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Las lágrimas del diputado Jorge Ratier sorprendieron a todos en la primera sesión de la Cámara de Diputados de Misiones. Se debatía, aunque con un llamativo consenso, el repudio al fallo de la Corte que benefició con el 2×1 a un represor condenado por delitos de Lesa Humanidad. Ratier recordaba a su tío, Hugo Norberto Ratier Noguera, un militante del ERP que se exilió en Chile, donde finalmente fue asesinado a quemarropa en 1983 por la dictadura de Augusto Pinochet.

Ratier Noguera llegó a Chile en 1970. Hijo de una familia peronista de Misiones y sobrino del contralmirante Enrique Noguera Isler, edecán del ex presidente Juan Domingo Perón, Ratier era de izquierda y cruzando la cordillera se unió al MIR. Fue un destacado dirigente de su comité central y luchó por la libertad de Chile.

“Estas cosas duelen, siento el dolor en los ojos de mi viejo cuando recordaba a su hermano. Entonces, repudio esto. Nos vuelve atrás, a discutir algo que habíamos pasado”, dijo Ratier, emocionado antes de sumarse al unánime repudio. Sin embargo, el diputado del PRO exculpó al gobierno nacional del contenido del fallo firmado por los dos ministros nombrados por el presidente Mauricio Macri y Elena Highton de Nolasco, quien permanece en la Corte pese a tener más de 75 años.

Esa mirada fue puesta en duda por algunos de sus colegas. “El momento político permitió este fallo. Esto se soluciona con más política, saliendo de la grieta en la que nos han puesto y de la antipolítica que imponen los medios nacionales”, sentenció el diputado de Vanguardia Radical, Hugo Escalada, uno de los integrantes del interbloque Avancemos.

El fallo de la Corte se conoció apenas horas después de que la cúpula de la Iglesia argentina llamara a una nueva “reconciliación” entre víctimas y represores, que fue rechazada por todos los organismos de derechos humanos. El punto en común es el tiempo político. La decisión cortesana y la convocatoria eclesiástica hubiesen sido inconcebibles hace un par de años. Ahora tienen sabor a revancha y calzan a la perfección en la estrategia que mejor le sienta al Gobierno: profundizar la grieta, ensancharla. Desafiar al otro para fortalecer la propia identidad. Una estrategia que necesita imperiosamente que el otro acepte el rol que le toca. La ex presidenta Cristina Fernández parece no querer sumarse y dio señales de que no será candidata, aunque trabaja en la unidad del peronismo bonaerense, clave para poder recuperar terreno.  

Polarizar la elección con el pasado permite disimular las falencias propias que, en comparación, empequeñecen aquello que se cuestiona. La economía no levanta cabeza en año y medio de gestión, la inflación sigue por encima del poder adquisitivo, el déficit fiscal se agranda a pasos agigantados y será el tercero más alto de la historia, “apenas” por detrás del Rodrigazo y del “pico” de Raúl Alfonsín. Los brotes verdes no alcanzan para compensar el empleo perdido ni las caídas de las ventas en niveles preocupantes. Las cantidades vendidas por los comercios minoristas cayeron 3,8% en abril frente a igual mes del 2016. Con ese resultado, las ventas acumulan una baja promedio anual de 3,7% en los primeros cuatro meses del año. Las asimetrías generadas por el dólar planchado y los tarifazos impactaron peor en las provincias fronterizas: en Misiones las cantidades vendidas cayeron 8,3 por ciento anual, dinero que se fuga diariamente a Paraguay.

La crisis se siente en las ollas. Durante 2016 los argentinos consumieron cuatro litros de leche menos que en 2015, el nivel más bajo desde la crisis de 2001. La ingesta por persona se redujo así a 40,1 litros anuales, menos de media taza por día.

Por eso, al Gobierno le conviene repetir el escenario de confrontación.  Ellos o nosotros. Suponiendo, ingenuamente –suena inconcebible que no supiera el contenido de semejante fallo- que no comparta la decisión de la Corte, le viene bien, porque exacerba las diferencias entre un modelo u otro. La apuesta, claro, es a retener a aquellos que optaron por terminar con aquel.

De cualquiera manera, ante la desazón que se extendió por todo el país, las principales figuras del Gobierno salieron a despegarse de la decisión de la Corte. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró que “el 2×1 es símbolo de impunidad” y más aún que se aplique a los crímenes de Lesa Humanidad. Pero, por las dudas, aludió a la “independencia de poderes” para rechazar que se relacione al fallo con una postura oficial del Gobierno.

El fallo cortesano se ajusta a derecho, dicen los defensores de la justicia “ciega”. Pero la ley que otorga el 2×1 fue derogada por el evidente fracaso en apurar los procesos penales y descomprimir la congestión en las cárceles. El sistema está lleno de presos con prisión preventiva y procesos demorados por los que nadie se interesa demasiado.

La Corte, en cambio, elige, al azar, de una pila de causas dormidas, preocuparse por un represor y beneficiarlo con un derecho que, paradoja, fue pisoteado durante los años de la dictadura cívico militar. Es, quizás el golpe más duro a la memoria después de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

Se viene una nueva discusión en la justicia: diferenciar lo legal de lo legítimo, el derecho de la justicia”, precisó un magistrado misionero. El juez puso énfasis en la distancia que hay entre lo que piensa la justicia, la legalidad y la legitimidad. “Cuando la sociedad se va expresando, crea normas de conducta y lo legítimo, pasa a superar la normativa sustantiva”, analizó. Es decir, la sociedad –o gran parte de ella-, para cerrar una herida abierta, entendió que los genocidas deben estar tras las rejas.

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Técnicamente correcto, el fallo abre una enorme grieta en la justicia y ahonda la que sigue abierta en la sociedad.

El prestigioso abogado penalista Miguel Iglesias abunda en argumentos. “En una sociedad enervada por la situación económica, sumada a las gravísimas situaciones de violencia social (robos, ultrajes, delitos de género, etc.), la Corte Federal Argentina, emite un fallo con carácter definitivo, en donde admite el derecho de un ex militar condenado por delitos de Lesa Humanidad, a computar la pena asignada conforme a los parámetro fijados por el art. 7° de la ley 24.390, que en su época reformó el art. 24 del Código Penal y reguló de modo más favorable al imputado el cómputo de la prisión preventiva, conocida como la ley del 2×1. Esta ley fue derogada en 2001 y no se encontraba vigente al momento que ocurrieron los delitos cometidos por los militares ni al momento de dictar en sentencia en el caso”, explica.

“La famosa ley del 2×1 solamente estuvo vigente cuatro años. Para su aplicación al caso en concreto, se recurrió al principio de ultractividad de la ley penal más benigna para computar el plazo de la prisión preventiva, tiempo que se descuenta de la pena temporal que es asignada en definitiva. Este principio – ley penal más benigna- es aplicable a todos los delitos, se encuentra legislado en el Código Penal, como así también en la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos documentos detentan jerarquía Constitucional pues integran la letra de nuestra Carta Fundamental.  La garantía de igualdad ante la ley, tutela a todos los ciudadanos, sin ningún tipo de distinción, lo que obliga a los jueces a reconocer el derecho de toda persona a ser tratado de igual manera y dar la máxima protección de sus derechos en una contienda jurídica, cualquiera sea su naturaleza”, emumera Iglesias.

“Básicamente estamos ante un fallo técnico, con amplia base constitucional de principios inescindibles, teniendo como contrapeso, la posibilidad de que todas las personas condenadas por el mismo tipo de delitos, cometidos durante la última dictadura reclamen un nuevo computo de pena basados en el mismo principio y y la Igualdad ante la ley. Esta es la situación que irrita a las Ongs de derechos humanos, ya que advierten la posibilidad de los represores condenados puedan acortar sus condenas con la interpretación amplia de la ley dada por la Corte Suprema. Algunos autores Constitucionalistas, consideran que los delitos de lesa humanidad, al ser considerados imprescriptibles, deberían estar fuera del principio de la aplicación de la ley más benigna, opinión que chocaría con la letra de la norma penal en concreto (art. 3° del C.P.) y los tratados internacionales en materia de derechos humanos mencionados”, advierte Iglesias.

En la misma línea, el fiscal Marcelo Ozuna asegura que el fallo de la Corte “se ajusta estrictamente a la ley”.

“El problema es que la corte lo aplica en estos casos tan sensibles como los de Lesa Humanidad.  Pero no se inventa nada. El Derecho dice que al imputado se debe de aplicar la ley más benigna al momento de su proceso. En este caso… y para quienes están detenidos desde esa época, está es la ley más benigna. Pero la ley no hace distinciones entre casos de Lesa, violaciones u homicidios. La ley es la ley aunque puede ser injusta en la aplicación al caso concreto. Si los jueces no aplicaran esta ley estarían haciendo lo mismo que le criticamos a los militares: pasar por alto las normas vigentes. Estamos hablando en el fondo de garantías constitucionales”, señaló el funcionario judicial.

El argumento choca con el reclamo de sociedad de penas más duras para enfrentar los casos de inseguridad. Es decir, podrá haber presos por robo, con más años de prisión efectiva que un torturador, asesino o apropiador de bebés, que saldrá a la calle con tranquilidad. La Corte, que es conservadora en materia penal, hoy se reveló hipergarantista en un caso de lesa humanidad, definió el jurista Roberto Carlés, ex candidato a integrar esta Corte. Doble moral insoportable.

“Con este fallo del máximo tribunal estamos a un paso de cometer un nuevo error, estamos a un paso de condenar a las nuevas generaciones a perder su memoria”, define el politólogo Leonardo Amarilla.

El abogado penalista y profesor de Derecho, Gonzalo De Llano Macri es lapidario. “No podemos pensar que es una apreciación “técnica”, no después del genocidio sufrido en este país, no después de los esfuerzos ímprobos de los grupos de poder para escapar a la Justicia de un Estado de Derecho. El Derecho no es inocente, es político, porque es una manifestación del poder”.

El caso Muiña será el testigo. Pero muy pronto quizás se vea salir en libertad a Jorge “Tigre” Acosta, Alfredo Astiz, Jorge Rádice, Ricardo Cavallo, Adolfo Donda, represores emblemáticos de la ESMA condenados a prisión perpetua en 2011 por secuestros, torturas, violaciones, homicidios y las aberraciones sistemáticas cometidas en ese centro clandestino de detención, uno de los más grandes que funcionó en la última dictadura.

El obstetra de la ESMA Jorge Luis Magnacco, condenado por el robo de bebes; Alejandro Lazo, condenado por torturas, y el ex prefecto Juan Antonio Azic, apropiador de la actual diputada Victoria Donda, se sumaron al represor Víctor Gallo, el primero en solicitar el beneficio. El coronel retirado Héctor Salvador Giribone lo intentó pero recibió el rechazo del TOF 5.

Los matones en tiempos en los que las urnas estaban bien guardadas, serán actores centrales del tiempo electoral. Sirven a unos y causan zozobra en los otros, ahora a la defensiva por el cambio de los tiempos.

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Sin conocer la decisión de la Corte, que todavía no había trascendido, el gobernador Hugo Passalacqua utilizó una metáfora castrense para definir el posicionamiento político de la Renovación en Misiones en relación con el Gobierno nacional. “Somos consecuentes con la Nación. Pero no tenemos “obediencia debida”, somos respetuosos del concepto nacional que la gente voto a nivel país, pero no tenemos alineación directa. Colaboramos en lo que podemos pero no somos seguidistas. Somos opositores a la Nación pero con criterio de construcción colectiva. Simplemente somos nosotros, los misioneros y nuestras circunstancias. No somos prepotentes, pero tampoco somos parte de ningún esquema del país central. Vamos a seguir dando gobernabilidad a nuestro presidente de la Nación pero sin arriar jamás las banderas y convicciones que nos identifican”, aseguró el mandatario en su mensaje de Estado durante la apertura de las sesiones de la Legislatura provincial.

Allí, Passalacqua marcó las diferencias con la Nación, fundamentalmente en el rol del Estado. Destacó que sin endeudarse, Misiones sigue creciendo y que es una de las provincias donde menos aumentó el empleo público. El reparto de los recursos fue otro de los puntos centrales mencionados por el Gobernador. “El año 2016 y lo que va del 2017 están siendo críticos y debemos decirlo”, apuntó. En todo el año 2016 la Provincia recibió 162.200.000 pesos menos de lo estimado en el Presupuesto nacional. Para el primer cuatrimestre, estaban presupuestados 6.615.667 millones, pero lo acreditado en las arcas provinciales resultó significativamente inferior, ya que se percibieron 186.414 millones menos. El Fondo de la Soja no corrió mejor suerte. La variación interanual entre abril del 2016 y este último mes fue de 39 por ciento menos. Estos recursos deben destinarse a obras de infraestructura, que, ante su ausencia, deben ser cubiertos indefectiblemente por la Provincia.

Lo mismo sucede con los adicionales docentes. Hubo un recorte del 25 por ciento que tiene que ser cubierto por la Provincia en detrimento de otras inversiones. Mal se puede pretender mejorar la calidad educativa si cada vez son más escasos los recursos federales, lo que, en definitiva, no hace más que prolongar las desigualdades. Sin embargo, Misiones avanza con la titularización de cinco mil docentes, un logro gremial conseguido en la Mesa de Diálogo, donde están representados los sectores legalmente reconocidos. Los que no, insisten en la denuncia como mecanismo de visibilización, incluso poniendo en riesgo los recursos que llegan al bolsillo de los docentes.  

Vivir con lo nuestro, frase acuñada por el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira y esencial del misionerismo, deja de ser una definición política para convertirse en una imperiosa necesidad.

No es casual, entonces, que hasta las fuerzas políticas de la oposición reconozcan que el debate electoral debe centrarse en Misiones. Salvo Cambiemos, que necesita imperiosamente aumentar sus escaños en el Congreso, el resto de las fuerzas se concentra en las bancas provinciales y eligió un discurso de neto corte “misionerista” para salir a captar votos.

La estrategia de Cambiemos es lógica. El Presidente necesita garantizarse gobernabilidad por el resto del mandato. Contar con más hombres –o en última instancia, no menos- en el Congreso, es vital para las aspiraciones de continuidad del cambio. Por eso no hubo demasiados roces en la definición de los candidatos: Humberto Schiavoni, un hombre cercano y de confianza de Macri, irá por el Senado y el radical Luis Pastori buscará repetir en la Cámara baja.

La vicepresidenta Gabriela Michetti, de paso por Iguazú, donde inauguró un centro comunitario, elogió al titular de la Entidad Binacional Yacyretá, que esta semana fue protagonista de un acuerdo histórico logrado con Paraguay para el arreglo de la deuda mutua y la decisión de iniciar la ampliación de la represa con la construcción del brazo Aña Cuá. Sin embargo, la buena noticia para la Argentina que significa poder contar con más energía, fue opacada por un anuncio de Enarsa, que en la redefinición del proyecto del Gasoducto del NEA, dejó definitivamente afuera a Misiones. Habrá que volver a pelear duramente para que el gas natural llegue a la provincia, alguna vez, en un futuro incierto.

El PRO, de todos modos, sabe que los resultados de la gestión no son su principal bandera. Por eso busca fortalecerse en el Congreso con sus dirigentes más reconocidos –Macri ya se sacó fotos con varios-. El radicalismo, como socio principal pretende colarse entre los primeros lugares de cada lista. Todo indica que quedará poco espacio para Alex Ziegler y sus seguidores, aunque todavía queda tiempo para negociar.

El frente Avancemos busca insertarse como el único espacio opositor en Misiones y en la Nación. Adolfo y Alejandro Velázquez, los radicales de Vanguardia, María Losada y Hugo Escalada y los legisladores de Trabajo y Progreso, Claudio Wipplinger y Victor Kreimer decidieron apostar a una construcción de corto y mediano plazo, en la que las pertenencias nacionales quedaron en segundo plano.

La Renovación enfocada en la gestión, esperará casi hasta último momento para mostrar sus cartas con la premisa de mostrar su propia renovación, mezclada con la experiencia de los años. La premisa será, como dijo Passalacqua, garantizar la gobernabilidad pero, ya pensando en 2019, sin dejar de lado las demandas de los misioneros, que son, como se ven, reivindicaciones históricas, pero también futuras.

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