Causa ANDIS: Gendarmería detectó indicios de edición en los audios de Spagnuolo y la Fiscalía cuestionó la pericia
El análisis de los registros sonoros incorporados a la investigación por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad abrió una controversia técnica entre Gendarmería Nacional y los especialistas del Ministerio Público Fiscal. Mientras el informe oficial advirtió discontinuidades, posibles cortes y limitaciones para identificar las voces, la DATIP cuestionó la metodología y sostuvo que existían archivos aptos para realizar comparaciones forenses.
La investigación judicial por presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo a partir de las diferencias entre los peritos de Gendarmería Nacional y los especialistas de la Fiscalía sobre la autenticidad, integridad y capacidad identificatoria de los audios atribuidos al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo.
El informe de la División Acústica Forense de Gendarmería, fechado el 11 de noviembre de 2026 e incorporado a la causa CFP 3402/2025, identificó características técnicas compatibles con posibles procesos de edición o regrabación en parte del material analizado. Sin embargo, no pudo establecer de manera concluyente si las voces correspondían a Spagnuolo ni determinar si los registros eran de origen humano natural o habían sido generados mediante herramientas digitales.
La controversia se profundizó cuando la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), dependiente del Ministerio Público Fiscal, cuestionó los procedimientos aplicados y sostuvo que existían condiciones técnicas para avanzar con otros métodos de comparación de voces.
El desacuerdo introduce un elemento relevante para el expediente: la discusión ya no se limita al contenido de las grabaciones, sino que alcanza los procedimientos científicos utilizados para determinar su autenticidad y su eventual valor probatorio.
Qué encontró el informe de Gendarmería
La Pericia N.º 149.586 examinó distintos archivos de audio incorporados a la investigación, entre ellos registros identificados con referencias a Karina Milei, Martín Menem y Federico Sturzenegger, además de otros materiales vinculados con presuntas conversaciones sobre la gestión de la ANDIS.
Según el documento, de los archivos examinados, 14 resultaron aptos para determinados análisis técnicos, mientras que otros 43 no reunieron las condiciones necesarias para una comparación forense de voces.
Entre las características detectadas, los especialistas mencionaron discontinuidades abruptas, posibles puntos de corte, coincidencias de segmentos sonoros entre distintos archivos y variaciones acústicas compatibles con procesos de regrabación.
El informe también señaló que no fue posible determinar con precisión qué metodología de edición podría haberse utilizado ni establecer de manera fehaciente la continuidad e integridad de algunos registros.
Una de las principales limitaciones estuvo relacionada con la imposibilidad de realizar una comparación concluyente entre las voces de los audios y muestras de referencia atribuidas a Spagnuolo. Los peritos consideraron que las condiciones técnicas del material y las herramientas disponibles no permitían garantizar un resultado identificatorio bajo los estándares metodológicos requeridos.
En consecuencia, el estudio no confirmó que los audios fueran falsos, pero tampoco pudo acreditar que correspondieran efectivamente al exfuncionario. Tampoco estableció de manera definitiva la utilización de inteligencia artificial para generar voces sintéticas.
La DATIP cuestionó la metodología y reclamó ampliar los análisis
Las conclusiones de Gendarmería fueron objetadas por los especialistas que participaron en representación del Ministerio Público Fiscal. La DATIP manifestó diferencias respecto de los procedimientos aplicados y de las limitaciones que los peritos oficiales consideraron determinantes para descartar una comparación de voces.
Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con la cantidad de archivos que podían ser sometidos a análisis. Mientras Gendarmería consideró que 14 registros reunían condiciones para determinados estudios, los especialistas de la Fiscalía sostuvieron que al menos 15 archivos tenían calidad suficiente para avanzar con una comparación forense de voces.
También señalaron que el protocolo contempla tres tipos de análisis y establece la aplicación de al menos dos de ellos. Según su interpretación, las limitaciones del programa utilizado para el análisis automático no impedían recurrir a otros procedimientos técnicos disponibles.
Los peritos de parte cuestionaron además que sus discrepancias no fueran incorporadas directamente en las conclusiones del informe principal y debieran presentarse en un anexo separado. A su entender, esa modalidad limitó la exposición conjunta de las diferencias metodológicas surgidas durante el trabajo pericial.
Otro punto de discusión fue la posibilidad de que los registros hubieran sido generados o modificados mediante inteligencia artificial. Los especialistas de la Fiscalía consideraron que algunos rasgos identificados en los audios eran compatibles con patrones del habla humana espontánea y cuestionaron que las limitaciones de las herramientas utilizadas por Gendarmería pudieran interpretarse como una imposibilidad técnica general para detectar voces sintéticas.
La DATIP también planteó diferencias sobre la cadena de custodia. Sus especialistas consideraron que no corresponde exigir a un dispositivo entregado voluntariamente los mismos requisitos de trazabilidad que a un elemento secuestrado durante un procedimiento judicial, y sostuvieron que no existían elementos suficientes para cuestionar la integridad del material por esa sola circunstancia.
La controversia técnica y el valor de la prueba judicial
Las diferencias entre los especialistas ponen de manifiesto una cuestión central para la investigación: la necesidad de distinguir entre la detección de anomalías acústicas, la autenticidad de un registro y la identificación de las personas que aparecen en una grabación.
Son dimensiones relacionadas, pero no equivalentes. La existencia de cortes o discontinuidades puede justificar nuevas evaluaciones sobre la integridad de un archivo, aunque no demuestra por sí misma que todo su contenido sea falso. Del mismo modo, la imposibilidad de identificar una voz mediante una determinada herramienta no implica necesariamente que el cotejo sea inviable mediante otros procedimientos científicos.
En una investigación penal, estas distinciones resultan relevantes porque el valor probatorio de una grabación depende de su origen, integridad, trazabilidad y posibilidad de corroborar su contenido mediante otras evidencias.
La controversia también pone en discusión la capacidad de los organismos técnicos para responder a los desafíos que plantean los nuevos sistemas de edición digital y generación de voces mediante inteligencia artificial. La disponibilidad de herramientas especializadas, protocolos verificables y criterios metodológicos compartidos adquiere una importancia creciente para garantizar investigaciones confiables.
Por ahora, los resultados de Gendarmería y las objeciones de la DATIP expresan posiciones técnicas diferentes que deberán ser consideradas dentro del proceso judicial. Ninguno de los informes, por sí solo, resuelve la autenticidad definitiva de las grabaciones ni determina la responsabilidad penal de las personas mencionadas en ellas.
El desarrollo de la causa ANDIS dependerá, en ese sentido, de la evaluación integral de las pruebas y de la capacidad del sistema judicial para resolver las diferencias periciales con criterios científicos, transparencia metodológica y garantías para todas las partes involucradas.
