El Gobierno eliminó el feriado del 27 de junio para empleados públicos: deberán trabajar con normalidad. Mediante el DNU 430/2025, el Poder Ejecutivo derogó el artículo 2° de la Ley 26.876 y dispuso que este año, por única vez, la fecha no será considerada día hábil administrativo. Argumentan exceso de feriados, necesidad de eficiencia estatal y compromiso con la cultura del trabajo.

El Gobierno nacional oficializó este miércoles la eliminación del feriado del 27 de junio, conocido como el Día del Trabajador del Estado, para los empleados de la Administración Pública Nacional. La medida fue instrumentada a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 430/2025, publicado en el Boletín Oficial, y se enmarca en una estrategia que apunta a mejorar la productividad y reducir el costo operativo del Estado.

Argumentos: exceso de feriados y necesidad de eficiencia

La decisión se fundamenta en el hecho de que, con 19 feriados en el año, la Argentina se ubica entre los países con mayor cantidad de días no laborables a nivel mundial. Según el texto del decreto, esto afecta la eficiencia del sector público y perjudica a la ciudadanía, que debe continuar sus tareas habituales mientras el Estado detiene su funcionamiento.

“El accionar de la administración pública debe estar orientado a la solución de problemáticas concretas de las personas”, sostiene el documento, que también remarca la necesidad de restablecer la cultura del trabajo como eje de desarrollo y distribución.

A pesar de que los empleados públicos deberán asistir normalmente a sus puestos el viernes 27 de junio, el decreto aclara que la jornada no será considerada como día hábil administrativo a los efectos del cómputo de plazos legales. Esta disposición regirá por única vez en 2025, para no alterar procedimientos administrativos en curso.

La medida se inscribe en un contexto de reforma estructural del Estado, impulsada por la administración de Javier Milei. El Poder Ejecutivo enfatiza que su política busca austeridad, eficiencia y compromiso con la productividad, valores que se ven comprometidos con un calendario excesivamente fragmentado por feriados.

El decreto cita el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, que habilita al Ejecutivo a dictar decretos de necesidad y urgencia, y será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que tiene un plazo de diez días hábiles para pronunciarse sobre su validez.

Aunque el decreto no incluye declaraciones de los funcionarios, el presidente Javier Milei y su gabinete han reiterado en otras oportunidades que “sin producción no hay distribución”, y que el trabajo es la base del progreso individual y colectivo. En línea con esa visión, el DNU subraya que no es apropiado mantener beneficios específicos para el sector estatal mientras el resto de la sociedad mantiene su actividad normal.

La derogación del descanso oficial para el 27 de junio podría anticipar cambios en otros feriados del calendario nacional, en el marco de una revisión integral del esquema de días no laborables. Para los gremios estatales, la medida representa una pérdida simbólica y concreta de derechos laborales adquiridos. No se descarta que pueda motivar recursos judiciales o pedidos de revisión parlamentaria.