La reciente derogación de la Resolución 170/2021 del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), que limitaba las nuevas plantaciones del cultivo, generó un fuerte repudio entre referentes del sector. En declaraciones a Open1017.com, Marcelo Hacklander, productor y exdirector del INYM, calificó la decisión como “lamentable” y advirtió sobre el impacto que tendrá en la economía de pequeños y medianos productores: “Esto va a acelerar la concentración de la tierra y el desahucio del pequeño productor”.

La resolución eliminada establecía un tope anual de nuevas plantaciones de yerba mate, permitiendo hasta cinco hectáreas por productor o el dos por ciento de su superficie declarada. Si bien sectores ligados a grandes empresas habían cuestionado su eficacia, Hacklander aseguró que sí tuvo un efecto positivo: “Muchos creían que no servía, pero permitió que pequeños productores completaran sus chacras. Ahora veremos las consecuencias de su eliminación”.

El dirigente señaló directamente a los grandes grupos económicos por presionar en contra de esta regulación: “Las Marías, La Cachuera y otras integradas querían plantar a gran escala, con proyectos de 200, 500 y hasta 1000 hectáreas. Esto va a tener efectos a mediano plazo, entre 4 y 5 años, y va a concentrar aún más el negocio, como ya ocurrió en los años 90”.

Según explicó Hacklander, la resolución no prohibía nuevas plantaciones, sino que buscaba ordenar el crecimiento y redirigir la inversión hacia la industrialización del producto y la apertura de nuevos mercados. “No era un freno, era una manera de planificar el desarrollo del sector. Con estadísticas y estudios podíamos modificar parámetros si la demanda aumentaba. Pero ahora ya no hay paraguas protector”, lamentó. De hecho, entre 2020 y 2024 se plantaron 26.700 nuevas hectáreas de yerba mate.

Además del impacto estructural, la situación coyuntural es crítica. Hacklander describió un panorama alarmante para los pequeños productores: cosechas por debajo del promedio histórico, despidos de trabajadores rurales y precios que no cubren los costos de producción. “Hoy se están pagando entre 220 y 305 pesos por kilo de hoja verde, muy por debajo del valor que reclama la provincia, de 505 pesos. Encima, los pagos se hacen en cuotas y con cheques a 120 días. Es una calamidad”.

El productor también apuntó contra el arco político por la falta de reacción a tiempo: “Desde diciembre de 2023 veníamos advirtiendo esta situación. Hablamos con todos los sectores políticos, de la provincia y de la Nación, pero nadie se hizo eco. Hoy enfrentamos una crisis terminal que va a llevar a la desaparición de muchísimos productores”.

Finalmente, Hacklander comparó el escenario actual con el proceso de concentración ocurrido en la década del noventa: “Esto ya lo vivimos. Es un déjà vu de lo que pasó hace 30 años. Y lo peor es que esta vez ya sabíamos lo que iba a pasar”.