ARCA reglamentó una reducción del 50% de las multas formales para pymes, personas humanas y entidades sin fines de lucro

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó el régimen especial que permite reducir un 50% las multas por incumplimientos de obligaciones tributarias formales, una medida que alcanza a micro, pequeñas y medianas empresas, personas humanas, sucesiones indivisas y determinadas entidades sin fines de lucro. La disposición establece los requisitos, los plazos y los procedimientos que deberán cumplir los contribuyentes para acceder al beneficio.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución General 5927/2026, publicada el 12 de noviembre en el Boletín Oficial, en aplicación del artículo 17 del Título III de la Ley 27.826 y del Decreto 1253/2026. El objetivo es instrumentar la reducción de sanciones correspondientes a incumplimientos formales producidos antes de la entrada en vigencia de la nueva legislación, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

Uno de los aspectos centrales de la reglamentación es que el beneficio opera de pleno derecho, sin necesidad de que el contribuyente realice una solicitud específica, excepto cuando la multa se encuentre en discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial. Sin embargo, la reducción está condicionada a que se regularice la obligación formal que originó la sanción dentro del plazo previsto.

El límite establecido por ARCA para completar esa regularización es el 18 de diciembre de 2026, inclusive. De esta manera, el régimen abre una ventana de tiempo para que los sujetos alcanzados revisen su situación fiscal, identifiquen las obligaciones pendientes y completen las presentaciones omitidas.

Quiénes pueden acceder a la reducción de multas

La resolución delimita los beneficiarios según la condición que tenían al momento de cometerse la infracción. En el caso de las empresas, podrán acceder las micro, pequeñas y medianas compañías de los tramos 1 y 2 que cuenten con el Certificado MiPyME vigente en los términos correspondientes y tengan registrada esa caracterización en el Sistema Registral de ARCA.

También están comprendidas las personas humanas y las sucesiones indivisas, así como determinadas entidades sin fines de lucro registradas ante el organismo recaudador.

Dentro de este último grupo se incluyen asociaciones, fundaciones, cooperativas, cooperativas efectoras, consorcios de propietarios, mutuales, cooperadoras, otras entidades civiles, institutos de vida consagrada, asociaciones simples y entidades religiosas, incluida la Iglesia Católica.

La normativa excluye expresamente a los contribuyentes categorizados como Grandes Contribuyentes comprendidos en el ámbito de la Subdirección General de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes.

Un punto relevante es que la calificación debe verificarse al momento del incumplimiento y no necesariamente según la situación actual del contribuyente. Esto significa que la condición fiscal que tenía cuando se produjo la infracción será determinante para establecer si puede acceder al beneficio.

Qué multas están comprendidas en el régimen

La reducción del 50% alcanza a las multas por infracciones a los deberes formales previstas en los artículos 38, 39 y los artículos sin número incorporados a continuación de estos en la Ley 11.683, de Procedimiento Tributario.

El universo de sanciones comprendidas tiene dos referencias temporales precisas. Por un lado, deben corresponder a obligaciones cuyo vencimiento haya operado a partir del 2 de enero de 2026, fecha de entrada en vigencia de la Ley 27.799. Por otro, la infracción debe haberse cometido antes del 9 de octubre de 2026, cuando comenzó a regir la Ley 27.826.

Además, al 9 de octubre las multas no deben encontrarse firmes o, si ya habían adquirido firmeza, no deben haber sido canceladas.

La reglamentación incorpora una precisión importante para quienes utilizaron planes de financiación: también se consideran canceladas las multas cuyo importe haya sido consolidado mediante la adhesión a un régimen de facilidades de pago. Por lo tanto, esas sanciones no quedan comprendidas en el beneficio por el solo hecho de que todavía existan cuotas pendientes.

El alcance de la medida se concentra en incumplimientos formales, es decir, aquellos vinculados con obligaciones de presentación, información y demás deberes establecidos por la normativa tributaria. No se trata de una reducción general de impuestos adeudados ni de una condonación de intereses o capital.

El procedimiento para las multas que están en discusión

La reglamentación establece un tratamiento particular para los contribuyentes que mantienen controversias administrativas o judiciales por las sanciones alcanzadas.

En esos casos, el acceso al beneficio requiere una presentación a través del servicio web Presentaciones Digitales de ARCA, seleccionando el trámite denominado «Beneficio especial de reducción de multas – Ley 27.826».

La gestión deberá realizarse hasta el 18 de diciembre de 2026, inclusive, y exige identificar la sanción mediante el número de sumario, resolución o instrumento administrativo correspondiente, además de aportar los datos necesarios para individualizarla.

La presentación tiene una consecuencia jurídica que requiere especial atención: implica el allanamiento incondicional a la pretensión fiscal por la porción de la multa que no resulte reducida, junto con la renuncia a toda acción y derecho vinculados con esa controversia y la asunción de las costas y gastos causídicos que correspondan.

Por esa razón, quienes tengan sanciones en discusión deberán evaluar las implicancias de esa decisión antes de formalizar la adhesión, considerando el estado de sus actuaciones y las consecuencias procesales previstas en la ley.

En cambio, para las multas que no estén sometidas a discusión administrativa o judicial, el beneficio opera automáticamente una vez satisfechas las condiciones establecidas, particularmente la regularización del deber formal omitido.

Una ventana de regularización con fecha límite

La Resolución General 5927/2026 establece un plazo concreto para completar las obligaciones pendientes: el 18 de diciembre de 2026. El cumplimiento dentro de ese período es una condición indispensable para acceder a la reducción.

La medida también aclara que el régimen no habilita la devolución de importes abonados antes de la entrada en vigencia de la Ley 27.826. En consecuencia, quienes ya hayan cancelado las multas no podrán solicitar la repetición de esos pagos bajo este mecanismo.

Para las pymes y las entidades de menor escala, la reglamentación introduce una posibilidad de reducir el costo de determinadas sanciones y ordenar situaciones administrativas pendientes. Sin embargo, el aprovechamiento efectivo del beneficio dependerá de revisar la fecha de cada incumplimiento, la situación registral del contribuyente, el estado de la multa y la presentación de las obligaciones omitidas.

El desafío para los contribuyentes será identificar correctamente las sanciones alcanzadas y completar los trámites dentro del calendario establecido. Para ARCA, la implementación del régimen supone instrumentar una reducción legal de multas vinculada con la regularización de obligaciones formales, sin extender el beneficio a deudas tributarias de otra naturaleza ni a sanciones que quedaron fuera de los períodos definidos por la ley.