Por decreto, el Ejecutivo eliminó la Ley 26.060 y su decreto reglamentario, en línea con la Ley Bases. El plan de fomento algodonero quedará sin financiamiento estatal, aunque seguirán vigentes los convenios firmados con provincias.

En una nueva medida de ajuste estructural, el Gobierno nacional oficializó la derogación de la Ley 26.060, que había creado el Plan de Desarrollo Sustentable y Fomento de la Producción Algodonera, junto con su decreto reglamentario (N° 527/2007). La decisión, plasmada en el Decreto 429/2025 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se enmarca en las atribuciones conferidas por la Ley de Bases N° 27.742, que habilita al Poder Ejecutivo a eliminar normas consideradas obsoletas o de ejecución inviable.

Fin del fondo compensador y sin renovaciones presupuestarias

El principal argumento del decreto se basa en el vencimiento del Fondo de Compensación de Ingresos para la Producción Algodonera (FCIPA), que operaba desde 2005 con un horizonte inicial de 10 años, prorrogado hasta 2024. Según el Ejecutivo, los recursos asignados ya fueron ejecutados en la campaña 2023-2024 y no está prevista su reposición.

El fondo tenía por objetivo amortiguar las oscilaciones de precios internacionales y brindar previsibilidad a los productores de algodón, en especial de las regiones del norte argentino.

La decisión también se apoya en un contexto adverso para la cobertura de riesgos en el sector algodonero. Tal como plantea el decreto, las aseguradoras se han negado a ofrecer pólizas para cultivos con alta exposición climática y biológica, lo que imposibilitó la implementación del componente de seguros previsto en la norma.

Por eso, el Ejecutivo argumenta que las atribuciones que le otorgaba la Ley 26.060 han perdido razón de ser: sin seguros ni financiamiento, el plan queda sin herramientas operativas.

Pese a la derogación, el decreto aclara que los convenios celebrados entre el Estado nacional y las provincias seguirán vigentes, conforme a sus propias cláusulas. Esos acuerdos incluían apoyo técnico, logístico y acciones de fomento en zonas con especialización algodonera como Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Santa Fe y Misiones.

La medida se inscribe dentro del paquete de reformas impulsado bajo la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, sancionada en junio, que declaró la emergencia administrativa, económica, financiera y energética, y habilitó al Presidente a eliminar estructuras o políticas públicas sin ejecución efectiva ni continuidad presupuestaria.

La decisión también se alinea con el objetivo oficial de achicar el gasto público, desregular sectores y reducir la intervención estatal directa en cadenas productivas.

Con este decreto, el Gobierno marca el cierre formal de un régimen que durante casi dos décadas buscó dar sustento a una economía regional estratégica, con foco en pequeños productores del norte argentino. Ahora, el desarrollo del sector dependerá de nuevas políticas provinciales, acuerdos públicos-privados o futuras estrategias de fomento aún no definidas.