargo, pueden producir efectos más amplios si Meta decide aplicar un diseño homogéneo a escala global o si otros gobiernos toman el convenio como referencia.
El país cuenta con normas de protección integral de niños y adolescentes, protección de datos personales y persecución penal del grooming, pero el nuevo precedente avanza sobre un terreno todavía abierto: la responsabilidad de las plataformas por el diseño de productos capaces de prolongar el uso, amplificar contenidos sensibles o facilitar contactos riesgosos.
La discusión deja de estar concentrada únicamente en cuánto tiempo pasan los jóvenes frente a una pantalla. El interrogante pasa a ser quién construye esa pantalla, qué incentivos incorpora, qué datos utiliza para conocer a cada usuario y qué obligaciones debe asumir cuando su modelo de negocios depende de capturar atención.
Un día se prohibió el trabajo infantil. Otro, se restringió el acceso de menores al alcohol y la nicotina. Ahora, el debate internacional comienza a tratar los entornos digitales con una lógica semejante: no como espacios neutrales, sino como productos cuyo diseño puede requerir límites cuando sus usuarios son niños y adolescentes.
El Gobierno nacional trabaja en la reglamentación del DNU 681/2026, con el objetivo de establecer cómo se aplicará en la práctica la expulsión o prohibición de ingreso al país de extranjeros alcanzados por las nuevas causales. Según información difundida por Noticias Argentinas a partir de datos de TN, el Ejecutivo retomó la elaboración del decreto reglamentario, aunque todavía no definió una fecha para su firma.
El Gobierno trabaja en la reglamentación de un nuevo decreto para instrumentar la reglamentación del DNU 681/2026 sobre la expulsión de extranjeros que hayan realizado discursos de odio contra la Argentina.
De momento, ya hay un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que habilita esta resolución por parte de las autoridades nacionales. El mismo establece que expulsará o prohibirá el ingreso al país de aquellos extranjeros que “incitaren o dirigieran mensajes de odio, discriminación y/o violencia contra el pueblo argentino” o directamente “ultrajen los símbolos patrios”.
En base a información de TN, el Gobierno planea terminar de regular las condiciones y definiciones de cómo se aplicará -en la páctica- la expulsión de un extranjero. Sin embargo, todavía no se estableció una fecha para la firma del nuevo decreto, aunque aseguran que se retomó el trabajo para terminarlo.
El DNU 681/2026 surge en respuesta a las “recientes manifestaciones de hostilidad” contra el país. La Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA) dio a conocer el decreto por el cual se permitió la expulsión de extranjeros.
“Incorpora como causal de prohibición de ingreso y de expulsión del territorio nacional a todo extranjero que dirija o incite mensajes de odio, discriminación y/o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por razón de su nacionalidad, así como el ultraje a los símbolos patrios”, indicó el DNU en su comienzo.
Y remarcó: “Frente a las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos, el Gobierno Nacional reafirma que la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”.
Los ataques a los que se refirió Milei se intensificaron durante el Mundial 2026 disputado en los Estados Unidos, México y Canadá, sobre todo en redes sociales.
