Una denuncia penal presentada contra el diputado provincial y exgobernador Carlos Eduardo Rovira abrió un nuevo capítulo judicial en torno a su patrimonio y a la evolución de sus bienes durante las más de tres décadas en las que ocupó distintos cargos dentro del Estado misionero.

La presentación fue realizada por el ex diputado radical Gustavo González, quien se identifica en el escrito como ciudadano de la provincia de Misiones. La denuncia atribuye a Rovira la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público, contemplado en el artículo 268 inciso 2° del Código Penal, y plantea además la posible existencia de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, omisión maliciosa de declaraciones juradas e infracciones vinculadas al dominio público e hidráulico.

La presentación constituye una denuncia y no implica que los hechos allí expuestos hayan sido acreditados judicialmente. Buena parte de las afirmaciones formuladas deberán ser verificadas mediante las medidas de prueba que el propio denunciante solicita.

El argumento central de la presentación apunta a establecer si existe correspondencia entre los ingresos obtenidos por Rovira durante su trayectoria en la función pública y el patrimonio que el denunciante le atribuye directa o indirectamente.

El escrito repasa su paso por la Dirección Provincial de Vialidad, la intendencia de Posadas, la Gobernación -entre 1999 y 2007- y posteriormente por la Cámara de Representantes, donde se desempeñó como diputado y presidente del cuerpo. Sobre esa trayectoria, el denunciante sostiene que debería reconstruirse la evolución patrimonial del dirigente y de su núcleo familiar.

Uno de los puntos centrales de la denuncia es una propiedad ubicada sobre la costa del río Paraná, en Posadas. El escrito estima que el predio tiene aproximadamente 14.000 metros cuadrados y sostiene que su titularidad se encontraría registrada a nombre de la esposa de Rovira. La denuncia plantea que la Justicia debería determinar la situación dominial del inmueble y establecer si existe alguna irregularidad vinculada con su propiedad.

También solicita investigar intervenciones realizadas sobre la costa, entre ellas un paredón perimetral, una calle pública que -según la presentación- habría quedado incorporada al predio, un muelle y una toma de agua vinculada con una laguna artificial. Todos esos elementos aparecen formulados como hechos a constatar mediante información catastral, municipal y una inspección de Prefectura Naval Argentina. Sin embargo, ya habían sido parte de una denuncia similar que no prosperó en la Justicia. 

Otros inmuebles y el entorno familiar

La denuncia pide extender la investigación hacia otros activos que atribuye al entorno del legislador. Entre ellos menciona un establecimiento ubicado sobre la Ruta Nacional 105, en la zona de Garupá/Fachinal, y lotes y campos en diferentes puntos del interior provincial.

En estos casos, el propio escrito habla de bienes cuya vinculación con Rovira debería determinarse mediante la investigación y solicita identificar eventuales propiedades registradas a nombre de familiares, allegados o sociedades.

Otro capítulo se concentra en el núcleo familiar y solicita reconstruir movimientos económicos, bienes y gastos en el exterior. La presentación menciona particularmente a hijos del dirigente residentes fuera del país y pide analizar si existe correspondencia entre esos movimientos y los ingresos declarados.

Asimismo, reclama investigar eventuales relaciones entre integrantes del entorno familiar y empresas contratistas del Estado provincial. Entre las firmas mencionadas por el denunciante aparecen Constructora Spotorno y Agro Sustentable SA, aunque el escrito no acredita por sí mismo la existencia de una conducta delictiva y solicita precisamente que esas relaciones sean materia de investigación.

Qué medidas pide la denuncia

La presentación dedica una parte relevante a las medidas que pretende que adopte la Justicia.

González solicita la prohibición de salida del país de Rovira, la retención de su documentación de viaje y una inhibición general de bienes. Fundamenta ese planteo en lo que considera riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación, argumento que deberá ser evaluado por la autoridad judicial competente.

También plantea la cuestión de los fueros parlamentarios. Como Rovira ocupa una banca en la Legislatura provincial, el denunciante sostiene que las inmunidades no impedirían avanzar inicialmente con medidas de prueba patrimoniales, fiscales, bancarias y registrales. A la vez, solicita que, si la investigación alcanza una instancia procesal que lo requiera, se tramite ante la Cámara de Representantes su desafuero.

Para avanzar sobre el punto central de la denuncia, González propone una batería de medidas destinadas a reconstruir la trazabilidad patrimonial.

Pide al Registro General de la Propiedad Inmueble de Misiones un informe histórico sobre el inmueble costero de Posadas y un listado de propiedades urbanas y rurales registradas a nombre de Rovira, su esposa y sus hijos. También solicita informes al Catastro provincial y a la Municipalidad de Posadas para verificar la situación de las calles públicas y del camino de sirga mencionados en la presentación.

En materia fiscal, reclama que ARCA remita las declaraciones juradas de Bienes Personales y Ganancias de Rovira y Spotorno correspondientes a los últimos quince períodos fiscales.

Además, solicita requerir información al Banco Central sobre cuentas, plazos fijos, cajas de seguridad y transferencias al exterior del grupo familiar, así como pedir a Migraciones los registros de entradas y salidas del país durante los últimos diez años.

El planteo busca que la investigación cruce tres variables: ingresos declarados, evolución patrimonial y titularidad efectiva de los activos.

El documento incorpora como antecedentes publicaciones periodísticas nacionales y solicita que sean acompañadas por información registral, tributaria, financiera y administrativa. Es decir, la denuncia utiliza esas publicaciones como punto de partida, pero reclama medidas oficiales para determinar si las afirmaciones pueden ser corroboradas.