Funcionarios del Municipio, Provincia y Nación en una mesa interinstitucional para el reconocimiento del decreto 358/17 para evitar el desalojo forzoso, resolver la ocupación de tierras y el acceso a los servicios públicos domiciliares”.

El pasado viernes desde la Defensoría del Pueblo se propugnó el reconocimiento del Decreto Nacional 358/17 a fin de frenar los desalojos forzosos. Si bien el Decreto no suspende explícitamente el desalojo, si deja clara la intención de hacerse cargo de la vulneración de derechos que existen en los barrios populares, y de avanzar en la integración social y urbana  de los asentamientos.

El decreto tiene por objeto registrar los bienes inmuebles, ya sean de propiedad fiscal o de los particulares, donde se asientan los barrios populares, las construcciones existentes en dichos barrios y los datos de las personas que habitan en ellas. Además, dicho registro permite el acceso a las familias al “Certificado de Vivienda Familiar”, el mismo se constituye como documento suficiente para acreditar la existencia y veracidad del domicilio, de esta manera podrán solicitar la conexión de servicios públicos domiciliares tales como agua corriente y servicios cloacales, energía eléctrica y telefonía; solicitar la clave única de identificación tributaria (CUIT) y/o la clave única de identificación laboral (CUIL); realizar peticiones ante los organismos públicos, previsionales y educativas.

Para el abordaje de la Problemática del desalojo y la ocupación de tierras nos propusimos la conformación de una mesa Interinstitucional para la instrumentación de Acuerdos Sociales territoriales y difusión a fin de adecuar el decreto, las resoluciones y/o leyes distritales vinculadas. Dicha mesa debe generar y articular mecanismos de negociación, dirigidos principalmente a reducir los focos de tensión, buscando construir los consensos, desde una lógica de ESFUERZO COMPARTIDO entre los afectados, municipio, Provincia y Nación e interpretados como un instrumento para facilitar el acceso a la tierra o resolver conflictos. También debe generar una plataforma metodológica para abordar el problema del desalojo y la ocupación de tierras, dentro de la perspectiva socialmente inclusiva y ambientalmente sostenible; asumiendo la responsabilidad de facilitador del dialogo social. 

Integran la mesa interinstitucional el Ombudsman de la ciudad de Posadas Alberto Penayo, el Diputado del PAyS  Martin Sereno, el Coordinador de Programa de Regularización de Tierras y Provisión de Agua de la Municipalidad de Posadas  Jorge Atencio, la Ministra de Derechos Humanos  Lilia Marchesini, el Subsecretario de Seguridad y Justicia de la Provincia de Misiones el Dr. Ariel Marinoni, la Administración Nacional de Seguridad Social el Cdor. Marcelo Julien, la Coordinadora Regional del Registro Nacional de Barrios Populares  Charo López del Valle, la Secretaria General de Acceso a la Justicia de la Provincia de Misiones la Lic. Patricia Ramírez y por el Movimiento Social Barrios de Pie Troche Gisela.