Causa $Libra: un inversor apeló el sobreseimiento de Javier Milei

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No está terminada la causa $Libra como Javier Milei proclamó al celebrar en sus redes sociales el sobreseimiento con la frase “somos honestos, estamos limpios“. Un inversor afectado por el lanzamiento y colapso de la criptomoneda apeló el sobreseimiento del presidente, de su hermana Karina Milei y de otros nueve imputados, y pidió que la investigación continúe.

El recurso, patrocinado por el diputado y abogado Juan Grabois y su colega Nicolás Rechanik, fue presentado por Juan Patricio Marchetto, quien invocó su derecho como “pretenso querellante”. Su situación procesal debe ser definida por la Cámara Federal de Casación Penal, que tiene pendiente resolver si corresponde reincorporarlo al expediente o excluirlo de manera definitiva.

La causa se refiere al lanzamiento de la criptomoneda que el Presidente promocionó el 14 de febrero de 2025 y cuyo valor se desplomó pocas horas después de que retirara su tuit. El sobreseimiento fue dispuesto el viernes pasado por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, a pedido del fiscal Eduardo Taiano.La denuncia de la Coalición Cívica contra Taiano y Martínez de Giorgi

El diputado nacional Maximiliano Ferraro anunció que la Coalición Cívica denunciará al fiscal Taiano y al juez Martínez de Giorgi por el sobreseimiento, y los acusó de impulsar una maniobra para garantizar la “impunidad y el encubrimiento” del mandatario y su entorno.

“Estamos frente al mismo fiscal Taiano que no se animó a apelar el sobreseimiento al enriquecimiento ilícito de los Kirchner en el 2009. El mismo fiscal que tardó más de ocho años en decidir imputar a altos funcionarios por el magnicidio de (el ex fiscal Alberto) Nisman”, enfatizó Ferraro en declaraciones a Radio Rivadavia.

“Estamos frente a un operativo y maniobra judicial para consagrar la impunidad y el encubrimiento de Javier Milei y su entorno. Estamos frente a un fallo vergonzoso de los que muchas veces nos tiene acostumbrado Comodoro Py para garantizar la impunidad”, recalcó. Y agregó: “No citaron ni a una persona a prestar declaración indagatoria. El fallo tiene partes que son una vergüenza”.

Ferraro, quien presidió la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre la criptomoneda, cuestionó que la investigación avanzara hacia los sobreseimientos sin que los involucrados fueran convocados a indagatoria y afirmó que después de más de un año y medio de trámite todavía existían medidas de prueba pendientes. También vinculó la decisión con el previo “apartamiento de los querellantes”, que dejó a los damnificados sin posibilidad de pedir pruebas o recurrir el fallo.

Las contradicciones que Marchetto atribuye al juez

En su apelación, Marchetto sostuvo que Martínez de Giorgi incurrió en “contradicciones” y “confusiones”, realizó una valoración fragmentaria de las pruebas, omitió considerar otros elementos y presentó una fundamentación que calificó de aparente.

El argumento central apunta a que el juez confundió la insuficiencia de pruebas con la atipicidad de los hechos. Es decir, cuestionó que se concluyera que las conductas investigadas no encuadraban en ninguna figura penal cuando, a su entender, correspondía evaluar si los elementos reunidos resultaban suficientes para acreditar una hipótesis delictiva.

También dirigió críticas al fiscal Taiano: según planteó, la fiscalía ocultó información, demoró la producción de pruebas, omitió convocar a testigos y no solicitó declaraciones indagatorias. Cuestionó que promoviera el sobreseimiento de los once imputados mientras todavía había diligencias pendientes.

“Cuando la misma Fiscalía que considera necesarias determinadas diligencias promueve posteriormente la clausura definitiva del proceso antes de que estas concluyan, corresponde exigir una explicación especialmente rigurosa acerca de las razones por las cuales aquello que se encontraba investigando perdió relevancia antes de conocerse su resultado”, sostuvo Marchetto.

Las medidas pendientes y los testigos no convocados

Entre las medidas que señaló como pendientes figura la ampliación de las pericias telefónicas encomendadas a la Dirección General de Investigaciones y Asistencia Tecnológica (DATIP) sobre los dispositivos de Orlando Mellino y Camilo Rodríguez Blanco, identificados en la causa como los “cueveros” que recibieron fondos del estadounidense Hayden Mark Davis.

El recurso también cuestionó que Taiano no citara a declarar a varios testigos que podrían aportar información relevante: Ariel Parkinson, Arturo Osete Herraiz, los hermanos Marcelo y Leandro Aranda y la abogada Yanina Nicoletti, quien fue la primera representante legal de Davis en la Argentina.

Otro de los puntos planteados fue que ninguno de los once imputados sobreseídos había sido convocado a prestar declaración indagatoria. Para Marchetto, esa circunstancia debía analizarse junto con las medidas investigativas que continuaban en curso.

Las llamadas entre Milei y Novelli antes del lanzamiento

La apelación sostiene que el expediente contiene indicios que deben evaluarse de manera conjunta para determinar cuál fue el papel del Presidente durante la preparación, el lanzamiento y el colapso del criptoactivo.

Uno de los ejes es la secuencia de comunicaciones entre Milei y el lobista Mauricio Novelli, uno de los principales organizadores investigados, durante los minutos previos a la publicación presidencial. Según los registros telefónicos citados, Novelli realizó llamadas salientes a Milei a las 18:44:32, 18:54:38 y 18:58:02, y recibió una llamada entrante del mandatario a las 18:56:22. La publicación con el código para comprar el criptoactivo apareció en la cuenta de X de Milei a las 19:01:22.

A esa cronología, Marchetto sumó las operaciones registradas inmediatamente antes de que el activo se hiciera público: a las 19:01, apenas 22 segundos antes del mensaje presidencial, 74 billeteras realizaron 87 operaciones por un volumen aproximado de US$ 13,5 millones.

“Existen registros objetivos de comunicaciones entre uno de los principales organizadores investigados [por Novelli] y el Presidente de la Nación durante los minutos inmediatamente anteriores al lanzamiento; existen operaciones realizadas instantes antes de que la información se hiciera pública; y existe, finalmente, la publicación presidencial que permitió que el público general conociera el contrato e ingresara al activo”, destacó.

El cuestionamiento al informe de la DATIP

Otro capítulo del recurso se refiere al tratamiento del informe de la DATIP sobre los dispositivos electrónicos secuestrados. Martínez de Giorgi había aludido a irregularidades examinadas en un sumario administrativo por el acceso indebido a documentación reservada y consideró que esas circunstancias afectaban la valoración probatoria del informe.

Marchetto cuestionó ese razonamiento y sostuvo que el sumario no había acreditado que la empleada investigada compartiera la documentación con una periodista o con terceros, ni que el informe hubiera sido manipulado. Además, señaló que la fiscalía de Taiano había recibido el informe preliminar en noviembre de 2025, antes de la publicación periodística de los documentos cuestionados.

Por ese motivo, planteó interrogantes sobre las razones por las cuales el contenido del informe no se había comunicado oportunamente al juzgado y a las partes. “Sigue resultando cuanto menos curioso” conocer la motivación de la Fiscalía para no informar sobre ese material, sostuvo en su presentación.El derecho a apelar pese a la exclusión como querellante

La presentación también tiene una dimensión procesal. Martínez de Giorgi apartó a Marchetto como querellante el 3 de julio pasado, decisión que fue confirmada por la Cámara Federal. Sin embargo, su exclusión continúa bajo revisión de la Casación, ante la cual presentó una queja que todavía debe resolverse.

El inversor advirtió que, si los sobreseimientos quedaran firmes antes de que Casación se pronunciara sobre su planteo, una eventual restitución de su condición de querellante podría perder eficacia práctica. Para fundamentar su derecho a recurrir, citó el plenario “Zichy Thyssen”, de 2006, que estableció que el pretenso querellante está legitimado para interponer los recursos de competencia de Casación. También invocó los derechos de las víctimas reconocidos por la ley, entre ellos el acceso a la justicia, la información, la participación y la tutela judicial efectiva.

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