En medio de la controversia por los “créditos VIP” otorgados a funcionarios vinculados al oficialismo libertario, el Banco Nación salió a fijar posición y reforzar su estrategia de defensa: la entidad asegura que su esquema de financiamiento hipotecario se rige por criterios objetivos, automatizados y sin margen para discrecionalidad política. Sin embargo, al menos nueve funcionarios y legisladores vinculados al oficialismo accedieron a créditos del Banco Nación por montos que, en conjunto, superan los $ 2.500 millones.

El eje de la respuesta institucional se centra en la línea “+Hogares con BNA”, lanzada en mayo de 2024, y su variante para el sector público. Según el banco, ambas operatorias están diseñadas bajo “reglas explícitas, criterios objetivos y procesos estandarizados”, con una lógica de acceso masivo y trazabilidad digital que “impediría cualquier tratamiento preferencial”.

La polémica se disparó tras conocerse que funcionarios nacionales y cuadros políticos cercanos al oficialismo accedieron a créditos hipotecarios de montos elevados en dólares, lo que abrió interrogantes sobre posibles privilegios dentro del sistema.

Entre los casos bajo la lupa se encuentran funcionarios de alto rango que habrían accedido a financiamientos por encima del promedio del mercado, en un contexto donde el crédito hipotecario aún es limitado para amplios sectores de la población.

Si bien el Banco Nación evita referirse a nombres propios en su defensa pública, el foco del cuestionamiento político y mediático está puesto en la posibilidad de que determinados perfiles -con ingresos altos o posiciones dentro del Estado- hayan tenido mayor facilidad para calificar en los tramos superiores de crédito.

Desde la entidad sostienen que no existe margen para decisiones arbitrarias. El proceso de aprobación, aseguran, se inicia exclusivamente a través de la web, con evaluación automática de ingresos, scoring crediticio y cumplimiento de requisitos.

“El banco no puede discriminar por cargo, jerarquía ni afiliación política”, remarcan, al tiempo que destacan que cualquier exclusión basada en esos criterios sería ilegal y violatoria de normas del sistema financiero.

Además, subrayan que la operatoria responde a obligaciones contractuales surgidas de licitaciones públicas para el pago de haberes del sector estatal. Es decir, cualquier empleado o funcionario incluido en esas nóminas tiene derecho a acceder a las líneas crediticias si cumple las condiciones técnicas.

El Nación también apela al volumen para reforzar su argumento: desde el relanzamiento del crédito hipotecario, recibió unas 246.000 solicitudes válidas y ya otorgó alrededor de 27.000 créditos, con otras 3.200 operaciones en etapa final.

En ese contexto, la entidad enfatiza que se trata de una política de alcance masivo, orientada a la clase media, y no de un esquema selectivo. Incluso señala que la participación del crédito hipotecario en su cartera creció significativamente, pasando del 5,4% del activo en 2023 a casi el 10% en 2026.

Los puntos críticos

Más allá de la defensa técnica, el debate de fondo no se agota en la legalidad del proceso, sino en su equidad efectiva.

Entre los aspectos que generan mayor ruido aparecen:

• La eliminación temporal de topes para viviendas de mayor valor en determinados momentos de alta competencia bancaria.
• El acceso de perfiles de ingresos altos a créditos en condiciones favorables.
• La percepción de privilegio en un contexto de restricción general del crédito.

En ese sentido, si bien el banco insiste en que las condiciones son iguales para todos, el mercado inmobiliario y financiero introduce una variable clave: quienes tienen mayores ingresos o estabilidad laboral acceden naturalmente a montos más altos.

El Banco Nación lidera hoy el mercado hipotecario argentino, con hasta el 84% de los nuevos préstamos del sistema. Ese posicionamiento, sin embargo, lo expone a un mayor nivel de escrutinio público y político.