El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, participó del Primer Encuentro Nacional de la Abogacía realizado en la Ciudad de Buenos Aires, donde planteó la necesidad de redefinir el ejercicio profesional en función de los cambios tecnológicos y de fortalecer el uso de un lenguaje claro en el sistema judicial.

El encuentro, organizado en la sede del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, reunió a entidades jurídicas para debatir el presente y futuro de la profesión en un contexto de transformación acelerada.

Un sistema judicial en transición

Durante su exposición, Rosatti puso el foco en las modificaciones que atravesó la abogacía en la última década, con especial énfasis en el impacto de la digitalización y la virtualidad.

Según señaló, la pandemia profundizó una tendencia preexistente hacia el trabajo remoto y la utilización de herramientas tecnológicas, lo que modificó de manera sustancial la dinámica del ejercicio profesional.

En ese marco, planteó la necesidad de encontrar un “punto de equilibrio” entre presencialidad y virtualidad, reconociendo que existen instancias del proceso judicial que aún requieren contacto físico para garantizar su eficacia.

Lenguaje claro: una agenda institucional

Uno de los ejes centrales del planteo de Rosatti fue la necesidad de avanzar hacia un lenguaje jurídico más accesible.

El titular del máximo tribunal convocó a los colegios de abogados a trabajar en la adopción de criterios de “lenguaje claro”, con el objetivo de que la ciudadanía comprenda mejor las decisiones judiciales y el funcionamiento del sistema legal.

La premisa, según expuso, apunta a reducir la distancia entre el Poder Judicial y la sociedad, en un contexto donde la interpretación de lo legal y lo ilegal tiene impacto directo en la vida cotidiana.

Legitimidad y acceso a la Justicia

El planteo del presidente de la Corte introduce una dimensión institucional relevante: la relación entre el sistema judicial y su legitimidad social.

La insistencia en el lenguaje claro y en la accesibilidad del proceso judicial sugiere una preocupación por la comprensión pública de las decisiones, en un escenario donde la complejidad técnica puede funcionar como barrera.

Al mismo tiempo, el debate sobre presencialidad y virtualidad refleja tensiones internas en el funcionamiento del Poder Judicial, atravesado por la necesidad de modernización sin perder garantías procesales.

Qué cambia en la práctica profesional

Las definiciones expuestas apuntan a una reconfiguración del trabajo jurídico en dos planos: Por un lado, la incorporación permanente de herramientas digitales como parte estructural del sistema. Por otro, una revisión de las formas de comunicación jurídica, con mayor énfasis en la claridad y la comprensión.

Ambos factores implican ajustes tanto para abogados como para instituciones judiciales, en un contexto donde el ejercicio profesional se vuelve más dinámico y heterogéneo.

Desafíos para el acceso en el interior

Aunque el planteo fue de alcance nacional, las definiciones tienen implicancias para provincias como Misiones y el NEA, donde las condiciones de acceso a la Justicia pueden variar según infraestructura y recursos.

La expansión de la virtualidad podría facilitar el acceso en territorios alejados de los centros judiciales, pero también plantea desafíos vinculados a conectividad y capacitación profesional.

En paralelo, el avance hacia un lenguaje claro podría mejorar la comprensión de los procesos judiciales en contextos donde la distancia entre el sistema legal y la ciudadanía suele ser mayor.

Modernización con tensiones

El debate abierto por Rosatti deja planteadas variables clave para el sistema judicial: cómo integrar tecnología sin afectar garantías, y cómo comunicar decisiones complejas de manera accesible.

La evolución de estos ejes dependerá de la articulación entre el Poder Judicial, los colegios profesionales y las condiciones materiales de cada jurisdicción.

El proceso de modernización aparece en marcha, pero su alcance y velocidad siguen sujetos a definiciones institucionales y a la capacidad de adaptación del sistema.