El presupuesto de la Justicia no puede leerse únicamente como una cuenta de salarios, edificios y expedientes. Detrás de cada partida existe una definición sobre la capacidad del Estado para resolver conflictos, investigar delitos, proteger a las víctimas y garantizar una defensa a quienes no pueden pagarla.

Ese fue el eje político e institucional de la presentación del Presupuesto 2027 del Poder Judicial de Misiones ante la Comisión de Presupuesto, Impuestos, Hacienda y Asuntos Económicos de la Cámara de Representantes. Con los 217.601.858.000 pesos. proyectados, atender mayor demanda con casi la misma cantidad de personal.

La propuesta combina tres movimientos de fondo: la consolidación de la autonomía presupuestaria del Ministerio Público, la modernización tecnológica de la Justicia y la búsqueda de una mayor cobertura territorial sin expandir automáticamente la estructura de gastos.

En ese equilibrio aparece el principal desafío del Poder Judicial: responder a una demanda creciente y cada vez más compleja, pero dentro de un esquema provincial que obliga a administrar con mayor austeridad los recursos disponibles.

La exposición estuvo encabezada por la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, acompañada por el procurador general, Carlos Jorge Giménez; el administrador general, Néstor Oscar Moróz; la directora de Administración, Liria Beatriz Schunke, y el director de Administración del Ministerio Público, Marcelo Agustín Acuña Quelas.

Moróz explicó que el proyecto contempla un aumento del 35% respecto del presupuesto ejecutado durante 2025. El dato expresa una expansión nominal, pero debe interpretarse con cautela: la comparación no se realiza contra el crédito presupuestario de 2026, sino contra lo efectivamente gastado dos años antes del ejercicio proyectado.

Por lo tanto, el porcentaje no permite por sí solo determinar si la Justicia ganará capacidad real de financiamiento. Para eso sería necesario contrastar la propuesta con la ejecución estimada de 2026 y con la inflación acumulada durante todo el período.

Más que una ampliación extraordinaria del gasto, se trata de una reorganización de prioridades. El presupuesto busca sostener obras, actualizar equipamiento, reforzar la capacidad investigativa y extender servicios sin abandonar la política de reducción de alquileres, papel e insumos.

La concentración de oficinas judiciales en edificios comunes forma parte de esa estrategia. El objetivo es reducir costos logísticos, aprovechar inmuebles propios del Poder Judicial o de la Provincia y avanzar en convenios con los municipios para instalar dependencias y centros de atención comunitaria.

La transformación institucional más relevante comenzó el 1º de enero de 2026, cuando se hizo efectiva la autarquía financiera del Ministerio Público.

El organismo ya contaba con autonomía funcional reconocida por la Constitución provincial, pero la nueva configuración le permite elaborar y presentar su propia previsión presupuestaria. El Presupuesto 2027 será, en consecuencia, el primero diseñado bajo esta arquitectura.

No se trata solamente de una separación administrativa. La autarquía obliga al Ministerio Público a identificar sus gastos, planificar sus necesidades y exponer con mayor precisión qué recursos demanda la investigación penal, la defensa pública y la atención de personas vulnerables.

Actualmente, el organismo reúne 46 fiscalías, 53 defensorías oficiales, 14 reparticiones especializadas y más de 800 agentes distribuidos en la provincia.

Las fiscalías investigan y persiguen los delitos de acción pública, mientras que las defensorías garantizan el debido proceso y el acceso a la Justicia de personas con recursos limitados, niños, adolescentes y otros sectores en situación de vulnerabilidad.

La autonomía presupuestaria permite visualizar una estructura que antes permanecía integrada dentro de la cuenta general del Poder Judicial. También abre una exigencia adicional: demostrar con datos el volumen de trabajo y los resultados obtenidos.

Unas 170.000 intervenciones por año

La presentación del Ministerio Público dimensiona por primera vez buena parte de esa carga operativa. El organismo informó 42.959 casos trimestrales y proyectó aproximadamente 171.836 intervenciones anuales.

Las defensorías no penales concentran el mayor volumen, con 19.056 actuaciones en el trimestre y una proyección de 76.224 al año. Le siguen las fiscalías penales, con 10.885 casos trimestrales y 43.540 anuales.

Las fiscalías no penales registran 7.548 intervenciones por trimestre, equivalentes a 30.192 en un año, mientras que las defensorías penales contabilizan 4.168 casos trimestrales y una estimación de 16.672 anuales.

El área de Acceso a la Justicia sumó alrededor de 2.200 atenciones durante el trimestre y proyectó unas 8.700 en el año. Esas intervenciones corresponden principalmente a orientación y asistencia a víctimas y familias.

Por separado, la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas -SAIC- interviene en aproximadamente 300 casos trimestrales y 1.600 anuales. La propia exposición advierte que se trata de investigaciones de mayor complejidad y que, por lo tanto, no resultan comparables de manera lineal con el resto de las actuaciones.

La demanda civil y familiar pesa más que la penal

Los números ofrecen una conclusión significativa: la mayor carga cuantitativa no se encuentra en el fuero penal, sino en las defensorías no penales.

Esto revela que buena parte de la demanda cotidiana está vinculada con conflictos civiles, comerciales, laborales y familiares. Son situaciones menos visibles que una investigación criminal, pero con una incidencia directa en la vida de miles de personas.

Sobre esa realidad se apoya una de las decisiones anunciadas por Venchiarutti: ampliar la competencia de tres defensorías laborales para que también puedan intervenir en asuntos civiles, comerciales y familiares.

La modificación no requeriría nuevos edificios ni más personal. La intención es redistribuir capacidades dentro de la estructura existente.

“Con la misma cobertura edilicia, con el mismo personal, estamos gestionando y dando una respuesta mucho más eficiente”, sostuvo la presidenta del Superior Tribunal.

La medida condensa el criterio general del proyecto: ampliar prestaciones sin reproducir automáticamente dependencias, cargos y costos.

Fiscalías y defensorías para ampliar el mapa judicial

La austeridad tiene un límite territorial. Misiones posee una geografía extensa, dispersa y atravesada por fuertes diferencias en población, conectividad y distancia respecto de las cabeceras judiciales.

Por eso, el Ministerio Público proyecta nuevas dependencias y cargos en las zonas donde la cobertura actual resulta insuficiente.

El Presupuesto 2027 contempla dos nuevas defensorías oficiales: una en Itaembé Guazú y otra en San Vicente. Esta última deberá atender una necesidad particularmente sensible, ya que la quinta circunscripción cuenta actualmente con una sola defensoría para toda la región del Alto Uruguay.

También se prevé incorporar un fiscal penal en la cuarta circunscripción, otro en la quinta y un fiscal de Menores. La creación de esos cargos está relacionada con la proyectada implementación de un nuevo Código Procesal Penal de carácter acusatorio.

La reforma implicará una transformación profunda del funcionamiento judicial. En el sistema acusatorio, los fiscales asumen la conducción central de las investigaciones, lo que demanda mayor capacidad operativa, personal especializado y recursos tecnológicos.

No alcanza, por lo tanto, con modificar las reglas procesales. La reforma requiere financiar la estructura encargada de aplicarlas.

La tecnología dejó de ser un complemento administrativo para convertirse en una infraestructura básica de la investigación criminal.

Durante 2026, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales recibió más de 450 requerimientos, un 40% más que en 2025 y un 50% por encima de 2024. La capacidad de almacenamiento de evidencia digital alcanzó los 480 terabytes.

Ese crecimiento muestra el peso adquirido por teléfonos celulares, computadoras, plataformas digitales, registros audiovisuales y comunicaciones electrónicas dentro de las causas judiciales.

El presupuesto prevé renovar licencias de herramientas especializadas como UFED Premium, XRY y Detego, utilizadas para la extracción y análisis forense de dispositivos móviles y equipos informáticos. También se proyecta actualizar computadoras y estaciones del Laboratorio de Telefonía e Informática Forense.

Otro de los objetivos es consolidar un laboratorio forense móvil con autonomía energética, conexión satelital y herramientas de geolocalización telefónica. La unidad permitiría realizar procedimientos en distintos puntos de Misiones sin depender de la infraestructura disponible en cada localidad.

La inversión incluye redes, computadoras, notebooks para procedimientos y cámaras destinadas a videograbar audiencias en la Fiscalía de Ciberdelitos y las 26 fiscalías penales.

Ciberdelitos: una fiscalía que trabaja las 24 horas

La Fiscalía de Instrucción Especializada en Ciberdelitos tiene asiento en Posadas, pero competencia en toda la provincia y disponibilidad durante las 24 horas, los 365 días del año.

Durante 2026 atendió más de 20 procedimientos vinculados con el sistema MASI y más de 200 reportes del National Center for Missing & Exploited Children -NCMEC- relacionados con posibles casos de explotación sexual infantil en línea.

La fiscalía también interviene en fraudes informáticos, violencia digital e investigaciones que requieren cooperación con otras jurisdicciones. Además, articula con la red creada por el Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia.

La evolución de esta área explica por qué el desarrollo tecnológico ocupa un lugar central en el presupuesto. La evidencia digital crece en volumen, pero también en complejidad y velocidad. Cada licencia vencida, equipo obsoleto o demora en el almacenamiento puede traducirse en una investigación incompleta.

Entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, el Poder Judicial avanzó en la actualización de sus principales plataformas informáticas.

El sistema LEU fue migrado para el Ministerio Público y se desarrollaron nuevas funciones para su utilización dentro del Poder Judicial. También se implementó el Sistema Integrado de Administración para el organismo ahora autárquico.

En el sistema jurisdiccional SIGED se incorporaron, entre otras herramientas, el volante electrónico de pago para recursos extraordinarios, la vinculación digital de abogados, la creación de incidentes de excarcelación y eximición de prisión, el registro de personas privadas de la libertad y las cédulas electrónicas.

También comenzó un proyecto de inteligencia de negocios, se rediseñó el registro de juicios y se avanzó en la portabilidad y verificabilidad de documentos digitales.

El proceso tiene una doble dimensión. Por un lado, busca acelerar trámites y mejorar la trazabilidad de las causas. Por otro, permite reducir papel, traslados, espacios físicos y tareas administrativas repetitivas.

La digitalización aparece así no solo como una política de modernización, sino también como un instrumento de ahorro.

Obras, guardería y acceso territorial

El programa de infraestructura incluye la concentración de dependencias, la refacción de oficinas y la continuidad de obras en distintos puntos de la provincia.

Entre los trabajos destacados se encuentran los juzgados de Paz de Cerro Corá y Santa Rita, además de la primera guardería infantil del Poder Judicial en el edificio de Tribunales, una iniciativa en la que la presidenta del cuerpo viene trabajando desde hace tiempo. 

Según Venchiarutti, la guardería presenta un avance cercano al 40%. La obra busca responder a una demanda histórica del personal y sumar infraestructura de cuidado dentro de una organización donde una proporción considerable de los puestos está ocupada por mujeres.

A esto se agregan espacios de mediación comunitaria y oficinas destinadas a acercar la Justicia a localidades alejadas de las principales cabeceras.

“Monetizar la actividad judicial es quitarle humanidad, no se litiga igual en todo el territorio”, afirmó la presidenta del STJ.

La frase expone uno de los dilemas centrales del presupuesto. Una dependencia pequeña puede parecer costosa si se la mide únicamente por cantidad de expedientes, pero puede ser decisiva para una comunidad ubicada a decenas de kilómetros del juzgado más cercano.