La falta de renovación del parque automotor volvió a poner en evidencia uno de los desafíos estructurales del transporte argentino. A través del Decreto 654/2026, el Gobierno nacional resolvió extender hasta el 31 de diciembre de este año la habilitación para que continúen prestando servicios 559 colectivos modelo 2012, superando así el límite de antigüedad de diez años previsto en la Ley Nacional de Tránsito.

La decisión alcanza a las unidades de jurisdicción nacional que ya se encontraban habilitadas al 1° de enero de 2026 y busca evitar una reducción de la oferta de transporte en los servicios interurbanos de media y larga distancia. Como contrapartida, las empresas deberán someter estos vehículos a una Revisión Técnica Obligatoria (RTO) cada tres meses, un esquema de fiscalización más estricto que el habitual.

La medida responde a un problema que trasciende a una gestión de gobierno y refleja las dificultades que enfrenta el sector para renovar sus flotas. El elevado costo de las unidades nuevas, la caída de la inversión durante los últimos años y el impacto económico que dejó la pandemia generaron un retraso en el recambio de vehículos que hoy condiciona la operación de numerosas empresas.

De acuerdo con los informes técnicos de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), las 559 unidades modelo 2012 representan una porción reducida del parque automotor nacional y su permanencia no modifica significativamente la antigüedad promedio del sistema. Ese análisis fue acompañado por la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, que consideró técnicamente viable la prórroga siempre que se intensifiquen los controles mecánicos.

El decreto también incorpora un criterio que gana espacio en las políticas de transporte de distintos países: privilegiar el estado de conservación y mantenimiento efectivo de las unidades por encima de un límite cronológico estricto. Bajo esa lógica, el Gobierno sostiene que un vehículo correctamente inspeccionado puede continuar prestando servicio sin comprometer los estándares de seguridad.

Sin embargo, la decisión vuelve a instalar un debate de fondo. Argentina exhibe uno de los parques automotores más envejecidos de la región. Según datos de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), el país cuenta con casi 15,8 millones de vehículos y una antigüedad promedio de 14,8 años. Más de 4,3 millones superan las dos décadas de uso.

La situación también alcanza al transporte público. Relevamientos de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) muestran que la edad promedio de las unidades urbanas viene creciendo desde hace varios años, mientras que el sector sostiene que serían necesarias alrededor de 150 incorporaciones mensuales para estabilizar el parque automotor y recuperar un ritmo de renovación sostenible.

Desde una perspectiva de periodismo de soluciones, la prórroga puede interpretarse como una respuesta de emergencia para garantizar la continuidad del servicio, especialmente en corredores donde la sustitución inmediata de unidades resultaría inviable. No obstante, especialistas coinciden en que la solución estructural requiere mecanismos que faciliten el acceso al financiamiento para las empresas, incentivos para la renovación de flotas y reglas previsibles que permitan planificar inversiones de largo plazo.

El desafío no se limita a mantener colectivos en funcionamiento, sino a construir un sistema de transporte más seguro, eficiente y competitivo. En ese escenario, la extensión de la vida útil de los vehículos aparece como una medida transitoria que evita un problema inmediato, pero que deja planteada la necesidad de una política integral para modernizar el parque automotor argentino.