La asamblea convocada por la Confederación Económica de Misiones reunió a más de 60 referentes del agro, la industria y las cooperativas para definir una postura conjunta sobre la prohibición del glifosato. El sector productivo reclama la derogación del artículo 7 —y en algunos casos, de toda la Ley de Bioinsumos— al considerar que pone en riesgo la competitividad provincial.

Una asamblea con el arco productivo unido

En la sede de la Confederación Económica de Misiones (CEM), productores, cooperativistas, empresarios pymes y técnicos del INTA, SENASA y colegios profesionales debatieron sobre una problemática que atraviesa a toda la provincia: la prohibición del uso del glifosato. Entre los asistentes hubo representantes de sectores como la yerba, el té, el tabaco, la ganadería, la foresto-industria y la agricultura familiar, así como dirigentes de entidades empresarias y cooperativas.

El reclamo fue unánime: derogar el artículo 7 del capítulo 2 de la Ley de Bioinsumos —que regula el uso del glifosato mediante un registro limitado— o, en algunos casos, directamente eliminar toda la normativa. Los asistentes coincidieron en que la ley actual burocratiza y obstaculiza la producción, mientras que el herbicida sigue siendo una herramienta indispensable ante la ausencia de alternativas biológicas eficaces y accesibles.

Competitividad en riesgo y advertencia sobre el contrabando

El diagnóstico común de los productores es contundente: sin glifosato, los costos se disparan y la competitividad cae. Desde el sector yerbatero advirtieron que la prohibición genera conflictos con compradores internacionales, que exigen certificaciones sanitarias que hoy solo pueden cumplirse con herbicidas aprobados. En el sector tealero, empresarios señalaron que la prohibición encarece la producción y puede cerrar mercados externos.

Sergio Delapierre, productor yerbatero, lo sintetizó: “Prohibir el glifosato solo incentiva el contrabando desde países vecinos”. Otros referentes coincidieron en que la normativa, además de impracticable en un universo de 35.000 productores, expone al sector a multas millonarias, lo que agrava la ya crítica situación de las economías regionales.

Un reclamo con matices: producción responsable y transición hacia bioinsumos

Aunque el pedido es contundente, el sector productivo no desconoce la necesidad de avanzar hacia modelos más sostenibles. Todos los participantes coincidieron en la importancia de fomentar investigaciones en bioinsumos y capacitar a los productores en Buenas Prácticas Agrícolas, pero aclararon que el reemplazo debe ser realista, certificado y aplicable a las condiciones locales.

Matías Pamberger, presidente de la Sociedad Rural Misiones, sostuvo que el artículo 7 “genera discriminación entre productores que exportan y los que abastecen al mercado interno” y que la falta de herramientas viables para el control de malezas afecta directamente la producción. Para el ingeniero Jorge Pujato, “hay un mito sobre el glifosato: bien utilizado, no causa daño; el problema es la falta de capacitación”.

La vía política: el escenario en la Legislatura

Más allá de las acciones judiciales en curso, el sector sabe que la solución será política. Así lo expresó el legislador Miguel Núñez, quien adelantó que volverá a impulsar un proyecto de derogación en la Cámara de Diputados, pero reclamó “acompañamiento técnico y presión legislativa” para que la propuesta prospere.

Sin embargo, el debate interno también dejó expuestas tensiones: mientras algunos productores reclamaron mayor apertura y participación de legisladores y prensa, otros defendieron una asamblea cerrada. La presencia de diputados provinciales y nacionales —como Javier Mela, Cristian Castro y Martín Arjol— que debieron retirarse tras el pedido de sesión privada, evidenció las fricciones entre quienes buscan un diálogo político amplio y quienes priorizan definir primero una posición unificada del sector.

Entre la urgencia productiva y la transición ambiental

La discusión sobre la Ley de Bioinsumos refleja un conflicto mayor: cómo equilibrar la necesidad inmediata de competitividad de las economías regionales con la transición hacia modelos productivos más sostenibles. Para el agro misionero, el glifosato no es una bandera ideológica, sino una herramienta insustituible en el presente.

El desafío ahora recae en el Poder Legislativo provincial: ¿puede Misiones construir una política agropecuaria que combine la protección ambiental con la viabilidad económica de sus productores? La respuesta marcará el rumbo no solo de un insumo polémico, sino del futuro del sector productivo misionero.