El contraste no puede ser más marcado. Y es también un reflejo de las políticas que se imponen en ambos países. En Argentina, el Presupuesto 2026 le asigna al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos apenas 15.843 millones de pesos. Además, el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos recibiría $1.624 millones, un monto muy por debajo de lo necesario para garantizar el control, la restauración y el uso sustentable de estos ecosistemas. 

El diseñado por Javier Milei es el presupuesto más bajo de la historia, aún en una historia que nunca le asignó el valor que debería tener la conservación de bosques. 

Argentina cuenta con más de 53 millones de hectáreas de bosques nativos. Con el presupuesto asignado, se destinarían apenas $298 por hectárea al año, es decir, $24 por mes para cuidar cada hectárea de monte.  

El proyecto de presupuesto 2026 presentado por el Poder Ejecutivo asigna apenas el 3,5% de lo que correspondería por ley, lo que representa el menor porcentaje desde su sanción. Según el artículo 31 de la Ley, el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos debería recibir al menos el 0,3% del presupuesto nacional. Para 2026, esto equivaldría a $444.207 millones.

Del otro lado de la frontera, Brasil sorprende al mundo. “Brasil liderará con el ejemplo”, dijo Lula Da Silva al anunciar un aporte de mil millones de dólares al Fondo de Bosques Tropicales para Siempre. 

Durante la Sesión de Apertura de la Reunión sobre el Fondo de Bosques Tropicales para Siempre (TFFF, por sus siglas en inglés), Lula reveló que Brasil invertirá US$ 1 mil millones en la iniciativa. El Fondo, que propone un modelo innovador de financiamiento para la conservación de los bosques tropicales, será oficialmente lanzado durante la 30ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la COP30, prevista para noviembre en Belém (PA).

“Brasil liderará con el ejemplo y se convertirá en el primer país que se comprometa a invertir mil millones de dólares en el fondo. Por eso, invito a todos los socios presentes a ofrecer contribuciones igualmente ambiciosas para que el TFFF pueda entrar en operación en la COP30 en noviembre, en la Amazonía sudamericana”, declaró Lula durante la reunión realizada en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos.

La iniciativa brasileña busca fortalecer la conservación de los bosques en pie, demostrando que su protección vale más que la tala. 

La iniciativa de Brasil llega en medio de la polémica “Ley de la Devastación”, impulsada por el agronegocio y considerada el mayor retroceso ambiental en 40 años. Lula sancionó la ley con 63 vetos para proteger licencias ambientales y territorios sensibles, aunque ONG y ambientalistas advierten que aún persisten riesgos.

En total, más de 70 países en desarrollo con bosques tropicales podrán recibir los recursos. “Más que proteger un bioma específico, el TFFF es un mecanismo para preservar la vida misma en la Tierra. Los bosques tropicales prestan servicios ecosistémicos esenciales para la regulación del clima”, explicó el presidente.

Lula subrayó que los dividendos generados por el TFFF, que será complementario a los mecanismos de pago por reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, serán repartidos anualmente entre los inversores y los países que mantengan sus bosques en pie. “Todos los años, el monitoreo satelital permitirá identificar si los países están respetando la meta de mantener la deforestación por debajo del 0,5%”, afirmó.

Según el presidente, la meta es que cada país pueda recibir hasta 4 dólares por hectárea conservada (24 pesos en el presupuesto de Argentina). “Parece modesto, pero estamos hablando de 1.100 millones de hectáreas de bosques tropicales distribuidos en 73 países en desarrollo”, destacó.

Para adherirse al TFFF, los países deberán contar con sistemas de gestión financiera transparentes y aceptar destinar el 20% de los recursos específicamente a pueblos indígenas y comunidades tradicionales. “Dirigir parte de esos recursos a los pueblos indígenas y comunidades locales puede garantizar medios adecuados a quienes siempre cuidaron de nuestros bosques y selvas”, dijo Lula.

“El TFFF articulará conservación, uso sostenible de los recursos ecosistémicos y justicia social en favor de un nuevo modelo de desarrollo”, completó.

Brasil lidera los esfuerzos para la creación del TFFF desde la COP28, realizada en Dubái en 2023. Hasta el momento, otros cinco países con bosques tropicales integran la iniciativa: Colombia, Ghana, República Democrática del Congo, Indonesia y Malasia. Además, cinco países potencialmente inversores también participan en el proceso de fundación del mecanismo: Alemania, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Noruega y Reino Unido.

Se espera que las naciones inversoras aporten un capital inicial que podrá alcanzar hasta 25 mil millones de dólares. Con esta inyección, será posible impulsar otros 100 mil millones de dólares (capital sénior) del sector privado a lo largo de los próximos años. Los gobiernos, al aceptar el papel de capital júnior, consienten en asumir un riesgo un poco mayor que el sector privado, atrayendo a estos inversores.

Las proyecciones de los responsables por la elaboración del TFFF señalan también que el mecanismo debe viabilizar 4 mil millones de dólares anuales para la conservación ambiental, lo que representa casi el triple del volumen aplicado globalmente en la protección de bosques tropicales mediante recursos concesionales.

Los países con bosques tropicales que se adhieran al TFFF deberán presentar al consejo del fondo informes anuales que comprueben la conservación de los bosques, con monitoreo satelital. Brasil ya realiza este seguimiento por medio del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) y podrá servir de ejemplo para las demás naciones, según el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático (MMA).

Los países beneficiarios tendrán autonomía para definir el destino final de los recursos. En Brasil, el MMA proyecta que la inversión podrá fortalecer medidas como el Programa Bolsa Verde, la Política Nacional de Pago por Servicios Ambientales y acciones de incentivos a la bioeconomía. En cuanto a las inversiones realizadas por el fondo para remunerar a los países, está vetada la aplicación en proyectos que involucren combustibles fósiles. La prioridad es optar por acciones y títulos de gobiernos, compañías de países emergentes y productos considerados verdes.