A cinco meses de la implementación de la Ley de Balance Neto XVI N°118, impulsada por la Secretaría de Estado de Energía de la Provincia, Misiones ya se encuentra en el quinto lugar detrás de Córdoba, Buenos Aires, San Juan y CABA con 2078 kW de potencia instalada.
¿Qué es la generación distribuida?
La generación distribuida es la producción de energía eléctrica en casas, comercios e industrias mediante fuentes de energía renovables. Estas fuentes de energías renovables son el sol, el viento, el agua, la biomasa, entre otras. Mediante el aprovechamiento de la energía renovable es posible cubrir parte de la energía eléctrica que consumimos en nuestros inmuebles y además inyectar el eventual excedente a la red eléctrica de nuestra distribuidora. De esa manera se genera un doble impacto económico en la factura de luz, es decir, se produce un ahorro en la factura por el autoconsumo y un balance neto por la energía inyectada.
Datos técnicos a nivel nacional
El Régimen de Generación Distribuida de Energías Renovables alcanzó a fines de febrero los 35.241 kW de potencia instalada, aportados por 1.679 usuarios generadores en 15 provincias. De este total, el 41% de la potencia instalada la aportó la provincia de Córdoba (14.542 kW), seguida por la provincia de Buenos Aires con el 22% (7.888 kW), la provincia de San Juan con el 9% (3.129 kW), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con un 8% (2.886 kW) y la provincia de Misiones con un 6% (2.078 kW), reuniendo entre estas cinco jurisdicciones el 87% del total de potencia incorporada a la red eléctrica pública nacional.
Generación Distribuida en Misiones
La Secretaría de Energía implementó una serie de charlas con instaladores de equipos para poner en efecto la Ley Provincial y la adhesión supletoria a la Ley Nacional N°27.424. En estos encuentros, se informó sobre el rol de los instaladores calificados en sistemas de generación de energía renovable, además de detallar los requisitos técnicos para la instalación. Desde el gobierno provincial se trabaja fuertemente para que más misioneros puedan convertirse en usuarios generadores, lo que les permitirá ahorrar en sus facturas de servicio de electricidad y colaborar con la mitigación del cambio climático. La generación de energías limpias fortalece nuestro sistema eléctrico provincial. Contar con alternativas es fundamental, ya que la provincia posee un 52% de la biodiversidad de toda Argentina, por lo que el desarrollo energético no puede estar disociado del cuidado del ambiente.
Así, Misiones se consolida como un modelo que apuesta por el cuidado del ambiente mediante el uso de energías limpias. Si quieres más información y todos los detalles para ser usuario generador, ingresa a este enlace e inicia el trámite: https://energia.misiones.gob.ar/generacion-distribuida/
El boleto del transporte público en Posadas aumentará a 690 pesos con la tarjeta SUBE y a 900 sin el plástico o el código QR. Las nuevas tarifas fueron definidas por la Provincia como administradora del Sistema Integrado de Transporte. Se trata de un incremento del 176 por ciento en relación con las tarifas anteriores. Los nuevos valores comenzarán a regir a partir del 20 de marzo, según informaron desde las empresas
Los nuevos valores se publicaron este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia.
En tanto, en Garupá y Candelaria, la tarifa con SUBE será de 737 pesos y de Posadas a Garupá, costará 897 pesos. El boleto entre Posadas y Candelaria valdrá $1.049 y entre Candelaria y Garupá, 897.
Asimismo, en Posadas, sin SUBE, el boleto costará 900 y en Garupá y Candelaria, mil. Viajar de Posadas a Garupá costará 1.200 y de Posadas a Candelaria, 1.400, mientras que entre Candelaria y Garupá, el boleto costará 1.200.
Con la actual tarifa de Posadas, el valor es similar al de las capitales del NEA, Corrientes y Formosa, en tanto Resistencia desplazó a Posadas de tener el boleto más barato de la región con una tarifa de $590. Se trata de un incremento del 175% por ciento, ya que el boleto actualmente es de 250 pesos con SUBE. En tanto, el incremento sin SUBE es de 330 a 900 pesos, con un valor apenas por debajo del 175%.
Los empresarios del transporte urbano de pasajeros de Posadas informaron en la tarde del lunes que los nuevos valores del boleto de colectivos entrarán en vigencia este miércoles 20 de marzo.
Así lo hicieron saber a través de una publicación de Empresarios Unidos del Transporte Urbano (EUTA) en las redes sociales, en la tarde de este lunes, en la que señalan que “en el marco de la Resolución N 006/24 de la Comisión Ejecutiva Coordinadora del Sistema Integrado del Transporte Metropolitano Posadas, se informa el nuevo cuadro tarifario vigente a partir del día miércoles 20 de marzo próximo”.
Esta comunicación se produjo luego de publicarse esta misma jornada, en el Boletín Oficial de la Provincia de Misiones la Resolución N° 16078, la actualización de las tarifas para el transporte público en los municipios que conforman el Sistema Integrado de Transporte Metropolitano, es decir, en Posadas, Candelaria y Garupá.
“Imagínense alguien que raspando llega a fin de mes y que uno le está contando a la gente que este modelo es mejor que otro: entonces sacamos Precios Justos, ley de abastecimiento y ley de góndolas, y la gente va al supermercado y las cosas salen 50 por ciento más que en Estados Unidos, y dice: “Guau, ¿éste es el modelo?'” No, no, no puede estar bueno”. El textual es del ministro de Economía, Luis Caputo, durante un encuentro organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina. La descripción es el fiel reflejo del momento que atraviesa el país.
El “modelo” está pasando.
El último informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), mostró que en febrero hubo un descenso interanual del 9,3% en el consumo de carne vacuna. En febrero de 2023 el consumo fue de 49,2 kilos por habitante y el mes pasado cayó a 44,6 kilos por habitante. En tanto, el primer bimestre de 2024 el consumo aparente de carne vacuna habría sido equivalente a 349.100 toneladas res con hueso y con una contracción de 8,2% interanual. En el país de las vaquitas, comer carne se volvió un lujo.
Es irónico que en el país de los alimentos, la medida de urgencia sea la apertura indiscriminada a la importación de productos de la canasta básica para intentar calmar la escalada de precios provocada, otra paradoja, por el sagrado “modelo” de desregulación que impuso el propio Gobierno.
Ese modelo libre de ataduras, funciona sin fisuras en el marco teórico y en la febril imaginación de sus cruzados defensores. El propio Caputo tuvo que intervenir ypedirles, -amablemente, eso sí- a los supermercadistas que aflojaran un poco con la suba de los precios.
En apenas dos meses de mercados desregulados, la inflación fue del 36,6 por ciento, aunque el Gobierno haya celebrado como un hito que la suba de precios de febrero fue de “solo” 13,2 por ciento.
Si se extiende la mirada al primer trimestre de Gobierno, Javier Milei tiene el récord de inflación, con 71,3 por ciento. Mauricio Macri le sigue con 10,4, por encima de Alberto Fernández, con 7,8. Cristina Fernández tuvo 7,2 y Néstor Kirchner 0,4 por ciento.
La inflación de alimentos desde diciembre es del 34,7 por ciento, mientras que el transporte acumula un alza del 53,6 y la de bienes y servicios varios, 68,3 por ciento.
También en el primer trimestre, según compartió el propio Presidente en sus redes sociales, el salario se desplomó.
La caída fue del 20 por ciento según detalló Marcelo Capello, economista de la fundación Mediterránea en un after office realizado el miércoles en el piso 12 de un céntrico hotel posadeño. A los jubilados les fue peor. La caída fue del 29 por ciento. El modelo.
Los indicadores que exhibió Capello en la reunión con los empresarios misioneros pintaron un preocupante rojo, en la mayoría de los casos, peor que durante 2023.
Los datos del economista mediterraneo no difieren mucho de los que analizó la Unión Industrial Argentina en su reunión de comisión directiva. Caída de producción, caída de demanda y un horizonte poco auspicioso si se mantiene el plan de ajuste. Quince de 16 sectores relevados por los economistas del Centro de Estudios Económicos mostraron un rojo en sus actividades.
Sin embargo, la UIA mantiene un indulgente silencio. En la reunión del martes, el único que levantó la voz fue el misionero Román Queiroz. El presidente de la Federación Argentina de la Industria de la Madera preguntó si “¿este silencio es estratégico, negligente u obsecuente? “Quiero saber por qué la UIA no me representa, las pymes estamos poniendo en juego nuestro patrimonio”, completó.
La respuesta fue apagarle el micrófono.
El problema no es “el cambio”, sino que empeoró los problemas en lugar de corregirlos. La inflación se disparó, los costos de producción y de vida se hicieron impagables y la clase media enojada se dio cuenta que fue empujada a un abismo y hoy ya es, como mínimo, clase media baja. Le hicieron creer que podía pagar una prepaga. Sin los subsidios, las tarifas de luz, el transporte, el combustible, las cuotas de las escuelas privadas, se volvieron elementos suntuosos. Pero como si nada sucediera, Milei planea reimplantar el impuesto a las Ganancias a los trabajadores con una base bajísima: los solteros pagarán desde $ 1,1 millón y los casados desde $ 1,5 millones. Se estima que un millón y medio de trabajadores, hoy exentos, pasarán a pagarlo. Las alícuotas irán del 5% al 35% por encima del nuevo mínimo no imponible.
Sin embargo, el ministro Caputo celebró el viernes que por segundo mes consecutivo, se logró un superávit financiero, que fue de $338.112 millones, producto de un superávit primario de $1.232.525 millones y del pago de intereses de la deuda pública neto de pagos intra-sector público, que alcanzaron los $894.412 millones. De esta forma, se registraron dos meses consecutivos de excedente financiero “por primera vez desde principios de 2011”, acumulando un superávit luego de intereses de casi 0,2% del PIB en el primer bimestre del 2024. El recorte a subsidios económicos de febrero fue mayor al de enero.
“Una de las cosas más peligrosas que puede hacer un gobierno es presentar una imagen brillante de la economía en un momento en que las familias y las pequeñas empresas están sufriendo. Los gobiernos siempre son optimistas, pero enviar mensajes eufóricos tiende a ser contraproducente, especialmente cuando la situación de la clase media es complicada”, describió el economista Daniel Lacalle en Mises Institute en un análisis del índice de Misery en Estados Unidos. Aplica para Biden, aplica para Milei.
La estrepitosa caída del DNU en el Senado es consecuencia directa de ese contraste entre la realidad y el entusiasmo del Gobierno. Los votos en contra no son una mera “resistencia al cambio”, sino el intento de no convertirse en acólitos sumisos de un fanatismo ciego.
No es que “no la ven”. Es que se está viendo que el ajuste per se no es sustentable en el tiempo. Lo dice el propio FMI. Para el abstracto ciudadano que “llega raspando a fin de mes”, la cuesta se hace imposible.
Según el Monitor de Opinión Pública Nacional, de Proyección Consultores, el 63,6 por ciento de los argentinos considera que la inflación es el principal problema y el 39,8, los bajos salarios y la caída de los ingresos. El 43,8 admitió achicar gastos para llegar a fin de mes y un 28,6 por ciento, sencillamente no llega. El 55,8 por ciento cree que su economía estará peor en los próximos seis meses.
Por eso mismo, la imagen del Presidente comienza a ser cuestionada. El 49,4 por ciento de los encuestados por esta consultora, tiene una imagen negativa de Milei, cuya aprobación cayó en 19 de las 24 provincias, según otro reporte de CB Consultora.
El Gobierno se niega a modificar su rumbo. Pero el DNU así como la ley Ómnibus son instrumentos mal diseñados, que arrasan con todo sin ninguna red de contención. Importa el fondo, pero también las formas. No hay plan alternativo, pero peor aún, no se vislumbra un plan de desarrollo que encienda el entusiasmo de firmar un Pacto de Mayo. Según la última encuesta de la consultora Zuban&Córdoba, el 56,3 por ciento de sus entrevistados, recomendaba rechazar el DNU.
El mega decreto fue el primer paquete de medidas del Gobierno, dictado el 21 de diciembre pasado, que derogó la Ley de Alquileres, la de Góndolas y la Ley de Abastecimiento, además de liberar los precios de las prepagas, el cobro de intereses punitorios sin regulación ni topes para las tarjetas de crédito, la habilitación de privatizaciones y modificaciones en la Ley de Medios y la Ley Argentina Satelital, entre muchísimos otros puntos. La Justicia frenó la reforma laboral, la posibilidad de privatizar los clubes y habilitó un amparo para que el Instituto Nacional de la Yerba Mate pueda seguir fijando precios. Pero la industria y la provincia de Corrientes hicieron caso omiso ante ese fallo que no fue ratificado por la Cámara Federal. Para ellos, el INYM no tiene facultades regulatorias y ahora el precio depende exclusivamente de lo que determine el mercado, que podrá, al mismo tiempo, ser inundado de yerba mate brasileña o paraguaya. Mientras, los precios de la materia prima se desploman por devaluación y aumento de costos. El ciclo de los 90 a una velocidad inusitada.
Siquiera los convencidos pudieron defender con solvencia el DNU durante el debate en el Congreso. El misionero macrista Martín Goerling Lara aseguró que “los empresarios están esperando que le aprueben el DNU a Milei para contratar a miles de personas“. No hay ningún dato cierto que permita sostener esas palabras. Por el contrario, de quedar firme la reforma laboral y con el consumo y las ventas por el suelo, lo más probable es que haya más despidos que contratos.
Luis Juez admitió las inconsistencias jurídicas del paquete que ahora deberá ser analizado por Diputados para determinar su validez o definitivo archivo -el poroteo marca mayoría en contra y una eventual judicialización de los ajustes aplicados durante su vigencia-.
El radicalismo quedó al borde de la fractura definitiva, entre los que tomaron distancia del DNU y buena parte de sus dirigentes cómodos en el papel de lacayos del “cambio para el que fuimos votados”, como definió el diputado Martín Arjol al cuestionar la posición del presidente del partido, Martín Lousteau.
Pero si se trata de votos, poco alarde puede hacer el radicalismo misionero. Apenas cinco por ciento de los afiliados participó en la elección de autoridades del último domingo. Ariel Pianesi celebró ser ungido presidente del comité capital con apenas 479 votos. El radicalismo tiene en Posadas cerca de 11 mil afiliados. Son 50 mil en la provincia.
El rechazo al DNU en el Senado no hizo más que revelar en toda su magnitud el cisma dentro del Gobierno, con Milei en contra de su vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien cometió el “pecado” de habilitar la sesión para tratar el DNU. Pero lo único que hizo la presidenta del Senado fue cumplir con la normativa. Eso de la republicana división de poderes. Milei, en cambio, avaló un tuit de un seguidor que sugería “colgarla” en la Plaza de Mayo.
Misiones toma distancia de ese escenario belicoso. En una reunión con intendentes, el gobernador Hugo Passalacqua resaltó la necesidad de colaboración que es vital para afrontar las dificultades económicas y sociales, priorizando la salud y la justicia en un escenario de crisis. “No hay cosa peor que el pueblo cuando baja los brazos. Es difícil levantar el ánimo popular y nos quedan cuatro años por delante, a todos los que estamos acá como funcionarios nos quedan cuatro años. Entonces necesitamos un pueblo esperanzado, contento, sabiendo que hay muchas dificultades, que las ha pasado todo mal, pero que nosotros desde la gestión en la medida que podamos, aunque sea como militantes, hay que estar cerca de la gente. Vamos a acercarnos a la gente y arreglaremos las cosas que se vayan descomponiendo”, declaró el mandatario que horas antes reveló el congelamiento de su sueldo.
Entre las cosas que se “fueron descomponiendo”, está el salario docente. Nación confirmó que no pagará más Incentivo Docente y el adicional por conectividad. Son más de 28 mil pesos por cargo. El viernes, Passalacqua anunció que cubrirá con fondos propios el retroceso de la gestión Milei. Son 1.394 millones al mes, más lo que ya había pagado por los últimos meses del año pasado. De todos modos, se mantendrá el reclamo judicial por una deuda acumulada del último semestre de 2023.
La llegada al gobierno de Javier Milei y las ideas libertarias trajo, entre otras muchas cosas, la apertura de un debate más agresivo (aunque no necesariamente más serio) respecto a la situación fiscal del país y de las provincias. En esta línea, el oficialismo estableció como eje de su plan de Gobierno el equilibrio fiscal, a partir de la premisa de que “de los últimos 122 años, la Argentina tuvo déficit durante 112”.
El paradigma conceptual del gobierno afirma que no hay desarrollo posible del país si no se elimina la cultura deficitaria, argumento que tiene un fuerte consenso entre los analistas económicos al mismo tiempo que muchos peros. La situación actual es justamente la prueba de ello: superávit en enero y en febrero, según celebró este viernes el ministro de Economía, Luis Caputo en relación con los resultados fiscales del segundo mes del año. La pregunta que surge de fondo es cómo se llegó a esos resultados y si son sostenibles en el tiempo. La respuesta también tiene bastante consenso (salvo en el Gobierno): si recortaste los gastos en niveles casi históricos, incluyendo jubilaciones, salarios públicos, inversión pública y sostenimiento de programas sociales, entre otras cosas, el superávit no es sano. Por el contrario, lo alcanzaste a partir de un fuerte ajuste a la población.
En paralelo a este debate se dio la disputa (hoy algo más tranquila) con los gobernadores. “Ellos (por los gobernadores) tienen que hacer un ajuste de un punto del PBI; yo estoy haciendo 15“, dijo el presidente en una entrevista televisiva.
A la par, también la ex presidenta Cristina Fernández metió su bocadito: ante la afirmación de algunos medios de comunicación de que “Milei es igual a Cristina, que actuaba con los gobernadores con la chequera y el látigo”, la ex presidenta mostró datos que referían al desendeudamiento provincial durante sus dos gestiones de gobierno.
Ante tantos datos, y también tanta desinformación respecto a la cuestión fiscal, cabe hacer un breve repaso de la historia fiscal de Misiones para entender la posición de la provincia en estas cuestiones y qué tanto se aproxima, o no, a las diferentes conclusiones que se fueron dando a lo largo de los últimos meses.
Empecemos por la cuestión del endeudamiento, entendiendo que es un proceso de acumulación de deuda. Difícilmente la cuestión fiscal tenga equilibrio; por el contrario, en un proceso de desendeudamiento, las cuentas públicas gozan de una mejor salud en términos generales.
Para esto, no sirve mirar solo los últimos cinco o diez años: hay que ir un poco más a fondo porque los procesos, tanto de suba como de baja, son largos.
Para analizar el stock de deuda pública provincial, el dato más alejado que tenemos para empezar a armar una serie histórica comparativa es del año 1996, período de plena vigencia de la Convertibilidad y luego de haber ya atravesado la última hiperinflación y con Carlos Menem transitando su segundo mandato en la presidencia de la Nación y con Ramón Puerta haciendo lo propio en Misiones.
Entre 1996 y 1999, la situación de deuda pública mostró muy fuertes deterioros: su peso en relación con los ingresos de la Provincia iba en aumento. En 1996, la deuda pública misionera equivalía al 67,4% de sus ingresos totales, creció al 79,6% en 1997, al 87,3% en 1998 y llegó al 117,8% en 1999.
Es decir, la deuda superaba de manera considerable a la totalidad de los ingresos de todo ese año. Además, por supuesto, era deuda dolarizada: con plena vigencia de la Convertibilidad, el stock en 1.999 era por USD 913 millones, con el agravante de que el 75% era con acreedores poco amigables: bonistas y bancos.
Este arrastre trajo complicaciones para los años 2000 y 2011, sumado a la grave situación económica y social que vivió el país en esos años. La deuda creció al 126,5% y 148,1% de los ingresos, respectivamente, pero con una particularidad: no creció su participación por aumento de deuda, sino por caída de ingresos. Ya en 2002, la salida de la Convertibilidad con la consecuente devaluación del peso elevó los niveles de deuda: pasó a representar el 294% de los ingresos provinciales. Se puede verificar entonces cómo entre 1996 y 2002 la situación de deuda pública misionera mostró, a la par de la crisis nacional, una importante desmejora.
Sin embargo, en 2003 comenzaría a trazarse un fuerte sendero de desendeudamiento.
En ese año, la deuda se expandió 5,8% pero los ingresos lo hicieron al 34%: esto generó que el peso de la deuda sobre los ingresos pase del 294,2% del 2002 al 232,6% del 2003. En 2004, la deuda bajó al 181,7% de los ingresos, luego al 160,2% en 2005, al 137,1% en 2006, 110,5% en 2007 y finalmente, en 2008, bajó del 100% (fue del 91,6%).
De ese modo, por primera vez en nueve años, la deuda misionera era menor al conjunto de los ingresos de la provincia. A este logro se llegó por dos vías (ya observada en 2023): un bajo incremento del stock de deuda (7,6% anual promedio entre 2004 y 2008) y un alto crecimiento de los ingresos provinciales (29,8% anual promedio en igual período).
Este camino continuó hasta 2015 e incluso a un ritmo mucho más acelerado: en 2009 la deuda representaba el 82,3% de los ingresos y siguió bajando en los años siguientes: 55,8% en 2010, 47,2% en 2011, 37,0% en 2012, 29,4% en 2013, 19,9% en 2014 y 14,5% en 2015. En ese período de siete años, la deuda mostró un alza promedio del 2% anual, cuando los ingresos se expandieron en un 33,0%.
En este proceso, no solo fue fundamental la decisión política provincial de fortalecer un proceso de desendeudamiento, sino que también fue clave el aporte nacional a partir de los diferentes programas federales de desendeudamiento provincial que se llevaron adelante.
Tal como mencionamos previamente, respecto a que el stock de deuda provincial que en 1999 estaba en un 75% concentrada en bonistas y bancos, en 2015 representaba apenas el 22% del total, siendo este un aspecto fundamental en torno a la sustentabilidad y el manejo de la deuda en período de crisis.
En 2015, el proceso ininterrumpido de trece años de baja de la deuda en relación con los ingresos provinciales se detuvo: en ese año, pasó a representar el 17,5% (fue 14,5% el año previo), que en parte está explicado por los créditos de Anses como adelanto de la devolución de coparticipación que impuso el gobierno de Mauricio Macri. Tras esa pequeña interrupción, entre 2017 y 2023 nuevamente la deuda continúa disminuyendo en Misiones: en 2017 representó el 15,9% de los ingresos; 14,8% en 2018; 10,5% en 2019; y en 2020 cayó finalmente a un dígito: fue de 9,1%, algo que luego se consolidó en 2021 y 2022 (6,0% y 5,2% respectivamente). Finalmente, al tercer trimestre del 2023 (último dato disponible), la deuda misionera representa apenas el 5,1% de los ingresos, siendo este el menor nivel desde que se tiene registro histórico.
En la comparación regional, el peso de la deuda sobre los ingresos es menor en Misiones que en el total del NEA, excepto en un año (2011).
En el período 2016-2023, la deuda creció al 30% promedio anual, pero los ingresos lo hicieron en un 42,2%. Además, si se busca analizar la deuda medida en dólar oficial, en 2023 equivalía a 77 millones de dólares, cuando en 2002, tras salir de la Convertibilidad, equivalía a USD 700 millones.
Tener un proceso consolidado de desendeudamiento y de bajos stocks de pasivos se traduce, naturalmente, en menor peso de los pagos por deuda sobre las arcas provinciales.
En este punto, Misiones muestra una performance histórica superior a la región y al consolidado de las provincias. Si se analiza el pago por servicios de deuda en relación con los ingresos, el promedio de Misiones para el período 2005-2023 es de apenas el 1,0%. Es decir, de cada 100 pesos que le ingresaron a la provincia, solo uno se destinó a pagar deuda. El promedio del NEA para el mismo período es de 1,3%, mientras que el consolidado nacional (provincias + CABA) es de 2,2%.
Además, otra de las críticas de los libertarios hacia las gestiones provinciales tiene que ver con el “exceso” del gasto salarial, bajo la premisa que se mantiene ñoquis. El promedio histórico del peso del gasto en personal en relación con los ingresos en Misiones (2005 a 2023) es del 38,4%, cuando el promedio del NEA es del 41,8% y el promedio del conjunto de las provincias es del 45,5%. Otro relato que se cae.
Gráfico 1. Deuda Pública como % de los Ingresos Totales. 1996-2023. Provincia de Misiones
Resultado de una sostenida política de Estado. Mejor acceso a la educación y la salud. Razones varias que se entremezclan y que tienen mayor o menor preponderancia, pero que dan como resultado una sensible baja en la tasa de fecundidad en Misiones. En la última década pasó de una tasa de 2,5 hijos por mujer a 1,7, con una fuerte reducción en la franja etaria más sensible, la de madres niñas.
Según los datos del Censo 2010, el promedio de hijos por mujer era de 2,5, con 209 madres de 14 años con un hijo, 37 con dos y 31 con tres hijos. A los catorce años. La cifra se ampliaba a 10.506 madres de entre 14 y 19 años.
En 2022, también de acuerdo a los datos definitivos del Censo, solo había 94 madres de 14 con un hijo, quince con dos y once con tres bebés. Y sólo 6.985 madres de entre menores de 19 años. Se trata de una reducción, para el bloque de entre 14 y 19 años, del 33,51 por ciento.
La tasa de fecundidad en la adolescencia tardía, entre 15 y 19 años tuvo un drástico retroceso. El pico fue en 2014, con 97,6 partos por cada mil. Hoy ese indicador está en 38,2 por cada mil, según los datos de Salud Pública.
En el medio hubo una decisión política de bajar la tasa de partos que llegó a tener un pico de 26 mil nacimientos. Ese número se redujo a 19 mil en el último año.
¿Cómo se logró frenar ese indicador? Escolaridad, educación sexual, acceso a centros de salud y a los anticonceptivos, inyectables y orales primero y ahora los de última tecnología y de mayor duración, que son distribuidos en forma gratuita por el ministerio de Salud.
Solo en 2023, 9.430 mujeres misioneras accedieron a métodos anticonceptivos de larga duración. El 51 por ciento de ellas son adolescentes de hasta 19 años según el registro del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable.
Entre los métodos elegidos por las misioneras, 7.665 fueron implantes de una varilla, 1.298 implantes doble varillas, 374 fueron DIU T y 93 fueron SIU (sistema intrauterino).
“Los implantes tanto de una varilla como los de doble varilla tienen una duración de tres años, reemplazan a las pastillas e inyectables y son hormonales. En el caso de los DIU T de cobre, tienen una duración de 10 años de protección y no tienen hormonas, se puede colocar inmediatamente post evento obstétrico, no interfieren con la lactancia por lo que se recomienda su uso especialmente en pacientes diabéticas e hipertensas, y las personas con capacidad de gestar que requieran protección de larga duración”, explicó Norma Miño, la responsable del programa.
El acceso de las adolescentes a anticonceptivos seguros y gratuitos impacta no sólo en el cuidado de su salud sexual y reproductiva sino en su trayecto de vida, en sus posibilidades escolares, y en mejores oportunidades laborales, lo que a su vez redunda en la economía familiar, comunitaria y provincial.
“El descenso de la tasa de natalidad se debe a la incorporación de los métodos de larga duración, con métodos seguros y eficaces, a la accesibilidad de las adolescentes en el sistema sanitario, a espacios de consejerías en los barrios, los Caps, los hospitales, en las salas de espera, talleres sobre sexualidad integral en los ámbitos educativos, la detección temprana de las niñas en situaciones de abusos, el trabajo articulado e intersectorial entre los actores claves en la Provincia donde se notó el mayor descenso es en la población adolescentes de 15 a 19 años , en un 50 %”, remarcó el médico Héctor Proeza, uno de los referentes de Salud Pública.
Por año se colocan entre 8 mil y 10.000 métodos de larga duración, cuya protección se extiende entre 3 años ,los implantes subdérmicos y 10 años en los casos del diu T de cobre.
El impacto de las políticas públicas es sensible. Sin embargo, Misiones sigue siendo una de las provincias con mayor tasa de hijos de madres de entre 14 y 49 años. Solo es superada por Santiago del Estero, pero muy por encima del promedio que es de 1,4 por ciento. Las mujeres que habitan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen en promedio casi 1 (una/un) hija o hijo menos.
En 2010, en Misiones, de 387.605 mujeres mayores de 14 años, 112.738 no tenían ningún hijo, el 29,09 por ciento del total. En 2022, de 352.118 mujeres de entre 14 y 49 años, 125.909 no tenían hijos, lo que elevó el porcentaje a 35,76 por ciento. Es en el departamento Capital donde se concentra la mayor cantidad de mujeres sin hijos, con 46.305. Es también donde es menor el promedio de mujeres con hijos, con 1,5. El departamento de Apóstoles tiene 1,8, lo mismo que Candelaria, Cainguás 1,9. Concepción trepa a 2,0, Eldorado se plantó en 1,7, el departamento General Belgrano tiene 1,9, lo mismo que Guaraní, mientras que Iguazú tiene 1,8 y Alem y General San Martín, 1,7, al igual que Oberá.
San Pedro es el departamento con mayor tasa de mujeres con hijos, con 2,1. Es también el departamento con mayor cantidad de madres niñas de 14 años, con 12, cifra que se eleva a 334 si se considera el bloque 14 a 19. En el departamento Capital, aunque con una población mayor, hay cuatro niñas madres, cifra que se eleva a 951 si se amplía el espectro hasta los 19 años.
Proeza destaca que en los últimos años se trabajó muy fuerte en la concientización de la salud sexual y la procreación responsable. “También está el empoderamiento de la mujer. Teníamos una sociedad, sobre todo en los grupos más vulnerables, adolescentes entre 14 y 20 años, cuyo proyecto de vida era salir de la casa. Eso fue mutando con los programas sociales, las becas de estudio, el acceso a la educación, no solo sexual, sino el ascenso social. La AUH que empezó a cobrar directamente la mujer, terminó con la idea del hombre proveedor”, argumentó.
A ese combo se suma la mayor accesibilidad a la canasta de anticonceptivos. “Misiones siempre compró y mantuvo planes de entregas gratuitas. Desde 2014 se comenzó a entregar los anticonceptivos de larga duración: el DIU previene embarazos entre tres y diez años, depende del DIU y el implante. El programa SI Mujer ahora lleva los Mirena, que son de última generación y duran hasta siete años. Eso permite planificar la gestación”, explicó el especialista.
No es un dato aislado, sino producto de una política puesta en marcha hace varios años. “Desde los inicios de la Renovación comenzamos a tratar la salud sexual, con anticonceptivos orales o inyectables, pero duraban de 20 a 28 días”, recordó.
La tasa de embarazos de entre 15 y 20 años cayó 60 por ciento. “Son 3500 o 4000 embarazos menos por año. Hoy la procreación responsable hace que se pueda programar el momento de maternar. Los anticonceptivos sirven para la prevención del embarazo no intencional en adolescentes y el embarazo no deseado en parejas transitorias”, aseguró Proeza.
La mayor tasa de embarazos se dio en 2014, con 26 mil nacimientos. Ahora Misiones tiene un promedio de 19 mil nacimientos.
