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La independencia en liquidación

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¿Casualidad o definición política? Apenas veinticuatro horas después de encabezar los actos por el Día de la Independencia en Tucumán, Javier Milei sostuvo que la Argentina “solamente produce dulce de leche y biromes” para justificar la apertura irrestricta de las importaciones. Más que un exabrupto, la frase pareció resumir una idea de país.

No describe a la Argentina. Describe el horizonte al que conduce un modelo económico que desalienta la producción, debilita la industria y resigna soberanía.

¿Qué se conmemora realmente cada 9 de Julio? ¿Una fecha del calendario o la decisión de un pueblo de construir su propio destino?

La independencia declarada en Tucumán en 1816 no fue solamente la ruptura con la Corona española. Fue la afirmación de un proyecto político que aspiraba a una Nación capaz de decidir por sí misma, de producir su riqueza y de sostener con trabajo propio su libertad.

No es casual que Manuel Belgrano, mucho antes de crear la bandera, fuera uno de los pensadores económicos más lúcidos del Río de la Plata. Defendía el desarrollo de la agricultura, el impulso de la industria y sostenía que las materias primas debían transformarse en el país para generar empleo y riqueza. Advertía que las naciones prósperas eran aquellas que agregaban valor a su producción y no se resignaban a exportar materias primas para importar manufacturas. Más de dos siglos después, esa enseñanza conserva una vigencia asombrosa.

Porque la Argentina no produce solamente dulce de leche y biromes. Produce reactores nucleares, satélites, maquinaria agrícola, medicamentos, software, biotecnología, tecnología médica, conocimiento científico y alimentos con alto valor agregado. Todo eso existe gracias al trabajo acumulado de generaciones de obreros, científicos, docentes, investigadores, técnicos, universidades públicas, cooperativas y pequeñas y medianas empresas.

Y hay una ironía que el propio Presidente parece haber pasado por alto.

La birome, convertida por Milei en símbolo de la producción nacional, dejó de fabricarse en la Argentina hacia fines de la década de 1990, cuando BIC concentró su producción regional principalmente en Brasil y México y mantuvo en nuestro país únicamente sus operaciones comerciales. Aquella decisión fue consecuencia de un proceso de apertura económica y desindustrialización impulsado durante la convertibilidad. Sin proponérselo, Milei eligió como ejemplo un producto cuya fabricación desapareció del país como resultado de políticas muy parecidas a las que hoy reivindica.

Los números tampoco acompañan el relato oficial. La Unión Industrial Argentina advirtió que la actividad industrial volvió a caer en mayo y acumula un año de estancamiento. La producción retrocedió tanto en la comparación interanual como respecto del mes anterior, mientras la entidad alertó sobre la persistente debilidad de la demanda interna y el impacto que tiene el aumento de las importaciones sobre la industria nacional. Detrás de esos indicadores hay fábricas que trabajan por debajo de su capacidad, pymes que bajan sus persianas, trabajadores que pierden su empleo y conocimientos que el país tardó décadas en construir. No es una discusión ideológica. Es el costo concreto de un modelo económico que debilita la capacidad nacional de producir.

Cada vez más economistas advierten sobre el riesgo de consolidar una economía crecientemente primarizada: un país que exporta recursos naturales sin transformar, pierde peso industrial, genera empleo de menor calidad y depende cada vez más de la tecnología producida por otros. En otras palabras, una economía que resigna soberanía en nombre de una supuesta eficiencia del mercado.

Arturo Jauretche llamaba “zonceras” a aquellas ideas que lograban convencer a los argentinos de desconfiar de sí mismos y de creer que todo lo nacional era necesariamente inferior. No se refería solamente a prejuicios culturales. Hablaba de construcciones ideológicas que terminaban justificando políticas contrarias al interés nacional. Presentar a la Argentina como un país incapaz de producir otra cosa que dulce de leche y biromes parece inscribirse en esa lógica: instalar que el desarrollo industrial es una ilusión y que el único destino posible consiste en importar lo que otros fabrican.

Raúl Scalabrini Ortiz fue todavía más lejos. Sostuvo que la dependencia económica termina condicionando inevitablemente la soberanía política. Cuando un país pierde el control de su producción, de sus recursos estratégicos y de las decisiones sobre su economía, también pierde capacidad para decidir libremente su destino.

En la misma línea, Arturo Enrique Sampay entendía que la independencia política sólo podía sostenerse sobre una organización económica orientada al bien común. La Constitución de 1949 expresó esa convicción: la libertad de una Nación no podía reducirse a una declaración formal si los resortes fundamentales de la economía quedaban subordinados a intereses ajenos.

Nadie discute la necesidad de comerciar con el mundo. La Argentina siempre lo hizo y debe seguir haciéndolo. La verdadera discusión es otra: ¿desde qué lugar nos insertamos en ese mundo? ¿Como un país que exporta ciencia, tecnología, industria, conocimiento y trabajo argentino, o como uno que vende materias primas e importa cada vez más bienes elaborados?

Esa es la discusión que la frase presidencial pretendió simplificar.

Quizás dentro de algunos años nadie recuerde aquella declaración sobre el dulce de leche y las biromes. Lo que sí recordaremos será si la Argentina siguió cerrando fábricas o volvió a abrirlas; si continuó expulsando científicos, técnicos y trabajadores calificados o recuperó la decisión de invertir en su propio desarrollo; si aceptó resignarse a un papel periférico o volvió a creer en sus capacidades.

La independencia no se liquida de un día para otro. Se liquida cuando una Nación deja de creer en su capacidad para producir, investigar, innovar y agregar valor. Cuando acepta que otros fabriquen mientras ella apenas exporta lo que la naturaleza le dio.

Doscientos diez años después de la Declaración de la Independencia, esa sigue siendo la discusión de fondo. No sobre el dulce de leche ni sobre las biromes. Sobre el país que queremos construir. Porque la soberanía no se declama: se ejerce. Y la independencia no se celebra solamente cada 9 de Julio; se defiende todos los días, con trabajo, con industria, con ciencia, con educación y con la decisión política de que la Argentina vuelva a creer en sí misma.

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¡Defendamos al valioso y estratégico sector nuclear argentino!

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El muy destructivo contexto general. Con premeditada alevosía y con evidente sádico accionar, que muestra la crueldad con la cual expulsan de sus puestos laborales a crecientes cantidades de trabajadores argentinos, regocijándose por el daño humano y por la destrucción estratégica que provocan, ahora los libertarios y sus secuaces, están abocados a la infame tarea de desguazar y/o extranjerizar al muy valioso Sector Nuclear Argentino.

Es sobradamente claro que el objetivo de mínima del actual apátrida gobierno nacional, es hacernos involucionar forzosamente a la republiqueta de economía primarizada, subordinada a poderes extranjeros (gustosamente aceptado eso por la oligarquía), sin atisbo alguno de industrias y sin entes tecnológicos nacionales, como éramos alrededor del 1900; perpetrando dicho alevoso achicamiento económico, en un marco de acentuada exclusión social total, burlándose con desparpajo de la miseria generalizada que intencionalmente están provocando, y sin importarles nada las muertes culposas que ocasionan, esto último ante el Estado ausente que causan sus lesivas medidas económicas.

Pero de máxima, es también evidente que, pisoteando abiertamente toda noción de soberanía nacional, y con acentuado odio y desprecio a nuestra propia población, nos están llevando a pasos forzados, hacia la disolución nacional. Para quienes supongan exagerada esta afirmación, cabe señalar que la desaparición lisa y llana de los Estados Nacionales, o su degradación a Estados fallidos, es uno de los objetivos centrales del Consenso de Washington y de su herramienta destructora que es el accionar conducente a la globalización salvaje.

Vergonzoso es el genuflexo grado de subordinación a las potencias del Bloque Atlantista y sus aliados principales, que caracteriza el accionar de política exterior de libertarios, sus secuaces neoliberales y arribistas varios, lo cual abiertamente nos posiciona como dóciles subordinados a esos poderes neo imperiales; con lo que pisotean una larga y muy respetable postura pacifista y de respeto a la soberanía de las naciones, que caracterizó a nuestra Política Exterior, básicamente cuando tuvimos gobiernos de clara Orientación Nacional.

En el marco de asumida pero no declarada tiranía con casi plenos poderes asumido por el Ejecutivo Nacional y su entorno cercano, se desconocen leyes e incluso se “dictan sentencias judiciales anticipadas”, subordinando de hecho a los otros dos Poderes Nacionales, a los mandatos impuestos por el Ejecutivo.

Mientras se marginan y se retacean fondos para jubilados, discapacitados, enfermos crónicos o muy graves, se paralizan todas las obras públicas, agreden de hecho a la Salud y a la Educación Pública (con especial saña contra las prestigiosas Universidades Nacionales); se gasta con dudosa o nula coherencia, en sucesivos viajes presidenciales en acciones no oficiales, se gasta en equipamientos represivos y en “partidas reservadas” para inteligencia interna; y otros fines dudosamente necesarios. Además, se reducen impuestos para las importaciones de bienes de lujo, y se subsidia a empresas poderosas mientras se retacea todo apoyo a las muchas que cierran día a día.

Tampoco cabe omitir las deplorables acciones, varias de ellas denunciadas, de serias “irregularidades” (cuando no probados actos fuertemente sospechados de delictivos), que involucran al presidente y varios de sus colaboradores. Pero hay sectores del Poder Judicial que muestran un lento accionar y/o la doble vara según cual sea el sector político denunciado.

Breve reseña histórica del Sector Nuclear Argentino

La Comisión Nacional de Energía Atómica fue creada en 1950, en la presidencia de Perón, siendo Argentina uno de los primeros países que con rigurosidad científica se abocó al desarrollo de ese avanzado campo del conocimiento.

Pese a los ataques que durante la revolución fusiladora (1955-1958), fueron implementados contra varias de las muchas instituciones creadas en la década peronista, de algún modo eso no sucedió en el Sector Nuclear, el cual incluso fue puesto bajo la conducción de la Marina, siendo oficiales de altos rangos de esa Fuerza -con capacidades científicas específicas- los que presidieron la CNEA, en sucesivos gobiernos militares. Inclusive, cabe destacar que en el período de gobierno cívico – militar autodenominado “la Revolución Argentina” (1966-1973), el Sector Nuclear recibió un fuerte impulso, comenzándose la construcción de la primera central nuclear (que inauguró Perón en su breve tercer período presidencial).

Es posible que las fuertes influencias positivas a favor de Los Intereses Nacionales, que tuvieron en ese período el economista Aldo Ferrer y el General Guglialmelli, hayan neutralizado el accionar antinacional de los personeros al servicio del liberalismo.

Después de Atucha 1, se planificó construir sucesivamente otras cinco centrales nucleares más. lo cual fue cancelado, seguramente por las acciones de zapa de los “barones de la termoelectricidad” (vinculado eso con el petróleo, el gas, y las importaciones de usinas térmicas); sin olvidar, claro está, de los voceros del subdesarrollo crónico, expertos en tildar de faraónicas a todas las grandes obras imprescindibles para concretar nuestro desarrollo.

Pese a todas las trabas que imponen los liberales y otros promotores del subdesarrollo, sin estridencias, el Sector Nuclear siguió avanzando, creando e incorporando tecnología, construyéndose -entre otros silenciosos logros- centrales nucleares de baja potencia, imprescindibles para investigación y para producir valiosos insumos, como los utilizados para medicina oncológica, para preservar alimentos, combatir plagas de la agricultura, y otros fines positivos.

El muy apátrida “proceso” (1976-1983), nos impuso a punta de bayonetas la subordinación al muy perverso neoliberalismo, inicialmente bajo la batuta de Martínez De Hoz, personaje del riñón de la muy oligárquica y anti industrial Sociedad Rural, de quien el presidente de facto Videla operó cuan dócil marioneta.

Opositor feroz a todo lo Estatal, José A. Martínez De Hoz (Joe, para sus amigotes) operó con toda saña para destruir las empresas y entes estatales, sobre todo los que operaban y producían en sectores estratégicos o de alta rentabilidad.

Interesado “Joe” en desguazar para privatizar SEGBA, el dirigente sindical Oscar Smith fue “desaparecido” (asesinado), por oponerse a ese vil negociado.

Mediante la operatoria de hacer tomar deuda externa a YPF y otras empresas estatales, para luego transferir esos fondos al Ministerio de Economía, “Joe” y secuaces cometieron la infamia de dejarles los pasivos a esas empresas estatales, y sin los activos financieros (que eran usados por Economía para enjugar los crecientes déficits de la pésima administración de “Joe”). Como resultado de esa intencional maniobra, los lenguaraces del periodismo y economistas del establishment, pudieron alardear acerca de la supuesta ineficiencia del Estado, pues YPF y otras empresas estatales tuvieron pérdidas, pero se ocultaba que eso era consecuencia intencional de la operatoria de endeudamiento descripta. Lo que buscaban, era desacreditar todo lo Estatal.

Entre otras muchas medidas antinacionales, de un plumazo “Joe” hizo cerrar IME, empresa estatal que producía la camioneta Rastrojero, y tenía por producir una versión tipo sedan cuatro puertas, para competir en la renovación del parque de taxis. Era una competencia que molestaba a otras empresas automotrices.

Como era de prever, para un personero de la antipatria (y por ende anti Estado), “Joe” quiso destruir al Sector Nuclear Argentino, pero no pudo hacerlo por la férrea defensa del mismo, hecha por el Contraalmirante e Ingeniero Nuclear Carlos Castro Madero (en adelante CCM), quien había sido designado Presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica.

Conozco que citar a CCM provoca enfrentadas posturas en el ámbito de la CNEA, pues mientras se lo culpa de algunas “desapariciones” de personal nuclear, otros afirman que no pudo impedir esos asesinatos, pero que evitó que la lista de “desaparecidos” de la CNEA, fuera mucho mayor.

Son dos posturas contrapuestas y es complejo dilucidar cual es la real acaecida. Pero eso no puede excluir el técnica y estratégicamente productivo accionar de CCM que hizo avanzar al Sector Nuclear Argentino, concretándose la exportación de una Central Nuclear de Baja Potencia a Perú, entre otros logros.

A contrapelo de otras destructivas medidas socio económicas en el “proceso”, el firme accionar de CCM hizo seguir avanzando el desarrollo tecnológico nuclear argentino.

Pese al contexto general neoliberal, muy negativo para iniciativas de desarrollo, en 1976 se creó INVAP (Investigaciones Aplicadas), mediante un convenio entre la provincia de Río Negro y la CNEA. INVAP alcanzó merecido prestigio, operando en áreas de altas tecnologías, no solo la nuclear, con logros muy destacados.

Al colapsar el infame “proceso”, CCM inicialmente siguió en sus funciones en la CNEA. Como correspondía, informó al nuevo presidente -Alfonsín-, que la CNEA había logrado dominar el ciclo total de producción de combustibles nucleares, lo cual tiene una enorme importancia estratégica, y libró a las Centrales Nucleares Argentinas, de la dependencia de insumos extranjeros en ese crucial rubro.

Actuando con claro sentido de Lo Nacional, lo lógico y esperable de un presidente y un gobierno nacional patriótico, hubiera sido una calurosa felicitación y una masiva difusión del notable logro alcanzado por el Sector Nuclear Argentino.

Pero por profunda ignorancia, por cobardía cívica, o por ambas cosas; y asesorado por el Ing. Jorge Lapeña (Secretario de Energía en el alfonsinato), Alfonsín implementó medidas que fueron un brutal castigo contra la CNEA y todo el Sector Nuclear Argentino. Contra toda lógica, congeló todos los proyectos en marcha y las vacantes, con lo cual durante largos 22 años, no se pudo incorporar nuevos científicos y profesionales, además de paralizar por completo la construcción de la tercera central nuclear -Atucha 2-, de la cual ya se disponía de todos los elementos básicos. No es un tema menor, poco conocido por no expertos en Energía, que Lapeña y el instituto energético que preside, muestran en los hechos más afinidad por la generación termoeléctrica (basada en petróleo y gas), con dudosa vocación por la hidroelectricidad y la energía nuclear.

El daño hecho al Sector Nuclear, por el congelamiento total de proyectos y de incorporaciones de nuevo personal calificado, fue enorme, y ocasionó un envejecimiento y disminución del valioso personal, por el mero transcurso del tiempo, además de frenar por completo los proyectos en marcha, entre ellos la Central Nuclear Atucha 2. Pero con total responsabilidad y notable patriotismo, los valiosos equipamientos de la misma, ya adquiridos, fueron preservados de daños, manteniéndose prácticamente intactos, por lo que al final de ese nefasto período de congelamiento total, pudieron ser emplazados en sus lugares correspondientes.

En 2005 se relanzó el Plan Nuclear, dándose prioridad a la terminación de la tercera central, Atucha 2. El presupuesto de la CNEA tuvo un enorme crecimiento, del orden de 1.100 % (once veces), cobrando impulsos varios proyectos, entre ellos un nuevo reactor de experimentación de baja potencia, y el muy interesante proyecto de central modular CAREM, el cual es el más avanzado en su tipo en el mundo. Además, hubo gestiones concretas para construir tres nuevas centrales de grandes potencias, una con financiación y tecnología rusa, y dos de China.

Pero esos ambiciosos planes fueron dilatados, siendo posiblemente demorados y luego cancelados, tal como en la historia argentina sucedió con muchos grandes proyectos que hubieran apuntalado nuestro desarrollo.

Pudo completarse Atucha 2, así como la Planta Industrial de Agua Pesada, la mayor del mundo en su tipo. Esta última abastece las necesidades de Argentina e incluso permite exportar a otros países que utilizan la tecnología de uranio natural y agua pesada como moderador.

Cabe señalar que además de las tareas de zapa que suelen ocurrir para frenar o impedir proyectos que el establishment ultra conservador opera; en los últimos años el ecologismo de corte cavernario tuvo gran impulso, siendo promovido básicamente por dos ONGs creadas en el Reino Unido, las cuales operarían como apéndices del MI6, el servicio secreto de esa potencia. Eso es el ultra ecologismo, que practica terrorismo ecolátrico, como excusa para promover el subdesarrollo crónico.

Cuando el Plan Nuclear podía tomar mayor impulso, con el aval de ser reconocido mundialmente y haber ganado incluso la licitación de Australia para proveer e instalar un reactor de baja potencia, compitiendo, compitiendo exitosamente contra grandes potencias mundiales, en esos años arreciaron los ataques del ultra ecologismo, con cierto periodismo funcional a eso, e incluso posicionando algunos legisladores nacionales que fueron muy activos para tareas de entorpecimiento de los planes nucleares, los que siempre fueron de usos pacíficos de esa tecnología.

En 2015 hubo un cambio acentuado de orientación política nacional, pues el neoliberalismo volvió al poder mediante elecciones, tal como había sucedido con Menem y De La Rúa; pero en 2015 no hubo el engaño del menemato, Macri no ocultó ser neoliberal. Y como tal, antiestatista apátrida, y por añadidura se dedicó a frenar y entorpecer al Plan Nuclear, pero por entonces con saña algo más sutil que el brutal ataque anti tecnológico en perpetración por los actuales libertarios.

Frenó totalmente el proyecto de la Cuarta Central Nuclear, el cual ya se había comenzado, además de perderse el personal que había sido capacitado especialmente. Las otras dos grandes centrales planificadas, también fueron descartadas, perdiéndose una gran oportunidad de dar un gran salto cualitativo y cuantitativo, que hubiera potenciado significativamente nuestras capacidades tecnológicas y de generación de energía.

El gobierno de Macri también paralizó, contra toda lógica, el funcionamiento de la Planta Industrial de Agua Pesada.

En el gobierno de Alberto Fernández, muchas decisiones se tomaron después de largas dilaciones. Pese a eso, se volvió a comenzar la cuarta central, y siguió avanzando el proyecto CAREM. Esas demoras afectaron incluso los cambios en las titularidades de la CNEA y de la EBY (Yacyretá).

Después, el gobierno libertario, practicando un neoliberalismo acentuado, paralizó todas las obras públicas, incluyendo en esa negativa decisión la paralización total de la Cuarta Central Nuclear, y el freno del proyecto CAREM.

Recientemente, en un vergonzoso conjunto de actos de entrega vil de soberanía, se transfirió a una empresa de EEUU el conjunto de Atucha (dos centrales nucleares), y el valioso proyecto CAREM.

Eso configura una sumisión total, cuan republiqueta de cuarta, convertida a subordinada total a los designios de la mega potencia, que aplica con mayor saña, la imperial Doctrina Monroe.

Esta reseña histórica es incompleta, en mérito a la brevedad, pues un detalle más abarcativo necesitaría redactar al menos un voluminoso libro.

Industricidio y tecnicidio acelerados y alevosos.

En ese negativo contexto, mientras sigue el acelerado industricidio y el desmantelamiento de los entes tecnológicos, y el empobrecimiento generalizado -que excluye a los poderosos que lucran con la miseria masiva- la dupla de endeudadores seriales (Caputo – Sturzenegger), nos sigue endeudando y facilitando la timba financiera, mientras que con su “sobradora” sonrisita permanente, el segundo de ellos sigue aplicando la impiadosa “motosierra”; con especial saña contra los entes estatales de valiosas funciones, los que quedan acéfalos por los despidos masivos; sin importar nada que el Estado (o sea la Patria), queda inerme, sin entes de necesarios contralores y de estratégicas acciones.

El claro desprecio a la importancia estratégica esencial del Sector Nuclear, y al muy fuerte efecto multiplicador que sin duda tiene, se evidencia en forma tiránicamente brutal, mediante nuevos funcionarios de altas jerarquías y nulos conocimientos técnicos específicos nucleares, mientras que en forma abrupta se despide masivamente a muy valiosos trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica, el CONICET, el INTI y otros entes tecnológicos, cuyas formaciones y notables capacidades adquiridas en esos destacados ámbitos tecnológicos, se desperdician, configurándose una burla a la dedicación y a los conocimientos técnicos y científicos que se adquieren con años de trabajos e investigaciones realizados con reconocidas elevadas capacidades científicas.

Resulta notable la pasividad con visos de cómplice desinterés, de la mayoría de nuestra población que, pese a la creciente miseria, a la destrucción generalizada del tejido social y de casi toda la economía argentina, permanece sin manifestar con contundencia el rechazo a las políticas libertarias, que nos destrozan y nos empujan a la anomia total y al desguace de Argentina.

Nos empujan con alevosía, al mediocre rol de simples productores de materias primas, sin industrias, sin entes tecnológicos; y destrozando las necesarias capacidades estatales que son necesarias en toda nación con dignidad y criterio de grandeza nacional.

Nos posicionan como pseudo republiqueta indigna, subordinada al Bloque Atlantista, en particular a su principal potencia del mismo, en su remozada Doctrina Monroe, en el contexto de desembozado neoimperialismo.

¡Pueblo Argentino, pueblos hermanos de Íbero América, tomen conciencia y revaloricen el necesario sano patriotismo!

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Eliminar impuestos distorsivos llevará más de una década

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El debate sobre el sistema tributario parte de dos premisas centrales. La primera es que resulta prioritario y urgente avanzar en un ordenamiento integral. No es posible crecer de manera sostenida con una estructura impositiva que le quita competitividad a la producción y desalienta la inversión. Son muchos los temas a resolver, pero el más importante es eliminar los impuestos más distorsivos: derechos de exportación, impuesto sobre los débitos y créditos bancarios, Ingresos Brutos, Sellos y tasas municipales que gravan las ventas. Estos tributos deben ser la prioridad, aunque removerlos no es sencillo: en conjunto generan más de 7% del PBI de recaudación y son pilares del financiamiento de los tres niveles de gobierno.

La segunda premisa es que el ordenamiento tributario no puede hacerse a costa de poner en riesgo el equilibrio fiscal. Después de años de desorden macroeconómico, establecer alivios tributarios sin financiamiento sería muy contraproducente. La solvencia fiscal también es una condición indispensable para crecer de manera sostenida y, por lo tanto, es necesario encontrar una forma de compensar la pérdida de ingresos que generaría la eliminación de los impuestos más distorsivos.

La idea prevaleciente, dados estos puntos de partida, es que para eliminar los impuestos más distorsivos previamente hay que reducir el gasto público, de manera de compensar las pérdidas de ingresos. Esto impone una estrategia de “gradualismo tributario”. El planteo recibe adhesiones desde muy diversos sectores.

Lamentablemente, la estrategia colisiona con la dinámica y la situación que muestran las finanzas públicas. El gasto público se redujo sustancialmente respecto del nivel que tenía en 2023. Aun cuando el esfuerzo fue inédito, apenas alcanzó para lograr un muy estrecho equilibrio fiscal. No es que se hizo poco, sino que el descalabro fiscal es enorme y con secuelas que perduran por mucho tiempo. De cara al futuro, es muy difícil y poco probable concretar nuevas bajas que alcancen las dimensiones necesarias para generar el espacio que permita compensar las pérdidas de ingresos derivadas de la eliminación de los impuestos distorsivos.

Por el contrario, en algunos rubros del gasto público es previsible que las futuras reducciones sean de magnitudes más pequeñas y que lleve tiempo materializarlas. Pero lo más limitante es que hay componentes del gasto con tendencia creciente. El caso más importante es el gasto previsional, que ocupa una proporción muy grande del presupuesto nacional y de 13 provincias. Mientras se siga posponiendo la reforma previsional, habrá que desplegar un gran esfuerzo de austeridad para evitar que, debido a la dinámica creciente de las erogaciones previsionales, el gasto público total aumente por arriba de la inflación. Conclusión: un planteo realista es asumir que las futuras bajas del gasto público serán, en el mejor de los casos, modestas.

La otra vía es apelar a que el crecimiento económico amplíe la base imponible, aumente la recaudación total y, si el gasto público se mantiene estable, se vaya generando el espacio para ir reduciendo gradualmente los impuestos más distorsivos sin comprometer el equilibrio fiscal. El planteo lleva a evaluar cuán larga y viable es esta transición.

Una simulación simplificada permite aproximar respuestas. Un escenario optimista es asumir un crecimiento real sostenido del 3,3% anual. Hay que tener en cuenta que nunca, en la historia reciente, la Argentina creció de manera sostenida a ese ritmo, entre otras razones porque los impuestos distorsivos que se plantea eliminar se lo impiden. Pero, aun así, para el nivel nacional sería necesario acumular 11 años de crecimiento sostenido para compensar las pérdidas de recursos que genera la eliminación de las retenciones y el impuesto al cheque. Suponiendo que se prioriza eliminar primero las retenciones, los productores agropecuarios tendrán que esperar casi 4 años para que se termine de eliminar este resistido tributo, mientras que para liberar las transferencias bancarias de imposiciones se necesitarán otros 7 años más.

Cuando se baja al nivel de las provincias, el panorama es más disperso y, en general, más desafiante. Suponiendo que las provincias congelan el gasto público y destinan todo el aumento de la coparticipación derivado del crecimiento económico a compensar la eliminación de Ingresos Brutos y Sellos, en todas las jurisdicciones más grandes se necesita bastante más que una década. Aproximadamente 14 años en Santa Fe y Mendoza, 16 años en Córdoba y casi 20 años en la provincia de Buenos Aires.

Con la austeridad fiscal no alcanza

Estas simulaciones no cuestionan la conveniencia de sostener y profundizar la prudencia fiscal. Por el contrario, el principal mensaje es que, aun así, no alcanza para eliminar en plazos razonables los impuestos que más dañan la competitividad. A la austeridad en la administración del gasto hay que sumarle audacia y creatividad en la reforma tributaria. Mejorando la recaudación de los buenos impuestos se puede avanzar mucho más rápido en la eliminación de los malos impuestos.

En los tributos que gravan las ventas se da el caso más importante e ilustrativo. Es una aberración que, por un mismo hecho imponible, el contribuyente esté obligado a pagar tres tributos: IVA, Ingresos Brutos y tasa municipal. Avanzar hacia un esquema tipo “Súper IVA” permitiría recaudar lo mismo con un impuesto más neutral, transparente y fácil de controlar. Un IVA bien diseñado ayuda a reducir la evasión, simplificar la administración y evitar daños sobre la competitividad. Bajo la misma lógica, se podrían eliminar rápidamente los derechos de exportación sin pérdidas de ingresos, cobrando mejor el impuesto a las Ganancias y a los Bienes Personales.

Naturalmente, reformas de estas características requieren acuerdos políticos complejos y un arduo trabajo técnico. Pero es la manera de evitar repetir fracasos como ocurrió con el Consenso Fiscal de 2017. La falla no estuvo en la falta de voluntad política para cumplirlo, sino en su diseño apegado a la lógica del gradualismo. Suponer que la economía crezca de manera de compensar las pérdidas que genere la baja de impuestos es, como lo demostró esa experiencia, una apuesta muy arriesgada.

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Caminos marcados

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Hay contrastes que pueden parecer sutiles, pero dicen demasiado desde dónde se piensa y se hace política y cómo esas diferencias impactan en la vida cotidiana. 

El debut del reemplazante de Manuel Adorni, eyectado en medio de un escándalo de corrupción, sirvió para refrescar la memoria del decálogo de la gestión de Javier Milei: Adrián Ravier, terminó por explicitar una de las bases filosóficas del programa económico al remarcar que el ajuste no es una consecuencia indeseada, sino una herramienta deliberada para modificar el comportamiento de la sociedad. Al justificar que las tarifas deben duplicarse hasta reflejar los “precios de mercado”, sostuvo que el usuario deberá “abrigarse más que prender el gas” o resignar consumo porque “no hay almuerzo gratis“. En esa lógica, el Estado deja de concebir a los servicios públicos como un instrumento de equidad o desarrollo y traslada íntegramente el costo a cada individuo, bajo la premisa de que quien recibe el servicio debe pagarlo sin subsidios. Incluso admitió que las tarifas seguirán aumentando por encima de la inflación como parte de una “corrección gradual”. La sinceridad del planteo despeja cualquier duda: el objetivo no es únicamente ordenar las cuentas públicas, sino redefinir el contrato social sobre el que se construyó durante décadas el acceso a servicios esenciales en la Argentina.  

El desdén de Ravier sigue la línea argumental del propio Milei. “A vos te daban dos planes sociales, pero uno se lo quedaba un gerente de la pobreza. Entonces, fíjate esto, nosotros sacamos a los intermediarios, eso generó unos problemas muy fuertes al inicio y además duplicamos en términos reales, es decir, por encima de la inflación ese monto. Con lo cual, la persona que lo recibe, digamos, de repente recibió cuatro veces más. De alguna manera es como que nosotros pudimos sacar 14 millones de personas de la pobreza”.

La frase presidencial combina una denuncia atendible -la existencia de intermediaciones opacas en la política social- con una conclusión discutible: que esa corrección administrativa permitió “sacar 14 millones de personas de la pobreza”. Milei presenta el problema como si la pobreza dependiera casi exclusivamente de quién distribuye el plan social y no de salarios, empleo, inflación, tarifas, alquileres, alimentos y caída del consumo. Todos esos indicadores están en negativo durante su gestión.  

El contrato social resquebrajado tiene un enorme impacto en el territorio, ese que miran sin sensibilidad en las oficinas de Buenos Aires. Por eso cobran relevancia las acciones que se toman en las provincias para proteger a sus ciudadanos. La suba de tarifas endeudó a miles de familias, que hoy no tienen cómo enfrentar el colapso de sus finanzas. Lejos de desentenderse, el Gobierno de Misiones decidió extender durante todo julio el programa de refinanciación de deudas acordado con Banco Macro, incorporando además nuevos beneficiarios y flexibilizando las condiciones de acceso.

El anuncio fue realizado por el gobernador Hugo Passalacqua, quien confirmó la continuidad de la operatoria especial destinada a trabajadores públicos provinciales y municipales, jubilados, pensionados y retirados provinciales. La principal novedad es que, por primera vez, también podrán acceder al beneficio los jubilados y pensionados de ANSES, que dependen del Estado nacional.

Esa misma lógica se traslada a las obras públicas y el acceso a servicios esenciales, que fueron dejados de lado por el Estado nacional. Las rutas nacionales están siendo reparadas -y mejoradas- con fondos provinciales y aún con escasos recursos, la prioridad es la cercanía con el vecino. 

En ese escenario se mueve con soltura Passalacqua, quien hace del mano a mano una cualidad de gestión y su principal activo en momentos en que comienza a definirse el futuro político que lo tiene como protagonista central de cara a 2027. 

El movimiento que diseña Passalacqua no desdeña edades y valora la experiencia. Sabe que hará falta mucha paciencia y un trabajo de orfebre para la construcción de un nuevo tiempo que contenga e incluya. Y esa visión está despertando una enorme adhesión, dentro de lo que fue la Renovación y también por fuera, con dirigentes y actores políticos y empresariales que coinciden con sus posiciones. 

Passalacqua está marcando su ritmo político. Renunció formalmente al aporte partidario a Encuentro Misionero -el espacio que venía a reemplazar a la caduca Renovación- y lo mismo hicieron funcionarios y dirigentes de primera línea. Pero va más allá en la diferenciación. Ordenó un plan para resolver los litigios pendientes de dos privatizaciones emblema de los 90 -el ex banco Provincia y el Instituto del Seguro- y puso fin al cobro anticipado de Ingresos Brutos en los controles de ingreso a Misiones, el fin de la mal llamada Aduana Paralela. También decidió recuperar el hotel de Turismo del Instituto de Previsión Social, que estaba en manos del grupo Bagú, en una fallida concesión que terminó en desbandada, maniobras fraudulentas y un tendal de deudas. La prioridad, marcó, fue cuidar el activo provincial y la integridad de los trabajadores.

Pero quizás el dato más saliente es que después del escándalo del streaming porteño Blender, que despidió a buena parte de su equipo en medio de trascendidos de vínculos financieros con Misiones, a través de holding empresarial que opera la aplicación Alegramed en el Parque de la Salud de Misiones, en la Gobernación se trabaja en la búsqueda de alternativas para desarmar la concesión y destinar esos recursos al servicio de salud.

El ministro de Desarrollo Social, Fernando Meza, quien iba a ser candidato a intendente de Posadas por Encuentro Misionero, sorprendió el viernes con una definición: “Voy a trabajar para que Hugo Passalacqua sea reelecto gobernador porque es el mejor hombre para transitar este tiempo distinto, mostrando la cercanía y templanza que necesita nuestra sociedad”, afirmó.

”No necesitamos un gobierno que prometa un final feliz; necesitamos un gobierno que se ocupe de cuidar, proteger y respetar a nuestro pueblo. Gobernar es priorizar y hoy necesitamos priorizar con racionalidad el cuidado de los sectores más desprotegidos. La situación social exige un gobierno que escuche, que camine los barrios y que esté cerca de la gente, conociendo de primera mano sus necesidades”, expresó.

La gestión de Passalacqua se distingue por el equilibrio económico con la prioridad puesta en generar soluciones. No es de ahora. Ya supo lidiar con otras crisis económicas nacionales desde su primer mandato. Ahí nacieron los Ahora, con el debut del Ahora Pan, que logró morigerar los aumentos que comenzaban a hacerse insoportables en el ocaso del gobierno de Mauricio Macri. Pequeñas medidas que impactan en la vida cotidiana. 

Ahora tiene que lidiar con las consecuencias de la desregulación yerbatera, un deseo de Macri que Milei hizo realidad. Y aunque sabe que la solución a la crisis de la producción no depende de herramientas provinciales, es constante la búsqueda de alivio. Hace unas horas recibió en Casa de Gobierno a representantes de empresas y cooperativas yerbateras de Misiones que fueron distinguidas en el primer Mundial de la Yerba Mate que se realizó en Buenos Aires. Durante el encuentro presentó una línea de créditos por más de $200 millones destinada al crecimiento de estas empresas y cooperativas.

La línea de créditos contará con requisitos flexibles y permitirá financiar inversiones en compra de materia prima, packaging, ampliación de la capacidad productiva, logística de comercialización y otras mejoras orientadas a responder al incremento de la demanda y consolidar la presencia de las marcas misioneras en nuevos mercados. “La yerba mate está en la profundidad de nuestra historia como misioneros, nos sigue apoyando, proyectando y representando como misioneros”, agregó. 

Mientras la Provincia se ocupa, Nación desprecia el reclamo de los productores y desdeña los datos que ponen en evidencia el fiasco de la desregulación. En su breve paso por Misiones este sábado, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ratificó que no hay ninguna posibilidad de revisar el dogma libertario. “Nuestra agenda es desregular, o sea, esto lo ha de haber explicado hasta el cansancio Adrián (Núñez), Diego (Hartfield), Maura (Gruber). Sabemos la postura que tenemos sobre el tema. Nosotros creemos que abriendo el comercio, generando más exportaciones, no tiene que intervenir el Estado. A la larga no tiene que intervenir el Estado, va a ser lo más beneficioso, por más que la transición por ahí un poco cueste, va a ser lo más beneficioso”, remarcó Menem, echando por tierra la posibilidad de que la reunión a la que accedió Federico Sturzenegger para el miércoles, sirva para provocar algún cambio. 

No alcanza simplemente con “creer”. Los datos marcan lo contrario. Entre enero y mayo reflejan una caída simultánea en la producción, consumo y exportaciones. El resultado es una contracción general del mercado que confirma las advertencias que vienen realizando productores, cooperativas e industrias sobre el deterioro de la cadena. La combinación de menores ventas internas y exportaciones en retroceso impactó directamente sobre el volumen total comercializado por la cadena. Entre enero y mayo de 2026, las salidas de molino destinadas al mercado interno y al exterior sumaron 131,90 millones de kilos. En igual período de 2025 habían alcanzado 135,79 millones de kilos.La diferencia es de 3,89 millones de kilos, equivalente a una caída cercana al 2,9% interanual.

Menem exteriorizó la plataforma electoral de la Libertad Avanza para Misiones. Formó parte de la comitiva de Karina Milei, quien en Posadas confirmó que trabajará por la reelección de su hermano, campaña que se lanza apenas unas horas después de que despidieran con honores a Manuel Adorni, en medio de un escándalo de corrupción que todavía no tiene escrito su final. 

La desregulación yerbatera es uno de los pilares del plan para Misiones. Los otros serán diseñados por el equipo de directores académicos de la “Escuela” presentada por Karina. Ese equipo está integrado por Gerardo Alonso Schwarz, quien ya había trabajado en la plataforma de Patricia Bullrich, Eduardo Cazenave, Daniel Ricardo García -abogado y especialista en derecho tributario- y el abogado peronista Martín Ayala. Valeria Soczyuk (¿candidata a vice?) será la “coordinadora” de la Escuela.

Los nombres de dirigentes de otros partidos no deben sorprender. El gabinete de Milei es hoy una colección de funcionarios con larga tradición. De la promesa de ponerle fin a la casta a nutrirse de ella. El nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, tiene origen peronista y viene del PRO, lo mismo que Luis Caputo y el canciller Pablo Quirno. Federico Sturzenegger es el de mayor “trayectoria”, con pasado en la alianza radical y Cambiemos, curriculum que compartía con la ahora senadora Patricia Bullrich, quien se inició como montonera, pasó por la alianza y Cambiemos, antes de ser ministra de Milei y ahora posible rival interna. Su sucesora en Seguridad Alejandra Monteoliva también es del PRO, lo mismo que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Casi el segundo tiempo que prometía Macri. 

Pero como en aquel primer tiempo, el deterioro social y económico comienza a ser un factor político clave. 

Si el Gobierno apuesta a que la desaceleración de la inflación alcance para sostener el respaldo político, las encuestas comienzan a mostrar que esa ecuación perdió eficacia. La inflación sigue siendo la principal preocupación de los argentinos, pero ya no monopoliza el humor social. Una encuesta nacional de Management & Fit revela que la desaprobación de la gestión de Milei alcanzó el 58,2%, el nivel más alto desde el inicio de su mandato, mientras que la aprobación cayó al 37,3%. Más significativo aún es el cambio de prioridades: la corrupción escaló hasta convertirse en el segundo problema que más preocupa a la sociedad, apenas por detrás de la inflación, y siete de cada diez consultados sostienen que el escándalo Adorni afecta su confianza en el Gobierno.

El dato resulta especialmente revelador porque coincide con una economía que, aunque exhibe una inflación en descenso, todavía no logra traducir esa mejora macroeconómica en una recuperación palpable del bienestar cotidiano. Más del 84% de los encuestados admite haber modificado sus hábitos de consumo durante el último año; la mayoría postergó compras, redujo el consumo de carne o reemplazó productos por opciones más económicas. La dificultad para llegar a fin de mes y los bajos ingresos continúan encabezando las preocupaciones personales, mientras cuatro de cada diez argentinos califican negativamente su situación económica. La estabilidad de los precios, por sí sola, dejó de ser suficiente cuando el bolsillo sigue sin percibir alivio.

Sin embargo, el panorama político conserva una paradoja que explica buena parte de la fortaleza del oficialismo. Pese al desgaste de la gestión y al aumento del malestar social, la oposición todavía no consigue consolidar una alternativa competitiva. Un 41,4% de los consultados votaría por alguna forma de continuidad del actual Gobierno -aunque la mayoría reclama cambios en la política económica-, mientras dos tercios aseguran que volverían a votar igual que en 2023. Es un respaldo menos entusiasta y más condicionado que hace un año, pero suficiente para demostrar que el principal desafío de Milei ya no es únicamente sostener la baja de la inflación: es reconstruir la confianza antes de que el desgaste económico y los cuestionamientos éticos terminen erosionando el activo político que aún conserva.

Ese es el escenario de cara a 2027. Sin liderazgos claros en la oposición y con un Gobierno nacional que se desentiende de la suerte de las provincias. 

En ese camino, una encuesta de  MRVT Consultora, revela que Passalacqua consolida un contundente 62% de imagen positiva. El informe explica cómo las medidas microeconómicas clave de fin de junio (eliminación del cobro anticipado de Ingresos Brutos en Ruta, programas Ahora y exenciones a billeteras virtuales) blindaron su gestión frente a la crisis nacional. 

En marcado contraste, la imagen negativa de Milei trepó al 64% y su positividad cayó al 32% (un diferencial neto de -32 puntos), arrastrada por el impacto de las tarifas y el ajuste. 

Otro dato es el “Fin de la Neutralidad”: el segmento de indecisos cayó a su mínimo histórico (4%), volcándose directo hacia la desaprobación de la gestión nacional.

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El superávit nacional y el costo silencioso que pagan las provincias

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En materia económica, pocas discusiones generan hoy tanto consenso como la necesidad de ordenar las cuentas públicas. Después de más de una década de déficits fiscales casi permanentes, la búsqueda del equilibrio financiero aparece como una condición necesaria para estabilizar la economía argentina, reducir la inflación y reconstruir la confianza. Sobre ese objetivo, incluso el peronismo se sumó a la ola: el equilibrio fiscal llegó (aparentemente) para quedarse.

Sin embargo, alcanzar el equilibrio fiscal no es solamente una cuestión de números. También importa cómo se llega a ese resultado, quién absorbe el costo del ajuste y cuáles son sus efectos sobre el resto de la economía. Porque las cuentas públicas no son compartimentos estancos: el ahorro de un nivel del Estado muchas veces implica menores recursos para otro. Y eso es precisamente lo que muestran las finanzas provinciales desde el inicio de la actual gestión nacional. Nada que no hayamos ya dicho en innumerables ocasiones, pero que cada mes vale la pena repasar. 

El Gobierno nacional exhibe mes tras mes el superávit fiscal como uno de los principales logros de su programa económico. Es un dato objetivo. Pero existe otra realidad, mucho menos visible, que también merece formar parte del análisis: una parte significativa de ese ordenamiento se consiguió reduciendo las transferencias hacia las provincias, tanto las automáticas como, especialmente, las discrecionales. El resultado fue un deterioro profundo de la capacidad financiera de los gobiernos subnacionales, cuyas consecuencias comienzan a sentirse sobre la actividad económica del interior del país. Otra vez: ya lo hemos dicho hasta el cansancio, pero cada cierre de mes, al observar los datos de coparticipación y transferencias nacionales, vuelve el tema a la agenda (y a la preocupación).

Las transferencias automáticas representan el principal vínculo financiero entre la Nación y las provincias. La coparticipación federal explica la mayor parte de esos recursos y constituye la fuente de financiamiento más importante para la mayoría de las jurisdicciones. Su comportamiento depende de la evolución de la recaudación de impuestos coparticipables y, por lo tanto, del desempeño de la economía. Los datos permiten observar con claridad lo ocurrido desde comienzos de 2024; es decir, en la era Milei.

Durante prácticamente todo ese año las transferencias automáticas registraron fuertes caídas en términos reales. En nueve de los doce meses del año hubo caídas, de las cuales ocho fueron en dos digitos llegando a máximos como -26,8% en marzo. 

Sobre el cierre de año (noviembre y diciembre) comenzaron a observarse algunas mejoras, que se dieron principalmente como rebote, pero esa incipiente recuperación nunca alcanzó para compensar el derrumbe acumulado durante tres cuartas partes del período. 

En términos económicos, recuperar una parte de lo perdido no implica volver al punto de partida. Solo en 2024, el conjunto de provincias perdió, mirándolo a precios actuales, unos $ 8,5 billones de pesos

La expectativa era que, superado ese impacto, 2025 consolidara una trayectoria más favorable. Pero eso tampoco ocurrió. Si bien el año inició con fuertes rebotes (productos de la muy baja base comparativa), a partir del tercer trimestre se vieron deterioros en la trayectoria, con reducción en la velocidad de recuperación como también con caídas (como septiembre y noviembre). Esto marcaba el hecho de que la recaudación no encontraba un ritmo estable de recuperación, y por ende, la economía seguía estando muy inestable sin lograr consolidar una recuperación homogénea. El acumulado de ese año, aun con ello, cerró con una relativa mejora: se “recuperaron” unos $ 1,3 billones, aunque el saldo acumulado seguía siendo altamente negativo (-$ 7,2 billones perdidos en dos años).

Lejos de mejorar definitivamente, durante 2026 la situación volvió a deteriorarse y con fuerza. En los primeros seis meses del año, cinco registraron caídas reales interanuales y solamente mayo logró mostrar un crecimiento impulsado por un factor tributario estacional. El saldo acumulado del primer semestre muestra pérdidas por $ 1,1 billones contra el primer semestre de 2025 y, a su vez, los 30 meses de gobiernos completos de Milei dejan un saldo negativo de $ 8,3 billones para las provincias, solo por envíos automáticos. Es decir, más de dos años después del inicio del nuevo esquema económico, las transferencias automáticas siguen presentando un escenario altamente deteriorado.

Pero si la evolución de la coparticipación genera preocupación, las transferencias no automáticas describen un panorama todavía más contundente. Históricamente, estos recursos permitían financiar obras públicas, programas específicos, asistencia financiera extraordinaria y distintas políticas acordadas entre la Nación y las provincias. Su distribución siempre fue objeto de debate por su carácter discrecional, pero constituían una herramienta relevante para atender desequilibrios fiscales o impulsar inversiones estratégicas.

Con la llegada de la nueva administración nacional, esa herramienta prácticamente desapareció. Los números son elocuentes. Durante 2024 las transferencias no automáticas registraron caídas reales en todos los meses, superiores en todos los casos al -70% real. En moneda de hoy, se recortaron envíos por $ 7,9 billones. 

En otras palabras, el Gobierno nacional eliminó prácticamente la totalidad de los instrumentos de financiamiento provincial. 

Hacia 2025, se puede ver de nuevo una relativa recuperación de estos envíos, con subas en los primeros siete meses de ese año. Sin embargo, esas subas se dieron (otra vez) contar una base de comparación que era extraordinariamente baja, casi nula en algunos casos. Crecer respecto de un año en el cual las transferencias virtualmente desaparecieron no significa haber recuperado los niveles previos. El saldo acumulado mostró una recuperación equivalente a los $ 800 millones, apenas un 10% de lo perdido en 2024.

La evidencia más reciente confirma el sesgo bajista de este cuadro. Durante el primer semestre de 2026 las transferencias no automáticas volvieron a registrar caídas reales muy significativas en todos los meses, llegando a su pico en junio con -87,7% con una en particular: los envíos de junio de 2026 fueron los más bajos para ese mes desde 2005. En otras palabras, el peor junio en veinte años. Por ende, lejos de consolidarse una recomposición, la asistencia a provincial volvió a retraerse con fuerza. Esto produjo que el primer semestre termine con una caída del 62% interanual, siendo el peor primer semestre también en veinte años. De este modo, en los 30 meses completos de Milei en el gobierno nacional, se recortaron transferencias a provincias por un total, a precios actuales, de $ 8,1 billones

Así, la tendencia que muestran los datos es clara: desde el inicio de la actual administración nacional las provincias reciben considerablemente menos recursos provenientes de la Nación: sumando las pérdidas por transferencias automáticas y no automáticas de los últimos treinta meses, las provincias resignaron ingresos por $ 16,5 billones a precios actuales.

Las consecuencias de este proceso exceden ampliamente el plano contable. Las provincias no administran recursos para acumularlos. Los utilizan para financiar hospitales, escuelas, rutas, seguridad, programas sociales, salarios públicos, infraestructura y servicios esenciales. Cuando los ingresos disminuyen de manera persistente, las alternativas disponibles son pocas: reducir gastos, postergar inversiones, incrementar la presión tributaria provincial o aumentar el endeudamiento, cuando ello resulta posible.

En mayor o menor medida, todas esas respuestas comenzaron a observarse durante los últimos dos años. Muchas jurisdicciones redujeron el ritmo de ejecución de obras públicas. Otras demoraron inversiones en infraestructura, equipamiento o mantenimiento. Algunas intensificaron la utilización de impuestos provinciales para compensar parcialmente la pérdida de recursos nacionales o, también, la toma de deuda. En varios casos también aparecieron crecientes dificultades para sostener los compromisos salariales con los trabajadores estatales.

Pero existe además un efecto menos visible y probablemente más importante: el impacto sobre la actividad económica. Cada peso que deja de ingresar a una provincia representa menor capacidad de gasto dentro de esa economía regional. Menos obra pública implica menor demanda para empresas constructoras, industrias proveedoras de materiales, transportistas y profesionales. Menores compras del Estado afectan directamente a cientos de pequeñas y medianas empresas que dependen de la contratación pública. Salarios públicos que pierden poder adquisitivo reducen el consumo en comercios y servicios locales. Todo ello termina repercutiendo sobre el empleo, la inversión y el nivel de actividad.

En definitiva, el ajuste nacional no concluye en el Ministerio de Economía. Se transmite hacia las provincias y desde allí al entramado productivo de cada región. Esto adquiere una relevancia aún mayor en el norte argentino, donde la dependencia de los recursos nacionales resulta significativamente superior a la observada en las jurisdicciones con mayor capacidad de recaudación propia. Para muchas provincias del NOA y del NEA, la coparticipación constituye el principal sostén de sus presupuestos. Cuando esos recursos pierden poder de compra y las transferencias discrecionales prácticamente desaparecen, el margen de maniobra fiscal se reduce de manera considerable.

Por supuesto, reconocer este fenómeno no implica desconocer la necesidad de ordenar las cuentas públicas. Tampoco supone defender los excesos del pasado ni cuestionar el objetivo de alcanzar un Estado fiscalmente sostenible. El verdadero debate pasa por la distribución del esfuerzo. Hasta ahora, buena parte del ajuste fue absorbido por las provincias. Mientras la Nación exhibe superávits crecientes, los gobiernos provinciales administran presupuestos cada vez más tensionados, con menos recursos para cumplir responsabilidades que siguen siendo esencialmente las mismas.

En ese contexto, celebrar únicamente el resultado fiscal nacional implica observar apenas una parte del problema. El equilibrio de un nivel del Estado no necesariamente refleja el equilibrio del sistema en su conjunto. Si el ordenamiento de las cuentas nacionales se consigue trasladando recursos y obligaciones hacia las provincias, entonces el costo simplemente cambia de lugar. 

Así, el balance global de la era Milei continúa siendo claramente desfavorable para las finanzas provinciales. Las provincias disponen hoy de menos recursos nacionales, cuentan con menor capacidad para impulsar políticas propias y enfrentan crecientes restricciones para sostener el nivel de actividad en sus economías. El superávit fiscal nacional podrá ser una condición necesaria para estabilizar la macroeconomía. Pero difícilmente alcance para garantizar el desarrollo si ese equilibrio se construye sobre unas provincias financieramente más débiles.

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