El gobernador de la provincia, Oscar Herrera Ahuad se posicionó totalmente en contra del proyecto presentado por Juntos por el Cambio. “Estamos para proteger y cuidar al sector productivo”, afirmó.
El gobernador misionero observó con marcada preocupación el proyecto presentado por la diputada nacional por Tucumán Paula Omodeo. Su idea de hacer desaparecer, prácticamente, los entes que regulan y pelean por los precios de productos provinciales, provocó la reacción de aquellos que velan por una mejora año a año de los precios y del trabajo local.
La iniciativa de la legisladora, que también lleva la firma del misionero Alfredo Schiavoni, busca la desregulación económica para el desarrollo productivo. En concreto apunta a “eliminar las restricciones a la oferta de bienes y servicios en todo el territorio nacional y todas las otras restricciones que distorsionen los precios de mercado evitando la interacción espontánea de la oferta y de la demanda.
El Gobernador habló desde el recuerdo de grandes movilizaciones en búsqueda de soluciones presupuestarias que se dieron en la provincia. “Tenemos una experiencia de no hace muchos años. El Tractorazo fue una muestra donde la distribución inequitativa llevó al desvelo de pequeños y medianos productores”, señaló.
“Misiones tiene 12.500 medianos y pequeños productores en el sector yerbatero. No es la mayoría el que se beneficia con un sistema de desregulación, son 4 ó 5, y nosotros estamos para proteger y cuidar al sector productivo mediano y pequeño”, reiteró Herrera Ahuad con su habitual determinación.
“Hemos ayudado y acompañado al sector yerbatero siempre. Este año fue histórico: Logramos un precio de la yerba mate donde este gobernador llevó la bandera de un número que equipare lo que se estaba pagando en planchada“, remarcó en declaraciones a Canal 12.“Se consiguió un precio justo, quizás no el que queríamos, pero más o menos justo para la yerba mate. Eso nos va a permitir, en la discusión del nuevo precio (en marzo), tener un nivel mucho más alto. Si veníamos con un laudo por debajo al que conseguimos desde la provincia, seguramente tendremos buenas noticias en el nuevo precio de 2023”, concluyó Herrera Ahuad.
“Es el peligro que gane la gente del PRO. Nos vacunarían bien feo. Es peligroso para nosotros”. Las palabras son de un productor cuando se enteró por Economis de la propuesta económica que anticipó Cambiemos. No. No está identificado con el Gobierno.
Mientras todo el país estaba disfrutando el festejo por la tercera Copa del Mundo, la política se enfrascaba en un cierre de año frenético, en un anticipo furioso de lo que será 2023. Prácticamente no hubo tiempo para sacarse la camiseta argentina. La grieta volvió en toda su expresión, dejando atrás el mes de comunidad albiceleste, pendiente de lo que sucedía en Qatar. Las dos principales disputas, interesan mucho en Misiones.
En el Congreso la alianza Cambiemos desnudó en forma anticipada su oferta económica 2023 con un proyecto de ley para imponer una desregulación económica a lo Domingo Cavallo en 1991. Ni siquiera es muy original. El texto es casi idéntico. Y, como el ex ministro cuando eliminó la CRYM, la nueva iniciativa propone dejar librado a las “fuerzas del mercado” el precio de la yerba mate y quitarle el financiamiento al Instituto Nacional de la Yerba Mate para fiscalizar calidad y cumplimiento de los valores mínimos.
La desregulación es una idea fija en Cambiemos. El ex presidente Mauricio Macri la había dejado trascender en 2017 y después la hizo explícita en 2018 en una reunión con empresarios y el entonces gobernador Hugo Passalacqua en Puerto Iguazú. Lo frenó el propio Gobernador y después la amenaza de los productores de sacar a los tractores a la calle. Pero la idea siguió latente. Ahora volvió en forma de proyecto de ley, firmado por la diputada tucumana Paula Omodeo, con el acompañamiento del misionero Alfredo Schiavoni, quien también es un entusiasta de la desregulación, aunque nunca fue tan explícito como ahora, al menos con la yerba mate. Antes decía que “el Estado no podía retirarse de la fijación de precios”. Ahora asegura que “en nuestro criterio sería mucho más sano dejar actuar libremente las leyes de oferta y demanda”.
¿Qué pasó en los 90, mientras duró la desregulación Menem-Cavallo? Solo hace falta preguntarle a alguno de los protagonistas de los tractorazos de 2001 y 2002. Brutal deterioro económico por la baja de los precios de la materia prima y una enorme transferencia de recursos hacia los eslabones más altos de la cadena.
“El kilo de hoja verde pasó de $0,20 (en 1991) a $0,06 (en 2001) en pesos convertibles uno a uno. Y el precio en góndola se mantuvo casi constante.
Si se multiplica 14 centavos de dólar perdidos por la producción primaria por 700 millones de kilos por 10 años, da el número de transferencia de ingresos hacia la industria, el comercio y los impuestos”, enumera el licenciado en Economía Javier Gortari, ex rector de la Universidad Nacional de Misiones y estudioso de la yerba mate. 700 millones de kilos x 0,14= 98 u$s millones año. Una década, casi mil millones de dólares que pasaron de la producción a unas pocas manos.
El oro verde valía menos que nada y se cambiaba por mercadería o por combustible. Los tareferos estaban sujetos a una sobreexplotación y los derechos sociales o de salud eran una quimera. La década de los 90 también impulsó un enorme éxodo rural. La chacra no valía nada. La bronca acumulada le dio vida al INYM en 2002. Desde entonces, no sin polémicas, es allí donde se discute el equilibrio yerbatero, con más herramientas para que el productor sea custodiado. “El productor no tiene que estar tranquilo con estos embates del poder económico”, definió el presidente del organismo, Juan José Szychowski.
No es casual entonces que el proyecto de Cambiemos salga a la luz después de uno de los mejores precios conseguidos para la materia prima desde que se creó el INYM. La Nación otorgó un aumento para la materia prima del 49 por ciento, fijando el precio mínimo de la yerba mate en 70,08 pesos por kilo. Ese precio fue una conquista de la insistencia del Gobierno provincial y el mismo INYM para recomponer el precio en beneficio de más de doce mil pequeños productores misioneros. Misiones es la principal productora de yerba mate de la Argentina y mejorar el precio es inyectar dinero directamente en la chacra. Cada peso es una diferencia millonaria que se reparte en cada uno de los pueblos.
En la década desregulada hubo un puñado de ganadores. La industria correntina y un par más en Misiones, lograron hacerse con cada eslabón de la cadena y ser autosuficientes. Pero no había derrame. En Corrientes sigue el mismo esquema, con una industria dominante y unos pocos productores alrededor. Son los mismos que se opusieron a la resolución 170 del INYM, que le puso cupo a las plantaciones.
No es ese el modelo que defiende hoy Misiones, que apuesta por la producción local y el productor en la chacra. La agricultura familiar vendió este año por tres mil millones de pesos. Y la apuesta es ir por más. Contra eso va el proyecto de Cambiemos. No es que sorprenda demasiado. El plan Maizar, que se intentó imponer en Misiones durante la gestión de Macri, buscaba maximizar la rentabilidad con un enorme costo ambiental y 250 mil hectáreas de maíz transgénico.
Sin embargo, la iniciativa del diputado Schiavoni sacudió la modorra al hacer explícito el modelo económico de un eventual regreso de Cambiemos al poder. Alfredo trabaja para Horacio Rodríguez Larreta y hoy cobra otra dimensión la foto tomada durante la visita del candidato presidencial a Misiones. La gira cerró en el yerbal Santa Inés, junto a Martín Arjol, Florencia Klipauka y Pedro Puerta. Allí Larreta conoció un “modelo” yerbatero. Arjol y Klipauka juran que no acompañarán la iniciativa. Puerta, empresario yerbatero como su padre, hizo silencio.
El radicalismo se animó a hacer explícitas sus diferencias con los socios mayoritarios y emitió un duro documento en el advierte que “los derechos conquistados por las luchas se defienden, no se entregan”.
“El proyecto de ley de desregulación económica para el desarrollo productivo intenta modificar la ley que creó el Instituto Nacional de la Yerba Mate, institución que en los momentos más críticos ordenó y fijó un rumbo en la economía yerbatera. Por eso queremos manifestar nuestro rechazo, ya que el sector productivo no fue consultado ni convocado a debatir cómo mejorar los distintos eslabones de la cadena productiva. El Inym, después de 20 años tiene algunas cosas para mejorar y también para conquistar, como por ejemplo un Mercado Consignatario, pero sigue siendo una herramienta fundamental para la economía de nuestro producto madre”, señaló la UCR misionera.
“La UCR Misiones nunca transigió en este tema, porque hace tiempo elegimos lo que queremos representar”, se desmarcó el partido. ¿Fractura? ¿Que se rompa pero que no se doble? Nada de eso. El futuro radical sigue atado a lo que decida el PRO. Con Martin Arjol recluido en el Congreso, Ariel Pianesi teje alianzas con Martín Goerling, el candidato a gobernador bendecido por Patricia Bullrich, que cuenta entre sus filas con Humberto Schiavoni. Un hermano con cada candidato. Los diferentes gustos electorales no significa que piensen distinto. El senador fue más allá que el diputado y aseguró que la fijación de precios del INYM “desincentiva las inversiones” y que “no debe ser el precio del productor marginal el que fije el de toda la cadena”.
“Con un dólar oficial tan retrasado y con retenciones es lógico que perdamos mercados. Primero debemos sincerar el tipo de cambio y adecuarlo a lo que debe valer y luego eliminar todas las trabas a las exportaciones como las retenciones al sector productivo”, detalló el mayor de los Schiavoni. Nuevamente, un modelo económico explícito: desregulación, devaluación y fin del cepo. La diferencia, apunta Schiavoni, es que si ganan en 2023 podrían hacer lo mismo pero más rápido: “Cuando Macri asumió teníamos quince senadores de 72 y hoy tenemos 33; por lo que vamos a tener mayoría propia en la próxima elección. En Diputados teníamos 80 y ahora tenemos 116. Por eso el gradualismo aplicado por Macri”, detalló.
A la ecuación también se debe sumar un Poder Judicial que usualmente inclina la balanza hacia un solo lado y que no esconde sus preferencias políticas.Ni siquiera en Lago Escondido. El fallo de la Corte, previsiblemente a favor de Capital Federal, volvió a dejar expuesta la fractura entre Gobierno y oposición. Los cortesanos avalaron un aumento de la coparticipación que Macri le dio por decreto a Horacio Rodríguez Larreta y que Alberto Fernández hizo volver atrás cuando llegó al Gobierno. De nada valieron las quejas de los gobernadores que presentaron un Amicus Curiae para ser tenidos en cuenta. En un fallo con una mirada unitaria, los jueces ordenaron suspender la aplicación de una ley del Congreso y que la Nación le otorgue el equivalente a 2,95% de fondos coparticipables a la Capital. Se estima que la transferencia debería ser por un monto cercano a los 200 mil millones de pesos, casualmente en un año electoral. La paradoja es que la victoria unitaria de Larreta es la derrota federal de los demás gobernadores. Se le hará sinuoso el camino al candidato presidencial.
El Presidente, con el respaldo de algunos gobernadores, decidió que es un fallo “de imposible cumplimiento” y que los recursos no serán girados. Recusará a la Corte y pedirá que el caso se analice nuevamente, porque entiende -el Presidente- que los jueces emitieron sentencia sin haber resuelto la cuestión de fondo. También consideran que el fallo genera un conflicto de poderes porque avanza sobre las facultades del Poder Ejecutivo de definir cómo se ejecuta el Presupuesto -el de 2023 ya fue aprobado y no incluye las partidas que deberían ser giradas a Capital-.
Misiones no se sumó al desacato, aunque por obvias razones acompaña el reclamo. Junto a Salta, Neuquén y Río Negro -provincias gobernadas todas por espacios políticos fuera de la grieta-, el gobernador Oscar Herrera Ahuad advirtió que “los fallos se respetan” aunque no se compartan y que, en última instancia, si el dinero no se gira a la ciudad de Larreta, debe ser distribuida entre las demás provincias y no sólo repartida en Buenos Aires. En definitiva, no deja de ser una puja para financiar la seguridad en el Amba. El resto de las provincias se arreglan solas.
En esa línea está Misiones. Misiones termina el año con los mejores indicadores de empleo del Norte Grande y es el primer aglomerado del interior del país con mayor tasa de empleo y de actividad. Se espera el 2023 con la expectativa de consolidar esa tendencia con nuevas herramientas: el puerto de Posadas que está a horas de poder operar con carga y la Zona Aduanera Especial, cuya implementación depende de detalles que deben ser definidos con el ministro de Economía, Sergio Massa.
Mientras tanto, la política comienza a tomar color. Con la confirmación de las candidaturas a gobernador y vice de Hugo Passalacqua y Lucas Spinelli, de a poco van apareciendo postulantes. Al intendente de Posadas, Leonardo Stelatto, quien buscará ser ratificado, se le sumaron en las últimas horas la diputada Soledad Balan y el ministro de Desarrollo Social, Fernando Meza. Nuevamente, la mezcla de experiencia y juventud.
En la oposición no hay certezas. por ahora esperan las señales de Buenos Aires.
Al momento de asumir Mauricio Macri la presidencia de la Nación en diciembre de 2015, una de las primeras medidas llevadas a cabo fue la normalización del INDEC, un organismo intervenido políticamente durante el segundo mandato de Cristina Fernández que había perdido su naturaleza de eje rector de políticas públicas a partir de la elaboración de estadísticas, por la falta de transparencia. Así, hacia 2016 comenzaron a difundirse nuevas series de mediciones de diferentes indicadores, como precios y mercado de trabajo.
Las principales tasas del mercado de trabajo, las de actividad, empleo y desocupación, comenzaron un nuevo proceso de publicación hacia el segundo trimestre del 2016. Cuando se difundieron los datos relativos al tercer trimestre de ese año, el aglomerado urbano de Posadas exhibía una tasa de empleo del 41,9%, por debajo del total de los aglomerados medidos a nivel nacional (del 42,1%) y ubicándose en el puesto 14 a nivel país. Incluso, en el NEA, Posadas quedaba segunda (detrás de Corrientes).
De ese dato pasaron seis años y la situación de Posadas registra una fenomenal mejora. No solo la tasa de empleo se posiciona sostenida y ampliamente por encima del total nacional, sino que pasó de ser segunda en el NEA a ser la primera, y se ubica segunda a nivel nacional solo por detrás de CABA, distrito que históricamente lideró este indicador. De ese 41,9% del tercer trimestre 2016 pasó al 48,1% en igual período del 2022. En seis años, la tasa de empleo creció en 6,2 puntos porcentuales; esto significa que en ese tiempo, Posadas logró que unas 35 mil personas consiguieran trabajo.
La evolución histórica del mercado de trabajo en Posadas tiene un camino ascendente claro, pero por supuesto hubo ciertos matices. La pandemia fue uno de ellos y eso se refleja en los datos. Los impactos de la enfermedad, aunque menores en Misiones que en el resto del país, generaron estragos en el mercado de trabajo. Al segundo trimestre del 2020, en pleno estallido de la crisis sanitaria, la tasa de empleo tocó un piso del 38,6% y creció levemente hacia el 40,6% al tercer trimestre. A partir de allí, el crecimiento fue imparable.
Entre el tercer trimestre de 2020, en pleno proceso de arrastre de la pandemia, e igual período de 2022 cuando predomina una tendencia fuertemente alcista de la actividad económica misionera, la tasa de actividad se incrementó en 6 puntos porcentuales, pero la de empleo lo hizo en 7,5. Traduciendo el número en personas: unas 27 mil personas se sumaron a la población económicamente activa, pero fueron 32 mil las que lograron tener un empleo; por ende, no solo se cubrió toda la demanda nueva, sino que se logró que unas 5 mil personas dejen de ser desocupadas y pasen a tener una ocupación.
Salvo las tormentas de las etapas recesivas del 2018 y 2019, cuando las tasas de empleo se vieron resentidas, en todos los demás períodos la demanda laboral fue absorbida por el empleo, generando caídas de la desocupación. Entre 2021 y 2020 la población desocupada cayó en tres mil personas; pero lo más positivo es que, aun es ese escenario con una base comparativa desafiante, entre 2022 y 2021 otras tres mil personas dejaron de ser desocupadas. Seis mil desocupados menos en dos años, y 32 mil nuevos empleos.
La escalada posadeña fue paulatina; pero desde el 2017 se posiciona como líder indiscutida dentro del NEA y luego comenzó a fortalecerse como el aglomerado de mayor tasa de empleo (y también de actividad) en todo el Norte Grande. A nivel nacional, partió desde debajo del top diez para luego comenzar una escalada gradual: este proceso culminó con su ratificación en el segundo puesto a nivel país, lo que es lo mismo que decir que Posadas tiene la mayor tasa de empleo de todo el interior de la Argentina.
La razón clave por la que el empleo crece es que la economía misionera crece. Una estimación, aún preliminar, realizada por la CEPAL en conjunto con el ministerio de Economía de la Nación muestra que en 2021 el PBG misionero creció 6% (en valores constantes) respecto a 2016, pero es aún más fuerte el crecimiento respecto a 2020: el crecimiento es del 12% del producto. Si bien aún no existen datos para el 2022, las proyecciones indican un fortalecimiento del sendero alcista que muestra la provincia en su economía.
Entre 2016 y 2021 el valor agregado bruto de sectores claves de la economía provincial tuvieron altos desempeños: en el comercio crece 12%, en las actividades industriales vinculados al cuero lo hace en un 32%; en la fabricación de metales 21%, en la industria del papel tiene una suba del 20%, en la elaboración de productos alimenticios lo hace en 17%, y en la producción de madera en 15%, entre otros.
Por supuesto, el crecimiento trae consigo otros desafíos: la cuestión de la subocupación demandante de empleo es uno. Se entiende a ésta franja como las personas ocupadas que trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias, pero que desean trabajar más horas y además están buscando activamente otra ocupación. Este indicador ejerce cierta presión en el aglomerado misionero y lo desafía a continuar generando oferta laboral para las personas que lo demandan, pero al mismo tiempo está muy vinculado a actividades de fuerte presencia en la provincia como ser el turismo, que tiene importante carácter estacional.
Con eso terminamos por hoy. Feliz navidad para todos.
Los gobernadores Omar Gutiérrez, de Neuquén; Oscar Herrera Ahuad, de Misiones; Arabela Carreras, de Río Negro; y Gustavo Sáenz, de Salta, emitieron hoy un comunicado en el que criticaron el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre la disputa por la coparticipación entre el gobierno nacional y la ciudad de Buenos Aires. A su vez, se desmarcaron de la misiva que suscribió ayer el presidente Alberto Fernández y otros 14 mandatarios provinciales.
“Los gobernadores que firmamos este comunicado manifestamos nuestra preocupación por el fallo de la Corte que asigna montos que incrementan en forma desmedida los fondos de la ciudad de Buenos Aires en desmedro de fondos correspondientes a la Nación en su conjunto”, sostienen los gobernadores en el documento.
En ese contexto, los cuatro gobernadores no acompañaron el comunicado que impulsó ayer el jefe de Estado. No obstante, decidieron avanzar por su cuenta en un texto crítico del fallo cortesano. Los gobernadores hicieron un repaso somero sobre la historia reciente del traspaso jurisdiccional de la policía a la Ciudad en 2016. “Es un hecho cuyos costos fueron determinables, y que se demostró fehacientemente que la transferencia original de fondos nacionales a CABA, fue superior a la necesaria para absorber el traspaso policial”, detalla el comunicado de los cuatro mandatarios.
Herrera Ahuad explicó que la idea del comunicado “tiene que ver con el hecho de que los recursos deben ser para todas las provincias y no sacarle a uno para darle al otro. Porque actualmente esos recursos van a la provincia de Buenos Aires”.
Herrera Ahuad estuvo presente ayer en el cónclave en Casa Rosada. Sin embargo, no suscribió el comunicado con los otros 14 gobernadores.
En cuanto a la posición del Gobierno de desacatar el fallo de la Corte, el gobernador de Misiones se mostró en desacuerdo con esa actitud política: “Yo respeto a las instituciones. Puedo estar o no de acuerdo con el fallo, pero soy muy respetuoso de las decisiones y los fallos”.
Por otro lado, los mandatarios destacaron que cada provincia debe costear las fuerzas de seguridad subnacionales con recursos propios. “Es importante destacar que esa es una circunstancia que es común a todas las provincias: pagar con nuestros recursos nuestra propia policía”, agrega el comunicado en otro punto.
“Estamos convencidos de que ninguna jurisdicción, en este caso CABA, debe percibir recursos por encima del costo real de las nuevas responsabilidades que le fueran asignadas”, insiste la misiva. Más adelante, el texto cuestiona que el dinero discutido haya sido asignado sólo a Axel Kicillof, gobernador bonaerense: “Esos fondos nacionales, al momento de ser retrotraídos, deben indefectiblemente ser distribuidos de forma absolutamente federal y equitativa entre todas las jurisdicciones que conformamos la Nación Argentina”.
En ese sentido, Misiones, Salta, Río Negro y Neuquén plantean que si el Presidente decide no cumplir con la orden de la Corte, “los fondos que se le quitaron a CABA se tiene que distribuir equitativamente entre todos”. Los cuatro gobernadores disidentes no conciben “justo” que ese porcentaje coparticipable haya tenido como destino las arcas de La Plata, para costear a la Policía Bonaerense.
Cabe recordar que el fallo de la Corte Suprema ordenó que el Gobierno destinara el 2,95% de los fondos coparticipables a CABA. Fue a partir del litigio entre la Ciudad y Nación por la decisión de Alberto Fernández en 2020, que decretó un recorte del porcentaje de coparticipación que se destinaba a la Ciudad. Ese dinero había sido otorgado a CABA durante la presidencia de Mauricio Macri, cuando se concretó el traspaso de la policía para conformar la fuerza de seguridad porteña.
El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que el fallo de la Corte Suprema en favor de la ciudad de Buenos Aires sobre los fondos coparticipables es “muy singular” y “imposible cumplimiento”.
“Lo primero que tenemos que entender es que los que queremos vivir en un Estado de derecho queremos vivir en un país donde las competencias de cada uno de los poderes sean respetadas, y que ningún poder se arrogue funciones de otro poder, y que esto viene pasando constantemente con la Corte Suprema de Justicia”, señaló el mandatario en declaraciones al canal C5N.
Fernández sostuvo hoy que los gobernadores con los que se reunió para analizar el fallo de la Corte Suprema sobre coparticipación “lo primero que vieron es que los que están perdiendo son ellos”.
“La teoría de que el dinero sale de Nación y no afecta a las provincias es falso, porque el dinero que tiene el Estado nacional lo utiliza en favor de las provincias”, señaló el mandatario en diálogo con C5N.
Fernández afirmó hoy que “no sabe” si el objetivo del fallo de la Corte Suprema sobre coparticipación es financiar la campaña electoral del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pero estimó que, al resolver de esa manera, el máximo tribunal “lo va a lograr”.
El documento
En la actualidad, según la ley 27.606 vigente y aprobada por el Congreso Nacional en el año 2020, la Ciudad de Buenos Aires recibe, como lo hace desde el año 2002, el equivalente al 1,4% del total de los fondos coparticipables y, además, el monto equivalente al costo de funcionamiento de la policía de la Ciudad de Buenos Aires que se le transfirió en el año 2016.
En un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe.
Sostiene también, de manera insólita, que transferirle estos montos millonarios a la CABA no afecta a las provincias argentinas. Esto es completamente falso: esos recursos saldrían del presupuesto nacional, que se ejecuta en políticas públicas, en todo el territorio de la Nación.
En síntesis, en un fallo político, de cara al año electoral, la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA. Esta medida es, en las condiciones actuales, de imposible cumplimiento, toda vez que el Congreso Nacional aprobó por ley el presupuesto 2023 sin contemplar crédito presupuestario para tal finalidad.
Ante ello, el presidente de la Nación ha decidido instruir a los órganos competentes del Estado Nacional a RECUSAR A LOS MIEMBROS DE LA CORTE SUPREMA y a presentar el pedido de revocatoria “in extremis” de la resolución cautelar dictada.
Por su parte, los gobernadores y gobernadoras de las Provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán, al verse afectadas las mismas en forma directa por la arbitraria decisión adoptada por la CSJN, instruirán a las autoridades competentes de sus jurisdicciones para que los estados provinciales soliciten ser tenidos por parte en el expediente acompañando la recusación de los ministros firmantes de dicha medida cautelar y para que soliciten la revocación “in extremis” de la misma.
