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El orden a ultranza como excusa de las represiones salvajes

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El orden a ultranza como excusa de las represiones salvajes. Represiones como sustento de la tiranía seudodemocrática

Dentro de esos “esteroides” que en crecientes dosis intentan saturar al pueblo, están las medidas cada vez menos efectivas, para apaciguar el creciente descontento general, que solo parece dejar al núcleo duro de anti populistas viscerales, cipayos asumidos y otros confusos en grados sumos, como apoyatura libertaria. Pero incluso ese núcleo duro muestra señales de resquebrajamiento, habida cuenta de las crecientemente desastrosas consecuencias de las medidas socio económicas claramente antinacionales; así como del accionar totalmente cipayo en materia de política exterior; el cual es indigerible para todos los que tenemos al patriotismo como valor básico de argentinidad.

El intencionalmente desastroso accionar de “la motosierra”, destructiva del Estado y sádicamente cruel con el tejido social, particularmente ensañado con los más débiles e indefensos del entramado social nacional, provoca lógico creciente descontento popular, el cual solo parece no llegar a los sectores oligárquicos y sus asociados -como la Sociedad Rural y otros actores de la economía primaria meramente extractiva (minería, hidrocarburos)-; sectores financieros con lucros asegurados por el Estado cooptado a su discrecional servicio (repitiendo el nefasto accionar del “carry trade” -timba financiera y fuga de divisas-), que lucran en base a beneficios prebendarios; así como otros a los que no les hace asco ser ensobrados al servicio de impresentables operadores antinacionales, sean periodistas, políticos u otros.

El accionar anti popular, anti industrial y anti tecnológico, ya lo padecimos, incluso con similares perpetradores, en las tres etapas previas, de las cuatro nefastas M de la economía argentina (Martínez De Hoz, en el tristemente célebre “proceso”; Menem, Macri, Milei), en cuyos gobiernos atacaron con saña feroz a la economía y el tejido social nacional. Esa triste conjunción de gobernantes cipayos, y sus destructivas acciones, la definí en un artículo precedente, acerca de las lacras antinacionales que operan para destruir a Argentina. Y esa definición de gobiernos similarmente anti nacionales, fue utilizada -enhorabuena- por al menos dos referentes del Pensamiento Nacional.

El falso discurso libertario, se pudo sostener -mezcla de engaños con datos falseados o burdamente inventados; endeudamiento externo creciente; seguramente “pautas” publicitarias o similares para saturar los medios de comunicación con datos falsos o distorsionados; vergonzosas complicidades de asociaciones patronales -como la UIA y otras- que apoyan medidas que destruyen incluso sus propias empresas; y seguramente otros operadores encubiertos; además de las mayorías muy colonizadas mentales de uniformados de las FFAA y FFSS, que demuestran no tener ni idea acerca de la real Defensa de la Soberanía Nacional, como ignorantes en grados superlativos, en Geopolítica, Historia y Economía. Solo parecería que les inculcaron “ver” supuestos “zurdos” hasta en la sopa, y odiar visceral e irracionalmente a todo lo nacional y popular.

Ahora, cuando la Conciencia Nacional del pueblo parece haber despertado, de su larga somnolencia; los sectores antinacionales recurren al conocido uso de la violencia salvaje, para amedrentar al pueblo.

La excusa, utilizada con calculada malicia para mantener el esquema represivo, que incluye al accionar violento y sádico de las Fuerzas de Seguridad cooptadas mentalmente para considerar “subversivo” o “legalmente reprimible” al propio pueblo volcado a las calles en legítimos y lógicos reclamos; pretende institucionalizarse mediante repetidos mensajes (como el del “Macri intendente porteño”), que enfatiza el supuesto “orden en las calles”, que en realidad es represión para impedir justos y lógicos reclamos, cuyas exteriorizaciones públicas son concretos derechos del pueblo, de manifestarse públicamente.

¡Y por supuesto, que las exteriorizaciones de esos reclamos, debe hacerse en las calles, como lo hace el pueblo autoconvocado y en forma pacífica!

Impedir y desacreditar las manifestaciones populares, es un claro rasgo del giro antidemocrático y represor, que evidencia el accionar de libertarios, secuaces y “subordinados mentales” (estos últimos, uniformados a los que inculcaron ver supuestos “zurdos y subversivos” hasta en la sopa, para inducirlos a reprimir con saña y alevosía, al pueblo harto de mentiras y de políticas antinacionales.

Sin duda, la valiente acción del seleccionado nacional en el mundial de fútbol, difundiendo a escala global, el muy justo y patriótico reclamo por la Causa Malvinas, fue el necesario punto de inflexión para despertar con fuerza el patriotismo, que parecía adormecido por los engaños de los personeros de la antipatria, difundidos por sectores nada nacionales de medios de comunicación, comunicadores varios, y por legisladores que en muchos casos parecían estar muy afectados por los síndromes “kueiderizable” o “adornizable”; con los cuales se sancionaron leyes totalmente opuestas a los reales Intereses Nacionales, como las del RIGI, Súper RIGI y otras, cuya “frutilla del postre” iba a ser la ley de entrega al mejor postor, de todo el Territorio Nacional; todo eso en el contexto de extrema lentitud de sectores del Poder Judicial para avanzar en las muy delicadas denuncias, con fuertes indicios probatorios, que involucran al presidente, su hermana y Secretaria, y varios de otros altos funcionarios designados por el actual gobierno.

El “modelo libertario” es insostenible, siendo la copia profundizada de precedentes gobiernos neoliberales, que tuvieron catastróficas consecuencias; los cuales no se atrevieron a llegar a extremos como “considerar héroes” a delincuentes fugadores de divisas, evasores impositivos, e incluso mafiosos (tal como lo expresó el actual presidente nacional), como evidenciarían coincidir los “grandes dirigentes empresarios” que apoyan las destructivas y cruelmente empobrecedoras masivas medidas de (des) gobierno libertario; las cuales nos empujan a fungir como simple protectorado económico -burlándose de toda soberanía, como descaradamente lo dijo el actual Canciller Quirno-, operando el libertarismo y sus secuaces, como marionetas de los poderes financieros transnacionales, o peor aún, accionando para perpetrar la disolución nacional.

¡Quiera Dios que la caótica realidad actual y sus consecuencias, no nos lleven a un baño de sangre, como ocurrió en la similar crisis terminal de 2000/2001! ¡Y que dentro del marco constitucional, podamos impedir el aquelarre destructivo de los que operan para difamar y demoler la argentinidad!

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La caducidad de instancia en el expediente digital: ¿un instituto en extinción o una figura que exige resignificación? 

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En los regímenes provinciales que, como el de Misiones, exigen una intimación previa antes de decretar la  caducidad de instancia, la experiencia forense muestra un dato consistente: la parte intimada rara vez responde  con un acto procesal estéril, y en la inmensa mayoría de los casos formula actos de impulso idóneos que  reactivan el trámite. Como consecuencia, las declaraciones de caducidad se han vuelto, en la práctica,  excepcionales. 

Este dato empírico habilita una pregunta legítima y necesaria: si la sanción rara vez se aplica, ¿conserva el instituto la función para la que fue concebido, o corresponde reconocer su vaciamiento progresivo? El presente artículo sostiene que la escasa aplicación efectiva de la caducidad no equivale a su obsolescencia, sino que exige una resignificación normativa y jurisprudencial, particularmente a la luz de la digitalización del expediente  judicial. 

La escasa aplicación no es sinónimo de fracaso 

Que una sanción se declare con poca frecuencia no implica, por sí solo, que el instituto que la prevé haya  perdido su razón de ser. Una sanción cuya sola amenaza produce el efecto disuasivo buscado no es una sanción  fracasada, sino una que cumple su función preventiva. Medir la eficacia de la caducidad exclusivamente por la  cantidad de declaraciones —y no por la cantidad de procesos que la mera amenaza de su aplicación evita  paralizar— conduce a confundir el síntoma con la enfermedad: el bajo número de declaraciones puede ser,  precisamente, el indicador de que el instituto funciona. 

Tres razones para sostener la vigencia del instituto 

Primera: la seguridad jurídica. La caducidad de instancia no tutela únicamente el interés del Estado en  despejar expedientes inactivos; tutela también al demandado y a los terceros que necesitan, en algún momento  cierto, saber si un proceso continúa vigente. Un régimen en el que la reactivación resulta prácticamente  garantizada mediante la sola intimación previa deja a la contraparte sujeta a una incertidumbre sin horizonte  temporal definido, lo que erosiona uno de los fundamentos centrales del instituto. 

Segunda: el desincentivo a la conducta procesal estratégica. Si la intimación previa opera como un  salvavidas casi automático, la parte con interés en dilatar el proceso —para desgastar a la contraria, encarecer el  litigio o esperar que decaiga su interés en continuarlo— dispone de un procedimiento sin riesgo: mantener la  inactividad hasta la intimación, cumplir con un acto mínimo, y reiniciar el ciclo. Lejos de sancionar esa  conducta dilatoria, el sistema corre el riesgo de instruirla como estrategia procesal válida. 

Tercera: la paradoja de la digitalización. La incorporación del expediente digital reduce sustancialmente las  excusas legítimas para la inactividad procesal: desaparecen los extravíos físicos, las notificaciones se vuelven  inmediatas y el seguimiento del trámite es automatizable. En ese contexto, la paradoja no reside en que la  caducidad haya perdido sentido pese a contar con más herramientas de impulso disponibles, sino en que se la  está aplicando con un criterio más laxo del que la propia digitalización permitiría —y debería— exigir. 

Una propuesta de reforma normativa 

A partir de este diagnóstico, se propone reabrir el debate legislativo sobre qué debe entenderse hoy por “acto de  impulso idóneo” a la luz de las herramientas que ofrece el expediente digital. Una reforma al artículo que regula  el modo de operar de la caducidad de instancia podría incorporar dos estándares más exigentes: 

1. Que el acto invocado para purgar la inactividad implique un avance sustancial y verificable del trámite,  y no la mera reiteración formal de una petición ya pendiente de resolución. 

2. Que la posibilidad de purgar la caducidad mediante intimación previa opere, como ocurre con otras  figuras del propio ordenamiento procesal, por una única vez en cada instancia, de modo que una  segunda inactividad no encuentre el mismo mecanismo de salvataje.

El rol de la práctica profesional mientras la reforma no se concreta 

Mientras la discusión legislativa avanza, existe un margen de acción disponible para los operadores del derecho  en el ejercicio cotidiano de la profesión: ante cada intimación, la respuesta no debería limitarse al mínimo ritual  que la purga admite, sino orientarse al impulso genuino que el proceso efectivamente requiere para avanzar. En  la medida en que la norma vigente tolere ese margen de holgura, la ética profesional puede cumplir, en el corto  

plazo, la función que la reforma legislativa aún no ha asumido. 

El deber ordenatorio del juez: la contracara indispensable del deber ético del litigante 

Ahora bien, el deber ético del litigante —por más genuino y necesario que resulte— no puede ni debe erigirse  en la única salvaguarda del sistema. Sería un error de diagnóstico depositar exclusivamente en la buena fe de las  partes la contención de las conductas dilatorias, cuando el ordenamiento procesal pone en cabeza del juez, con  carácter indeclinable, el deber de dirección y ordenación del proceso. En el marco de la digitalización, y en  función de los principios de eficiencia, celeridad y transparencia que ella misma exige, ese deber ordenatorio  judicial debe ejercerse con particular intensidad, y no como una facultad discrecional de ejercicio eventual, sino  como una obligación funcional inherente al oficio de juzgar. 

Corresponde entonces enfatizar, sin ambigüedades, que al deber ético del litigante debe sumarse —y en un  plano jerárquicamente superior— el deber ordenatorio del juez. Este último no se agota en la mera recepción  pasiva del acto de impulso que purga la intimación, sino que exige un rol activo en, al menos, tres direcciones  concretas: 

Primero, la fijación de plazos ciertos para la reactivación. El juez debe establecer, al intimar, un plazo  perentorio y expreso dentro del cual el acto de impulso invocado debe traducirse en un avance efectivo y  verificable del trámite, de modo que la intimación deje de ser un salvoconducto de vigencia indeterminada y se  convierta en el punto de partida de una obligación temporalmente acotada. 

Segundo, la evaluación calificada de una segunda dilación. Cuando, superada una primera intimación, se  verifique una nueva inactividad no justificada en un dispendio jurisdiccional o en una causa objetiva ajena a la  parte, el juez tiene el deber —no la mera facultad— de evaluar esa reiteración con un estándar de exigencia  agravado, precisamente porque la reincidencia en la inactividad, ante una digitalización que elimina las excusas  materiales tradicionales, revela con mayor nitidez una conducta estratégica y no un obstáculo genuino. 

Tercero, la imposición de límites y llamados de atención correctivos. Verificada esa conducta meramente  dilatoria, el juez debe hacer uso efectivo —y no meramente nominal— de las herramientas correctivas y  disciplinarias que el ordenamiento pone a su disposición: apercibimientos, llamados de atención y, en su caso,  las sanciones procesales que correspondan, de modo de desalentar de manera concreta la reiteración de prácticas  que conspiran contra el proceso rápido, transparente y eficaz que la digitalización promete, y que en definitiva  atentan contra el valor justicia que todo el sistema procesal está llamado a servir. 

En síntesis, la resignificación del instituto que aquí se propone no puede descansar únicamente en la  autolimitación voluntaria del litigante. Requiere, con igual o mayor énfasis, un ejercicio activo, oportuno y  consistente del deber ordenatorio judicial, sin el cual cualquier estándar más exigente en materia de actos de  impulso corre el riesgo de quedar en letra muerta. 

Conclusión 

El debate sobre la vigencia de la caducidad de instancia en el marco del expediente digital constituye uno de los  más relevantes para el derecho procesal de los próximos años. La evidencia disponible no respalda la tesis de la  extinción por desuso del instituto, sino la necesidad de reconstruirlo sobre tres pilares igualmente exigentes: una  

mejor técnica legislativa, una práctica profesional que no confunda el derecho de defensa con el derecho a  dilatar el proceso, y —con el mismo énfasis, sin relativizaciones— un deber ordenatorio judicial ejercido con  plazos ciertos, evaluación agravada de las reincidencias y uso efectivo de los llamados de atención y sanciones  procesales disponibles. Solo la concurrencia de estos tres pilares permitirá que la digitalización del expediente  rinda su promesa de eficiencia, celeridad y transparencia al servicio del valor justicia.

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La realidad no se deja bloquear

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Hay gobiernos que intentan moldear la realidad. Otros prefieren discutir con ella. Y algunos creen que, si la realidad insiste demasiado, siempre queda la posibilidad de subir el volumen, dar otra entrevista o encontrar un nuevo enemigo.

El problema es que la realidad tiene un defecto insoportable: no tiene cuenta en X.

Esta semana decidió recordárselo a Javier Milei.

Mientras frente al Congreso las fuerzas de seguridad reprimían con una violencia feroz a quienes se manifestaban contra la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, dentro del Senado el oficialismo sufría una de sus derrotas políticas más importantes.

Para evitar que el proyecto naufragara, tuvo que retirar primero el capítulo referido a la compra de tierras por parte de extranjeros y luego el de Manejo del Fuego. La ley obtuvo media sanción, pero quedó profundamente desfigurada. Conservó el nombre, aunque perdió buena parte del contenido que el Gobierno había presentado como innegociable.

José Mayans lo resumió con una ironía difícil de mejorar: “Queda la palabra ‘invio’ y lo otro se perdió”.

No fue una victoria. Fue, en el mejor de los casos para el oficialismo, una forma de evitar una derrota todavía mayor. Y el dato político es precisamente ese: un Gobierno acostumbrado a presentar sus proyectos como paquetes cerrados tuvo que negociar, retirar y resignar.

Afuera, mientras tanto, la respuesta fue la represión.

La imagen resulta difícil de ignorar: gases y balas de goma frente al Congreso mientras, puertas adentro, el Gobierno retiraba partes sustanciales de la ley que había ido a defender. Una postal bastante poco parecida a aquella épica libertaria de un oficialismo capaz de avanzar sin mirar atrás.

Como si eso no alcanzara, el frente internacional también se complicó.

El conflicto con Brasil escaló hasta convertirse en una crisis diplomática de gravedad. Lula retiró a su embajador y el representante argentino fue expulsado de Brasil. Lo que durante semanas pudo presentarse como una pelea ideológica entre dos presidentes terminó afectando la relación con el principal socio comercial de la Argentina.

Una cosa es pelearse con Lula en X. Otra bastante diferente es encontrarse con la diplomacia brasileña haciendo las valijas. Porque no alcanza con saludar efusivamente al rey de España (el “querido rey”), no pavonearse, literalmente, con una toga de dudoso gusto de una universidad ignota.

Y entonces llegaron las encuestas.

La última medición de AtlasIntel muestra un escenario incómodo para el Gobierno: 62,4% desaprueba la gestión de Milei, frente a 37,1% que la aprueba. Además, el 70% considera mala la situación económica y el 56% cree que empeorará durante los próximos seis meses.

Este último dato es particularmente importante. Una cosa es evaluar mal el presente. Otra, mucho más preocupante para cualquier gobierno, es dejar de creer en el futuro que promete.

Los datos económicos tampoco ofrecieron demasiado alivio. La inflación de julio en la Ciudad de Buenos Aires fue del 2,9%, pero detrás del promedio aparecen aumentos bastante más incómodos: servicios, educación, transporte, restaurantes y recreación. La inflación podrá desacelerarse, pero el costo de vivir sigue subiendo por distintos caminos. El ciudadano no vive dentro de un índice: vive entre facturas, cuotas, tarifas y boletos.

Y hay un dato más que resulta particularmente incómodo para un Gobierno que construyó buena parte de su identidad política en las redes.

Según Monitor Digital, durante la semana hubo 391.500 menciones sobre la Casa Rosada y la Ley de Tierras concentró buena parte de esa conversación. El retroceso del Gobierno fue leído en el universo digital como una señal de debilidad.

No hace falta exagerar el dato ni convertirlo en una encuesta de opinión. Pero sí mirar la escena: hasta uno de los territorios donde el mileísmo construyó su fortaleza empieza a devolverle una imagen menos amable.

Parece que hasta el algoritmo está empezando a hacer preguntas.

Y mientras todo esto ocurría, Javier Milei multiplicaba sus apariciones mediáticas. Después de haber convertido las redes sociales en su principal escenario político, inició una verdadera maratón de entrevistas.

Difícil creer que sea casualidad.

Los gobiernos suelen cambiar su estrategia de comunicación cuando perciben que el mensaje ya no produce el mismo efecto.

Pero hay una diferencia entre conducir la agenda y correr detrás de ella.

Y esta semana dio la impresión de que la agenda corría bastante más rápido que el Gobierno.

Cada uno de estos episodios, por separado, podría explicarse como una dificultad circunstancial. Todos juntos cuentan otra historia.

La de un gobierno que ya no consigue imponer todas sus condiciones en el Congreso. Que convierte un conflicto personal en una crisis diplomática. Que enfrenta un humor social menos optimista. Que responde al conflicto social con represión (la represión y el ajuste son las únicas “políticas de estado” en las que el gobierno mantiene coherencia). Que empieza a encontrar límites incluso en el territorio digital que alguna vez consideró propio. Y que, frente a cada señal de desgaste, parece convencido de que el problema sigue siendo la comunicación.

Tal vez ahí resida la principal confusión.

Porque comunicar mejor nunca reemplaza a gobernar mejor.

Y porque llega un momento en que el algoritmo deja de alcanzar para explicar lo que pasa del otro lado de la pantalla.

Durante meses el oficialismo construyó una épica donde todo obstáculo tenía un responsable: la casta, Cristina, los gobernadores, el Congreso, los periodistas, los economistas, los artistas, Lula… La lista es larga y seguramente seguirá creciendo.

Lo que no parece crecer con la misma facilidad es la capacidad de aceptar que, a veces, los problemas no vienen de un enemigo.

Vienen de la realidad.

Y la realidad es bastante insolente. No pide permiso, no acepta bloqueos, no se inmuta frente a una cadena nacional y tiene una pésima costumbre: cuando nadie quiere escucharla… levanta la voz.

P.D. Si Milei decide bloquear a la realidad, que avise. Va a ser el primer usuario de X que descubra que ella siempre encuentra la manera de responder… por otros medios.

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La batalla de los elementos

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Otra victoria como esta y estamos perdidos”. La frase fue pronunciada por el rey Pirro de Epiro en el año 279 a. C tras vencer a los romanos en la batalla de Ásculo, debido a la enorme cantidad de soldados propios que perdió en el combate.

La cita nunca perdió vigencia y sirve para describir el estado de situación tras la aprobación de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsada por el Gobierno de Javier Milei para seducir a potenciales inversores. 

La ley diseñada por Federico Sturzenegger obtuvo la media sanción en el Senado, pero reducida a una mera hojarasca, como “El Coloso” gusta llamar a las normas que no son de su agrado. 

El diario de sesiones dirá que la ley fue aprobada por 37 votos contra 33 rechazos, pero el resultado, en verdad, fue desastroso para el Gobierno. Perdió en todos los niveles posibles, en el ámbito legislativo, pero peor aún, en la pulseada política, en la calle y hasta en las redes sociales, su elemento favorito. Hasta Tini Stoessel, usualmente inexpresiva en cuestiones políticas,  usó sus redes para manifestarse en contra. Lo mismo hizo Lisandro Martínez, el defensor de la Scalonetta. Faltó Messi. Pero sí se anotó Antonela Roccuzzo, quien le dio like a una publicación que rechazaba el proyecto oficial. 

Quedó flotando la sensación de que se despertó una bestia dormida. La política también se desperezó, aunque es pretensioso que algún dirigente se adjudique poderes de convencimiento como el que le quieren atribuir a Sergio Tomás Massa. Los gobernadores fueron clave para frenar la ley, incluso los que la Casa Rosada consideraba aliados constantes. 

El misionero Hugo Passalacqua se puso, literalmente, la gorra: “Lo que amamos no se vende”, se podía leer en la visera que usó en la Fiesta del Azúcar Rubio, en Mojón Grande. Horas antes de la sesión, remarcó en un video: “Nuestra posición es clara, no acompañaremos ninguna iniciativa que facilite la extranjerización de nuestras tierras. Defender la tierra es defender a los misioneros y a las generaciones que vienen”.

Passalacqua rompió con el alineamiento automático y los senadores misioneristas fueron los que activaron la reacción en cadena. Habían recibido el pedido del Gobernador de votar en contra de la ley. Sonia Rojas Decut ya había anticipado su oposición al capítulo tercero, de la extranjerización de la tierra. Carlos Arce emitió un comunicado horas antes de la sesión. Tras ese posicionamiento, senadores de otras provincias comenzaron a anticipar su rechazo, lo que obligó a Patricia Bullrich, la jefa del bloque libertario, a dar de baja el capítulo entero para salvar la ley. 

La perenne, apenas unas horas antes se había jactado de ganar por un voto. En la sesión quedó en evidencia que contó mal los porotos y la ley estuvo a punto de fracasar. También hubo que quitar del paquete la reforma a la ley del Manejo del Fuego, que el Gobierno quería desesperadamente derrumbar. La norma actual impide -por 30 años para zonas agropecuarias, pastizales o matorrales o 60 para áreas sensibles- modificar el uso del suelo después de un incendio, para evitar que la especulación inmobiliaria devore humedales, montes o estepas patagónicas. La resistencia en las calles y de diversos actores ambientalistas forzó el rechazo de los senadores. No ayudó demasiado al Gobierno la revelación de que el senador libertario Joaquín Benegas Lynch maneja una empresa dedicada a vender propiedades a extranjeros. 

¿Por qué eran importantes ambos capítulos para Misiones? La flexibilización de los límites para la compra de tierras por parte de extranjeros tendría un enorme impacto en un territorio tan pequeño. Hoy Misiones ya tiene el 11 por ciento de la tierra en manos extranjeras, pero hay varios departamentos por encima del límite, con Iguazú al tope con casi 39 por ciento. Habilitar la extranjerización del acceso a recursos naturales como el agua, atenta contra la identidad misionera, lo mismo que implica un riesgo para la biodiversidad custodiada. Los libertarios, como antes el macrismo, promocionan el plan Maizar para extender la frontera agraria y la crisis de la yerba mate volvió a colocar en la vulnerabilidad a miles de pequeños productores. Razones que explican la resistencia política ejercida por Passalacqua y diversos espacios políticos, incluido un colectivo de ex legisladores de diversas corrientes, que firmó un comunicado conjunto.

Caídos los capítulos de Tierra y Fuego, el Gobierno se quedó apenas con la normativa referida al encarecimiento de las expropiaciones y los desalojos exprés, pero ésta última norma regirá únicamente para Capital Federal si no se adhieren las provincias. Muy poco para semejante traspié. Más de cuatro meses de desgaste, cuatro sesiones fallidas y 17 borradores.

En el Gobierno nadie quiere asumir los costos. Bullrich acusa a Sturzenegger de ser demasiado pretencioso con los planes de reforma y El Coloso tambalea, lo mismo que las garantías de aprobación de la reforma del Banco Central, Inocencia Fiscal II, el Súper RIGI y el régimen de Zona Fría. Se dice que se frenará una segunda oleada de desregulación por el temor libertario a poner en riesgo el plan reelección, para la que Milei dice ya tener elegido al candidato a vice. La actual, Victoria Villarruel, es protagonista de la guerra fría con el Presidente y podría ser candidata presidencial, según adelantó Miguel Ángel Pichetto.

Pero el plan de reelección enfrenta hoy mismo otros riesgos: el agotamiento de la sociedad, una inflación que no se deja domar -marcó 2,9 por ciento en Capital Federal y encendió todas las alarmas- y una pobreza que volvió a subir al 30% en el primer trimestre según la Universidad Católica Argentina.  

Todas las encuestas empiezan a contar la misma historia. Cambian las consultoras, las preguntas y los porcentajes, pero el clima se repite. Domina el pesimismo económico y la bronca y la tristeza superan largamente a la esperanza. Milei todavía conserva un núcleo duro considerable, pero el problema está fuera de ese perímetro. Cuando más de la mitad de la sociedad dice estar peor, seis de cada diez quieren un cambio de Gobierno y el rechazo presidencial empieza a convertirse en un techo electoral, la discusión deja de ser sobre comunicación, relato o “batalla cultural”. 

Ahí aparece la paradoja que puede definir 2027. Milei llegó al poder porque consiguió convertir el hartazgo en esperanza; ahora corre el riesgo de que ese mismo hartazgo encuentre otro vehículo político. Ya no puede responsabilizar indefinidamente a “la casta”, al kirchnerismo o a la herencia recibida porque, después de años en la Casa Rosada, la realidad empieza a ser suya. Y mientras el oficialismo se enfrenta a ese desgaste, el peronismo descubre que ni siquiera necesita enamorar todavía: le alcanza, por ahora, con que crezca el desencanto. 

Hay un dato adicional que empieza a modificar el tablero y que hasta hace pocos meses parecía improbable: Axel Kicillof aparece por primera vez arriba en varias mediciones -Zuban & Córdoba lo registra por primera vez- y se consolida como el dirigente opositor con mayor capacidad de disputar el centro de la escena, a pesar de las zancadillas constantes de Máximo Kirchner y La Cámpora. Zuban Córdoba muestra al peronismo con 31,3% de intención de voto contra 28% de La Libertad Avanza. En paralelo, el Presidente acumula 61,3% de imagen negativa, su Gobierno llega al 65,3% de desaprobación y el 61,9% dice que votaría por un cambio del Gobierno actual.

Por primera vez desde la llegada de Milei al poder, el descontento empieza a encontrar enfrente una referencia política competitiva

Y quizás allí esté el dato más incómodo para el oficialismo. Milei conserva un piso electoral duro, pero también construyó un techo de rechazo cada vez más difícil de perforar: Zentrix mide 58,5% de imagen negativa y apenas 30,9% positiva, mientras otras encuestas colocan a Kicillof por encima del Presidente. 

Hay otro indicador que completa el cuadro y acaso sea más significativo porque mide algo más profundo que la popularidad de un dirigente: la confianza en el Gobierno. El Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella cayó 6,5% en julio y quedó en apenas 1,94 puntos sobre cinco. Además, el nivel de confianza en el mes 31 de Milei resulta 3,9% inferior al que tenía Mauricio Macri en el mismo momento de su presidencia. La señal se vuelve difícil de relativizar. Ya no es una encuesta adversa ni una mala semana: son distintos termómetros marcando la misma fiebre. El Gobierno conserva poder, iniciativa y un núcleo electoral fiel, pero está perdiendo el activo que hizo posible la experiencia libertaria: la expectativa de que el sacrificio de hoy necesariamente desembocaría en un mañana mejor. 

La batalla de los elementos también dejó claro que el Gobierno nacional depende más de los gobernadores que éstos del Presidente. 

En Misiones el Gobernador puso fin al alineamiento automático que caracterizó los tiempos de la Renovación en relación con el Gobierno nacional. 

Con la implosión de ese espacio, Passalacqua asumió un nuevo liderazgo que prioriza el interés misionero. El nuevo concepto concitó una enorme adhesión, incluso de extrapartidarios, entre ellos varios dirigentes radicales que podrían sumarse en las próximas horas. De todos modos, el tiempo de (re) organización se termina. El próximo lunes, el 17 de agosto, marcará el inicio de una nueva fase que tendrá definiciones y acciones que identificarán el nuevo tiempo. Habrá que estar atentos a las palabras y a la foto.

El Movimiento por lo que viene tendrá un debut legislativo bastante más contundente de lo que sugerían los cálculos iniciales. El nuevo bloque arrancará con 17 diputados provinciales, bajo la presidencia de Juan José Szychowski, cuando el objetivo original era reunir al menos ocho bancas que funcionaran como respaldo político de la gestión provincial. El número final duplica aquella expectativa y convierte al espacio en la primera minoría dentro de la nueva configuración de la Legislatura misionera. Además, la nómina incorpora figuras de procedencias políticas diversas, una señal de que el armado pretende trascender las fronteras partidarias tradicionales.

El bloque estará integrado por Juan Alberto Ahumada, Alejandro Fabián Arnhold -ex presidente del bloque renovador-, Aryhatne Nicold Bahr, Roberto Hugo Benítez, Rudi Samuel Bundziak, Sara Carolina Butvilofki, Anazul Centeno, Rita Marina Flores, Waldovino Enio Lemes, María del Carmen Méndez Ason, Blanca Raquel Núñez, José Luis Pastori, Juan Manuel Rodríguez, Roque Soboczinski, Arabela Azul María Soler, Juan José Szychowski y Alicia Beatriz Zalesak. 

El bloque Encuentro Misionero quedará bajo la conducción de Carlos Rovira, con tres legisladores, incluido el presidente de la Legislatura, Sebastián Macías. 

Pero la onda expansiva generada por la irrupción del Movimiento, amenaza con extenderse. En el Concejo Deliberante de Posadas, el nombre Encuentro Misionero va camino a diluirse. El intendente Leonardo Stelatto tendrá bloque propio en una alternativa intermedia, el ex presidente del Cuerpo, Jair Dib tiene espacio unipersonal y quedan tres concejales que evalúan su futuro. En Oberá el ex bloque renovador migró masivamente. En el Senado, Sonia Rojas Decut armó un bloque unipersonal denominado Movimiento por Misiones. En Diputados podrían imitarla.

El debut del nuevo bloque, que será presidido por Juan José Szychowski, será con el análisis del Presupuesto provincial diseñado por Passalacqua. Tomará estado parlamentario el próximo jueves y como dato saliente, a diferencia de las políticas nacionales, blinda la inversión social, a la que se destina el 63 por ciento de los recursos. La preocupación de Passalacqua es compartida por la Iglesia: el viernes, en la misa central en homenaje a San Cayetano, el obispo de Posadas, Juan Rubén Martínez no usó eufemismos: “Queremos subrayar que nos genera mucha preocupación que aquellos que tienen responsabilidades de todo tipo en la sociedad, por ahí no entiendan la importancia que tiene el trabajo para el pueblo, para la gente, para los ciudadanos”, planteó.

“Cuando se piensa en una Argentina mejor por ahí se piensa en una especie de macroeconomía o de proyectos económicos”, señaló. Y cerró: “Proyectos económicos donde cierran los números, pero donde la gente no está. No nos sirve cuando la gente no está”.

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453 pedidos para llegar a fin de mes, la matemática del delivery en Posadas

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Un repartidor de Pedidos Ya necesita entregar más de 450 pedidos por mes para cubrir la canasta básica familiar. Son 21 pedidos por día, 6 días a la semana. En moto, bajo el sol misionero, sin aguinaldo, sin ART, sin jubilación. Esta es la historia de cuatro personas que hacen esas cuentas , o que deberían hacerlas.

Según el último relevamiento nacional, más de un millón y medio de personas trabajan en Argentina en plataformas de transporte de pasajeros o reparto de comida, diez veces más que en 2020. En Posadas, la proliferación de cascos y bolsas térmicas en cada semáforo es la versión local de ese fenómeno global.

La plataforma dominante en la ciudad es Pedidos Ya, que opera como intermediaria entre restaurantes, comercios y clientes. El repartidor se registra como independiente, activa la app cuando quiere trabajar, acepta o rechaza pedidos y cobra por entrega. Sin relación de dependencia. Sin salario fijo. Sin nada que la app no garantice explícitamente: que es, básicamente, el pedido y la comisión.

¿Cuánto vale esa comisión? ¿Alcanza? ¿Para quién?

El ingreso promedio por pedido en Pedidos Ya durante el primer trimestre de 2026 fue de $3.165, según el índice APP de la Fundación Encuentro. Ese valor incluye el pago base de la plataforma (sin propinas). La comisión se divide entre la empresa (33%) y el repartidor (67%), lo que deja al cadete entre $2.100 y $2.200 netos por entrega antes de descontar combustible y desgaste de la moto. Para alcanzar el salario mínimo de $720.000, un repartidor necesita completar 227 pedidos mensuales. Para cubrir la Canasta Básica Total la cifra trepa a 453 pedidos.

Eso es lo que dicen los números nacionales. Lo que pasa en Posadas tiene particularidades que los promedios no capturan: el calor extremo del verano misionero, la geografía de la ciudad distribuida entre barrios que pueden quedar a diez o quince kilómetros del centro, el precio de la nafta que supera a Buenos Aires, y una demanda que se concentra en franjas horarias muy específicas y cae a cero en el resto del día.

Cuatro historias que lo ilustran.


EZEQUIEL · 23 AÑOS · ESTUDIANTE UNIVERSITARIO · BICICLETA · BARRIO CENTRO

“Empecé para pagarme la facultad. Los fines de semana al mediodía y a la noche puedo hacer 15 pedidos. Entre semana, si llego a ocho, es un buen día. El problema es que en bici solo me aceptan zonas chicas. Los pedidos lejanos van a los de moto.”

El cálculo de Ezequiel: Promedio 10 pedidos × 4 días hábiles + 15 pedidos × 2 días fin de semana = 70 pedidos/semana · ~280 pedidos/mes · Ingreso bruto: 280 × $3.165 = $886.200 · Comisión repartidor (67%): $593.754 · Sin costo de combustible (bici) · Desgaste estimado bici: $20.000/mes · 

Ingreso neto estimado: ~$573.000 · 

Supera el salario mínimo sin pagar nafta. La bici gana en costos pero pierde en volumen: los pedidos más rentables y los de mayor distancia van a los de moto.


LORENA · 35 AÑOS · MADRE DE DOS HIJOS · MOTO 150CC · ÚNICA FUENTE DE INGRESO FAMILIAR

“Salgo a las 11 y vuelvo a las 15. Después descanso y vuelvo de 19 a 23. Esas son las horas pico. Fuera de eso, podés esperar 40 minutos para que caiga un pedido. El problema es que en las horas pico hay un montón de repartidores y los pedidos no alcanzan para todos.”

El cálculo de Lorena: 8 horas en pico × 6 días = 48 horas activas · Estimado de 18 pedidos diarios en horas pico × 26 días = 468 pedidos/mes · Ingreso bruto: 468 × $3.165 = $1.481.220 · Comisión (67%): $992.417 · Nafta: 150 km/día × 26 días = 3.900 km · 3.900 km ÷ 30 km/litro = 130 litros × $2.190 = $284.700 · Service y desgaste moto (estimado): $120.000/mes · Ingreso real neto: ~$587.000 · 

Cubre el salario mínimo. No cubre la canasta básica familiar. Lorena trabaja jornada completa y no alcanza a cubrir los gastos básicos de su hogar.


RODRIGO · 41 AÑOS · TIENE EMPLEO FORMAL · MOTO PROPIA YA PAGA · DELIVERY COMO SEGUNDO INGRESO

“Yo lo hago viernes, sábado y domingo de noche. Unas 5 horas por noche. Con el sueldo de mi trabajo más el delivery cierro el mes. Solo, no cerraría ninguno de los dos.”

El cálculo de Rodrigo: 5 horas × 3 noches de fin de semana = 15 horas semanales · 12 pedidos/noche × 12 noches/mes = 144 pedidos · Ingreso bruto: 144 × $3.165 = $455.760 · Comisión (67%): $305.359 · Nafta (40 km/noche × 12 noches = 480 km ÷ 30 km/l = 16 litros × $2.190): $35.040 · Desgaste estimado: $30.000/mes.

Ingreso neto: $240.000 · 

Complemento razonable. El delivery funciona bien como segundo ingreso en horario de alta demanda. Como único ingreso, los números no cierran para Rodrigo tampoco.


YAMILA · 19 AÑOS · SIN TRABAJO PREVIO · MOTO FINANCIADA · EMPEZÓ HACE 3 MESES

“Me dijeron que era fácil ganar bien. Los primeros días me fue bien porque aceptaba todo. Después empecé a calcular que algunos pedidos me salían más en nafta de lo que ganaba. Hay pedidos de $1.800 que te mandan a 8 kilómetros de distancia. No convienen.”

El cálculo de Yamila: Promedio de 12 pedidos diarios × 25 días = 300 pedidos/mes · Ingreso bruto: 300 × $3.165 = $949.500 · Comisión (67%): $636.165 · Nafta (100 km/día × 25 días = 2.500 km ÷ 30 km/l = 83 litros × $2.190): $181.770 · Cuota moto financiada: $180.000/mes · Desgaste y service: $80.000/mes estimado · 

Ingreso real neto: $194.000 

Menos de un tercio del salario mínimo. Yamila está trabajando para pagar la moto con la que trabaja. El círculo se cierra solo, del peor lado.


La tabla revela el mismo patrón que encontramos en el artículo de Uber: quien más horas trabaja no es necesariamente quien más gana en términos netos. Lorena hace casi el triple de pedidos que Rodrigo y termina con un ingreso neto solo dos veces mayor, porque sus costos operativos escalan con las horas mientras que Rodrigo, con un vehículo ya amortizado y horarios de alta demanda, maximiza la eficiencia.

Hay tres costos que la mayoría de los repartidores no descuentan en serio y que determinan si el trabajo conviene o no.

El primero es la nafta, que en Posadas cuesta más que en Buenos Aires y que en moto representa entre $150.000 y $300.000 mensuales según el kilometraje. El segundo es el mantenimiento: una moto usada en delivery hace en seis meses el desgaste de dos años de uso normal. Los cambios de aceite, cubiertas, frenos y cadena se acumulan. El tercero, el más invisible, es la depreciación. Una moto comprada en $3.000.000 para hacer delivery pierde entre el 30% y el 40% de su valor en el primer año de uso intensivo. Distribuido en meses, eso es dinero que no aparece en ninguna billetera pero que desaparece igual.

Lo que Pedidos Ya no cubre: ART, si un repartidor tiene un accidente, corre por su cuenta. Jubilación sin aportes, los años de delivery no cuentan para ningún beneficio previsional futuro. Aguinaldo no existe. Licencia por enfermedad: si no salís, no cobrás. Obra social  la app no la provee; el repartidor paga monotributo o queda sin cobertura. En Argentina, más de un millón y medio de personas trabajan bajo estas condiciones. Y el número creció un 900% en seis años. 

¿Conviene hacer delivery en Posadas?

La respuesta más honesta es: depende exactamente de dónde salís y con qué comparás. Si tenés una bici propia y vivís en el centro, los números son razonables como complemento de otro ingreso o como trabajo estudiantil. Si tenés una moto ya paga y trabajás los fines de semana de noche, el delivery suma sin destruir el vehículo. Si es tu única fuente de ingreso y financiaste la moto para empezar, los números casi nunca cierran, aunque la aplicación te haga creer que sí.

La plataforma diseñó una experiencia que hace que trabajar más se sienta como progresar. Las insignias, los niveles, las racha de pedidos. Es la misma lógica que el slot machine: el próximo pedido siempre parece que va a ser el que cierre la cuenta. Y mientras tanto, la moto se desgasta, la nafta se consume y la canasta básica sigue en $1.531.473.

453 pedidos. 21 por día. Cada día del mes. Sin enfermarse. Sin que llueva demasiado. Sin que la moto falle. Así se llega a fin de mes haciendo delivery en Posadas.

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