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Abundan motivos destituyentes

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Tema muy delicado el de los sobrados motivos para destituir al muy conflictivo y muy dudosamente equilibrado mental, actual presidente argentino.

Es un tema en extremo delicado, pues evidentemente quedaron grabados a fuego en el inconsciente colectivo argentino, los reiterados procesos destituyentes, perpetrados por las Fuerzas Armadas, en las siete décadas largas precedentes, por lo cual parecería ser un tema tabú, pese a ser de imperiosa necesidad, y seguramente con abundancia de fundamentos legales y patrióticos, pues claramente Milei y sus cómplices políticos, operan para destrozar a Argentina.

En todos esos asaltos pretorianos al poder, cometidos desde 1955, y después en 1962, 1966 y 1976 los uniformados evidenciaron estar en sintonía con los sectores más retrógrados y antinacionales del arco político económico de nuestro país; con algunas excepciones en el período de la autodenominada “revolución argentina” (1966-1973), el cual puede considerarse un golpe de Estado con facetas diferentes al “formato” excluyente cipayo – liberal.

Pero en particular, el muy nefasto “proceso”, dejó profundas cicatrices en la memoria colectiva del pueblo argentino, con lo cual en principio sería potencialmente mal vista, cualquier acción destituyente, por más que abunden motivos para concretarla, como ahora, que en las circunstancias actuales, sería un acto de patriotismo, para poner coto al desmadre antinacional en plena y acelerada perpetración, por el rejunte de libertarios, neoliberales y otros apátridas varios, que operan en clara sintonía con “las embajadas” (las dos principales anglosajonas), y los personeros del mega poder financiero mundial.

Es muy evidente que libertarios y secuaces tienen dos nefastos objetivos para destruir Argentina.

De mínima, buscan involucionarnos a la republiqueta semi feudal, de economía excluyentemente primaria, manejada de hecho por el poder financiero transnacional, con una ínfima minoría hiper rica, y la gran mayoría muy pobre y privada de todo derecho, cuan nuevos siervos de la gleba, semi esclavizados ahogados por deudas y falta de trabajo.

De máxima, buscan hacer desaparecer a Argentina, desguazándonos en varias republiquetas inviables, dóciles a los dictados del exterior.

A poco de asumir, reporteado por una periodista foránea, Milei dijo, sin eufemismo, que es el topo que busca destruir desde adentro, al Estado Argentino. SIN ESTADO NO HAY NACIÓN Y SIN NACIÓN NO HAY PATRIA, o sea que el accionar libertario es claramente contrario a los Intereses Nacionales, y busca nuestra destrucción, a lo que se aboca con fervor digno de mejor causa, sin pausa y con mucha prisa.

Resulta notable constatar el profundo grado de confusiones que se instaló en vastos sectores del pueblo argentino, que parece anestesiado, con escasas oposiciones a la catarata de medidas económicas destructivas y empobrecedoras, que día a día empeoran la situación general, mientras el presidente y sus “voceros calificados” inventan excusas sin asidero alguno, con las que intentan justificar el desmadre socio económico, intencionalmente perpetrado, buscando desviar la atención de la muy negativa acuciante realidad.

Recordemos que por hechos similares (o incluso de menor gravedad), fue destituido De La Rúa; y por desgaste auto promovido por el neoliberalismo apátrida, caducó desprestigiado el infame “proceso” cívico militar en 1983.

La sumatoria de motivos que hoy ameritan sobradamente un severo proceso destituyente, cabe ser clasificada para un más ordenado análisis.

– Ataques verbales con lenguaje y acciones totalmente reñidas con elementales normas de diplomacia, a al menos tres gobernantes (de España, Colombia y Brasil) de naciones amigas con las que nos unen sólidos lazos culturales y sobrados motivos geopolíticos que ameritan mantener y aumentar las sólidas relaciones diplomáticas y culturales; agravado ello con el nada coherente accionar del histriónico presidente argentino, que puede considerarse agresivo para con los pueblos de esas naciones.

– Como contrapartida a lo precedente, resulta vergonzoso el accionar genuflexo del presidente, respecto a los gobiernos de EEUU, el Reino Unido e Israel; lo cual incluso condicionó negativamente el accionar diplomático nacional, subordinándonos a las posturas de esas naciones, en votaciones en las Naciones Unidas. No es un tema menor que esas tres naciones sistemáticamente votan en contra nuestro en el sensible tema de Malvinas, mientras que esa “subordinación automática” nos malquista absurdamente con diversas naciones que apoyan la postura argentina en ese tema y en otros vinculados con la soberanía.

– El abrupto rechazo a la preacordada incorporación al BRICS, al comienzo de la gestión libertaria, fue un absurdo portazo demostrativo de la vergonzosa sumisión al Bloque Atlantista, pisoteando la soberanía y la elaborada trayectoria diplomática argentina, caracterizada por adherir a posturas pacíficas y de respeto a los pueblos. Es de destacar que el grupo BRICS
demostró respaldar los fundados reclamos de soberanía en Malvinas y los otros archipiélagos australes, además de no oponerse a la dilatada presencia nacional en la Antártida, lo cual crea basamentos de soberanía en el Continente Blanco. Además, nos apoyó con financiaciones blandas y soportes tecnológicos, para obras de infraestructura de gran relevancia. El grupo BRICS es en los hechos lo opuesto al agresivo accionar del Bloque Atlantista, cargado de posturas neo imperiales, del cual los libertarios demuestran ser dóciles y serviles subordinados.

– El vocabulario habitual del presidente, cargado de gruesas groserías y de supuestos “ejemplos” que parecerían propios de mentes enfermizas y/o degeneradas (como la brutal mención de “niños envaselinados…”, y otras expresiones chabacanas o propias de degenerados contumaces); resulta impropio para cualquier persona educada y con necesarios altos valores morales…mucho más cuando no se guarda la debida compostura que el elevado cargo presidencial debería ameritar.

– La saña destructiva es particularmente brutal, contra la Salud Pública; la Educación Pública (con énfasis agresivos contra las Universidades Nacionales); contra jubilados y discapacitados; agrediendo a todo el arco tecnológico nacional; demostrando con los hechos que se busca una acelerada involución al paupérrimo nivel de vida de una republiqueta inviable en un contexto de Estado fallido.

– El abandono total de las obras públicas, incluso impidiendo tareas elementales de mantenimiento, está ocasionando rápidos deterioros de la red caminera, el sistema eléctrico y otros sistemas de servicios públicos, todo ello empujando a la destrucción total de la infraestructura, a un grado de abandono propio de un territorio mostrenco, carente de soberanía.

– Los supuestos “logros macroeconómicos” son pura zaraza. Los índices del INDEC tienen bases de cálculo que no condicen con las pautas actuales de consumo, y así fueron precisadas por el anterior renunciante director del citado Instituto. El supuesto equilibrio fiscal es falso, pues se dibuja sin considerar muchas cuentas de erogaciones que quedan impagas, además de malversaciones, como el apropiamiento del impuesto a los combustibles, que debería ser aplicado a inversiones en mantenimiento y nuevas obras de la red de caminos. Y SI LA MACRO ECONOMÍA FUERA TAN EXITOSA, NO SE ENTIENDE POR QUE EL BRUTAL ENDEUDAMIENTO EXTERNO SIGUE CRECIENDO DESAFORADAMENTE. Ya la sumisión a los dictados imperiales del FMI, resulta inaceptable desde los más elementales principios de soberanía nacional.

– Habernos involucrado -de palabra y en un tono provocador-, en la guerra entre Irán y la dupla EEUU – Israel, además de ser un disparate geopolítico es una bravuconada absurda carente de toda lógica; y se perpetró sin la necesaria intervención del Poder Legislativo. O sea que Milei y sus secuaces directos, se arrogan pretensiones dictatoriales, bajo un falaz formato “democrático”. Lo mismo el envío de tropas a Panamá y/o Centroamérica, para operar bajo las órdenes de EEUU. ¿Por qué y para qué?

– La proyectada ley de extranjerización masiva del territorio, es otra aberración tendiente a perpetrar la disolución nacional, deleznable iniciativa por ahora frenada, por la reacción popular.

– La pasividad total del gobierno libertario, ante los nefastos avances conducentes a la explotación petrolífera por parte de una empresa israelí, en el entorno de Malvinas, es demostración cabal de la nula importancia que los temas de soberanía tienen para libertarios y neoliberales. En ese contexto israelí funcional al imperialismo británico, es inadmisible que se autorice un consulado israelí en Ushuaia, capital legal de Malvinas.

– Los agresivos comentarios de Milei, ante la patriótica actitud de los espectadores y jugadores de nuestra selección en el Mundial, al mostrar al mundo el cartel acerca de Malvinas, demuestran palmariamente el desprecio de presidente, respecto a la concreta defensa de Nuestros Derechos Soberanos.

– El industricidio y el tecnicidio, son intencionalmente provocados por el actual gobierno nacional, para involucionarnos en forma brutal e irreversible. A la par, la miseria general crece aceleradamente.

– Los casos delincuenciales denunciados, con no probadas inocencias del propio presidente y su entorno cercano; así como los impresentables casos de “kueiderización” y “adornización” que evidenciarían manejos muy dudosos para “convencer” votos legislativos, y un enriquecimiento muy acentuado que no parece tener fundamentos lógicos, pese a lo escandalosos, parecerían temas menores en el aquelarre de impresentables acciones de desgobierno discrecional.

– Los muchos viajes no oficiales del presidente y su séquito, pero con fondos públicos y medios oficiales, muestran una dispendiosidad nada acorde con los brutales ajustes a los que someten al pueblo.

– El tema no se agota.

Abundan sobrados motivos para impulsar la pronta destitución del actual apátrida gobierno nacional, para accionar en defensa de Nuestra Patria.

La pasividad, en el desastroso contexto actual, es deplorable complicidad con los que nos destruyen con premeditación y alevosía.

No se incita a la violencia. La violencia es practicada por quienes nos están destruyendo, con evidentes connotaciones de sadismo enfermizo y premeditado.

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Reformas estructurales

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El gobierno anunció que enviará al Congreso cuatro proyectos de reformas estructurales: una nueva Carta Orgánica del BCRA, el “Grillete Fiscal”, modificaciones a la legislación sobre mercado de capitales y cambios en normas referidas a seguros. Todavía no se conoce el detalle de los tres últimos.

En el caso de la reforma a la Carta Orgánica del BCRA, se establece como mandato único de la autoridad monetaria preservar el valor del peso y velar por la estabilidad financiera, dejando de lado las imprecisiones introducidas en 2012 que agregaron objetivos de actividad y empleo y cuestiones sociales. Si bien es cierto que la Federal Reserve tiene un mandato dual (no así el Banco Central Europeo), en un país con alta predisposición a utilizar al banco central como financiador del Tesoro parece más adecuado el mandato único.

En ese sentido, se prohíbe el financiamiento al Tesoro y las utilidades del BCRA deben destinarse a reducir deuda. Esto último tiene particular sentido en un contexto en el cual el costo de la deuda es todavía elevado.

Pero el problema central de cualquier reforma es la capacidad del marco legal de resistir los embates populistas. La propuesta de contar con mayorías calificadas en ambas cámaras es una señal, pero podría ser modificada por otra ley que no requiere tales mayorías especiales. En definitiva, la inconsistencia temporal de obtener y gastar recursos en el corto plazo a costa de hipotecar el futuro no se resuelve por sí sola con una nueva ley, sino que requiere de perseverancia y éxito económico y de una sociedad que valore la estabilidad.

Nótese que un mismo gobierno populista pudo lograr capturar parte de las reservas del BCRA o apropiarse de los fondos que los trabajadores tenían en las AFJP (en este caso, validado por la justicia ya que en aquel momento no se podía demostrar el daño futuro), mientras que tuvo que ceder en su intento por aumentar los derechos de exportación al campo. En este último caso había un sector afectado con mayor capacidad de movilización y el daño era más cercano y visible, que el que sufriría varios años después el conjunto de aportantes a la seguridad social o el que podían padecer los ciudadanos por el deterioro en la calidad de los activos del BCRA.

En lo que respecta al “Grillete Fiscal”, según las declaraciones de los funcionarios, se buscaría alentar al Congreso a que corrija un déficit si éste se mantiene durante algunos meses. Para ello, se dispone que se cierren actividades no esenciales y que los legisladores nacionales y los funcionarios del Ejecutivo dejen de percibir sus haberes hasta que no se remedie el problema.

Esta reforma tiene poco que ver con una regla fiscal tradicional. Si bien tiene un parecido con el “shutdown” americano, en aquel caso no se pretende lograr un equilibrio de las cuentas públicas, sino que el Congreso aumente el tope de deuda.

Una regla fiscal pretende asegurar la solvencia del Estado, pero permitiendo que la política fiscal actúe en forma contracíclica. En las versiones más modernas se trata de preservar el recorte en la inversión pública, que es lo más fácil de hacer desde un punto de vista político[1]. En trabajos de FIEL encontramos evidencia de que las reglas provinciales flexibles protegieron la inversión pública durante períodos de consolidación fiscal y que las reglas nacionales pasadas no fueron un obstáculo para la expansión significativa del gasto público durante 2009 y 2016, cuando se relajaron las restricciones de la regla aprobada en 2004.[2]

En definitiva, las modificaciones en los marcos legales pueden ayudar, pero no son suficientes para asegurar la estabilidad y todavía queda pendiente contar con un marco fiscal de largo plazo moderno que aumente las chances de asegurar la solvencia intertemporal.   

Actividad económica e ingresos fiscales

La última información del PIB mensual correspondiente al mes de mayo arrojó un dato algo peor al esperado. Pero analizando un listado más amplio de indicadores se pueden obtener algunas conclusiones.

  1. La actividad económica muestra que la recuperación modesta continuó a lo largo de los primeros meses del año, ubicándose alrededor de 5% por encima del nivel del año 2023.
  2. La industria se mantiene en un nivel 9% más bajo que el observado en 2023, pero hace meses que detuvo su caída (aunque tampoco inició una recuperación).
  3. En el caso de la construcción, luego de un desmoronamiento de 28% entre 2023 y 2024, se inició una mejora que ha continuado en los primeros meses de 2026. Ello ha permitido que el sector se encuentre en un nivel menos malo que el observado hace dos años (18% más bajo que en 2023).
  4. La información del INDEC sobre consumo formal muestra que las ventas en supermercados medidas a precios constantes continúan en 2026 alrededor de 10% más bajas que en 2023, mientras que las que se realizan en shopping centers han vuelto a los niveles de aquel año. 

Es posible contrastar las cifras que arrojan los indicadores de consumo formal disponibles con los datos de recaudación impositiva. En el caso del IVA y de Ingresos Brutos, hay que contemplar que cada mes se recauda en función de las ventas del mes previo, mientras que en el caso del impuesto a las transacciones financieras, el fisco se hace de recursos prácticamente en el mismo mes, a medida que se registran los débitos y créditos en las cuentas corrientes bancarias de las empresas.

Debe tenerse presente que estos indicadores no son precisos. Por ejemplo, influye la cantidad de días hábiles de cada mes, y los valores mensuales pueden estar afectados por cambios en la parte que se recauda de IVA e Ingresos Brutos en la Aduana al importar insumos. Además, ingresos brutos y el impuesto al cheque son una mezcla de impuestos a la producción y al consumo por lo que su recaudación no debería reflejar perfectamente lo que pasa con el consumo formal.

De todas maneras, en los impuestos recaudados por el gobierno nacional se observa una caída entre 2023 y 2025 algo mayor que la observada en las ventas de supermercados y shopping centers. En cambio, el desempeño de la recaudación de ingresos brutos en ese período fue algo mejor que el observado en los impuestos nacionales mencionados.

Pero esa diferencia desaparece en 2026 y, en todos los casos, la recaudación estuvo por debajo de lo que sugiere la evolución de las ventas formales. Una posibilidad es que haya algo más de consumo informal, lo que es consistente con la evolución de la masa salarial informal que ha mejorado tanto por mayor empleo como por mayores ingresos reales, a diferencia de la masa salarial formal que se ha visto afectada negativamente, tanto por la evolución de los puestos de trabajo como de los ingresos de los trabajadores medidos a precios constantes.

Otra posibilidad es que las empresas se endeuden más con el fisco que en el pasado demorando el ingreso de sus obligaciones tributarias; sin embargo, esta opción no es consistente con la normalización de las tasas reales de financiamiento a corto plazo para empresas. 

El gobierno nacional ha compensado con esfuerzo la caída de los ingresos tributarios con reducciones adicionales en el gasto primario. Pero para mantener el ancla del programa económico parece que será necesario, no sólo un mayor dinamismo en la actividad económica, sino también mejorar la administración tributaria.


[1] Ver, por ejemplo, Ardanaz, Martín, Cavallo, Eduardo, Izquierdo, Alejandro y Puig, Jorge, 2021. «Growth-friendly fiscal rules? Safeguarding public investment from budget cuts through fiscal rule design,» Journal of International Money and Finance, Elsevier, vol. 111(C).

[2] Daniel Artana, Cynthia Moskovits, Jorge Puig e Ivana Templado, 2022. «Fiscal rules and the behavior of public investment: towards growth-friendly fiscal policy? The case of Argentina,» SN Business & Economics, Springer, vol. 2(8), pages 1-23, August.

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Reflexiones de un Ingeniero Forestal sobre la tierra: desafío estructural para el desarrollo sostenible y la soberanía

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La política de tierras como base del desarrollo territorial, el arraigo rural y la sostenibilidad de las economías regionales.

La política de tierras constituye uno de los pilares sobre los cuales se construyen el desarrollo territorial, el arraigo rural y la sostenibilidad de las economías regionales. En un país de profundas diversidades geográficas, productivas, ambientales y sociales como la Argentina, las decisiones relacionadas con el acceso, la tenencia, el uso y la protección de la tierra requieren políticas públicas estables, concebidas como políticas de Estado, con visión federal y planificación estratégica de largo plazo.

En ese marco, la tierra trasciende su condición de bien económico para constituirse en un recurso natural estratégico, estrechamente vinculado con la producción, la conservación de los ecosistemas, la seguridad alimentaria, la gestión del agua, el ordenamiento territorial y la soberanía nacional. Estas reflexiones procuran contribuir a ese debate desde la experiencia en la gestión pública y el ejercicio profesional de la ingeniería forestal, promoviendo una mirada integral sobre uno de los desafíos estructurales más relevantes para el desarrollo sostenible de la Argentina y, en particular, de la provincia de Misiones.

Ley N.º 26.737: una política de protección territorial

La Ley N.º 26.737, denominada _”Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales”, constituyó un importante avance institucional en materia de política territorial y administración estratégica del territorio nacional.

Su sanción fue producto de un amplio debate político y federal, reconociendo a la tierra como un recurso natural estratégico y estableciendo límites a la adquisición de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras.

El espíritu de esta norma no fue impedir inversiones ni aislar al país del mundo, sino preservar la capacidad del Estado para planificar el territorio, proteger recursos estratégicos y garantizar que el desarrollo económico sea compatible con el interés nacional.

Por ello, cualquier modificación de este régimen debería surgir de un debate amplio, federal y responsable, que contemple no solo las variables económicas, sino también las dimensiones sociales, ambientales, territoriales y geopolíticas.

El desafío consiste en encontrar un equilibrio entre la promoción de inversiones y la preservación de la capacidad soberana del Estado para administrar sus recursos estratégicos.

La cuestión de la tierra como desafío estructural

La cuestión de la tierra constituye uno de los desafíos estructurales más importantes para el desarrollo territorial, el ordenamiento del territorio y el fortalecimiento de la soberanía nacional, especialmente en provincias como Misiones.

El acceso, la distribución y la regularización de la tenencia no representan únicamente cuestiones jurídicas o administrativas. Son componentes fundamentales de una política de Estado orientada al desarrollo y al ordenamiento territorial.

La tierra no puede ser considerada exclusivamente como un activo económico o financiero. Es un recurso natural estratégico que sostiene la producción, preserva la biodiversidad, protege los recursos hídricos y forma parte de la identidad cultural y social de las comunidades.

La forma en que una sociedad administra este recurso condiciona su modelo de desarrollo, su equilibrio territorial y su capacidad de construir un futuro sostenible.

El territorio como construcción social

El territorio no es solamente un espacio físico; es el ámbito donde se articulan las relaciones sociales, económicas, culturales, políticas e institucionales. 

Cada comunidad construye sentidos de pertenencia a partir de su historia, su cultura y sus prácticas sociales. Por ello, un mismo espacio puede adquirir significados diferentes para los distintos grupos sociales o pueblos originarios que lo habitan.

Comprender esta dimensión resulta indispensable para diseñar políticas públicas capaces de armonizar producción, conservación ambiental, inclusión social y desarrollo.

La ecuación del desarrollo territorial

El desarrollo territorial sostenible depende de un conjunto de políticas que deben actuar de manera integrada.

La ecuación comprende los componentes básicos que permiten transformar la tierra en un factor de desarrollo económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental:

Acceso a la tierra + Distribución equitativa + Regularización dominial + Uso responsable basado en Buenas practicas de manejo y Conservación de los suelos.

A estas variables deben incorporarse otros instrumentos estratégicos:

– Planificación y ordenamiento territorial.

– Parámetros claros de tenencia.

– Uso del suelo según su aptitud.

– Mecanismos eficaces de control.

– Asistencia técnica y financiera.

– Infraestructura rural (vivienda, caminos, electrificación, conectividad, educación y salud).

– Fortalecimiento de la competitividad de las economías regionales.

Ninguna de estas políticas, por sí sola, resulta suficiente. Su eficacia depende de una visión integral del territorio y de una adecuada articulación entre los distintos niveles del Estado.

Tierra, soberanía y planificación estratégica

La extranjerización de la tierra no puede analizarse exclusivamente desde la titularidad registral de los inmuebles rurales. También requiere considerar el control efectivo sobre recursos estratégicos: accesos, cursos de agua, nacientes, costas, corredores ambientales, áreas forestales y territorios ubicados en zonas de frontera.

La soberanía en el siglo XXI no se limita exclusivamente a la delimitación física de las fronteras. También comprende la capacidad del Estado para decidir sobre el uso del suelo, garantizar el acceso al agua, proteger los ecosistemas, evitar concentraciones que generen posiciones dominantes y orientar el aprovechamiento de los recursos naturales en función del interés colectivo.

Por ello, el debate sobre la tierra es esencialmente un debate político: expresa distintas concepciones sobre el desarrollo, la propiedad, el territorio y el rol del Estado.

No se trata de rechazar inversiones ni de negar la importancia del capital privado para el crecimiento económico. El desafío consiste en promover inversiones productivas que generen empleo, innovación y agregado de valor, preservando al mismo tiempo la capacidad estratégica del Estado.

Una mirada geopolítica sobre los recursos estratégicos

En un escenario internacional marcado por crecientes disputas por el agua, los alimentos, la energía, los bosques y la biodiversidad, la tierra adquiere una relevancia estratégica creciente.

Por eso, la discusión no debería limitarse al funcionamiento del mercado inmobiliario rural, sino ampliarse hacia una pregunta fundamental: ¿Qué modelo de desarrollo y qué proyecto de país queremos construir?

El problema no reside exclusivamente en la nacionalidad de quien posee una determinada superficie, sino en la combinación de factores que pueden comprometer el interés nacional:

》La concentración territorial;

》La localización estratégica de determinados inmuebles;

》El acceso y control sobre recursos naturales; y

》La capacidad regulatoria del Estado.

La tierra como política de Estado

La tierra constituye uno de los principales activos estratégicos de una Nación. Su administración responsable permite fortalecer las economías regionales, proteger el patrimonio natural, promover un desarrollo equilibrado y consolidar la soberanía territorial.

En definitiva, la tierra es mucho más que un bien patrimonial o el objeto de un debate sobre intereses sectoriales. Constituye el soporte físico del desarrollo, la producción, la conservación ambiental y la identidad territorial de una Nación. Administrarla con visión estratégica no significa restringir el progreso, sino garantizar que ese progreso responda al interés general y fortalezca las oportunidades de las generaciones presentes y futuras.

El desafío de la dirigencia política es transformar la política de tierras en una verdadera Política de Estado: con visión federal, perspectiva intergeneracional y compromiso permanente con el interés nacional, el desarrollo sostenible y el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Solo desde una visión estratégica e integral será posible garantizar que la tierra continúe siendo un factor de producción, de cohesión territorial y de soberanía para la Nación.

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La renuncia en blanco: el mandato imperativo que la Constitución no necesitó nombrar

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El 30 de julio de 2026, el diputado provincial misionero Juan José Szychowski le dijo algo que hasta hace pocas semanas ningún legislador de la Renovación se hubiera animado a decir en público: “Se terminó la etapa de la imposición, ahora vamos a dialogar”. Según su cálculo, entre 15 y 16 de los 21 diputados elegidos en 2023 bajo el sello de Carlos Rovira ya no le responden a él. El bloque oficialista se está partiendo a la vista de todos, a dos semanas de que la Legislatura misionera reanude sesiones ordinarias el 13 de agosto.

Lo que se está rompiendo en Misiones no es una interna partidaria más. Es la evidencia, en tiempo real, de que un mecanismo de control legislativo que la teoría constitucional considera imposible que pueda sostenerse durante años sin violar una sola norma escrita, y que puede, sin embargo, también derrumbarse en pocas semanas cuando quien lo maneja comete un error de diseño. Ese mecanismo es la renuncia firmada en blanco: el papel que un candidato entrega antes de asumir, sin fecha, a disposición de quien conduce el espacio político, para ser usado si alguna vez ese legislador vota distinto a lo indicado.

Mi tesis es simple. La renuncia en blanco no es una rareza folclórica de la política provincial argentina. Es una tecnología jurídica que reproduce, por vía contractual y privada, exactamente lo que la doctrina constitucional prohíbe bajo el nombre de mandato imperativo. Y lo interesante, para quien piensa el derecho como fenotipo extendido y se apoya en teoría de juegos evolutiva, es que ni una ni otra explican esto como un déficit moral de tal o cual dirigente. Lo explican como el resultado previsible de un diseño institucional que dejó una función sin cerrar, y el caso Szychowski, con nombre, fecha y cita textual, es el mejor material de trabajo que tuve en meses para mostrarlo.

Lo que prohíbe la Constitución, y lo que no prohíbe

España tiene, desde 1978, dos vías constitucionales distintas para lo mismo. Una es la cláusula expresa del artículo 67.2, que establece que los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo. La otra es jurisprudencial y llega por un camino distinto: en la STC 5/1983, de 4 de febrero, el Tribunal Constitucional resolvió el caso de un concejal de Andújar al que el Ayuntamiento había cesado en su banca por haber sido expulsado del PSOE, en aplicación de una ley que ataba la permanencia en el cargo a la pertenencia partidaria. El Tribunal, con el voto en contra de dos de sus nueve magistrados, anuló el cese invocando no el artículo 67.2 sino el artículo 23 CE, el derecho a acceder y permanecer en los cargos públicos: “el cese en el cargo público representativo al que se accede en virtud del sufragio no puede depender de una voluntad ajena a la de los electores, y eventualmente a la del elegido”. España protege la independencia del representante por partida doble: una cláusula explícita para diputados y senadores, y una construcción jurisprudencial más general, que ya en 1983 alcanzó a un cargo local. Esa doctrina no llegó a fallar sobre el caso específico de una renuncia firmada en blanco ante notario al integrarse una lista electoral, pero es la base sobre la que la doctrina española construye el argumento de que ese instrumento tampoco tendría eficacia jurídica: si el cese no puede depender de la voluntad del partido, tampoco puede depender de un papel que el partido guarda para usar a su antojo.

Argentina no tiene una cláusula equivalente al artículo 67.2 CE. El artículo 22 de la Constitución Nacional dice que el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes, y tipifica como sedición que un grupo se atribuya la representación del pueblo sin haber sido electo para ejercerla. La prohibición del mandato imperativo argentino no está escrita como regla autónoma: se deduce de la forma representativa republicana del artículo 1 y de ese artículo 22, y así la reconstruyó trabajosamente la doctrina local. Esa diferencia de técnica legislativa no es un detalle menor. Donde España tiene una frase que un tribunal puede aplicar de modo directo, la Argentina tiene un principio estructural que hay que argumentar caso por caso, sin apoyo textual expreso. Es exactamente el tipo de hueco por el que un instrumento privado, como la renuncia en blanco, puede colarse sin tocar ni una coma del texto constitucional.

Prohibir la etiqueta, no la función

Vengo estudiando este patrón en otro contexto. En un working paper que subí a Zenodo en julio, relevé once regímenes constitucionales de poderes de emergencia y encontré una regularidad casi universal: cuando una Constitución prohíbe una función nombrándola, facultades extraordinarias, suma del poder público, ley marcial, el poder que quiere ejercer esa función igual la ejerce bajo otro nombre. El artículo 29 de nuestra Constitución prohíbe por texto expreso la suma del poder público y llama traidor a la patria a quien la conceda. Ningún presidente argentino fue jamás condenado por esa norma, no porque el Poder Ejecutivo haya dejado de acumular facultades extraordinarias, sino porque cada acumulación posterior recibió otro nombre: estado de sitio, decretismo sin control, delegación legislativa, decretos de necesidad y urgencia.

La renuncia en blanco es la misma jugada, aplicada al Legislativo en lugar del Ejecutivo. Ninguna Constitución provincial argentina que yo conozca autoriza a un partido a revocar a un legislador electo por indisciplina. Tampoco hace falta que lo autorice: alcanza con que el candidato firme, antes de asumir, un papel que produce el mismo efecto por otra vía. La ley no se reforma. El texto constitucional queda intacto. Y sin embargo la función que el constituyente quiso vedar, que la banca pertenezca al partido y no al elegido, queda perfectamente cumplida por un instrumento que ningún control de constitucionalidad revisa de oficio, porque nunca llega a los tribunales mientras nadie lo activa.

El fenotipo que un papel puede construir

En el vocabulario de la teoría del derecho como fenotipo extendido que vengo desarrollando desde 2025, esto es un caso de manual. El genotipo es el texto constitucional: la forma representativa republicana, el artículo 22, la ausencia de cualquier mandato imperativo explícito. El fenotipo es la conducta observable de los legisladores. Entre uno y otro no hay una relación directa ni automática. El genotipo republicano, en Misiones como en cualquier otra provincia, admite en principio un fenotipo de disidencia razonada y contrapesos internos. Pero un instrumento privado, ajeno por completo al texto constitucional, actúa como una construcción del entorno que reconfigura ese fenotipo sin necesidad de tocar el genotipo. Modifica el paisaje de incentivos de tal forma que la obediencia se vuelve la única expresión viable del cargo, aunque el texto siga permitiendo, sobre el papel, la disidencia.

Richard Dawkins usó la represa del castor para mostrar que el efecto de un gen puede extenderse más allá del cuerpo del organismo que lo porta y modificar el entorno de otros organismos. La renuncia en blanco funciona de un modo parecido: es un artefacto que el líder construye por fuera de su propio cuerpo político y que después opera sobre la conducta de terceros sin que haga falta ninguna orden explícita en cada votación. Basta con que el papel exista, esté firmado y todos sepan que existe.

Es esto una estrategia evolutivamente estable?

La pregunta que me interesa como lector de teoría de juegos evolutiva es distinta de la pregunta doctrinaria. La obediencia sostenida por renuncia en blanco es una estrategia evolutivamente estable, en el sentido técnico del término, o es apenas un equilibrio forzado que dura lo que dura la amenaza? La diferencia no es cosmética. Una ESS resiste la invasión de una estrategia mutante porque, dados los pagos de todos los jugadores, ninguno mejora desviándose por su cuenta. Un equilibrio forzado, en cambio, se sostiene porque el costo de desviarse individualmente es alto solo mientras un actor externo controla el gatillo del castigo. Si ese actor pierde el control del gatillo, el equilibrio no tiene ninguna razón interna para resistir.

Carlos Rovira construyó algo que se parecía a una ESS desde un lugar poco obvio: no la gobernación, sino una banca de diputado. Gobernador entre 1999 y 2007, su posición fue derrotada en 2006 en el plebiscito con el que buscaba habilitar su propia reelección indefinida; perdió por más de trece puntos en una consulta impulsada por el entonces obispo de Misiones, Joaquín Piña. Cerrada la vía del Ejecutivo, eligió una más duradera: en 2007 puso como gobernador al radical Maurice Closs y él mismo pasó a presidir la Cámara de Representantes, cargo que ocupó, con matices formales, durante los dieciséis años siguientes. Desde ahí condicionó a cada uno de los gobernadores que fue poniendo en el cargo, Closs por dos períodos, Hugo Passalacqua, Oscar Herrera Ahuad y, desde diciembre de 2023, otra vez Passalacqua, apoyado en las facultades que la Constitución misionera le da a la Legislatura sobre el Ejecutivo, como la que su artículo 101, inciso 6, exige para que el Poder Ejecutivo pueda contraer empréstitos o emitir fondos públicos: dos tercios de los miembros presentes de la Cámara. Ningún diputado individual ganaba nada desertando solo, porque la deserción costaba la banca sin cambiar la mayoría del bloque.

Lo que rompió ese cálculo no fue, como algunos diputados prefieren decir en público, un cambio de cartel. Fue que Rovira, según reportó Infobae el 16 de mayo de 2026, alineó a cuatro candidatos propios (su vicegobernador Lucas Romero Spinelli, el presidente de la Legislatura Sebastián Macías, el diputado nacional Oscar Herrera Ahuad y el intendente de Posadas) para la sucesión de 2027, dejando afuera de la carrera al propio Passalacqua. El gobernador respondió formalizando el 11 de julio de 2026 su propio espacio, el Movimiento por lo que Viene, y sumando en las semanas siguientes intendentes y una porción creciente del bloque legislativo que hasta entonces le respondía a Rovira. Cuando Szychowski le dijo a Radio Up que “nos dejaron sin el espacio en el que fuimos elegidos”, describió el síntoma más presentable, no la causa.

La causa es que, por primera vez en casi veinte años, un segundo lider se atreve a desafiar el status quo, con recursos reales, el aparato del propio Estado provincial que Passalacqua empezó a reorganizar en julio, capaz de ofrecerle a un diputado algo mejor que lo que le costaba desertar.

Ese es el detalle que le importa a quien piensa en pagos y equilibrios: la renuncia en blanco no perdió eficacia porque cambió de nombre “el sello”. Perdió eficacia porque dejó de ser la única fuente de la que un legislador podía esperar protección. No hace falta que un juez la declare nula. Alcanza con que aparezca un segundo comprador para el mismo activo.

Este tipo de colapso rápido después de una estasis prolongada es, dicho sea de paso, el patrón que documenté en otro trabajo sobre equilibrios institucionales puntuados: los sistemas de lock-in no suelen erosionarse de a poco, se sostienen durante años de aparente inmovilidad y ceden de golpe cuando algo altera la matriz de pagos lo suficiente como para que la coordinación entre los dominados deje de ser costosa. No hizo falta un choque externo al sistema político misionero. Hizo falta una ruptura interna a la propia coalición gobernante, entre el hombre que construyó el aparato desde la Legislatura y el hombre al que ese aparato terminó poniendo dos veces en la Casa de Gobierno, que rompiera la sincronía entre el costo de desertar solo y el costo de desertar en grupo.

Lo que Misiones no resuelve

Lo que pasó en Misiones no muestra que el sistema se autocorrige. Muestra que el sistema tuvo suerte: Rovira quizá pudo haber cometido un error de cálculo, tratar de excluir de la sucesión 2027 a un gobernador en ejercicio con aparato de Estado propio, que ningún jurista podría haberle exigido evitar. La próxima vez, el mismo instrumento puede aplicarse con más prolijidad, sin tocar el sello electoral, y sostenerse indefinidamente. Por eso me parece un error tratar el episodio como una anécdota folclórica misionera y no como lo que es: evidencia de que existe, en el derecho constitucional argentino, un agujero funcional que ningún texto vigente cierra.

Cerrarlo exige el mismo movimiento que propongo para el artículo 29 en mi trabajo sobre poderes de emergencia: dejar de legislar por etiqueta y legislar por función. Una cláusula que prohíba nombrar “renuncia en blanco” sirve poco; el instrumento reaparecerá como “compromiso de disciplina”, “carta de honor” o cualquier otro nombre.

Haría falta una norma, de rango constitucional provincial o de ley electoral nacional, que declare nulo de pleno derecho todo instrumento, cualquiera sea su denominación, que subordine el acceso a un cargo electivo o su continuidad en él a la voluntad de un tercero distinto de los electores o del propio legislador, sin importar si se presenta como voluntario.

La jurisprudencia española, empezando por la STC 5/1983 y su lectura del artículo 23 CE, ya construyó el principio de fondo: el cese en el cargo representativo no puede depender de una voluntad ajena a la de los electores y, eventualmente, la del elegido. Argentina podría incorporarlo sin esperar una reforma constitucional nacional. Alcanzaría con que una sola Legislatura provincial, o el propio Congreso por ley electoral, lo convirtiera en regla positiva.

Hay quien va más lejos y sugiere leer la práctica generalizada de renuncias en blanco bajo el artículo 36 de la Constitución Nacional, que declara insanablemente nulo todo acto de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Me parece una hipótesis interpretativa interesante y todavía no un argumento cerrado. No encontré, hasta ahora, un antecedente donde se haya declarado nula una renuncia en blanco de un legislador bajo esa cláusula, pensada históricamente para golpes de Estado y no para acuerdos privados entre un candidato y quien conduce su lista. La extensión es plausible por analogía funcional, no por precedente directo, y quien la use en un escrito judicial debería presentarla exactamente así.

El diputado Szychowski no citó a Dawkins ni a Maynard Smith cuando le explicó por qué ya no obedece a Rovira. Dijo, en su lenguaje, que se terminó la imposición y que ahora habrá que dialogar. Pero describió, sin saberlo, el momento exacto en que un equilibrio sostenido por casi veinte años de renuncias guardadas en un cajón dejó de ser gratis para quien lo manejaba.

La pregunta que me interesa seguir, y que espero desarrollar en un próximo texto con un mapa más amplio de casos provinciales conocidos, es cuántas otras legislaturas argentinas sostienen hoy el mismo equilibrio, sin que todavía nadie haya cometido el error que lo rompa.

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Los números de agosto

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Agosto llega con números que dicen mucho. El Presupuesto 2027, presentado el viernes por el gobernador Hugo Passalacqua, exhibe una radiografía del momento político, trasciende la discusión contable y se convierte en una definición política. En un país donde el Gobierno nacional decidió retirarse de áreas históricamente financiadas por el Estado -desde la obra pública hasta programas de salud, educación y asistencia-, Misiones opta por recorrer el camino inverso. 

La carta enviada por Passalacqua a la Legislatura no deja margen para interpretaciones: enumera los fondos que dejaron de llegar, advierte sobre el impacto de la desregulación y la apertura económica en una provincia de frontera y sostiene que será el Estado provincial el que absorberá esas responsabilidades. Es, en los hechos, un manifiesto sobre el rol del Estado frente al modelo libertario. 

La decisión de destinar el 63% del presupuesto a inversión social y otro 14% al desarrollo económico mediante la reactivación de obras es otra declaración de principios. Mientras la Nación plantea que el mercado debe reemplazar al Estado, Misiones reafirma que hay funciones que no pueden quedar libradas a esa lógica: la educación, la salud, la infraestructura y la contención social. El Presupuesto 2027 no solo proyecta cómo se administrarán 5,2 billones de pesos; fija la posición política de una provincia que elige sostener un modelo propio, aun cuando eso implique financiar con recursos locales obligaciones que antes eran compartidas con la Nación.

No es una posición aislada. Los productores yerbateros expresan hoy la necesidad de un Estado que brinde respaldos y ponga un poco de equilibrio en el mercado tras la desregulación que impuso el presidente Javier Milei. El derrumbe de los precios de la materia prima dejó desguarnecidos a los protagonistas de una de las principales economías de Misiones. Las palabras del obispo de Posadas, Juan Rubén Martínez expresan con claridad la preocupación: “Todo proyecto económico que no incluya a la gente no nos sirve para nada”.

Fotos gentileza Marcos Otaño.
Foto gentileza Marcos Otaño.

Martínez recibió en el Obispado a los productores y les dio un fuerte respaldo. Durante la reunión surgió la propuesta de conformar una mesa de emergencia que permita articular respuestas entre distintos actores sociales e institucionales. Martínez recordó que la Diócesis cuenta con la Comisión de Justicia y Paz, organismo que ya intervino en otras etapas críticas de la historia argentina, especialmente durante la crisis de 2001, año bisagra también para la yerba mate, ya que fue cuando germinaron los tractorazos después de otra década de desregulación. La crisis yerbatera ya dejó de ser un problema de “los productores”, algunos que vuelven a ser protagonistas 25 años después. La caída del precio de la materia prima se traduce en menos ingresos para los pueblos, menos dinero circulante, jóvenes que no pueden estudiar porque no les alcanza para pagar el alquiler en las ciudades. Un efecto derrame a la inversa. 

Más allá de la coyuntura yerbatera, Martínez amplió el análisis hacia el rumbo económico nacional. Reconoció que la estabilidad macroeconómica constituye un objetivo compartido, pero advirtió que pierde legitimidad cuando no mejora la vida cotidiana de la población.

“Todos queremos estabilidad económica. Pero si esos números cierran sin la gente, si aumenta la pobreza, si cierran comercios, si se pierden fuentes de trabajo y se deteriora la vida social, entonces ese modelo nos daña profundamente”, sostuvo.

Durante la conferencia también fue consultado sobre el debate nacional en torno al proyecto de ley sobre la inviolabilidad de la propiedad privada. El obispo recordó que tanto la Conferencia Episcopal Argentina como la Pastoral Social ya manifestaron su rechazo a la iniciativa.

Explicó que la Doctrina Social de la Iglesia reconoce el valor de la propiedad privada, pero rechaza su concepción absoluta cuando entra en conflicto con el bien común. En esa línea, advirtió sobre la necesidad de proteger los recursos estratégicos del país frente a intereses económicos globales.

«Nos trae mucha preocupación», afirmó, al recordar que el documento «La tierra no es una mercancía» ya fijó la posición de la Iglesia sobre la iniciativa.

“Si se absolutiza la propiedad privada de empresas que pueden comprar tierras y recursos estratégicos, es un tema de extrema gravedad”, advirtió.

En ese contexto, pidió a los tres senadores nacionales por Misiones y a los diputados nacionales que analicen cuidadosamente el proyecto.

“Les decimos que piensen mucho, porque se ponen en juego muchas cosas. Que voten desde su conciencia y no desde estrategias políticas”, expresó.

Al menos dos de los senadores -Sonia Rojas Decut y Carlos Arce- votarán en contra del artículo más polémico, tras el planteo de Passalacqua. En contraste, el PROlibertario Martín Goerling, votará a favor. 

El reordenamiento tras la implosión de la Renovación, marca que Passalacqua hoy tiene el respaldo de la mayoría de los intendentes y de al menos quince diputados provinciales -dos o tres más meditan en silencio-, a los que se sumarían algunos de otros partidos. En Encuentro Misionero, con Carlos Rovira quedan entre cuatro y cinco. 

Hoy las encuestas marcan que el Gobernador disparó su intención de voto, con un potencial de crecimiento, que rompería la lógica de tercios que imaginaba la oposición. 

Uno de los puntos altos en los sondeos es la valoración de Passalacqua como gobernador en tiempos turbulentos. La mención al 2001 que se hizo en la reunión de yerbateros con el Obispo, no parece una exageración. La crisis social de entonces tiene muchos puntos en común con la actualidad. La Argentina atraviesa una tormenta de pérdida de empleos, ingresos de miseria, cierre de empresas y sometimiento a los organismos de crédito internacional, como el Fondo Monetario Internacional, que ahora tiene una silla en las reuniones de gabinete de Javier Milei.

Passalacqua ha decidido tomar distancia de ese escenario y recuperar autonomía en y desde Misiones. El diseño del Presupuesto -el primero de un nuevo tiempo-, expresa esa diferencia. Blinda los recursos de las áreas sociales y busca estimular la economía con incentivos directos

No son decisiones aisladas. Cuando amaneció julio, la eliminación de la llamada “Aduana Paralela” empezó a mostrar el rumbo. Con el fin de las retenciones automáticas sobre billeteras virtuales, transferencias bancarias, cuentas en moneda extranjera y operaciones bursátiles, que comienzan a regir en este agosto, Misiones comenzó a desmontar un esquema que durante años funcionó como un anticipo permanente de Ingresos Brutos. Para los monotributistas de hasta categoría D, el cambio implica recuperar alrededor de $40.000 por cada millón de pesos que circula por sus cuentas: dinero que deja de quedar inmovilizado en el Estado y vuelve a financiar consumo, capital de trabajo e inversión. Es una señal de alivio tributario que, en el contexto actual, tiene un impacto mucho más profundo que el mero ahorro administrativo.

Sin embargo, en los despachos oficiales admiten que la verdadera reforma todavía está por venir. Fuentes oficiales confirman que se trabaja en un plan integral para sanear los históricos saldos a favor acumulados por miles de contribuyentes, un problema que describen como una auténtica “bomba” fiscal y financiera. 

El desafío es enorme: devolver o compensar esos créditos implica aliviar al sector privado, pero también representa un fuerte costo para las cuentas públicas. Por eso, el proyecto -que está en etapa de diseño junto a especialistas tributarios- busca una salida gradual y sostenible, evitando que el remedio termine desfinanciando al Estado. 

Si prospera, esa sí podría convertirse en la reforma tributaria más trascendente de la gestión Passalacqua: no solo porque corregiría una distorsión histórica, sino porque modificaría de raíz la relación entre el fisco y quienes producen, invierten y generan empleo en Misiones.

Detrás de estas medidas asoma un cambio de filosofía tributaria. El objetivo ya no es maximizar la recaudación sobre los mismos contribuyentes, sino generar las condiciones para ampliar la actividad económica. En esa línea, ya se analizan rebajas de alícuotas de Ingresos Brutos para sectores específicos y una profunda revisión del impuesto automotor, uno de los tributos que más incentiva la radicación de vehículos en otras provincias. La premisa es sencilla: una economía más dinámica puede terminar generando más recursos que un esquema basado exclusivamente en aumentar la presión fiscal sobre quienes permanecen dentro del sistema.

Incluso si ese proceso demanda tiempo, el alcance político sería difícil de ignorar. De concretarse, Misiones podría terminar impulsando una de las reformas tributarias más profundas del país, en contraste con un Gobierno nacional que hizo de la baja de impuestos una de sus principales banderas, pero que hasta ahora no avanzó en una reforma estructural del sistema. 

Por el contrario, la propuesta de rediseño del IVA que circula en la órbita nacional apunta a generalizar la alícuota, eliminando exenciones y tratamientos diferenciales: en los hechos, implicaría que alimentos esenciales como el pan o la leche tributen lo mismo que una gaseosa. La diferencia entre simplificar el sistema y trasladar una mayor carga sobre el consumo esencial no es menor.

Ahora Milei vuelve a la carga con una reforma del Banco Central que, vaya paradoja, en lugar de dinamitarlo como prometía, ahora propone blindarlo. 

La inflación se va a desplomar y el peso se va a fortalecer mucho cuando aprobemos la nueva Carta Orgánica del BCRA”, prometió el diputado nacional Diego Hartfield con una nueva meta a futuro, mientras que el presente marca un derrumbe agobiante de la economía y ocurre mientras el Gobierno agota el tiempo en diatribas, peleas constantes, incluso con su propia tropa, como la nueva embestida contra Victoria Villarruel, ahora de la mano de Diego Santilli, el nuevo ministro del Interior, heredado del macrismo y antes del peronismo. 

El problema para Milei no son los rivales políticos ni su vicepresidenta, sino que la economía no da señales de aliento para los sectores postergados y los millones de argentinos que no llegan a fin de mes. 

Los únicos elogios a la marcha de la economía son del propio ministro de Economía, Luis Caputo, otro heredado del macrismo, y de Kristalina Georgieva, la presidenta del Fondo Monetario Internacional que celebra que el país esté haciendo bien los deberes. 

Kristalina vino a la Argentina a monitorear el plan acordado con el Caputo mileísta para sostener el respaldo del FMI y cumplir con las cuotas del préstamo tomado por el Caputo macrista, aquellos US$57.000 millones. Ese préstamo que la Auditoría General de la Nación sostiene que fue asumido sin seguir el circuito administrativo previsto para este tipo de endeudamiento, sin actos administrativos de aprobación, sin análisis suficientes sobre costos, riesgos y sostenibilidad y con graves falencias de transparencia.

La AGN documenta que ni siquiera quedaron debidamente registrados los fundamentos técnicos que justificaron ampliar el préstamo de US$50.000 a US$57.000 millones. 

La ironía de la historia es difícil de ignorar. Ocho años después, Luis Caputo vuelve a ser el ministro que negocia con el Fondo Monetario Internacional. Ya no frente a Christine Lagarde, sino ante Kristalina Georgieva, recibida con honores en la Argentina, sentada en una reunión de Gabinete y paseada por Vaca Muerta, el activo económico más relevante del país. 

Cuando Georgieva afirmó en Buenos Aires que Bulgaria “sabe” lo que significa atravesar un ajuste, apeló a una experiencia nacional traumática para legitimar el programa argentino. Pero el ejemplo búlgaro admite una lectura bastante menos celebratoria que la presentada por la directora del FMI. El plan de 1997 logró frenar la hiperinflación y estabilizar la moneda, pero lo hizo después de una destrucción masiva de salarios, jubilaciones y ahorros, y mediante privatizaciones aceleradas, cierres de empresas, desempleo y una fuerte retracción del Estado. La estabilidad llegó, aunque acompañada por desigualdad, pobreza persistente y una emigración que vació regiones enteras del país.

El paralelo con la Argentina no reside solamente en la inflación o en el déficit fiscal, sino en la lógica del tratamiento: ante una crisis profunda, el FMI vuelve a presentar la disciplina monetaria, el ajuste del gasto, la apertura y la desregulación como un sacrificio inevitable cuyo beneficio aparecerá más adelante. Georgieva sostuvo que la transformación argentina es “difícil” y recordó que Bulgaria atravesó “tiempos muy duros”, pero aseguró que la perseverancia finalmente dio resultados. El interrogante es quién soporta esos tiempos duros y quién captura los beneficios posteriores. En Bulgaria, el equilibrio macroeconómico no impidió que décadas después el país continuara entre los más desiguales y pobres de la Unión Europea.

Si Bulgaria es el ejemplo que propone Georgieva, conviene mirar la película completa y no sólo el final. Sí, derrotó la hiperinflación y estabilizó su economía. Pero también perdió cerca de una cuarta parte de su población desde 1990, sufrió una emigración masiva de jóvenes y profesionales, desmanteló buena parte de su aparato industrial y aún hoy exhibe los mayores niveles de desigualdad y riesgo de pobreza de toda la Unión Europea. El ajuste ordenó las cuentas; nunca terminó de recomponer el tejido social. La verdadera discusión es qué país queda en pie después de esa estabilización.

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