La decisión innegociable de Javier Milei de frenar toda la obra pública que no pueda sustentar la Argentina puso en alerta al sector de la construcción. UOCRA denunció 500 despidos en Vaca Muerta y que serán más de 1.000 a fin de año.
Si bien la UOCRA destaca que a corto plazo los emprendimientos oficiales están garantizados, se declaró en alerta ante los anuncios del presidente electo Javier Milei sobre la obra pública. Mientras que algunos empresarios aseguran que ya se enviaron telegramas de despido.
De acuerdo a datos oficiales, en la actualidad hay 2.308 obras en plena ejecución y de ese total, 97 están en desarrollo en Tucumán, 67 en Chaco y 66 en Salta, además de 615 proyectos que figuran de posibles inversiones en todo el país. De ahí la preocupación, tanto en los gobiernos provinciales como en los sindicatos.
A los primeros despidos informados por la Cámara Argentina de la Construcción ahora se sumó la mención de al menos 500 cesanteados en Vaca Muerta, según el sindicato de la UOCRA en Neuquén. Representantes de esa organización anticiparon otros probables 10.000 recortes si, con vistas a diciembre, el inminente nuevo gobierno decide cercenar por completo su participación en el desarrollo de infraestructura en esa zona de la Patagonia.
Desde la representación de UOCRA en esa provincia su secretario adjunto, Juan Carlos Levi, dio cuenta de 500 despidos efectuados en las últimas horas en las caleras de Techint y Loma Campana. “La verdad es que esto nos preocupa porque nunca nos había pasado algo así después de unas elecciones”, declaró el dirigente.
“Ahora hay una gran incertidumbre y las empresas no quieren arriesgarse”, comentó. Para enseguida añadir que ya en estos días “alrededor de 10.000 trabajadores están sin realizar su actividad porque las obras públicas están paralizadas”.
“Siempre hubo comunicación con las empresas y hoy se cortó porque nadie sabe que va a pasar después del 10 de diciembre. El número se va a incrementar, a fin de año vamos a superar la barrera de 1.000 compañeros sin trabajo“, pronosticó.
Otra señal del ajuste se produjo el viernes en Tucumán con el despido de 21 trabajadores de la empresa nacional BTU SA que realiza obras de renovación de vías en Las Cejas, con financiamiento estatal nacional, en el noreste de la provincia.
La firma tiene por delante un año más de actividad en la zona, al menos, pero ante pagos atrasados y la casi certeza de imposibilidad de cobrar la certificación de noviembre, al menos en el corto plazo, decidió tomar la drástica decisión.
“Algunos compañeros se pusieron en contacto con nosotros y sólo firmaron cuatro la desvinculación, veremos qué sucede con el resto porque este lunes haremos una presentación ante la Secretaría de Trabajo de la provincia para ver si se puede revertir la situación”, sostuvo el secretario general del gremio de la construcción, UOCRA, filial Tucumán, David Acosta al diario económica ‘Ambito Financiero’.
“Temíamos que comience a pasar esto porque Milei está anunciando que se van a parar las obras que se están ejecutando, eso es lo que no entendemos. Ya tuvimos reunión con el cuerpo de delegados, estuvimos en asambleas con compañeros y sí, hay preocupación por todo lo que se está en desarrollo en la provincia”, agregó Acosta.
Tras la pandemia en el 2020 y la reactivación de las obras públicas, la mano de obra de la construcción en esta provincia creció de 3.000 a 11.000 obreros ocupados, en la actualidad. Consultado el dirigente sobre cuál sería el impacto si el Estado se retira del financiamiento, indicó que el 60% de los trabajadores de la UOCRA quedaría en la calle. “Ya nos pasó durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri, esperamos que no se repita porque fue una catástrofe”, reflexionó.
Otro gremio desde el que se observa con preocupación la situación es el metalúrgico, UOM, también de esa provincia Ariel Gámez, secretario general del gremio dijo: “El pueblo se expresó y eligió al presidente, pero estamos en alerta por el posible desfinanciamiento de la obra pública. Después que el expresidente Mauricio Macri asumió se queda ron 3.000 compañeros sin trabajo, fue terrible porque algunos estaban cerca de jubilarse. Por eso vamos a estar atentos a las decisiones que se quieran tomar y que vayan en contra de los trabajadores, haremos una férrea defensa de los derechos, como corresponde”.
“Yo lo escuchaba al actual presidente protestar en contra de la casta y hoy veo que se reúne con su nuevo socio, que es Macri, y eso nos preocupa”, dijo.
Pero en Salta también hay inquietud por la promesa de que el Estado se retire de la obra pública.
“Sería un golpe muy fuerte porque en nuestra provincia se quedarían en la calle cerca de 6.000 compañeros que trabajan de sol a sol, todos los días y se ganan su sueldo con el esfuerzo”, reflexionó Rubén Aguilar, secretario general de la UOCRA de esa provincia, en una entrevista en ‘Radio Salta FM’.
Indicó que no sólo se vería afectada la mano de obra directa ya que también impactaría en todo lo que genera esta actividad, desde el almacén en donde compran comida los trabajadores hasta los corralones que proveen el material para las obras.
En La Rioja, la seccional de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) de esa provincia se declaró en alerta el viernes. “Es sector de la construcción es el primero que recibe el impacto cuando se toman estas decisiones”, dijo a ‘La Rioja/12’ Sebastián Di Fiore, interventor del gremio a nivel local.
“Calculamos que de acá a fin de años vamos a tener una baja de 220 mil puestos de trabajo de manera directa porque indirectamente afectaría a 800 mil más. Estamos hablando que directa e indirectamente 1 millón de personas pueden perder sus puestos de trabajo”, afirmó Di Fiori y explicó en este sentido que “la construcción es el primer motor en la obra pública y después depende los ladrilleros, los del cerámico, lo del cemente”.
Todo repercute en una obra pública; y vamos a ver como avanza porque ya algunas empresas empezaron a tomando medidas rápidas por miedo
“La verdad es preocupante y los trabajadores vamos a luchar para que cobren y no tengan deuda, pero los primeros meses del año entrante se pueden poner difíciles”, dijo en relación a los puestos de trabajo.
Según el INdEC, el empleo de la actividad de la construcción en la actualidad alcanza los 479.000 puestos registrados y se encuentra en un pico máximo histórico.
“No hay plata. Nosotros no tenemos plata, por lo cual esas obras pueden ser entregadas al sector privado y que la terminen ellos”, dijo Javier Milei en declaraciones periodísticas y afirmó que “cada intendente o gobernador deberá buscar la forma de financiamiento, puesto que “vamos a ir a un sistema de iniciativa privada, a la chilena””. “No hay plata. Si no hacemos el ajuste fiscal nos vamos a la hiperflación, con el 95% de pobres”.
En la Patagonia, más precisamente en Bariloche, localidad más grande la provincia de Río Negro y líder en el ranking de destinos turísticos del país, afirman que la decisión de Milei “frena” a la ciudad.
Según la ‘ANBariloche’, un grupo de empresarios de esta localidad ya le avisó al presidente electo que la ciudad será una de las ciudades afectadas por las medidas de La Libertad Avanza.
E informaron que proyectos locales como la ampliación de la avenida Exequiel Bustillo que conduce al Llao Llao, la construcción del nuevo edificio del Hospital Zonal, la Terminal de Ómnibus y el colector de la Universidad Nacional de Río Negro, podrían verse afectados.
En Ushuaia la alerta vino del secretario General de la UOCRA, Julio Ramírez, quien en diálogo con Radio Nacional Ushuaia, comentó que “lo que dicen las empresas en Tierra del Fuego es que no se va a poder seguir trabajando porque las certificaciones que puedan llegar hacer, no las van a poder cobrar porque según el presidente electo Javier Milei no hay plata y va a paralizar la obra pública”.
En este sentido, expresó que “estamos muy preocupados. Estuve reunido con Gerardo Martínez y tenemos la orden de estar en alerta y movilización con todos los compañeros y acá todavía lo que tenemos es algunos rumores de que hay empresas que van a concretar despidos y nosotros vamos a tratar de que esto no sea así. A nivel nacional ya empezaron los despidos en el gran Buenos Aires y en algunas provincias; en Tierra del Fuego todavía no, pero hay empresas que ya anticiparon que van a avanzar en despidos si la situación sigue así. Si hay despidos, vamos a mantener al personal en los obradores”.
El dirigente gremial indicó que “este nuevo presidente no sé si no tiene idea lo que significa la construcción, pero creo que está muy equivocado. Los pagos a nivel nacio nal no venían llegando y yo ya anticipé que, si este candidato ganaba, íbamos a estar muy complicados; ahora esta persona ganó, será presidente y va a estar todo muy complicado”.
Según precisó Ramírez, “para esta temporada proyectábamos tener a más de mil compañeros trabajando. Vamos a ver qué pasa con el puerto de Río Grande”.
En efecto, la alerta llegó de manera generalizada por parte de la UOCRA, la CGT y la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), que hicieron pública su preocupación ante lo que vendrá.
Pero también hubo advertencia a empresarios: “El actual Gobierno, aún en ejercicio, tiene garantizada la ejecución de las partidas presupuestarias hasta diciembre, lo que asegura la normal continuidad de obras en curso, por lo que no hay argumentos válidos para justificar despidos”.
En efecto, el documento que la Uocra difundió, con la firma de su secretario general Gerardo Martínez, viene a cuenta de los dichos del titular de la CAC Gustavo Weiss. El empresario en las últimas horas sostuvo que la paralización de la obra pública y el concepto de Milei para avanzar sobre “un modelo a la chilena” ya provocaron que “haya telegramas de despido en empresas ligadas a la obra pública”. Weiss remarcó que si la paralización de emprendimientos públicos se concreta, generando incluso nuevas licitaciones “se quedarían en la calle miles de empleados y muchas empresas verían severamente complicada su situación”.
Además, recuerdan que la construcción “tracciona trabajo y demanda de herramientas e insumos que hacen a la labor de otros gremios industriales”.
Estos conceptos se refrendaron en el comunicado gremial, donde resaltaron que este colectivo de trabajadores hace “a un sector clave en el desarrollo del país, dinamizador de la actividad económica y multiplicador de empleo genuino, que genera más de un millón de puestos de trabajo directos e indirectos”.
Sobre otros ejes compartidos con el empresariado, la organización sindical, cuyo referente es el secretario de Relaciones Internacionales de la CGT y de aceitada relación con la OIT, validó que el fenómeno global “hace considerar a la construcción no como un gasto sino como inversión genuina”.
En la UOCRA además insisten que para nuestro país, esa labor requiere de un planeamiento estrátegico “a nivel de infraestructura para contribuir al desarrollo económico en el contexto de un déficit habitacional cercano a cuatro millones de viviendas”.
Gerardo Martínez apeló a un llamado público “por la responsabilidad y el diálogo tripartito entre el gobierno, empresas y trabajadores para alcanzar consensos que posibiliten un acuerdo de política de Estado”. Y acotó, el tema no debe ser una hipótesis de conflicto sino un acuerdo para contribuir y apuntalar el desarrollo estratégico que requiere la Argentina”.
En tanto, Sebastián Di Fiori de la UOCRA, afirmó: “Calculamos que de acá a fin de año vamos a tener una baja de 220 mil puestos de trabajo de manera directa porque indirectamente afectaría a 800 mil más”
También el actual ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, aseguró en diálogo con ‘Télam’, que el presidente electo, Javier Milei, con los anuncios que formuló e sta semana logró “frenar” la continuidad de los proyectos de infraestructura que estaban en marcha en todo el país.
“Javier Milei ratificó, como Presidente electo, sus anuncios de campaña. Ya selló el primero: frenó la obra pública a lo largo y ancho de la Argentina”, señaló Katopodis en un mensaje publicado su cuenta oficial de X (ex Twitter).
El ministro indicó que trabajadores abocados a obras públicas recibieron telegramas de despido y que serán “cientos de miles” los que perderán sus empleos, con el agravante de que sus familias “enfrentarán dolor y sufrimiento”.
Además, el funcionario consideró que el freno a la obra pública provocará que “cientos de pymes y empresas de la construcción vuelvan a estar en convocatoria de acreedores, tal como sucedió en 2018 y 2019 con el Plan Económico de (el ex presidente) Mauricio Macri”.
