La política de prevención y tratamiento de las adicciones de Misiones profundizará durante 2027 una estrategia que busca llevar la asistencia cada vez más cerca de las personas y reducir las barreras para acceder a un tratamiento.
El secretario de Estado de Prevención de Adicciones y Control de Drogas, Roberto Padilla, presentó este lunes ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes los lineamientos para el próximo ejercicio, que contempla un incremento de recursos de entre 30% y 35%.
La prioridad será profundizar la territorialidad, ampliar los espacios de primera escucha y fortalecer la capacidad de respuesta de los equipos locales.
La estrategia parte de un cambio significativo en la estructura provincial: de apenas dos espacios de atención se pasó a 25 dispositivos distribuidos en Misiones, mientras la articulación territorial alcanza actualmente a 48 municipios y localidades, con participación de hospitales, Centros y Hogares de Día, CEMOAS y otros programas.
Padilla puso a la prevención como primer eslabón de la política pública y planteó la necesidad de evitar la estigmatización de quienes atraviesan consumos problemáticos.
La expansión territorial tiene justamente ese propósito: que una persona no necesite trasladarse hasta los grandes centros urbanos para encontrar orientación, una primera escucha o iniciar un proceso asistencial.
En Posadas funcionan seis puntos preventivos, entre ellos Sol de Misiones, San Gerardo, Centro Integral, Esperanza A4, Comandante Rosales y el recientemente inaugurado en las 508 Viviendas de Itaembé Guazú. Allí se desarrollan talleres, primera escucha, intervenciones profesionales, orientación y derivaciones.
El modelo se apoya además en la articulación con escuelas, organizaciones sociales, organismos públicos y referentes comunitarios.
Los datos presentados por la Secretaría muestran 65 acciones territoriales que alcanzaron a 4.773 personas en más de 50 localidades. El ámbito educativo concentró el 59,3% de las intervenciones realizadas.
La dimensión de la demanda aparece con mayor claridad en los indicadores asistenciales.
Entre enero y julio de 2026, el servicio de Salud Mental registró 3.872 pacientes únicos atendidos en forma ambulatoria y 12.270 prestaciones, con un promedio de 3,2 intervenciones por paciente.
El 69,5% de las prestaciones correspondió a consultorio ambulatorio, mientras otro 21,7% estuvo vinculado con demanda espontánea y 8,7% con guardia de emergencia.
También se registraron 101 internaciones durante los primeros siete meses del año, de las cuales el 70,3% fueron voluntarias y el 29,7% involuntarias. El 81,2% de los pacientes internados fueron varones.
Para ampliar esa capacidad, la Provincia trabajó junto al Ministerio de Salud Pública en la descentralización de camas hacia establecimientos como los SAMIC de Oberá y Eldorado, el Hospital Gardés y San Javier.
El objetivo es mejorar la rotación de pacientes que atraviesan procesos de desintoxicación y deshabituación y evitar que toda la demanda quede concentrada en los dispositivos especializados.
El nuevo régimen penal juvenil suma otro desafío
Uno de los capítulos relevantes para 2027 será el trabajo con niños, niñas y adolescentes, particularmente frente a la implementación del nuevo régimen penal juvenil.
La Provincia cuenta con cuatro Centros Modelo de Asistencia y Seguimiento de Niños, Niñas y Adolescentes en conflicto con la Ley Penal (CEMOAS), ubicados en Posadas, Oberá, Puerto Rico y Eldorado.
Desde 2021, esos dispositivos asistieron y contuvieron a más de 1.600 niños, niñas y adolescentes.
Padilla anticipó que este esquema deberá fortalecerse frente al nuevo escenario jurídico, mientras la prevención comenzará a profundizarse desde edades cada vez más tempranas.
La apuesta para 2027 será reforzar las acciones educativas y formativas desde los niveles iniciales, incorporando herramientas preventivas antes de que aparezcan situaciones de consumo problemático.
La política destinada a niños y adolescentes se completa con los Hogares de Día.
Los dispositivos alcanzaron a 1.257 niños, niñas y adolescentes y acumularon 6.915 asistencias efectivas de carácter sanitario y social, además de 754 atenciones integrales educativas y recreativas.
La cobertura se distribuye entre Posadas, Oberá e Iguazú y se articula con las áreas de Salud, Justicia, Educación y Protección Social.
Otro eje que tendrá continuidad es el Programa 33.3, creado junto con Comunidades de Fe como espacio de primera escucha, contención y orientación para personas atravesadas por consumos problemáticos y sus familias.
Durante 2026 se desarrollaron dos ciclos virtuales de formación: el décimo tuvo 135 inscriptos y el undécimo alcanzó los 216 participantes.
La experiencia ya trascendió las fronteras provinciales. El programa tiene presencia en Misiones y otras once provincias argentinas, entre ellas Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, Neuquén, Salta, Santiago del Estero, San Juan, Tucumán, Tierra del Fuego y Río Negro.
Dentro de Misiones, los espacios se encuentran desplegados en una veintena de municipios.
Entre las novedades proyectadas para 2027 sobresale la apertura de un espacio para mujeres con hijos que necesiten iniciar un tratamiento.
La iniciativa apunta a resolver una barrera concreta: las dificultades que enfrentan madres que necesitan asistencia pero no pueden desvincularse del cuidado de sus hijos para ingresar a un dispositivo.
La planificación para el próximo año contempla además ampliar la primera escucha y las respuestas asistenciales, capacitar equipos locales, consolidar espacios municipales, crear un área de Docencia e Investigación y desarrollar campañas masivas de prevención de consumos problemáticos y adicciones.
El Centro de Estudios UIA (CEU) dio a conocer los resultados de su tercera encuesta del año, realizada sobre una muestra de más de 600 empresas, que reflejó una profundización en el deterioro de la actividad industrial durante el mes de julio.
La contracción del consumo local se mantiene como el obstáculo central para el desarrollo del sector productivo, se indicó luego del cruce que la UIA protagonizó con el Gobierno la semana pasada en el marco del Día de la Industria.
De acuerdo con el relevamiento, “la debilidad de la demanda interna” impactó de manera directa en los indicadores operativos de la industria:
El 50% de las empresas encuestadas registró caídas en sus ventas en el mercado local, mientras que el 42,9% redujo su producción respecto a mediciones previas.
El escenario resultó sensiblemente más complejo para las micro y pequeñas empresas, donde las caídas en las ventas alcanzaron al 54,8% de los establecimientos y la baja en los niveles de producción afectó al 47,8%.
A la desaceleración del volumen de actividad se sumó un incremento continuado en los costos operativos, con un protagonismo creciente de los servicios energéticos.
Compromiso financiero, perspectivas de empleo y competencia desleal
El estudio de la UIA señaló que el estancamiento de la actividad comercial comenzó a erosionar la salud financiera del entramado industrial y sus proyecciones de inversión.
El 47,6% de las industrias enfrentó complicaciones para afrontar al menos uno de sus compromisos financieros habituales, mientras que un 9,2% de las firmas registró dificultades simultáneas para cubrir la totalidad de sus pagos.
De cara al próximo año, solo el 16,9% de las empresas proyecta incrementar su plantilla de personal, en contraste con un 27,5% que prevé reducir su nómina de trabajadores, se indicó en el informe.
En un bloque especial incluido en el estudio, el 60% de los industriales (6 de cada 10) afirmó que la competencia desleal genera un impacto “alto o muy alto” en su negocio, afectando severamente los márgenes de rentabilidad y la cuota de mercado.
El escenario de restricciones fiscales también tendrá impacto en el Ministerio de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración de Misiones, que para 2027 proyecta una reducción del 6,58% de su presupuesto. Frente a ese escenario, el ministro Matías Vilchez anticipó que la estrategia estará concentrada en optimizar los recursos disponibles y desarrollar nuevas herramientas para acompañar a cooperativas, emprendedores y pequeños actores económicos de toda la provincia.
Durante su presentación ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes, Vilchez señaló que el organismo representará el 2,13% del presupuesto provincial y planteó que la reducción obliga a revisar mecanismos de intervención y buscar mayor eficiencia en la utilización de los fondos.
El desafío, según explicó, será sostener las políticas del Ministerio con menos recursos y, al mismo tiempo, adaptar las herramientas públicas a los cambios que atraviesan la producción y la comercialización.
Capacitación para vender de otra manera
Uno de los ejes centrales para 2027 será profundizar las capacitaciones destinadas a cooperativas y emprendedores, pero con un enfoque cada vez más orientado a las nuevas formas de comercialización.
La estrategia incluye formación en herramientas digitales, nuevos canales de venta y oportunidades de exportación, con la intención de ampliar mercados y mejorar la capacidad de los pequeños productores para colocar sus productos.
La digitalización también será aplicada al funcionamiento del propio Ministerio.
Vilchez planteó avanzar en herramientas que permitan acercar trámites, programas y servicios a cooperativas y emprendedores del interior, reduciendo distancias y mejorando el acceso a las políticas públicas.
La premisa será, según sintetizó, “trabajar fuerte en la digitalización y la optimización de los recursos”.
Una incubadora para transformar ideas en proyectos
Entre las principales novedades para el próximo ejercicio aparece la creación de una incubadora de proyectos.
La herramienta buscará acompañar iniciativas desde sus primeras etapas, brindando asistencia para que ideas productivas o comerciales puedan convertirse en emprendimientos sostenibles.
En un escenario donde el financiamiento público tendrá mayores restricciones, el objetivo es que el Estado no intervenga únicamente mediante transferencias de recursos, sino también a través de capacitación, asistencia técnica, vinculación y generación de oportunidades comerciales.
La incubadora se integrará así a una estrategia que busca mejorar las posibilidades de supervivencia y crecimiento de pequeños proyectos productivos.
Cooperativas escolares como “escuelas de valores”
Otro de los ejes que Vilchez pretende profundizar durante 2027 será el trabajo con las cooperativas escolares.
El ministro las definió como verdaderas “escuelas de valores”, por su capacidad para introducir desde edades tempranas conceptos relacionados con cooperación, organización colectiva, responsabilidad y administración de proyectos.
La intención es fortalecer este modelo como una herramienta educativa que trasciende la formación estrictamente económica y apunta a construir una cultura asociativa desde las escuelas.
La combinación de cooperativismo, capacitación y digitalización conformará así uno de los principales ejes de una cartera que deberá administrar menos recursos durante el próximo ejercicio.
Macroeconomía Circular mantendrá cerca de $100.000 millones para producción
En paralelo, el presidente del Instituto de Macroeconomía Circular (IMaC), Roque Gervasoni, anticipó que el organismo proyecta para 2027 un presupuesto prácticamente similar al del ejercicio anterior, con una cifra cercana a los $100.000 millones.
A diferencia de Acción Cooperativa, el Instituto mantendría relativamente estable su volumen nominal de recursos, que se destina principalmente a áreas productivas y programas de acompañamiento a productores misioneros.
El objetivo para el próximo ejercicio será continuar con una política basada en la diversificación productiva y la producción de alimentos, dos ejes que el organismo considera estratégicos para fortalecer la economía de las chacras y ampliar la oferta local.
Semillas, plantines y más producción de alimentos
Entre las herramientas previstas se encuentra la continuidad de la entrega de semillas y plantines, orientada a incrementar y diversificar la producción.
La estrategia busca que las chacras misioneras puedan sumar alternativas productivas y generar alimentos tanto para autoconsumo como para comercialización.
En esa cadena adquieren relevancia los mercados concentradores, que funcionan como espacios de vinculación entre productores y consumidores y que seguirán formando parte de la estrategia del Instituto durante 2027.
La política apunta a combinar producción primaria, agregado de valor y canales de comercialización, buscando que una mayor proporción de los alimentos consumidos pueda ser abastecida por productores de la provincia.
Gervasoni también anticipó la continuidad del acompañamiento a secaderos y molinos, sectores relevantes para distintas cadenas agroindustriales de Misiones.
La asistencia busca contribuir al sostenimiento de la actividad productiva y evitar que las dificultades financieras o los costos operativos interrumpan procesos de industrialización que resultan necesarios para agregar valor a la producción primaria.
Por Ivana Templado / FIEL – Iba a decir que por (de)formación profesional me atraían más los números que las palabras, pero la verdad es que no, me gustan ambos. Pero sí es cierto que a veces para entender mejor ciertas ideas y visualizar problemas necesito mirar gráficos, relaciones, interacciones… y los números me ayudan un poco más para eso. El mes pasado me quedé pensando mucho en la nota de Alejandro Morduchowicz[1] en la que analiza los pros, contras, limitaciones, posibilidades y resquicios o ambigüedades que están presentes tanto en la actual Ley de Educación Nacional (LEN, 26206/06), como en las reformas previstas en el proyecto de la Ley de Libertad Educativa (LLE).
A partir de esas elucubraciones, fui iterando hasta llegar a este ejercicio que me ayudó a pensar a mí, y acá lo comparto por si ayuda a alguien más. Un análisis bien hecho es una estimación de equilibrio general, y este ejercicio, claramente, no es eso. Sólo quiero ver si logro entender mejor qué se modificaría en el statu quo actual con un cambio que contempla el proyecto LLE: la publicación de desempeño de las escuelas.
El acceso de esa información, por un lado, puede hacer reaccionar (o no) a las familias; esa reacción puede traer aparejadas decisiones de cambio, esos cambios pueden transformar la estructura del sistema, los que a su vez pueden modificar las asignaciones de recursos del Estado. Y, desde ya, todas esas decisiones y movimientos no son independientes.
Vamos por partes, ¿qué significa informar sobre la calidad de una escuela? El proyecto LLE establece que, al publicar esta información deberán aplicarse metodologías capaces de distinguir la contribución específica de una institución del efecto atribuible a las características iniciales y socioeconómicas de sus estudiantes. Y justamente este es el primer punto importante, el puntaje promedio observado de una escuela combina esos dos componentes: las características de los alumnos más el aporte de la escuela. Separar este segundo componente es primordial. En lo que sigue de la nota, llamaremos puntaje al puntaje bruto, global, proveniente de evaluaciones estandarizadas; y eficacia a la medición “neta” de las características iniciales.
Ahora, saber si una escuela es eficaz ¿es importante para las familias? Hmm… ni. Si miramos la literatura, vemos que el rendimiento académico importa en la elección, pero convive con otras dimensiones, como la cercanía y la composición socioeconómica de las escuelas. Las familias parecen responder más al desempeño de los pares que a la efectividad o valor agregado del establecimiento (Burgess et al., 2015; Abdulkadiroğlu et al., 2020). No obstante, evidencia experimental de Rumania muestra que brindar información clara a las familias sobre el valor agregado puede orientar la elección hacia escuelas más eficaces, aunque como un componente más, sin desplazar preferencias por otras características también valoradas (Ainsworth et al., 2023). Por otro lado, las familias pueden no conocer todas las escuelas disponibles, pueden tener percepciones equivocadas sobre su calidad y subestimar incluso el número de alternativas existentes. Por esto, reducir sólo los costos de búsqueda, es decir, tener acceso a la información, no garantiza por sí solo, mejores elecciones. (Agte et al, 2024)
En síntesis, una familia puede desconocer alternativas; puede recibir la información pero no comprenderla; puede entenderla y, aun así, valorar más la distancia, la jornada, un determinado proyecto pedagógico o los vínculos sociales; o puede preferir otra institución, pero encontrar barreras de precio, vacantes o admisión.
Los resultados, en síntesis
Para quien prefiera quedarse en estas primeras páginas: resumo acá los tres resultados que me parecieron más destacables del ejercicio. Adelanto que se hizo sobre datos reales, del ámbito urbano porque es donde la capacidad de elegir de las familias tiene chances de llevarse a cabo, pero de solo cinco jurisdicciones (por cuestiones de tiempo de procesamiento). Las cinco jurisdicciones se eligieron como representativas de la distribución entre los sectores público/privado. El desarrollo completo —parámetros, datos y robustez— viene después, para quien quiera meterse en el detalle.
Ahora sí, primero, el derecho a elegir no genera automáticamente movilidad. Por ejemplo, si asumimos que sólo una proporción de las familias estarían dispuestas a cambiar de escuela (llamamos ρ a esa proporción), entonces, con un porcentaje de familias dispuestas a reconsiderar su elección del 20%, sólo cerca de 11,5% efectiviza el cambio, porque la restricción de capacidad de las escuelas más elegidas empieza a actuar rápido y limita posibilidades.
Segundo, la elección por escuelas de mejor desempeño, provoca una reasignación que aumenta la participación del sector privado en los dos escenarios que se simulan. Pasa de 49% a 53% en la estructura de oferta balanceada (50/50 estatal y privado); y de 31% a 35% en otra con menor peso privado inicial (70/30 estatal y privado). Esto ocurre porque las escuelas privadas están relativamente más concentradas en la parte alta de la distribución de desempeño, sea cual sea la métrica publicada.
Tercero, el indicador que se publique —puntaje bruto o eficacia ajustada por composición socioeconómica— importa para saber qué escuelas puntuales ganan o pierden atractivo, pero pesa poco sobre el resultado agregado: la diferencia en la participación privada entre informar una u otra métrica no supera medio punto porcentual en las configuraciones analizadas. Es importante destacar que esto no responde a ninguna valoración diferencial de las familias por alguno de los índices – no incorporé ese parámetro por simplicidad—, sino a que, si bien puntaje y eficacia son dos rankings distintos, al estar fuertemente correlacionados, generan una reasignación agregada parecida, aunque no siempre muevan a las mismas escuelas.
El análisis más detallado
Sin llegar a un modelo complejo, realizo un ejercicio donde miro el movimiento de la matrícula de cada escuela de acuerdo a su puntaje, nivel de eficacia y algunos parámetros que contemplen ciertas decisiones relevantes (ver cuadro metodológico al final).
Se utiliza un parámetro ρ (rho) que representa la proporción máxima de familias que, frente a la nueva información, reconsideraría un cambio de escuela[2]. Se plantean tres escenarios para ρ=10% 20% y 30%. Estos valores no son estimaciones para la Argentina, se utilizan únicamente para evaluar cómo cambia el resultado cuando la respuesta de las familias es menor o mayor.
Pero, como cambiar tiene costos: traslado, búsqueda, adaptación del estudiante, pérdida de vínculos, compatibilidad con los horarios familiares, se incluye un segundo parámetro: Δ (delta) que representa cuántos percentiles mejor debe estar una escuela alternativa para que se tome la decisión de cambiar[3]. La simulación considera: Δ = 5, 10 y 15.
Y por último, se añade también una restricción a la oferta. Ninguna escuela puede incorporar, en esta primera ronda, nuevos alumnos por más del equivalente al 20% de su matrícula inicial. Si la demanda supera ese límite, los alumnos que no encuentran vacante permanecen en su escuela de origen (este supuesto busca evitar que una escuela muy demandada pueda aumentar excesivamente su matrícula, en el corto plazo).
Para ilustrar estos mecanismos utilizamos dos configuraciones urbanas reales, sin presentarlas como predicciones para esas jurisdicciones sino como escenarios que permiten observar cómo cambia el ejercicio con estructuras de oferta distintas, teniendo en cuenta sobre todo la marcada tradición de oferta privada del país. En una, el sector privado concentra alrededor de un tercio de la matrícula y el estatal los dos tercios restantes. En la otra, ambos sectores de gestión están prácticamente balanceados 50 y 50.
Para cada escuela contamos con dos señales, su puntaje promedio en Aprender y una medida de eficacia, estimada mediante un modelo multinivel que compara los resultados de cada institución teniendo en cuenta características observables de los alumnos y de sus hogares[4]. No se trata de una medida causal de valor agregado porque no se dispone de puntajes previos individuales comparables, por eso se denomina eficacia.
Antes de simular ningún movimiento, analizamos qué tan diferentes son las dos señales. En las cinco jurisdicciones analizadas – elegidas como representativas de distintos tipos de estructura estatal/privada del país-, los rankings según puntaje y eficacia estimada están fuertemente correlacionados. Sin embargo, hay diferencias dependiendo del sector. En el conjunto de las cinco jurisdicciones, el 9% de las escuelas estatales aparece en el cuartil superior según puntaje bruto, porcentaje que sube a 12% cuando se utiliza la medida ajustada. Mientras que en las privadas ocurre lo contrario: 61% pertenece al cuartil superior por puntaje y 56% por eficacia estimada.
El Gráfico 1 muestra las escuelas urbanas de estas cinco jurisdicciones que se encuentran en el 25% superior de puntaje o eficacia. En el cuadrante superior izquierdo se observa a los establecimientos donde el puntaje es mayor al nivel de eficacia; mientras que el inferior derecho muestra el caso contrario: aquellas que aparecerían más altas en un ranking de eficacia que uno de puntaje.
Gráfico 1: Percentiles de puntaje y eficacia en escuelas ubicadas en el cuartil superior de alguno de los dos indicadores
Fuente: elaboración propia con base en Aprender 2025, sobre 5 jurisdicciones. Ámbito urbano.
La simulación comienza con la matrícula que actualmente posee cada escuela. Suponemos que una proporción rho de las familias reconsidera su elección. Una familia sólo se traslada si existe alguna escuela que se ubica al menos delta percentiles por encima de su actual escuela[5] según la información que se haya publicado: puntaje o eficacia estimada. Entonces, si la familia considera cambiar (ρ), y encuentra una alternativa suficientemente mejor (Δ), y la escuela elegida tiene capacidad, entonces se realiza el cambio de escuela.
Para simplificar la presentación, el Cuadro 1 utiliza un umbral intermedio de delta=10 y, como dijimos, capacidad adicional máxima en 20% de la matrícula inicial.
Cuadro 1
Resultados de la simulación
Fuente: elaboración propia. Simulación estilizada. ρ, Δ y la restricción de capacidad son parámetros hipotéticos.
La primera observación es que rho no coincide con el porcentaje que termina cambiándose. En el escenario intermedio, 20% de las familias podría reconsiderar la elección, pero aproximadamente 11,5% logra concretar el movimiento. El resto no encuentra una alternativa que cumpla simultáneamente con la mejora mínima exigida y la disponibilidad de capacidad. Esto muestra algo sencillo pero importante: el derecho y la voluntad de elegir no generan automáticamente movilidad.
La segunda observación es que la reasignación aumenta la participación privada. Partiendo de aproximadamente 49%, en el escenario intermedio alcanza alrededor de 53%. El movimiento surge porque las escuelas privadas están relativamente más concentradas en la parte alta de la distribución de desempeño. Cuando algunas familias comienzan a buscar establecimientos con mejor desempeño, las privadas aparecen con mayor frecuencia entre los destinos potenciales.
El resultado no depende sólo de una configuración inicial particularmente equilibrada entre ambos sectores. Como ejercicio de sensibilidad, repetimos la simulación sobre una segunda estructura educativa en la que el sector privado concentra alrededor de 31% de la matrícula inicial. Manteniendo mismos parámetros y restricción de capacidad, la participación privada aumenta hasta aproximadamente 34,8% si se informa eficacia y 35,4% si se informa puntaje. La menor presencia inicial privada reduce marginalmente las posibilidades de reasignación, pero no elimina el mecanismo.
Una de las preguntas con las que iniciamos este ejercicio era si publicar resultados brutos o una medida ajustada podía producir patrones de elección diferentes. En el escenario urbano más balanceado, la participación privada resulta 52,8% con eficacia y 53,1% con puntaje: apenas 0,3 puntos porcentuales de diferencia. En la configuración con menor oferta privada —donde puntaje y eficacia presentan algo más de divergencia— la diferencia es de aproximadamente medio punto porcentual. Esto ocurre, en parte, porque puntaje y eficacia generan rankings bastante similares y porque en la simulación se mantiene deliberadamente constante la respuesta de las familias frente a ambos indicadores: la misma proporción reconsidera su elección y se aplica el mismo umbral mínimo de mejora. De este modo, la comparación aísla exclusivamente el efecto de cambiar la señal publicada. Bajo este supuesto, las diferencias resultan moderadas,
Sin embargo, esto no implica que en la práctica ambos tipos de información produzcan la misma respuesta. Como vimos, la evidencia internacional muestra que las familias pueden valorar de manera diferente los niveles de rendimiento y las medidas de eficacia, y que la respuesta a estas últimas depende también de cómo se comunican y comprenden. Un modelo más completo debería, por lo tanto, permitir que la propensión y la intensidad de respuesta a cada indicador difieran entre familias y, eventualmente, según sus características socioeconómicas.
Antes de concluir, conviene subrayar los límites de este ejercicio. Esto no es un pronóstico de lo que produciría la Ley de Libertad Educativa: no estimamos ρ, Δ ni la capacidad de las escuelas para Argentina, y el ejercicio tampoco deja reaccionar a la oferta —en la realidad, una escuela que pierde alumnos podría mejorar, bajar aranceles o cerrar; una con exceso de demanda podría abrir secciones o seleccionar—. Falta además una fuerza clave para los próximos años: la caída demográfica, que va a liberar vacantes y a la vez agravar el problema de escala de las escuelas que pierdan matrícula. Por eso, los resultados son una primera ronda de reasignación entre escuelas existentes, no el nuevo equilibrio del sistema.
Creo que el artículo 71 acierta al requerir información que permita distinguir resultados de composición, y aunque en nuestras simulaciones puntaje y eficacia generan movimientos agregados relativamente similares, no necesariamente identifican a las mismas escuelas como las de mejor desempeño ni, por lo tanto, a las mismas ganadoras y perdedoras de matrícula. Qué información se publica no es entonces neutral, aun cuando su efecto agregado parezca pequeño.
A partir de allí se abre una segunda cuestión que este ejercicio no aborda: qué ocurre con el financiamiento cuando la matrícula se reasigna. Si una parte de los recursos acompaña a los alumnos, las decisiones individuales de las familias terminan incidiendo también sobre la distribución de fondos entre escuelas y sectores. Cuánto, en qué dirección y con qué efectos dependerá de la fórmula de financiamiento que finalmente se adopte. Es un paso siguiente del análisis, porque los movimientos de matrícula que aquí simulamos serían uno de sus insumos.
En este sentido, el ejercicio realizado es sencillo, pero permite ordenar algunas cuestiones que una reforma de esta magnitud debería hacer explícitas. Publicar información no equivale, no es sinónimo de elección, se debe también promover las condiciones que permitan ejercerla[6], entender cómo la información orienta esas decisiones y anticipar qué ocurre cuando miles de elecciones individuales interactúan con una oferta limitada y, eventualmente, con un esquema de financiamiento que sigue a la matrícula.
Nota metodológica Para cada escuela se observa su matrícula inicial Mj0 y su posición relativa en un indicador de calidad Qj, definido alternativamente como percentil de puntaje promedio o percentil de eficacia estimada.
El ejercicio introduce tres parámetros: (i) ρ (rho), la proporción máxima de familias que reconsideraría su escuela frente a la nueva información. (ii) Δ (delta), la mejora mínima —en percentiles— necesaria para considerar una alternativa. (iii) una restricción de capacidad: ninguna escuela puede recibir nuevos alumnos por más del 20% de su matrícula inicial. El conjunto de destinos posibles para una escuela j es: Aj(Δ) = {k: Qk ≥ Qj + Δ}: las escuela donde la calidad de la escuela “nueva” sea al menos delta percentiles más alta que la escuela actual.
Si no existe una escuela que cumpla esa condición, no se produce movilidad. Si existen varias, los potenciales alumnos se distribuyen entre ellas proporcionalmente a su matrícula inicial:
Cuando la demanda hacia una escuela supera su capacidad, los flujos se reducen proporcionalmente. Los alumnos que no consiguen vacante permanecen en su escuela de origen. La matrícula final resulta de restar las salidas efectivas y sumar las entradas:
Por construcción, la matrícula total permanece constante. El modelo tampoco introduce una preferencia directa por sector estatal o privado: cualquier cambio en su participación surge de la posición relativa de sus escuelas en el indicador utilizado. Los valores de ρ, Δ y capacidad son escenarios de sensibilidad.
La literatura respalda la existencia de respuestas parciales a la información, costos de cambio, restricciones en los conjuntos de elección y límites de capacidad, pero no permite trasladar valores específicos al contexto argentino. El ejercicio representa sólo una primera ronda y no incorpora reacciones posteriores de las escuelas, cambios de calidad, apertura o cierre de establecimientos, aranceles, admisión ni la contracción demográfica prevista.
Referencias Simon Burgess, Ellen Greaves, Anna Vignoles, Deborah Wilson. 2015. What Parents Want: School Preferences and School Choice. The Economic Journal, Volume 125, Issue 587, Pages 1262–1289, https://doi.org/10.1111/ecoj.12153
Abdulkadiroğlu, Atila, Parag A. Pathak, Jonathan Schellenberg, and Christopher R. Walters. 2020. «Do Parents Value School Effectiveness?» American Economic Review 110 (5): 1502–39. DOI: 10.1257/aer.20172040
Ainsworth, Robert, Rajeev Dehejia, Cristian Pop-Eleches, and Miguel Urquiola. 2023. «Why Do Households Leave School Value Added on the Table? The Roles of Information and Preferences.» American Economic Review 113 (4): 1049–82.DOI: 10.1257/aer.20210949
Patrick Agte, Claudia Allende, Adam Kapor, Christopher Neilson, and Fernando Ochoa. 2024. Search and Biased Beliefs in Education Markets. NBER Working Paper 32670, https://doi.org/10.3386/w32670.
Hastings, Justine S. & Weinstein, Jeffrey M. 2008. Information, School Choice, and Academic Achievement: Evidence from Two Experiments. The Quarterly Journal of Economics, 123(4), 1373–1414
[2] No distinguimos aquí entre quien no quiere, quien no sabe y quien no puede hacerlo. Todos esos mecanismos quedan resumidos en ρ, es una simplificación importante. La literatura muestra precisamente que información, preferencias y restricciones son fenómenos distintos.
[3] Este supuesto tampoco significa afirmar que en la realidad nadie se traslada a una escuela con menor puntaje. La evidencia muestra que eso sucede: las familias eligen escuelas por muchas razones. En Charlotte-Mecklenburg, por ejemplo, Hastings y Weinstein (2008) encuentran una respuesta parcial a la información, no una migración universal hacia las escuelas de mayor puntaje.
[4] Tener en cuenta que la estimación de eficacia, si bien se estimó teniendo en cuenta la estructura multinivel escolar y variables socioeconómicas relevantes, es una primera estimación preliminar para este ejercicio.
[5] Si hay varias alternativas que superan ese umbral, los alumnos se distribuyen entre ellas proporcionalmente a la matrícula inicial de las escuelas receptoras. Esta es simplemente una regla parsimoniosa para el ejercicio; no constituye una estimación de las preferencias de las familias.
[6] Algunas de esas condiciones —estándares comunes con evaluación corregida por contexto, apoyo diferencial a las escuelas con menos capacidad de aprovechar la autonomía, y ponderación efectiva (no solo declarativa) por vulnerabilidad— las desarrollo en “Más autonomía ¿mejor escuela? Lo que dice la evidencia y lo que exige el diseño” (Panorama educativo, Revista Indicadores de Coyuntura, FIEL).
La educación será una de las áreas con mayor incremento de recursos dentro del Presupuesto 2027 de Misiones. El ministro de Educación, Ramiro Aranda, anticipó este lunes ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes que las partidas destinadas al sistema educativo tendrán una suba del 54% respecto de 2026, en un contexto en el que la Provincia deberá asumir nuevos gastos por el retiro del financiamiento nacional.
El aumento, sin embargo, no estará destinado solamente a ampliar programas existentes. Una parte deberá utilizarse para cubrir compromisos que originalmente correspondían a Nación, particularmente obras de infraestructura educativa y comedores escolares.
Aranda reveló que en los últimos días la Provincia recibió nuevas comunicaciones sobre obras que habían comenzado con financiamiento nacional y que ahora deberán ser absorbidas por Misiones.
A eso se suma otro impacto significativo sobre las cuentas educativas de 2027: Nación financiará menos del 30% de los comedores escolares, según explicó el ministro.
“Eso impacta en fondos que nosotros tenemos que aumentar”, señaló.
La novedad incluso obliga a revisar parte de la planificación presupuestaria que ya estaba diseñada para el próximo ejercicio.
Un presupuesto que crece 54%
Aranda sostuvo que el incremento presupuestario refleja la decisión del Gobierno provincial de sostener el sistema educativo en medio de un escenario nacional que definió como complejo.
El crecimiento del 54% comprende el conjunto de los ítems educativos entre los presupuestos 2026 y 2027.
El ministro vinculó esos recursos no solamente con infraestructura y salarios, sino también con políticas que tienen impacto directo sobre las economías familiares.
Entre ellas destacó el Boleto Educativo Gratuito, los comedores y la distribución de 600.000 libros en toda la provincia, destinados a reducir el gasto que deben afrontar las familias para sostener la escolaridad.
“Acá no hay que hablar de números. La economía es una ciencia social, tiene rostro humano y es el rostro de cada chico, de cada estudiante, de cada familia”, planteó Aranda durante su exposición.
Uno de los puntos críticos para 2027 será la continuidad de infraestructura que había comenzado con recursos nacionales.
Aranda mencionó específicamente la obra de la Escuela Provincial de Educación Técnica de Gobernador Roca, iniciada durante 2025 con fondos nacionales y cuya continuidad deberá afrontar ahora la Provincia.
El traspaso no será automático. Según explicó, deben resolverse previamente aspectos jurídicos relacionados con los convenios celebrados entre Nación, las empresas contratistas y la Provincia.
El compromiso del Gobierno misionero, aseguró, es sostener y culminar las obras, aunque admitió que absorber nuevos proyectos en medio de las restricciones financieras puede extender los tiempos previstos para otras construcciones.
La Provincia ya comenzó a recorrer ese camino durante 2026.
Aranda señaló que el presupuesto vigente tiene un nivel de ejecución cercano al 90% y que durante el año Misiones debió hacerse cargo de diferentes obras que habían quedado sin financiamiento nacional.
Como muestra de esa estrategia, el ministro enumeró establecimientos construidos o terminados con fondos propios.
En Itaembé Guazú, la Provincia inauguró dos establecimientos para el inicio del ciclo lectivo: la Escuela Primaria 960 y la Secundaria de Innovación 2.
También se terminaron los talleres de la EPET 21 de San Vicente y recientemente fue inaugurada otra escuela en Dos de Mayo.
La continuidad de estas inversiones, advirtió Aranda, deberá desenvolverse en un escenario de caída de la coparticipación y menor recaudación propia provincial como consecuencia de la retracción del consumo.
“Estamos en un contexto nacional muy duro de crisis económica, con caída de la coparticipación, caída del consumo que hace que caiga la recaudación propia provincial”, describió.
Dos mil escuelas con servicio de comedor
La alimentación escolar aparece como otro de los grandes desafíos presupuestarios. Actualmente, alrededor de 2.000 escuelas de Misiones cuentan con servicio de comedor escolar, bajo diferentes modalidades de financiamiento y prestación.
La Provincia sostiene especialmente los establecimientos de jornada extendida y completa, donde además de la copa de leche se brinda almuerzo, así como escuelas interculturales bilingües, técnicas y establecimientos públicos de gestión privada como las EFA.
El anuncio de que Nación financiará menos del 30% de los comedores obliga ahora a incrementar el aporte provincial para evitar una reducción del servicio.
Así, una parte del aumento presupuestario previsto para 2027 funcionará, en los hechos, como reemplazo de recursos nacionales que dejaron de llegar.
Más del 99% del presupuesto del CGE va a salarios
La presidenta del Consejo General de Educación, Daniela López, aportó otro dato que dimensiona la estructura del gasto educativo: el 99,61% del presupuesto del organismo está destinado a salarios docentes.
El CGE administra un sistema que cuenta con aproximadamente 28.000 docentes, según precisó López durante su presentación.
La funcionaria explicó que el organismo trabaja a través de direcciones de nivel, áreas técnicas, supervisiones territoriales y secretarías escolares, que conforman el sistema de control técnico, administrativo y pedagógico de la educación provincial.
El crecimiento también alcanza al sistema educativo de gestión privada.
El titular del Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM), Luis Bogado, anticipó un incremento presupuestario del 32,5% para 2027.
El 99,77% de esos recursos estará destinado directamente al sistema educativo, mientras apenas el 0,23% corresponderá a gastos operativos, administrativos, de control y gestión.
El dato relevante está en la matrícula. Durante el ciclo lectivo 2026, el sistema privado incorporó más de 10.000 alumnos y las autoridades proyectan una expansión similar para 2027.
Actualmente comprende 266 instituciones, más de 135.000 estudiantes y alrededor de 14.000 docentes y no docentes.
