El Gobierno otorga más poder a la Secretaría de Energía para intervenir en tarifas de servicios públicos

Por decreto, la Secretaría de Energía podrá modificar contratos y licencias tarifarias sin interferir en las funciones de los entes reguladores. La medida busca agilizar la gestión de la política energética en un contexto de reformas estructurales.

A través del Decreto 371/2025, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional modificó los objetivos de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, habilitándola a actuar como autoridad concedente en materia tarifaria, lo que le otorga la facultad de intervenir directamente en modificaciones de contratos o licencias de servicios públicos del sector energético.

La disposición forma parte de la estrategia del Poder Ejecutivo para concentrar la toma de decisiones en temas críticos de política económica, en este caso vinculados al gas natural y a la electricidad, sectores regidos por las leyes 24.076 y 24.065, respectivamente.

Qué cambia con el nuevo decreto

Con esta decisión, la Secretaría de Energía podrá:

• Actuar como Autoridad de Aplicación de las leyes que regulan las actividades del sector energético.
• Intervenir en los procesos de revisión y modificación de contratos de concesión y licencias tarifarias.
• Ejercer el rol de autoridad concedente, sin superponerse con las funciones técnicas específicas de los entes reguladores, como el ENRE (Electricidad) y el ENARGAS (Gas).

El Decreto 50/2019, que establecía los objetivos originales de la Secretaría, fue modificado para incorporar esta atribución como Objetivo N°5, ampliando las capacidades institucionales de dicha dependencia.

La medida se inscribe en el marco de la política de reordenamiento estructural del Estado que impulsa el Gobierno de Javier Milei. En los considerandos, se destaca que la modificación tiene como propósito fortalecer la capacidad ejecutiva del Ministerio de Economía para alcanzar las metas políticas trazadas, especialmente en un área clave como es la energética.

Además, la norma aclara que este cambio no implica la absorción de las funciones técnicas o regulatorias propias de los entes autárquicos, sino que apunta a facilitar decisiones tarifarias que requieren celeridad y alineamiento con los objetivos macroeconómicos.

El decreto menciona que tanto la Dirección Nacional de Diseño Organizacional del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado como la Oficina Nacional de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda intervinieron en el proceso, validando la necesidad y viabilidad presupuestaria de la medida.

Si bien no se incluyeron declaraciones directas en el texto, fuentes del Ministerio de Economía interpretan este cambio como un paso hacia una mayor autonomía en la gestión de precios relativos, particularmente en un momento donde el esquema de subsidios y tarifas está en revisión.

Con este cambio, el Gobierno refuerza su poder de intervención en áreas donde el congelamiento o la manipulación política de las tarifas ha sido históricamente una fuente de distorsión macroeconómica y conflicto institucional.

La Secretaría de Energía, bajo esta nueva facultad, podrá liderar negociaciones con concesionarios y operadores de servicios públicos, permitiendo mayor flexibilidad para adaptar los contratos al nuevo paradigma económico que impulsa la gestión Milei.

En el contexto de transición hacia un esquema tarifario más alineado con los costos reales, esta modificación podría agilizar los procesos de adecuación de precios y ordenamiento del gasto público, dos ejes fundamentales en la política económica actual.