El Gobierno de Misiones decidió crear un fondo propio para cubrir el retiro de la Nación de sus compromisos con el salario docente. El presidente Javier Milei ratificó que no pagará más el Incentivo Docente ni el adicional por conectividad. Ante este nuevo escenario, Misiones decidió crear su propio fondo, con el objetivo de que ningún docente cobre menos.
Según decidió el gobernador Hugo Passalacqua, se liquidará del mismo modo que antes, pero con la salvedad de que los docentes cobrarán a mes vencido, por lo que desde este mismo mes percibirán el aporte provincial.
“Son muy pocas las provincias las que pueden cubrir el retiro de Nación. La mayoría no puede pagar”, precisó el ministro de Educación, Ramiro Aranda, quien este viernes se reunió con los gremios y el equipo económico de la Provincia para comunicar el esfuerzo provincial.
“Se reconoce el esfuerzo de la Provincia para cubrir este items salariales”, destacó Rubén Grillo, secretario general de la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones.
Misiones ya había pagado 3.027.722.020,33 pesos para cubrir la deuda de Nación por ambos componentes desde noviembre. Según las últimas liquidaciones, cada docente cobraba 16.450 por Incentivo Docente y 12.250 por conectividad. Son 28.700 pesos por cargo. Cada docente podrá cobrar ese monto por hasta dos cargos, siendo titular, interino o suplente, además de los que recién se inician.
En paralelo, Misiones seguirá el reclamo judicial a Nación por la deuda pendiente del segundo semestre del año pasado. Son 1.394 millones por mes.
Parlamentario – La votación resultó rechazada con 42 votos, solo votaron afirmativo 25 y 4 se abstuvieron. Fue durante la sesión de este jueves que habilitó la vicepresidenta de la Nación en medio de la interna que mantiene con Milei. A pedido del jefe del bloque los libertarios pidieron una moción de orden para postergar el tratamiento, pero también naufragó.
“Rechazado con 42 votos negativos, 25 afirmativos y 4 abstenciones”, indicó el tablero del recinto de la Cámara alta a las 19.44 en la votación del mega DNU 70/23 de desregulación de la economía en la sesión de este jueves que habilitó la propia titular del Cuerpo, Victoria Villarruel, en el marco de la interna que mantiene con el presidente Javier Milei, constituyéndose un duro golpe para el oficialismo y una gran victoria para un sector de la oposición. La decisión final se dará en Diputados, por lo que mientras tanto el DNU sigue vigente de acuerdo a lo que la Ley 26.122 establece que ambas cámaras deben rechazarlo para que quede anulado.
A la hora de la votación La Libertad Avanza, que tuvo la baja de Bartolomé Abdala por el fallecimiento de su esposa, contó con el respaldo del Pro y un puñado de radicales.
A los 33 integrantes de Unión por la Patria que, de ante mano rechazaban el texto, se sumaron los radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco; 2 de Unidad Federal, Edgardo Kueider y Carlos “Camau” Espínola; 2 de los santacruceños, José María Carambia y Natalia Gadano; el de la neuquina Lucila Crexell; y el de Mónica Silva, de Rio Negro.
Las abstenciones fueron de Maximiliano Abad, los misioneros Carlos Arce, Sonia Rojas Decut y la cordobesa Alejandra Vigo.
El tratamiento del DNU fue el plato fuerte de la jornada que quedó para tratar en último lugar. En la previa, Villarruel, intentó sin éxito postergar por 15 días el tratamiento del decreto. En reunión de Labor Parlamentaria, la presidenta del Cuerpo no sólo encontró la negativa de Unión por la Patria sino de otros bloques de la oposición. Mismo pedido realizó el jefe del bloque liberal, Ezequiel Atauche, durante la sesión, pero la moción resultó negativa.
Se da por descontado que el rechazo del Senado no caerá nada bien en Casa Rosada y generará malestar dentro del bloque luego de la sesión habilitada por la vicepresidenta, ya que mientras se desarrollaba la reunión de Labor, la Oficina de Prensa del presidente lanzó un duro comunicado contra Villarruel, quien no disimuló su malestar ante los senadores presentes.
Durante febrero, Unión por la Patria había solicitado una sesión para tratar el DNU en tres ocasiones. A ninguna de ellas accedió la vice, más allá de lo que establecen los artículos 19 y 20 del reglamento. Más tarde, cerca del 1ro. de marzo, se sumó una solicitud de bloques federales, a los que se acopló un radical.
Desde el entorno de Villarruel consideran que, iniciado el período ordinario, la presidenta del Senado ya no tenía margen para no incluir el debate del decreto dentro del recinto, sobre todo también porque esa situación inconclusa le trabaría el resto de los temas.
Así las cosas, desde el Gobierno se aceleraron conversaciones con gobernadores para intentar evitar que algunos senadores bajen al recinto. En tanto, alarmados, dirigentes del oficialismo salieron a reclamar que el DNU todavía no cuenta con dictamen de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo y que hay muchos decretos pendientes, como expresó el miércoles por la noche el presidente de Diputados, Martín Menem, en el canal LN+.
Sin embargo, la Ley 26.122 establece que, pasado el plazo de 10 días para que la comisión dictamine, ambas cámaras podrán tratar de oficio el decreto. A esta altura, no sólo desde Unión por la Patria insisten con que todos los tiempos están vencidos, sino otros sectores también.
El mega DNU
El Poder Legislativo tiene como atribución el análisis de los decretos del Poder Ejecutivo y, particularmente sobre los DNU, evaluar si cumple con los requisitos de “necesidad y urgencia”, al tiempo de determinar su validez o invalidez en torno a la constitucionalidad o no del mismo. Es decir, no se aprueba o rechaza por las medidas allí contenidas, sino por las formas. Algo que es lo más cuestionado del 70/23, el cual no tiene antecedentes por su magnitud y a través del cual se derogaron más de 30 leyes y se modificaron unas 300.
El mega de Milei, que significó el primer paquete de medidas del Gobierno, dictado el 21 de diciembre, estableció la derogación de la Ley de Alquileres, la derogación de la Ley de Góndolas y la Ley de Abastecimiento, la liberación de los precios de las prepagas, el cobro de intereses punitorios sin regulación ni topes para las tarjetas de crédito, la habilitación de privatizaciones y modificaciones en la Ley de Medios y la Ley Argentina Satelital, entre muchísimos otros puntos.
A partir de distintas cautelares presentadas, la Justicia suspendió el capítulo de la reforma laboral, los cambios en la Ley del Instituto Nacional de la Yerba Mate, y la posibilidad de que los clubes de fútbol -si así lo quisieran- se transformen en sociedades anónimas. La Justicia de La Plata había hecho también lugar a una cautelar contra la derogación de la Ley de Tierras, pero posteriormente un juez federal la dejó sin efecto.
Las voces a favor y en contra
En su carácter de titular de la Bicameral de Trámite Legislativo, el oficialista Juan Carlos Pagotto, recordó que la orden del día no tenía dictamen de comisión y planteó: “Este DNU 70 que tanta polvareda ha levantado viene siendo tratado en la comisión”, e hizo un paréntesis para cuestionar que la misma estuvo sin conformarse por más de cinco años”.
El riojano defendió que el decreto es la base para la reconstrucción de la economía argentina y tiene “una gran incidencia en lo que la gente quiere”. En ese sentido, solicitó la aprobación del DNU y volvió a chicanear que “nunca antes se han tratado los DNU, pero como tenemos memoria selectiva…”, y les enrostró a los titulares del bloque UP que “hay ciertos DNU que no se han tratado y también afectaban los derechos de los argentinos, muchos de los cuales tienen vigencia”.
Tal como era sabido, desde el bloque UP anticiparon el rechazo pleno. Fue la vicejefa del espacio, Anabel Fernández Sagasti la encargada de ratificar la posición argumentando que el mega DNU es “inconstitucional, no solo por arrogarse el Ejecutivo facultades del Legislativo propio del artículo 75 de la Constitución Nacional, sino también porque viola y vicia en lo sustancial y formal el artículo 99 inc. 3”.
“No hay ninguna necesidad y urgencia en muchos temas. Este DNU es inconstitucional, el Ejecutivo se está arrogando de facultades, es un tercio de lo que quiere hacer por DNU y si permitimos que esto avance vamos a tener que cerrar el Congreso de la Nación. Estamos dispuestos a discutir cada título y desde las provincias podemos aportar a mejorar lo que quiere impulsar”, remató Fernández Sagasti.
Con radicales divididos, el vicepresidente de la Bicameral de Trámite Legislativo Víctor Zimmerman, calificó el DNU como “atípico” y alertó que “está impactando de forma dispar en la Argentina”. Recordó que presentaron una nota solicitando la presencia de funcionarios para que expliquen el texto porque “se dicta en el marco de un conjunto de medidas económicas y sociales para ver si podemos salir de la difícil situación de la Argentina”. El chaqueño le enrostró al bloque de UP -a modo de defensa de las acusaciones de ese sector opositor de que el oficialismo, la UCR y el Pro querían dilatar el tratamiento- que presentó una nota la semana pasada solicitando que se inviten a constitucionalistas a debatir.
El radical detalló que en “la comisión hay 136 DNU pendientes de tratamiento. Estoy hablando de años, no de unos días. 14 son de la gestión de Macri, 107 de la gestión de Alberto Fernández y 15 de la gestión actual”. “No hay un DNU más importante que otro. Que puede tener mayor impacto e incidencia sí”, planteó y contó que tan solo fueron tratados 99 DNU en el Senado, pero en Diputados ninguno.
A diferencia del chaqueño, el porteño Martín Lousteau arrancó: “Voy a votar en contra del DNU porque es inconstitucional y eso es lo único que tenemos que evaluar. Lo dice todo el espectro de constitucionalistas de la Argentina”, y agregó: “Es un DNU de más de 300 artículos, que deroga más de 80 leyes y no tendríamos más nada que discutir”.
El radical comparó: “En los países donde rige el imperio de la ley cuando alguien dice ‘eso es ilegal’ se acaba la discusión. En los países donde no rige el imperio de la ley, cuando alguien dice ‘eso es ilegal’ se empieza a decir ‘bueno, pero en realidad lo hice con buenas intenciones, lo hizo otro antes’ es ilegal”.
“Los que se llenan la boca hablando de Estado de derecho y de instituciones y la importancia que las dos cosas tienen para el desarrollo, hoy miran para el costado y defienden algo que es inconstitucional a todas luces. Lo pueden justificar por convicción, por conveniencia, por temor porque este es un presidente de un Gobierno que amedrenta, que atemoriza, que amenaza; o también porque el fin justifica los medios”, disparó y sumó: “La conveniencia no está entre los elementos para decidir qué curso se toma si una ley o un DNU”.
Para Lousteau “los que hoy o antes avalan esta herramienta a cualquier costo están generando un monstruo”. Así, criticó que el propio DNU no dice cuál es la necesidad y urgencia en los considerandos, recordó que desde el bloque le pidieron una ley espejo en el período de extraordinarias y no lo hizo. “Queremos debatir el tema porque sabemos que el país está mal y requiere de reformas”, fundamentó y cerró: “Urgente es lo que pasa en la realidad, hay contenido que es bueno, otro es regular, malo y muy malo, desglósenlo en parte”.
Por el lado oficialista, el formoseño Francisco Paoltroni expresó: “Veo una brecha inconmensurable de los que defienden la máquina de impedir que se ha creado en los últimos 20 años, y los emprendedores, los generadores de trabajo que tienen la enorme responsabilidad de llevar una PyMEs adelante. Es tan grande la brecha que, para muchos acá, es imposible comprender la necesidad y urgencia porque atentan contra la generación de trabajo y de riqueza”, y remató: “Dejemos la hipocresía de lado”.
A diferencia de su compañera de bloque, el entrerriano Edgardo Kueider reiteró su rechazo al DNU, tal como lo había manifestado un día después de que se publicó el mismo, y compartió un posteo en redes.
En el final de las exposiciones, el jefe de bloque radical Eduardo Vischi anunció su voto positivo porque “necesitamos unir a los argentinos y no es el momento de rechazar el DNU”. “Estamos dispuestos al cambio y queremos colaborar con el cambio. Tenemos la predisposición de colaborar”, enfatizó.
Asimismo, celebró que Victoria Villarruel haya convocado a sesionar y agregó: “Quiero resaltar su decisión porque bien podría hacer lo que se hacia siempre y no convocar”: Incluso, valoró la decisión a pesar de lo ocurrido con el presidente provisional Bartolomé Abdala.
Sin embargo, le envio un mensaje al jefe de Estado: “Si el presidente Milei pretende hacer cambios profundos necesariamente debe dialogar, escuchar y ver aportes de distintos sectores”, y amplió que “para que el cambio sea profundo debe ser consensuado”.
Finalmente, remarcó su apoyo al decreto 70/2023, pero advirtió: “Mandar un proyecto y maltratar a los legisladores, es de muy corto plazo y la paciencia también se agota”.
Antes de la votación y con la seguridad de que el resultado sería esquivo para el oficialismo, el jefe de bloque libertario, Ezequiel Atauche, cargó contra el kirchnerismo e ironizó que “quiero felicitar a la oposición porque de golpe se han convertido en constitucionalistas”.
“Escuchamos incoherencias que denotan una intencionalidad que no me cierra”, siguió el jujeño y recordó el pedido de prórroga de 15 días para “darle tiempo al Gobierno”. Al profundizar sus críticas contra Unión por la Patria, sostuvo que “cuando no gobiernan, no quieren dejar gobernar”. “Les duele porque estamos haciendo las cosas y desde que está vigente este DNU, detuvimos la hiperinflación y acumulamos 10 mil millones de dólares de reservas. Detuvimos a un tren que se chocaba contra una pared”, enfatizó. Para cerrar, Atauche afirmó que “hoy los argentinos si la ven”, y cerró: “Estamos haciendo las cosas bien a pesar de que a muchos les duela y nosotros no estamos preocupados por cargos y privilegios”.
El 2023 cerró en Misiones con 9.490 empleadores de acuerdo con los datos suministrados por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación (SRT). Esa cifra implica un alza del 1,8% respecto al año anterior, que equivale a unos 171 empleadores más respecto al 2022. Los sectores de Información y Comunicaciones, actividades administrativas y de apoyo, y el Comercio fueron los que exhibieron el mejor desempeño.
La SRT considera empleadores a las personas, empresas u organismos identificados de forma unívoca por su CUIT, que cuentan con empleados y que suscribieron un contrato con una ART o están incluidos en la opción del autoseguro, y se encuentran cubiertos por el Sistema de la Ley sobre Riesgos del Trabajo (LRT). Los números de Misiones explican que durante buena parte del año se batiera el récord de empleo, aunque sobre el final del año hubo un leve declive en la creación de puestos de trabajo. De todos modos, sobre el cierre del año se registraban 108.727 asalariados registrados en el sector privado.
Específicamente en diciembre, el 34% de los empleadores correspondían al sector del Comercio, agrupando a su vez al 21,1% de los trabajadores registrados. En 2023, creció en un 7,2%, logrando sumar 217 nuevos empleadores en relación con el 2022.
El 14,6% de los empleadores corresponden al rubro de Agricultura, Ganadería y otros con un total de 1.384, que concentran el 7,0% de los puestos de trabajo. En 2023, este sector exhibió una merma en su cantidad de empleadores: fue -4,2% interanual (-61 menos respecto al 2022).
La Industria manufacturera, por su parte, concentra al 11,2% de los empleadores y al 17,5% de los trabajadores. El volumen de empleadores asciende a 1.064 en 2023, creciendo 0,4% anual (+4).
El resto de los sectores tiene participaciones inferiores al 10%, pero se destaca que muchos de ellos han tenido muy buenas performances en el cierre del año. El que registró la mayor suba en volumen de empleadores fue el sector de Información y Comunicación, mostrando un alza del 9,9% que equivale a 13 nuevos empleadores.
En segundo lugar quedaron las Actividades administrativas y de apoyo, que mostró una suba del 7,5% (+15) y el podio se completó con el mencionado caso del Comercio.
El sector de Servicios de alojamiento y comidas mostró un incremento del 6,3% que representa la creación de 23 nuevos empleadores; algo similar ocurrió con los Servicios Profesionales (+5,9% y +30 empleadores).
En menor medida, mostraron alzas los Servicios Inmobiliarios (2,2%), Servicios de Asociaciones (0,9%), Transporte y Almacenamiento (0,4%) e Industria Manufacturera (0,4%). Por el contrario, en otros ocho sectores se disminuyó el volumen de empleadores en Misiones. En valores absolutos, la mayor merma se observó en Agricultura, Ganadería y otros (-61 empleadores), la Construcción (-43) y Finanzas (-17); en términos relativos, la mayor caída se vio en Minas y Canteras (-16%).
Como era de esperar, la convocatoria de la producción a actualizar los precios de la materia prima, fracasó nuevamente, ante la imposibilidad de sesionar del Instituto Nacional de la Yerba Mate, ya que a industria y los representantes de Corrientes repitieron el faltazo.
Técnicamente no hubo nunca una sesión de precios y ahora los valores están decididamente en manos del mercado, en momentos en que se habilitó la importación de yerba mate, lo que puede tirar aún más abajo los precios que quedaron desactualizados tras la devaluación y su impacto en los costos, con las sucesivas subas de combustibles y de las tarifas eléctricas.
En el INYM estudian qué camino alternativo tomar para definir los nuevos valores de la materia prima, ya que no se puede hablar de laudo si no hubo antes sesión de precios. La alternativa es que cada sector plantee sus demandas y que resuelva la Nación. Pero con la premisa de pisar los precios de la canasta básica, la secretaría de Bioeconomía, que conduce Fernando Vilella, difícilmente actúe a favor de los productores.
El sector productivo enviará a Nación la documentación analizada y una grilla de costos que parte de 508 pesos, con una actualización mensual del 7 por ciento, de acuerdo a datos proyectados del Banco Central. Para dar ese paso, debe haber una nueva reunión de directorio, el jueves de la semana próxima, en la que el INYM formalizará el pedido de un precio mínimo a Nación.
Hoy el precio oficial es de 250 pesos, mientras que el mercado está pagando por el kilo de hoja verde un promedio de 370 pesos. Los productores pedían un mínimo de 505 pesos para marzo, pero hay algunos que plantean un valor cercano a los 700 para compensar pérdidas pasadas y la suba de costos durante el año.
Mientras esté vigente el DNU de Milei -que está siendo analizado en este momento por el Senado-, rige la desregulación del mercado, razón por la cual el sector industrial desconoce cualquier autoridad del INYM para fijar los precios o regular plantaciones.
Con el enojo del presidente Javier Milei hacia la vicepresidenta Victoria Villarruel de fondo, el Senado inició este jueves a las 11.11 la sesión especial que incluye en el temario el mega DNU 70/23 de desregulación de la economía, que se encamina al rechazo.
En la previa, Villarruel, quien fue la que realizó la convocatoria, intentó sin éxito postergar por 15 días el tratamiento del decreto. En reunión de Labor Parlamentaria, la presidenta del Cuerpo no sólo encontró la negativa de Unión por la Patria sino de otros bloques de la oposición, señala el sitio especializado Parlamentario.
Mientras se desarrollaba ese encuentro, la Oficina de Prensa del presidente lanzó un duro comunicado contra Villarruel, quien no disimuló su malestar ante los senadores presentes. Durante el día había sido blanco de críticas por parte de trolls libertarios.
Durante febrero, Unión por la Patria había solicitado una sesión para tratar el DNU en tres ocasiones. A ninguna de ellas accedió la vice, más allá de lo que establecen los artículos 19 y 20 del reglamento. Más tarde, cerca del 1ro. de marzo, se sumó una solicitud de bloques federales, a los que se acopló un radical.
Desde el entorno de Villarruel consideran que, iniciado el período ordinario, la presidenta del Senado ya no tenía margen para no incluir el debate del decreto dentro del recinto, sobre todo también porque esa situación inconclusa le trabaría el resto de los temas.
Tras la reunión de Labor Parlamentaria, desde el Gobierno se aceleraron conversaciones con gobernadores para intentar evitar que algunos senadores bajen al recinto.
Alarmados, dirigentes del oficialismo salieron a reclamar que el DNU todavía no cuenta con dictamen de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo y que hay muchos decretos pendientes, como expresó el miércoles por la noche el presidente de Diputados, Martín Menem, en el canal LN+.
Sin embargo, la Ley 26.122 establece que, pasado el plazo de 10 días para que la comisión dictamine, ambas cámaras podrán tratar de oficio el decreto. A esta altura, no sólo desde Unión por la Patria insisten con que todos los tiempos están vencidos, sino otros sectores también.
A los 33 integrantes de Unión por la Patria, que están por el rechazo, les resta sumar 4 voluntades más que estarían dentro de los bloques federales. Hay quienes aseguran que la negativa al decreto junta “40 votos o más”. En la UCR votarían divididos este jueves.
Por su parte, el puñado de 6 senadores oficialistas -que tendrán la baja de Bartolomé Abdala por el fallecimiento de su esposa- junto al Pro avalarán la medida presidencial.
El mega DNU
El Poder Legislativo tiene como atribución el análisis de los decretos del Poder Ejecutivo y, particularmente sobre los DNU, evaluar si cumple con los requisitos de “necesidad y urgencia”, al tiempo de determinar su validez o invalidez en torno a la constitucionalidad o no del mismo. Es decir, no se aprueba o rechaza por las medidas allí contenidas, sino por las formas. Algo que es lo más cuestionado del 70/23, el cual no tiene antecedentes por su magnitud y a través del cual se derogaron más de 30 leyes y se modificaron unas 300.
El mega de Milei, que significó el primer paquete de medidas del Gobierno, dictado el 21 de diciembre, estableció la derogación de la Ley de Alquileres, la derogación de la Ley de Góndolas y la Ley de Abastecimiento, la liberación de los precios de las prepagas, el cobro de intereses punitorios sin regulación ni topes para las tarjetas de crédito, la habilitación de privatizaciones y modificaciones en la Ley de Medios y la Ley Argentina Satelital, entre muchísimos otros puntos.
A partir de distintas cautelares presentadas, la Justicia suspendió el capítulo de la reforma laboral, los cambios en la Ley del Instituto Nacional de la Yerba Mate, y la posibilidad de que los clubes de fútbol -si así lo quisieran- se transformen en sociedades anónimas. La Justicia de La Plata había hecho también lugar a una cautelar contra la derogación de la Ley de Tierras, pero posteriormente un juez federal la dejó sin efecto.
El resto del temario
El temario incluye el retiro de diversos mensajes de pedidos de acuerdos solicitados por el Poder Ejecutivo Nacional conducido por Alberto Fernández, como así también luego una serie de ingresos de pedidos de acuerdos de la actual gestión.
Luego se abordarán sendos acuerdos internacionales que obtuvieron dictamen durante el período de extraordinarias con Turquía, China y Emiratos Árabes Unidos, tras lo cual será el turno de la autorización al presidente de la Nación a ausentarse del país a lo largo del presente año.
A continuación dará comienzo el debate del proyecto principal previsto para esta fecha, el proyecto que modifica el Código Penal respecto de la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Un tema que tuvo dictamen también durante el verano -el 7 de febrero- y que se esperaba que el Senado pudiera convertir en ley en una sesión que finalmente nunca se realizó.
