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Caso ueno bank: renunció el Fiscal General del Paraguay

La convergencia entre la resolución financiera de Ueno Bank, la destitución presidencial de Santiago Peña y la reciente renuncia del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, somete a la arquitectura institucional del Paraguay a una prueba de estrés sin precedentes. Ante el avance de un juicio político en el Congreso, Rolón presentó su dimisión al presidente Pedro Alliana y firmó la Resolución N° 4665 para designar como encargada de despacho a la fiscala adjunta Alba Rocío Cantero, funcionaria con 25 años de trayectoria en el Ministerio Público. Este traspaso ocurre en simultáneo con la publicación de un extenso descargo institucional de siete páginas emitido por la Fiscalía General, en el cual el organismo defiende la cronología de sus intervenciones y subraya la necesidad de blindar las pesquisas frente a coyunturas políticas.

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Sin embargo, la transición interna en la cabeza del Ministerio Público ha abierto un debate jurídico sobre la legitimidad del mecanismo sucesorio empleado. Mientras la conducción saliente ampara la designación en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, juristas como la exministra de Justicia Cecilia Pérez advierten que la figura del encargado de despacho rige únicamente para ausencias temporales y no para una vacancia definitiva, escenario en el cual la normativa prevé la asunción automática del fiscal adjunto del fuero penal con mayor antigüedad. Asimismo, existe preocupación por un eventual vacío de autoridad si el Poder Ejecutivo acepta la dimisión antes de la entrada en vigencia formal del interinato, un riesgo crítico considerando que el proceso requiere ahora la convocatoria a concurso público por parte del Consejo de la Magistratura, la selección presidencial de una terna y el posterior acuerdo constitucional del Senado.

El trasfondo de esta turbulencia política radica en el colapso de Ueno Bank, intervenido por el Banco Central del Paraguay (BCP) luego de que ajustes contables revelaran que su índice de solvencia cayó por debajo de la mitad del mínimo legal exigido. La crisis financiera escaló a conflicto diplomático y patrimonial tras conocerse que la margen paraguaya de Itaipú Binacional mantenía colocaciones por 163,8 millones de dólares y 115.200 millones de guaraníes al 3 de noviembre de 2026, operando presuntamente en infracción al apartado 5.3.2 de la Instrucción de Procedimiento IP 02, que exige cinco años de experiencia bancaria local a las entidades receptoras, requisito que el banco —licenciado en diciembre de 2023— incumplía. El pronunciamiento crítico de la margen brasileña de Itaipú encendió alertas sobre el debilitamiento de la posición negociadora de Paraguay de cara a la revisión del Anexo C del Tratado.

Frente a los cuestionamientos por supuesta inacción, el informe oficial del Ministerio Público detalla una estructura investigativa dividida en causas especializadas que ya involucran a 34 personas imputadas, incluyendo al exmandatario Santiago Peña —detenido el 6 de noviembre tras su juicio político—, al expresidente del BCP Carlos Carvallo, a miembros del directorio bancario y al superintendente de Bancos. Según la documentación fiscal, tras recibir la denuncia el 3 de noviembre, se ejecutaron 35 allanamientos que permitieron incautar 27 vehículos de alta gama, tres avionetas y dos embarcaciones valuadas preliminarmente en 619 millones de dólares, además de activar la Notificación Plateada de INTERPOL y mecanismos de cooperación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, GAFILAT, Argentina, Brasil y Luxemburgo para rastrear activos transfronterizos.

No obstante, los operativos en el terreno continúan exponiendo aristas complejas en el entramado empresarial vinculado al Grupo Vázquez, principal accionista de la entidad fallida. Durante un allanamiento en Asunción a la firma de seguridad GSR Security —donde se hallaron bolsas con aproximadamente 18.000 millones de guaraníes en efectivo—, testimonios de trabajadores denunciaron el presunto retiro nocturno de vehículos blindados, helicópteros, armamento y divisas en la víspera del juicio político, además de señalar desvinculaciones laborales sin indemnización, tres meses de salarios impagos y retenciones previsionales del Instituto de Previsión Social (IPS) que no habrían sido depositadas. Estos hallazgos refuerzan la urgencia de articular auditorías laborales y patrimoniales que protejan tanto a los empleados afectados como a los ahorristas y fondos públicos comprometidos.

Emiliano Rolón y Alba Cantero

Desde una perspectiva de periodismo de soluciones e ingeniería institucional, la estabilización del sistema financiero y judicial paraguayo exige desacoplar la continuidad operativa de las investigaciones de los tiempos políticos del recambio de autoridades. En primer lugar, la fiscala interina Alba Cantero afronta el desafío inmediato de garantizar la normalidad administrativa y salarial de la institución mientras respalda la hoja de ruta de los equipos especializados liderados por la adjunta Nancy Salomón, evitando cualquier nulidad procesal derivada de la controversia sobre su nombramiento. A nivel sistémico, el propio descargo del Ministerio Público señala un camino de fortalecimiento estructural: la recuperación de infraestructura en el barrio Sajonia y la creación de un segundo Laboratorio Forense en Encarnación, iniciativas destinadas a dotar a los investigadores de capacidad técnica autónoma para auditar circuitos financieros complejos sin depender exclusivamente de reportes externos.

Para restaurar la confianza de los mercados y la previsibilidad jurídica en la región, la salida de esta crisis demanda tres reformas convergentes: el estricto cumplimiento de los plazos constitucionales por parte del Consejo de la Magistratura y el Senado para designar un titular definitivo con legitimidad plena; la implementación de controles cruzados y transparentes en la colocación de liquidez de entes binacionales y previsionales; y una coordinación efectiva entre el BCP, la Contraloría General de la República y la cooperación internacional para maximizar el recupero de los activos inmovilizados. Solo mediante reglas de gobernanza verificables y blindaje técnico de los órganos de control podrá Paraguay transformar este episodio de fragilidad institucional en un estándar superior de supervisión financiera y rendición de cuentas.

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