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¿Conviene hacer Uber en Posadas? La respuesta depende de cuánto vale tu tiempo

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Hay cientos de posadeños que manejan Uber todos los días. Algunos lo hacen como único ingreso. Otros, como segundo empleo. Unos pocos hacen las cuentas en serio. Esta es la historia de cuatro conductores distintos y de lo que los números realmente dicen sobre si conviene o no.

En la capital de Misiones se estima que Uber le quitó el 30% de los pasajeros al sistema de colectivos de la ciudad. No el 10%, no el 20%. El 30%. Guillermo Leumann, empresario de transporte urbano, lo dijo públicamente hace seis meses y nadie lo refutó. No hay antecedente de algo así en ninguna otra ciudad de la región. 

Eso significa que Posadas tiene cientos, probablemente miles, de personas manejando Uber. Algunos lo hacen como único ingreso. Otros como rebusque del fin de semana. Unos pocos lo hacen con un cálculo claro en la cabeza. La mayoría, con una intuición que nunca terminó de convertirse en número.

Hicimos los números.

El contexto en julio de 2026: la nafta súper cuesta $2.190 por litro en Posadas, más de $100 por encima del precio en CABA y entre los más altos del país. Desde diciembre de 2023, acumula un aumento del 181%. La tarifa del colectivo subió a $1.800 sin SUBE, lo que empuja pasajeros hacia Uber. Y el salario mínimo ronda los $720.000 mensuales, menos de 700 dólares al tipo de cambio oficial.

Antes de los testimonios, los parámetros que usamos para calcular. Uber cobra al pasajero y le transfiere al conductor el 75% del monto. El resto es la comisión de la plataforma. Un viaje promedio en Posadas recorre entre 4 y 6 kilómetros y demora entre 10 y 15 minutos. El precio típico de un viaje corto en Posadas oscila hoy entre $2.500 y $4.500, dependiendo de la hora y la demanda.

El costo operativo por kilómetro de un auto nafta de gama media en Argentina (considerando combustible, desgaste de neumáticos, aceite, frenos y amortiguadores) se estima entre $800 y $1.200. Sin contar el seguro ni la depreciación del vehículo.

Con eso en mente, cuatro historias de las tantas similares que deben circular: la uberización de la economía es el signo de los tiempos. En Posadas, los últimos datos oficiales de empleo marcan que subió de manera significativa la proporción de asalariados que trabajan en la informalidad: pasó del 34% al 46%.  En contraste, Uber no para de crecer y hace algunas horas anunció la compra de la alemana Delivery Hero, dueña de PedidosYa, en una operación valuada en US$ 14.800 millones que redefine el mapa mundial del negocio del delivery. Con esta adquisición, la compañía estadounidense busca convertirse en el mayor operador de reparto de comida fuera de China y fortalecer su posición frente a competidores como DoorDash y Just Eat.

La operación permitirá a Uber ampliar significativamente su alcance internacional. La empresa pasará de operar en 50 a 99 mercados, incorporando una red que suma alrededor de 60 millones de usuarios activos mensuales y un volumen de reservas brutas cercano a US$ 42.000 millones durante 2025.


RODRIGO · 34 AÑOS · UBER COMO SEGUNDO EMPLEO · AUTO PROPIO COMPRADO EN 2021

“Los viernes y sábados a la noche salgo cuatro horas. Hago entre 12 y 15 viajes. Me quedo con unos $35.000 limpios después del combustible. Al principio me parecía mucho. Después empecé a pensar en el desgaste del auto y ya no sé si es tanto.”

El cálculo de Rodrigo: 13 viajes promedio × $3.200 promedio = $41.600 bruto · 75% al conductor = $31.200 · Combustible (aprox. 60 km a 12 km/l = 5 litros × $2.190) = $10.950 · Ingreso neto estimado: $20.250 por noche · Desgaste estimado (60 km × $400 de amortización): $24.000 mensuales si sale 3 veces por semana. Lo que no suma: el auto se desgasta todos los viernes aunque Rodrigo no lo vea.


MARIELA · 41 AÑOS · UBER COMO INGRESO PRINCIPAL · AUTO FINANCIADO EN 2023

“Manejo ocho horas por día, de lunes a sábado. Hay días buenos y días que no sale nada. El problema es que el auto ya necesita service y no tengo plata para pararlo. Si lo paro una semana, no como.”

El cálculo de Mariela: 8 horas × 6 días = 48 horas semanales · Estimado de 25 viajes diarios × $3.000 = $75.000 bruto diario · 75% = $56.250 · Combustible diario (180 km ÷ 12 km/l = 15 litros × $2.190) = $32.850 · Ingreso neto diario antes de otros costos: $23.400 · Mensual: ~$561.600 · Seguro básico: $60.000/mes · Servicio de 5.000 km cada 2 meses: $80.000/mes promedio · Desgaste de cubiertas y frenos: $40.000/mes estimado. Ingreso real mensual estimado: $381.600. Por debajo del salario mínimo si se descuenta todo.


TOMÁS · 28 AÑOS · UBER EN MOTO · SIN CUOTAS NI GASTOS DE AUTO

“Yo hago con moto y es completamente distinto. El combustible es la mitad, el desgaste es menor, y en Posadas con el tráfico la moto llega antes a todos lados. Hago 20 viajes en el mismo tiempo que un auto hace 12.”

El cálculo de Tomás: Moto 150cc · Consumo: 30 km/litro · Costo combustible por km: $73 (vs $182 del auto) · 20 viajes diarios × $1.800 promedio (moto Uber más barato) = $36.000 bruto · 75% = $27.000 · Combustible (80 km ÷ 30 = 2,7 litros × $2.190) = $5.913 · Ingreso neto diario estimado: $21.000 con mucho menos desgaste y menor inversión inicial. La moto gana en economía operativa. Pierde en seguridad y en capacidad de pasajeros.


SANDRA · 62 AÑOS · JUBILADA QUE HACE UBER LOS MEDIODÍAS

“Mi jubilación no alcanza para nada. Salgo tres horas por día, de 11 a 14. Hago 6 o 7 viajes. Me alcanza para las verduras y un poco más. Pero me preocupa qué pasa cuando el auto falle. No tengo para arreglarlo.”

El cálculo de Sandra: 6 viajes × $3.000 promedio = $18.000 bruto · 75% = $13.500 · Combustible (25 km × $182/km) = $4.550 · Ingreso neto: ~$8.950 por sesión · $188.000 mensual si sale 21 días · Suma importante como complemento de jubilación. Pero el auto tiene 8 años y el próximo service podría costar más de lo que gana en un mes entero. Sandra no tiene fondo de emergencia mecánica. Ese es su mayor riesgo.


Los cuatro casos ilustran algo que la mayoría de los conductores de Uber en Posadas intuye pero no termina de calcular: la plataforma paga por el tiempo activo. Lo que no paga, y lo que nadie descuenta del ingreso bruto, es el tiempo muerto esperando viajes, el desgaste diferencial del vehículo, el costo del seguro adicional que requiere el uso comercial, la imposibilidad de aportar a una jubilación y la depreciación del auto como activo.

El número más revelador de la tabla es el de Mariela: quien más trabaja, quien pone más horas, quién más se expone, termina con el ingreso neto más bajo en términos relativos. Eso no es una paradoja: es la consecuencia lógica de que el costo fijo del auto (seguro, service, depreciación) no escala con los viajes. Crece con el tiempo, independientemente de cuánto se trabaje.

Lo que ningún conductor descuenta pero debería: un auto de $8.000.000 que se usa para Uber durante tres años pierde entre el 40% y el 60% de su valor, más rápido que un auto de uso particular, porque los kilómetros se acumulan al triple de velocidad. Esa depreciación, distribuida en los meses de uso, puede representar entre $150.000 y $250.000 mensuales de costo invisible. Si se suma ese ítem al cálculo de Mariela, su trabajo de 8 horas diarias la deja con un ingreso real inferior al salario mínimo.

¿Conviene entonces hacer Uber en Posadas?

Depende de con qué se compare y desde dónde se entre. Como complemento de otro ingreso, con un auto ya pago y saliendo pocas horas en horarios de alta demanda (noches, fines de semana, eventos) los números cierran razonablemente. Como ingreso principal, con un auto financiado y jornadas completas, los números dan mucho menos margen del que parece a primera vista.

Y hay algo que los números no capturan del todo: el costo del tiempo. Manejar ocho horas por día en Posadas, con el calor del verano misionero, el tráfico de ciertas avenidas en hora pico y la incertidumbre de cuántos viajes va a haber, tiene un precio en energía y en salud que no aparece en ninguna planilla.

Uber en Posadas es real, es masivo y claramente cubre una necesidad de transporte que el sistema formal no estaba cubriendo. También es, para muchos de quienes lo manejan, el ejemplo más cotidiano de algo que ya describimos en esta serie: el sistema que no paga suficiente, que te ofrece la plataforma como solución y te deja a vos la responsabilidad de hacer que cierre.

El auto se desgasta igual, llueva o no haya viajes. La plataforma cobra su 25% igual, ganes o pierdas.

Y el service del mes que viene llega igual, hayas o no hecho los números.

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Soberanía: la palabra que el Gobierno no logró sacar de la cancha

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Hay errores políticos que nacen de una mala decisión. Otros, de una mala lectura de la realidad. Y hay un tercer tipo, quizás el más peligroso: creer que un símbolo compartido por millones de personas puede administrarse como si fuera un problema de comunicación.

Eso fue, en definitiva, lo que ocurrió esta semana.

La historia no empezó con la bandera desplegada por la Selección Argentina después del partido frente a Inglaterra. Empezó unos días antes, cuando la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció que, tras reuniones con autoridades de la FIFA, organismos de seguridad estadounidenses, representantes británicos y argentinos, se había acordado impedir el ingreso a los estadios de banderas, camisetas u otros elementos que exhibieran el “mapita” de las Islas Malvinas, por considerarlos manifestaciones políticas.

La declaración cayó como una bomba.

No sólo porque se trataba del reclamo histórico de soberanía de la Argentina, sino porque la medida fue interpretada por amplios sectores como una aceptación anticipada de que un símbolo nacional debía quedar fuera de un partido precisamente contra Inglaterra.

La polémica ya estaba instalada.

Y entonces apareció la Selección.

Los jugadores desplegaron una bandera sencilla, hecha por un hincha. Sin consignas partidarias. Sin agravios. Sin llamados a la confrontación. Apenas una frase que cualquier argentino escuchó desde la escuela primaria:

“Las Malvinas son Argentinas”.

Hasta ese momento, el episodio podía haber quedado como una imagen emotiva de un partido cargado de historia.

Pero el Gobierno decidió jugar otro juego, precisamente.

El presidente Javier Milei sostuvo que “la política no debía apropiarse de la fiesta”, habló de una posible sanción de la FIFA, calificó de “miserables” a quienes pretendían convertir el gesto en un hecho político y luego aclaró que, por supuesto, las Malvinas son argentinas y que el reclamo debe mantenerse por la vía diplomática.

Sin embargo, la discusión ya no era esa.

Porque el problema nunca fue la posición histórica sobre Malvinas.

El problema fue el encuadre elegido por el Gobierno.

Mientras millones de argentinos veían una expresión de identidad nacional, la Casa Rosada discutía reglamentos deportivos, neutralidad política y eventuales multas.

Y ahí comenzó una derrota que no se jugó en la cancha.

Se jugó en la opinión pública.

No es una conclusión basada en intuiciones.

Es lo que reflejan los estudios de dos consultoras especializadas en análisis de conversación pública digital.

Ad Hoc, una empresa dedicada al monitoreo y análisis de millones de interacciones en redes sociales para medir tendencias, reputación e impacto de acontecimientos públicos, registró más de dos millones de menciones vinculadas a Malvinas en apenas cinco días.

Sólo durante la jornada del partido hubo 660 mil menciones, casi el doble de las registradas el último 2 de abril, fecha en la que cada año se conmemora el inicio de la Guerra de Malvinas.

Hay un dato todavía más revelador.

Mientras algunos sectores intentaban instalar la discusión sobre si correspondía o no exhibir aquella bandera, el término “Malvinas” apareció más de dos millones de veces en la conversación digital, mientras que “Falklands” apenas superó las 210 mil menciones.

Es decir: incluso en el territorio más fragmentado y caótico de nuestro tiempo —las redes sociales— el consenso argentino resultó abrumador.

El informe también detectó que las conversaciones que asociaban al Presidente con el episodio tenían un 66,7% de sentimiento negativo.

Por su parte, Monitor Digital, otra consultora especializada en inteligencia digital y monitoreo de agenda pública, llegó a una conclusión similar: la controversia desplazó otros temas de la agenda y produjo un deterioro en la reputación digital del Gobierno.

No se trata de que una consultora tenga razón porque sí.

Se trata de que dos equipos diferentes, utilizando metodologías distintas, describieron el mismo fenómeno.

Y después apareció un tercer dato.

La Política Online publicó un análisis según el cual dos de cada tres usuarios rechazaron la postura presidencial frente a la bandera de la Selección.

Cuando distintas mediciones coinciden en señalar la misma dirección, conviene prestar atención.

Porque ya no estamos hablando solamente de redes sociales.

Estamos hablando del modo en que una sociedad interpreta un hecho político.

Y ahí aparece la verdadera pregunta.

¿Quién politizó la bandera?

¿Los jugadores?

¿O quienes decidieron cuestionarla?

Porque conviene recordar algo elemental.

Las Malvinas no son una consigna de un partido.

Son una política de Estado sostenida por todos los gobiernos democráticos, incorporada a la Constitución Nacional que, en su Disposición Transitoria Primera, ratifica la legítima e imprescriptible soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, además de estar respaldada por resoluciones de las Naciones Unidas que reconocen la existencia de una disputa de soberanía e instan a ambos países a reanudar negociaciones.

Por eso resulta extraño presentar esa bandera como una apropiación política.

Si así fuera, habría que concluir que cada acto oficial del 2 de Abril, cada discurso presidencial sobre Malvinas y cada mapa que aparece en un aula argentina constituyen también una manifestación partidaria.

Hay paradojas que no necesitan explicación. Se explican solas.

Quizás el mayor error del Gobierno haya sido creer que una bandera podía leerse únicamente desde la lógica de la coyuntura.

Pero las banderas no pertenecen a la coyuntura.

Pertenecen a la memoria colectiva.

Y la memoria suele ser bastante más resistente que cualquier estrategia de comunicación.

Como si todo esto fuera poco, la semana terminó ofreciendo una ironía difícil de pasar por alto.

Mientras el país discutía una bandera que reivindicaba la soberanía sobre las Islas Malvinas, el Senado debía debatir un proyecto impulsado por el oficialismo para modificar el régimen de tierras rurales, una iniciativa que, según sus críticos, abre la puerta a una mayor extranjerización de un recurso estratégico.

La sesión finalmente se cayó y el tratamiento quedó postergado.

Puede tratarse de una coincidencia del calendario legislativo.

Pero la imagen es potente.

En pocos días, la palabra soberanía apareció en tres escenarios completamente distintos.

En una cancha de fútbol.

En millones de conversaciones digitales.

Y en el Congreso de la Nación.

Eso debería servir, al menos, para una reflexión.

Porque la soberanía no empieza ni termina en Malvinas.

También se expresa en quién controla los recursos estratégicos, quién decide sobre el territorio, quién define el rumbo económico y qué lugar ocupa el interés nacional frente a las presiones externas.

Quizás por eso una bandera de tela terminó diciendo mucho más que cuatro palabras.

Recordó que hay causas que sobreviven a los gobiernos.

Que existen símbolos que ningún consultor puede resignificar a voluntad.

Y que hay consensos que siguen vivos, incluso en una Argentina atravesada por divisiones profundas.

El Gobierno creyó que discutía una bandera.

Los argentinos, en cambio, discutían algo bastante más grande.

Discutían la soberanía.

Y esa, por suerte, todavía no salió de la cancha.

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Hay partidos que valen mucho más que un resultado

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Hay quienes sostienen que la cuestión Malvinas se resolverá algún día en los organismos internacionales. Ojalá fuera tan sencillo. En lo personal, pienso que es de ilusos pensar eso. Porque la realidad demuestra otra cosa. Hace décadas que la Argentina reclama pacíficamente, presenta argumentos, obtiene resoluciones que llaman al diálogo y mantiene vivo el reclamo diplomático. Sin embargo, el Reino Unido continúa ocupando las islas y sosteniendo que son suyas. Esa es la realidad. Lo hizo ayer, indiganada, luego del partido y cuando un grupo de jugadores puso lo que hay que poner y también desplegó una bandera.

Frente a esa realidad, algunos creen que recordar Malvinas incomoda, que es un tema del pasado o que debe quedar limitado a los discursos oficiales. Se equivocan.

Malvinas no pertenece a un gobierno. Pertenece al pueblo argentino.

Por eso la imagen de nuestros jugadores desplegando la bandera de las Islas Malvinas después de eliminar a Inglaterra en una semifinal trasciende el fútbol. No fue un gesto contra un pueblo o para incomodar al rival. Fue un gesto a favor de nuestra identidad. Fue decirle al mundo que hay causas que siguen vivas en el corazón de una Nación.

En estos días hubo quienes entendieron que exhibir una bandera o una remera de Malvinas en un partido frente a Inglaterra podía generar incomodidad en el rival o debía evitarse. Sin embargo, cuando llegó el momento, los jugadores eligieron representar el sentimiento de millones de argentinos. No hablaron con un micrófono; hablaron con un símbolo. Y los símbolos, muchas veces, llegan más lejos que cualquier discurso.

Sí, fue un partido de fútbol. Pero para la Argentina nunca es solamente un partido cuando enfrente está Inglaterra. No fue ganar una semifinal, fue ganarle a Inglaterra. Porque la historia existe. Porque la memoria existe. Porque la soberanía que reclamamos forma parte de nuestra identidad nacional.

No se trata de confundir deporte con diplomacia ni de alimentar enfrentamientos. Se trata de entender que un pueblo también expresa lo que siente a través de sus símbolos, de sus banderas y de sus gestos. Lo que hicieron esos jugadores fue recordarle al mundo que la causa Malvinas sigue intacta en el sentimiento de los argentinos.

Los gobiernos pasan. Las modas pasan. Las conveniencias políticas también. Pero hay causas que sobreviven a todos ellos.

Y mientras haya un argentino dispuesto a levantar esa bandera con orgullo, poner una calco en su auto, usar una gorra o una remera con las Malvinas, el reclamo seguirá vivo. Porque hay victorias que duran noventa minutos. Y hay causas que duran generaciones. El domingo España enfrenta, en la final del mundial, a una selección de hombres que demostró con un trapo que tienen mas patria que sus políticos.

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Independencias innegociables

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El cierre de Dass en Eldorado se anunció como epílogo de una tragedia anunciada. Es también una biografía de la economía argentina de las últimas dos décadas. La empresa de capitales brasileños desembarcó en Misiones durante el gobierno de Néstor Kirchner, cuando el país apostaba por un modelo de sustitución de importaciones, protección de la industria y expansión del mercado interno. 

En ese escenario encontró el ecosistema ideal para crecer: llegó a fabricar más de 20.000 pares de zapatillas por día para marcas internacionales como Nike y Adidas, empleó a unos 1.500 trabajadores y convirtió a Eldorado en uno de los polos industriales más importantes del Nordeste. 

Durante aquellos años, el ruido de sus máquinas era también el sonido de una Argentina que creía que el desarrollo industrial podía ser el camino hacia la movilidad social.

Después llegó el péndulo. Con Mauricio Macri comenzó una apertura comercial que expuso a muchas industrias a competir con productos importados en condiciones muy desiguales. Dass empezó a flaquear: suspensiones, despidos y líneas de producción cada vez más vacías. La llegada de Alberto Fernández al poder, le dio algo de oxígeno, con una visita simbólica, pero nunca recuperó el volumen perdido. 

Con Javier Milei el péndulo volvió a acelerar, esta vez sin frenos. La apertura casi irrestricta de las importaciones, el retiro del Estado como actor de la política industrial y la convicción de que el mercado debe decidir quién vive y quién desaparece terminaron de sellar un destino que ya venía escribiéndose. Las grandes marcas optaron por producir en Asia o Paraguay, donde los costos son más bajos, y la planta de Eldorado dejó de ser competitiva.

Dass cierra, pero la discusión trasciende a una fábrica. La pregunta es si la Argentina seguirá condenada a oscilar entre modelos que se deshacen mutuamente cada cuatro años. El kirchnerismo construyó industria, pero sin resolver problemas estructurales de competitividad. El macrismo apostó a abrir la economía antes de que esa industria estuviera preparada para competir. Milei decidió directamente que la supervivencia industrial no debe ser una preocupación del Estado. En ese péndulo permanente quedaron atrapadas miles de familias. Porque las inversiones industriales se planifican para décadas, no para un mandato presidencial. Y ningún empresario serio apuesta a un país donde las reglas cambian cada vez que cambia el inquilino de la Casa Rosada.

El de Dass es un dato más en una profunda crisis que se vive en la industria textil argentina, que atraviesa una situación cada vez más compleja y su principal desafío hoy es la pérdida de escala productiva. Con maquinarias operando a menos de la mitad de su capacidad, el sector enfrenta crecientes dificultades para sostener la competitividad, el empleo y la inversión.

Según los últimos indicadores difundidos por la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), se registró una caída interanual de la producción de 22,2% en abril y una retracción acumulada de 25,5% entre enero y abril de 2026, un retroceso superior a la baja registrada por la industria manufacturera en su conjunto.

La industria textil alcanzó apenas 42,4% de su capacidad productiva, lo que implica que más de la mitad de las máquinas, instalaciones y recursos disponibles permanecieron detenidas sin utilizar. Además, el impacto sobre el empleo es concreto y acumulado. Desde diciembre de 2023, la cadena textil, de la confección, cuero y calzado perdió más de 24.000 puestos de trabajo. Dass anotará otros 150. 

El ciclo de la yerba mate también sirve para auscultar cómo impactan los modelos económicos y cómo las decisiones tomadas en Buenos Aires, repercuten directamente en el bolsillo y la (in) estabilidad de miles de familias. 

La primera regulación de la yerba mate ocurrió en 1935, durante la llamada Década Infame. Llegó para poner un poco de equilibrio en un mercado protagonizado por peones y mensúes, con productores dispersos que reclamaban un mejor precio para la materia prima. Fue apenas unos meses antes de la Masacre de Oberá, que desnudó con violencia las décadas acumuladas de desigualdad. 

La regulación atravesó casi todo el siglo pasado, con distintos modelos económicos y colores políticos. El mercado estaba medianamente equilibrado, con productores e industria emparejados, con ganadores y perdedores temporales. Oro Verde era sinónimo de yerba mate. 

En 1991 Domingo Cavallo inició la década desregulada y el derrumbe productivo fue la consecuencia en un puñado de años, con precios de miseria y un silencioso éxodo desde chacras malvendidas. 

Entre 2001 y 2002 los tractorazos parieron al Instituto Nacional de la Yerba Mate, que paulatinamente puso equilibrio en la cadena y acercó el precio de la materia prima a los míticos 50 centavos de dólar. 

Milei le puso fin a 20 años de regulación con el DNU 70/23 y la promesa de una prosperidad que vendrá -en un inasible futuro-, pero que no alcanzará a todos al mismo ritmo, como admitió Martín Menem en su breve paso por Posadas el sábado pasado, como parte de la comitiva de Karina Milei, en el virtual lanzamiento de la campaña por la reelección del Presidente, junto a a los diputados Diego Hartfield y Adrián Núñez. En su paso por Misiones, Karina Milei se llevó una foto con Stuart Navajas y Víctor Saguier, ejecutivos de las principales yerbateras, pero sería un error considerar que toda la industria está alineada con las políticas nacionales. “Es una foto inoportuna“, describieron desde otra yerbatera.

En su paso por Misiones, Karina Milei se llevó una foto con Stuart Navajas y Víctor Saguier, ejecutivos de las principales industrias yerbateras.

Éste último estuvo en la reunión la primera reunión que el desregulador Federico Sturzenegger tuvo con representantes de toda la cadena. En la fría recepción en la Secretaría de Agricultura escuchó los planteos de productores y representantes de cooperativas y el Gobierno de Misiones. La respuesta lacónica no sorprendió:  “La política de desregulación económica del sector y la no fijación de precios constituyen lineamientos de gestión de carácter innegociable”. 

En realidad, ninguno de los que fueron a la reunión esperaba otra cosa de Sturzenegger, quien durante su paso por la alianza y por Cambiemos, ya había dado acabadas muestras de su dogmatismo. Sorprendió si, el silencio de Sergio Iraeta, el secretario de Agricultura que no es un simple tecnócrata, sino un productor agropecuario, de una histórica familia patricia. 

“Le pedí a Iraeta que intercediera y defienda a los productores, ya que un modelo de desarrollo rural con predominio de minifundistas, con éstas políticas corre serio riesgo de desaparecer. Si esto sigue así, me gustaría encontrarlos dentro de 3 o 4 años y ver quién estaba equivocado”, cuestionó Ricardo Maciel, representante de Misiones en la cumbre. 

Un estudio realizado por el ministerio del Agro sirve para dimensionar el impacto de la desregulación en un municipio que depende casi exclusivamente de la yerba mate, como Andresito, con 18 mil hectáreas plantadas. Con los valores actuales, los productores generan ingresos cercanos a los $36.000 millones, pero si el precio alcanzara los $700 por kilo -cerca de 50 centavos de dólar-, esa cifra ascendería a $100.800 millones, dejando una brecha de $64.800 millones que hoy no ingresan a la economía local.

La reducción de ingresos afecta el empleo de tareferos y contratistas, la compra de insumos, combustible y maquinaria, además del movimiento comercial en talleres, estaciones de servicio, comercios y otros sectores que dependen directa o indirectamente de la actividad yerbatera.

El informe también proyecta el escenario a escala provincial. Considerando una producción anual cercana a los 900 millones de kilos de hoja verde, la diferencia entre el precio actual y el considerado necesario implica que Misiones deja de incorporar alrededor de $405.000 millones al circuito económico, con consecuencias sobre la inversión, el consumo y la recaudación. Pierden los productores, pierden el comercio y la industria. Pierde la economía misionera. 

Por eso la preocupación del Gobierno provincial en recuperar la economía yerbatera. Desde que Nación impuso la desregulación y descartó cualquier intervención para recomponer el precio que reciben productores y tareferos, Misiones optó por explorar herramientas propias para amortiguar el impacto de la crisis. 

Sin las facultades del INYM para fijar valores de referencia, la Provincia comenzó a utilizar el crédito como un mecanismo de incentivo económico, orientando el financiamiento hacia aquellos operadores que pagan mejores precios por la materia prima. Es una estrategia que busca influir en el mercado mediante señales financieras, allí donde la Nación decidió retirarse.

Desde mayo ya se inyectaron más de $5.491 millones en distintas líneas de financiamiento para la cadena yerbatera. El esquema incluye más de 215 operaciones de descuento de cheques a tasa cero, por un monto superior a $2.769 millones; $2.222 millones en créditos de corto plazo con tasa bonificada y $500 millones en préstamos de largo plazo, canalizados a través de los bancos Macro y Nación. La prioridad se concentró en las empresas y cooperativas que respetan los precios mínimos de referencia impulsados por la Provincia –$301 por kilo de hoja verde y $1.160 por kilo de yerba canchada– con el objetivo de generar un efecto gradual de mejora sobre el valor que perciben los productores. 

En ese contexto deben leerse las palabras del gobernador Hugo Passalacqua en Cerro Corá, durante el acto por el aniversario de la Independencia. El mandatario reivindicó el protagonismo histórico de las provincias y especialmente de Misiones en la construcción del país, al recordar el legado de José Gervasio Artigas, Andrés Guacurarí y el Congreso de los Pueblos Libres como antecedentes fundamentales del federalismo argentino. Al referirse a esos procesos históricos, sostuvo que muchas de aquellas discusiones continúan vigentes y recordó una frase atribuida a José Gervasio Artigas –’Buenos Aires siempre da amarguras’– para contextualizar los históricos debates sobre el federalismo y el rol de las provincias en la construcción del país.

“Los misioneros debemos pensar de forma independiente para tomar las riendas de los desafíos que se vienen”, remarcó en una frase con una profunda significación política, en relación con la Nación, pero también hacia dentro de la política misionera. 

No fue una frase al azar. Passalacqua eligió estar en un pequeño municipio misionero en lugar de la foto de Tucumán, donde estuvo el presidente Milei con un grupo de mandatarios. Casi como sucedió en 1816. Passalacqua recordó que Misiones protagonizó el primer grito de independencia como parte de la Liga de los Pueblos Libres, que sucedió en 1815. Esa liga, liderada por José Gervasio Artigas, nucleó a la Provincia Oriental (actual Uruguay), Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y, por un tiempo, Córdoba. Su modelo político era republicano, federal y democrático. Lo que nunca terminó de consolidarse en la Argentina desde la independencia formal. 

Otra frase de Cerro Corá sirve para explicar el presente político. “Querido pueblo de Misiones, quiero decirle que estoy orgulloso de los misioneros. Orgulloso de cada uno de ustedes, sus familias. En un momento tan angustiante para la República, difícil, difícil. Sin embargo, siempre los veo con una sonrisa. Y si hay algo que podemos hacer desde acá, quienes fuimos legitimados con ese con ese voto, es tratar de hacerles un poco más fácil la vida cada día. Un poco más fácil. Si no cumplimos eso, ahí está la urna”.

El llamado es explícito, aunque el propio Passalacqua todavía no lo haya verbalizado. Buscará ser ratificado en las urnas. “Movimiento por lo que viene”, fue bautizado el nuevo espacio liderado por Passalacqua, quien exhibió músculo, acompañado por buena parte de los intendentes, diputados y los principales ministros del Gabinete.

El espacio asume el compromiso de recuperar los valores históricos del misionerismo, reflejados en el discurso de Cerro Corá: pensar con independencia, sostener una mirada profundamente federal y defender, por encima de cualquier otra consideración, los intereses de las familias misioneras, sin aceptar imposiciones ni condicionamientos desde Buenos Aires. Ese principio supone que cada decisión política debe medirse por su impacto concreto en Misiones y no por las conveniencias de las disputas nacionales, lo que marca también un posicionamiento distinto al expresado hasta ahora por los legisladores nacionales. Desde esa perspectiva, resulta inevitable revisar las decisiones que, en los últimos años, significaron acompañar iniciativas impulsadas desde el poder central aun cuando sus efectos terminaron perjudicando a la provincia. La subordinación a agendas nacionales por encima de las necesidades locales debilitó la capacidad de defensa de Misiones en debates estratégicos y terminó afectando a sectores productivos, trabajadores y economías regionales. Recuperar una voz propia implica volver a colocar a los misioneros en el centro de cada decisión política.

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La apertura sin control y la desregulación dejan heridas abiertas en la economía de Misiones

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Hay indicadores que miden la temperatura de una economía y otros que miden la solidez de su tejido productivo. La cantidad de trabajadores registrados pertenece a la primera categoría: sube y baja con el ciclo económico y suele recuperarse cuando la actividad rebota. La cantidad de empleadores (personas físicas o jurídicas que declaran al menos un trabajador) pertenece a la segunda. Cuando una empresa cierra, no vuelve a abrir automáticamente cuando mejora el contexto. Se pierde capital organizacional, relaciones comerciales, clientela, experiencia y conocimiento acumulado. La destrucción de firmas es, en términos económicos, un fenómeno de histéresis: deja cicatrices.

Por eso conviene observar con atención lo que muestran los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo para Misiones. En abril de 2026 la provincia registró 8.399 empleadores privados activos, el nivel más bajo desde, al menos, enero de 2023 y un nuevo piso durante la gestión de Javier Milei. Frente a abril de 2025, la caída fue del 7,2% (-653 empleadores). Respecto de noviembre de 2023, el último mes previo al cambio de gobierno nacional, alcanza el 11,4% (-1.081 firmas). Y si la comparación se hace contra el máximo de la serie, registrado en septiembre de 2023, la pérdida asciende a 1.414 empleadores, equivalente al 14,4% del entramado empresarial provincial.

La magnitud del deterioro se aprecia mejor en la comparación nacional. Mientras Misiones perdió 7,2% de sus empleadores en el último año y 11,4% desde noviembre de 2023, el promedio argentino mostró bajas del 2,8% y 5,2%, respectivamente. Es decir, la crisis económica destruye empresas en Misiones aproximadamente al doble de velocidad que el conjunto del país. No se trata de un fenómeno exclusivamente misionero (otras provincias, especialmente del norte argentino, también atraviesan fuertes retrocesos) pero sí de uno de los casos más severos.

La cronología también aporta información relevante. Sería un error imaginar un deterioro lineal desde diciembre de 2023. Los datos muestran una dinámica distinta. Entre noviembre de 2023 y abril de 2025, Misiones perdió 428 empleadores, a un ritmo promedio de 25 firmas por mes. Incluso hubo un breve período de recuperación: entre febrero y junio de 2025 el número de empleadores aumentó de manera consecutiva, pasando de 8.996 a 9.261. Ese repunte coincidió con una desaceleración de la inflación y una tenue reaparición del crédito, alimentando la expectativa de que la recuperación había comenzado.

Sin embargo, esa mejora fue transitoria. Desde julio de 2025 el indicador acumula diez caídas mensuales consecutivas y, en ese período, desaparecieron 862 empleadores, un 9,3% del total existente. El ritmo de destrucción más que se duplicó: en los últimos doce meses la provincia perdió, en promedio, 54 firmas por mes, frente a las 25 mensuales del período previo. 

Dicho de otro modo, seis de cada diez empleadores desaparecidos desde noviembre de 2023 cerraron durante el último año. La segunda mitad de la historia fue considerablemente peor que la primera.

Este comportamiento no es un accidente misionero. La misma secuencia (una recuperación breve durante el primer semestre de 2025 seguida por una aceleración de la destrucción empresarial) también aparece en las estadísticas nacionales de empleo registrado y de empresas empleadoras. La estabilización de los precios no vino acompañada por una recomposición del entramado productivo. El ajuste que durante 2024 se procesó principalmente mediante salarios reales más bajos y menores márgenes de rentabilidad comenzó, desde la segunda mitad de 2025, a traducirse crecientemente en cierres de empresas.

¿Quiénes están cerrando? La respuesta es clara: las microempresas. De los 1.081 empleadores perdidos desde noviembre de 2023, 990 tenían diez trabajadores o menos. Es decir, el 91,6% de toda la destrucción empresarial provincial se concentró en ese segmento. Solo las firmas de 1 a 5 trabajadores explican 855 bajas (-12,9%), mientras que las de 6 a 10 aportan otras 135 (-12,4%).

La fotografía del último año muestra exactamente el mismo patrón. De las 653 empresas desaparecidas entre abril de 2025 y abril de 2026, 605 (el 92,6%) correspondían a establecimientos con hasta diez empleados.

Podría pensarse que esto simplemente refleja que las empresas pequeñas son mayoría. Sin embargo, la comparación entre tramos muestra que las tasas de cierre no fueron homogéneas. Las firmas de 11 a 25 trabajadores incluso crecieron levemente en el último año (+0,5%), mientras que las de 51 a 100 permanecieron prácticamente estables. En cambio, las empresas de 26 a 50 empleados registraron la peor performance interanual (-10,6%).

Este comportamiento revela un fenómeno importante. Parte de las bajas observadas en los tramos intermedios no necesariamente responde a cierres, sino a empresas que redujeron personal y descendieron de categoría estadística. Una firma que pasa de 30 a 22 trabajadores deja de computar entre las empresas de 26 a 50 empleados y pasa a integrar el tramo de 11 a 25. Desaparece de un segmento, pero sigue existiendo.

Ese mecanismo no funciona para las microempresas. Una firma de tres trabajadores que despide a sus tres empleados no desciende de categoría: desaparece del registro. Por eso, la fuerte caída del segmento de 1 a 5 trabajadores (que concentra el 68,6% de todos los empleadores privados de Misiones) constituye el mejor indicador de mortalidad genuina de empresas.

El cruce con los datos de empleo registrado refuerza esta conclusión. Mientras la cantidad de trabajadores privados cayó 3,9% interanual, el número de empleadores retrocedió 7,2%. Como consecuencia, el tamaño promedio de la empresa sobreviviente pasó de aproximadamente 11,2 a 11,6 trabajadores. No se trata de un aumento de productividad, sino de un proceso de concentración: la economía no está produciendo empresas más eficientes, sino menos empresas.

Si el tamaño de las empresas responde al “quién”, la distribución sectorial ayuda a responder el “por qué”. La destrucción empresarial en Misiones tiene una concentración muy marcada. Desde noviembre de 2023, el comercio perdió 437 empleadores (-13,6%) y explica, por sí solo, cuatro de cada diez cierres registrados en la provincia. Si se suman transporte y almacenamiento (-114), alojamiento y gastronomía (-65), industria manufacturera (-143) y construcción (-92), esas cinco actividades concentran cerca del 80% de toda la pérdida de empresas.

No es una distribución aleatoria. Las ramas más afectadas son precisamente aquellas cuya actividad depende del mercado interno, del consumo de los hogares y de la inversión privada. Cuando cae la demanda, son las primeras en sentir el impacto.

Dentro de ese escenario existe, sin embargo, un caso particular: el agro. Hasta 2025 había mostrado una capacidad de resistencia superior al resto de los sectores. Entre noviembre de 2023 y abril de 2025 incluso aumentó la cantidad de empleadores, pasando de 1.388 a 1.416. Pero esa resiliencia terminó quebrándose. En abril de 2026 el agro registraba apenas 1.360 empleadores, evidenciando que el deterioro llegó con mayor intensidad durante el último año.

La explicación está estrechamente vinculada con la crisis de la yerba mate. El desmantelamiento de las facultades regulatorias del INYM produjo inicialmente una fuerte compresión de los márgenes de los productores y, con el correr de los meses, comenzó a traducirse en menor producción y retracción empresarial. El ingreso de hoja verde a secaderos cayó de 268 millones de kilos en el primer cuatrimestre de 2024 a apenas 151,9 millones en igual período de 2026: un desplome del 43% en apenas dos años. En un mercado integrado por miles de productores y muy pocos compradores, la persistencia de precios por debajo de los costos de producción termina deteriorando inevitablemente el entramado empresarial.

Las razones que explican este proceso pueden resumirse en cinco factores. El primero es la debilidad del mercado interno. La combinación de salarios reales deprimidos, empleo formal en retroceso y bajo dinamismo del crédito redujo la capacidad de consumo de los hogares. No sorprende, entonces, que las actividades más castigadas sean precisamente aquellas orientadas al mercado interno.

El segundo factor es específico de Misiones: la frontera. La provincia convive con más de treinta pasos internacionales y con la única capital provincial del país ubicada frente a una ciudad extranjera. En un contexto de apreciación cambiaria, una parte creciente del consumo migra hacia Paraguay, Brasil o plataformas digitales del exterior. Sus efectos aparecen tanto en la actividad privada como en las cuentas públicas. Durante el primer semestre de 2026 la recaudación real de Ingresos Brutos cayó 20,9%, el peor resultado del país, mientras que las ventas de combustibles retrocedieron 12,1% interanual frente a apenas 0,2% a nivel nacional. La diferencia refleja mucho más que un ciclo económico: evidencia una fuga sostenida de transacciones.

En tercer lugar aparece el costo del capital. Para una microempresa, tasas de interés reales elevadas durante un período prolongado equivalen, en los hechos, a la ausencia de crédito. Cuando el capital de trabajo deja de financiarse, muchas firmas no cierran por falta de rentabilidad, sino por falta de liquidez.

El cuarto factor es la mayor competencia importada. La apertura comercial afecta especialmente a la industria manufacturera y al comercio local. En una provincia con escasa capacidad exportadora fuera de sus economías regionales, la competencia externa no encuentra nuevos sectores dinámicos capaces de absorber los recursos que se liberan. En lugar de reasignación, el resultado predominante es la reducción de la actividad.

Finalmente aparece el shock regulatorio sobre la principal economía regional: la yerba mate. Si el agro logró resistir durante buena parte del período y recién comenzó a deteriorarse con fuerza en el último año, ello responde a que los efectos de la desregulación demoraron en trasladarse plenamente desde los precios hacia la estructura productiva.

Frente a este diagnóstico existe, naturalmente, una interpretación alternativa. Desde el Gobierno nacional y sus voceros se sostiene que una parte importante de estas bajas responde a una depuración registral (CUIT que dejaron de declarar actividad más que empresas que efectivamente cerraron), a la sustitución del empleo asalariado por monotributistas y a un proceso de destrucción creativa que reasigna recursos desde firmas menos eficientes hacia otras más productivas.

Los tres argumentos merecen discusión, pero encuentran límites cuando se los confronta con la evidencia. La depuración registral puede explicar una parte de las bajas entre las microempresas, pero difícilmente alcance para justificar la magnitud del deterioro observado en sectores como la construcción, la industria manufacturera o el comercio.

La sustitución de empleo asalariado por trabajo independiente tampoco constituye, por sí misma, una mejora del tejido productivo. En la mayoría de los casos representa un cambio en la forma de inserción laboral que implica mayor precariedad, menor protección social y una transferencia del riesgo económico hacia el trabajador.

El tercer argumento es el más interesante desde el punto de vista económico. La destrucción creativa, en el sentido schumpeteriano, supone que las empresas menos productivas desaparecen porque otras nuevas, más eficientes, ocupan su lugar. Pero para que ese proceso exista deben observarse simultáneamente destrucción y creación. Eso no es lo que muestran los datos de Misiones. No aparece ningún sector vinculado al mercado que esté incorporando empleadores a una velocidad capaz de compensar las pérdidas del resto de la economía. La reasignación de recursos, simplemente, no se observa. Por eso resulta prematuro interpretar este proceso como una transformación productiva. 

Lo que hoy muestran las estadísticas es otra cosa: una reducción persistente del entramado empresarial. Y esa diferencia no es menor. Una economía puede recuperar rápidamente el nivel de actividad cuando cambian las condiciones macroeconómicas. Lo que tarda mucho más en reconstruirse es el tejido de empresas que sostiene esa actividad. Cada firma que desaparece implica perder relaciones comerciales, experiencia acumulada, capacidad de inversión y conocimiento productivo. Todo eso puede volver a construirse, pero lleva años.

Ese es, probablemente, el dato más preocupante que dejan las estadísticas de Misiones. 

La provincia no solo está perdiendo empresas; está perdiendo capacidad productiva. Y cuando una economía empieza a destruir de manera sistemática su entramado empresarial, el problema deja de ser exclusivamente coyuntural. Empieza a comprometer las posibilidades de crecimiento del futuro.

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