Crisis de Ueno Bank: Cartes se desmarca de Peña, renuncia otro director del BCP y la oposición acelera el juicio político

La crisis financiera desatada por el procedimiento de resolución de Ueno Bank escaló este miércoles a un conflicto institucional y político de alcance nacional en Paraguay. Mientras el presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, reclamó al mandatario Santiago Peña medidas urgentes para proteger a los ahorristas y advirtió que no debe haber impunidad, Marco Aurelio González presentó su renuncia al directorio del Banco Central del Paraguay (BCP). En paralelo, sectores opositores y legisladores disidentes del oficialismo impulsan pedidos de juicio político contra Peña y el vicepresidente Pedro Alliana.

La secuencia expone tres dimensiones de una misma crisis: la situación de los depositantes afectados por la intervención sobre la entidad financiera, las responsabilidades regulatorias y de supervisión que deberán esclarecerse y la disputa política que se abrió dentro del oficialismo paraguayo. Para Misiones, provincia argentina que comparte frontera y una intensa relación económica y social con Paraguay, la evolución del caso también importa por sus eventuales efectos sobre la confianza en el sistema financiero, la actividad comercial y la estabilidad institucional del país vecino.

El pronunciamiento de Cartes adquirió especial relevancia por su posición como titular de la ANR, el partido que gobierna Paraguay. En un comunicado dirigido a Peña, el dirigente pidió que el Poder Ejecutivo disponga “sin demora” todas las medidas legales e institucionales necesarias para restablecer la confianza y proteger a quienes resultaron perjudicados por la crisis. La declaración marcó un distanciamiento político respecto de la conducción presidencial, en un momento en que la oposición reúne adhesiones para promover la destitución de la dupla gobernante.

Cartes sostuvo que la prioridad debe ser la situación de los ahorristas, en particular de las personas que confiaron sus recursos en el sistema financiero y que ahora reclaman una respuesta concreta. También informó que fueron acercadas propuestas a senadores para impulsar una ampliación de la Ley N.º 2334/03, que regula la garantía de depósitos y la resolución de entidades de intermediación financiera. Según explicó, el objetivo es fortalecer los mecanismos de protección y facilitar la recuperación de los activos por parte de los depositantes.

El dirigente colorado reclamó, además, una investigación exhaustiva de los hechos y que las responsabilidades que eventualmente se comprueben sean sometidas a la Justicia. “Que no haya impunidad para nadie”, fue la definición que cerró su mensaje, junto con un llamado a que las instituciones estatales y el Poder Judicial actúen con independencia y sin privilegios. El comunicado no implicó una definición sobre responsabilidades individuales, pero sí trasladó al Ejecutivo la exigencia de respuestas y resultados.

La dimensión institucional de la crisis se profundizó con la renuncia de Marco Aurelio González al directorio del Banco Central. El funcionario presentó su dimisión mediante una nota dirigida al presidente Peña, en la que invocó el artículo 17, inciso b), de la Ley N.º 489/1995, Orgánica del BCP, con las modificaciones introducidas por la Ley N.º 6104/2018.

Su salida se produjo después de que el Banco Central iniciara el procedimiento de resolución de Ueno Bank, tras detectar una insuficiencia en el índice de solvencia de la entidad. De acuerdo con la explicación atribuida a la autoridad monetaria, el deterioro estuvo relacionado, entre otros factores, con el volumen de operaciones crediticias entre empresas vinculadas al mismo grupo económico, que habría superado los límites permitidos.

González se suma así a las renuncias de Carmen Marín y del entonces presidente del BCP, Carlos Carvallo. La sucesión de salidas deja al directorio sin el quórum legal mínimo para sesionar y adoptar decisiones, según la información difundida sobre la integración del organismo. Los miembros que permanecen son Liana Caballero, quien ejerce la presidencia interina y cuenta con 19 años de trayectoria en la institución, y Miguel Mora, también funcionario de carrera.

La vacancia abre ahora un procedimiento de reemplazo con intervención de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Peña dispone de un plazo de 30 días para remitir al Senado los candidatos a integrar el directorio. Las designaciones requieren el acuerdo constitucional de la Cámara Alta. Hasta que se complete ese proceso, la falta de quórum constituye un factor adicional de incertidumbre para una autoridad monetaria que debe conducir la respuesta regulatoria frente a una entidad financiera de gran relevancia en el mercado paraguayo.

González había ingresado al directorio del BCP el 3 de septiembre de 2025, después de desempeñarse como procurador general del Estado desde el comienzo de la administración Peña. Su trayectoria incluye cargos jurídicos y administrativos dentro del propio Banco Central, donde fue director del Instituto del BCP en 2023, gerente de la Unidad Jurídica entre 2016 y 2023 y director de áreas vinculadas con asuntos judiciales y jurídicos en años anteriores. También ocupaba el cargo de vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción.

Su recorrido institucional quedó bajo cuestionamiento público por sus vínculos políticos y profesionales. Entre los antecedentes mencionados en las denuncias y controversias difundidas figura su relación con Jorge Bogarín Alfonso, exintegrante del Consejo de la Magistratura y declarado “significativamente corrupto” por Estados Unidos. González había sido jefe de campaña de Bogarín cuando este compitió por la representación del gremio de abogados ante ese organismo. También se registraron cuestionamientos sobre el respaldo que recibió durante procesos de selección y disputas universitarias. Esos señalamientos forman parte de controversias públicas y no deben confundirse, por sí mismos, con una determinación judicial de responsabilidad.

Otro aspecto que amplificó el impacto político del caso es la exposición de fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) en Ueno Bank. Según los datos consignados en la información difundida, la previsional depositó aproximadamente 345 millones de dólares de sus fondos jubilatorios en la entidad. La magnitud de esa colocación elevó la preocupación sobre la protección de recursos vinculados con el sistema de seguridad social y sobre los mecanismos de evaluación de riesgo aplicados a las inversiones institucionales.

En ese contexto también se menciona a José González Maldonado, hermano de Marco Aurelio González, conocido como “Jose’i” y exdirector jurídico del IPS, quien está imputado por presunta lesión de confianza y enriquecimiento ilícito en una causa relacionada con honorarios profesionales y un acuerdo extrajudicial entre la previsional y el Consorcio Hotelero Sudamericano SA. La investigación refiere al cobro de 412,5 millones de guaraníes en honorarios y a una reducción de más de 3.280 millones de guaraníes de la deuda original de la empresa. La imputación corresponde a una instancia procesal y no equivale a una condena.

Mientras se acumulan las derivaciones regulatorias y judiciales, la oposición trasladó el conflicto al Congreso. Diputados de distintas fuerzas anunciaron que solicitarán una sesión extraordinaria de la Cámara Baja para este jueves a las 10, con el objetivo de tratar los libelos acusatorios contra Peña y Alliana. Los documentos comenzaron a reunir firmas después de la apertura del procedimiento de resolución de Ueno Bank, una entidad que tuvo un crecimiento significativo en los últimos años y cuyos antecedentes empresariales fueron vinculados públicamente con antiguos socios comerciales del presidente.

El diputado Rubén Rubín, del Partido Encuentro Nacional, informó que los pedidos ya contaban con 22 firmas, por encima del mínimo de 15 legisladores requerido para su presentación. Los impulsores sostienen que al menos 36 diputados comprometieron su respaldo. Sin embargo, la aprobación de los libelos enfrenta una exigencia parlamentaria mayor: para sesionar se necesitan 41 legisladores y, de acuerdo con los números expuestos por los promotores, sería necesaria la presencia de al menos cinco integrantes del oficialismo. La aprobación requiere dos tercios de los presentes, calculados en 27 votos si la sesión reúne el quórum mínimo.

La posibilidad de que el planteo avance depende, por lo tanto, no solo de la adhesión opositora sino también de la conducta de los legisladores colorados. El diputado Mauricio Espínola aparece como el único integrante de la disidencia de la ANR que había firmado los libelos al momento de las declaraciones, aunque Rubín señaló que otros miembros de ese sector podrían sumarse o acompañar la votación sin necesariamente suscribir los documentos.

La diputada Rocío Vallejo, de Patria Querida, pidió a sus colegas oficialistas que concurran a la sesión y permitan el debate. Su planteo apunta a que la ausencia de legisladores no impida que el Congreso discuta las responsabilidades políticas que la oposición atribuye al Gobierno. Rubín, por su parte, convocó a la ciudadanía a expresar su posición ante sus representantes.

Las acusaciones contra Peña se concentran en la presunta utilización del aparato estatal para favorecer a un conglomerado financiero del que el mandatario habría sido accionista hasta el año anterior. El diputado Raúl Benítez sostuvo que existió un supuesto esquema de decisiones políticas y administrativas destinado a beneficiar al grupo empresarial vinculado con Ueno. Entre los puntos mencionados incluyó cambios en la normativa sobre conflictos de intereses, la designación de Carlos Carvallo al frente del Banco Central —quien había tenido vínculos directivos con la financiera que luego se convirtió en Ueno Bank—, los depósitos del IPS y los créditos otorgados a empresas relacionadas con el grupo.

Se trata de argumentos incorporados a los pedidos de juicio político y de denuncias formuladas por legisladores opositores. Su presentación no acredita por sí misma la existencia de un delito ni determina responsabilidades. La investigación de las operaciones, la evaluación del cumplimiento de los límites regulatorios y el esclarecimiento de eventuales conflictos de intereses corresponden a los organismos competentes y, cuando corresponda, a la Justicia.

La inclusión de Alliana en el pedido de destitución también generó cuestionamientos dentro de la oposición. Benítez argumentó que el vicepresidente habría actuado como articulador entre el Ejecutivo y el Legislativo para facilitar decisiones vinculadas con el caso. Además, sostuvo que Alliana ejerció la Presidencia durante más de 250 días debido a los viajes de Peña al exterior y que, por esa razón, debería responder políticamente por la gestión del Gobierno. Esa interpretación integra la fundamentación opositora y deberá ser debatida en el ámbito parlamentario si el proceso consigue avanzar.

La posición de la disidencia colorada, sin embargo, no aparece completamente alineada con la estrategia opositora. El diputado Daniel Centurión dejó entrever que ese sector podría acompañar únicamente el juicio político contra Peña y no el pedido contra Alliana. Centurión calificó al presidente como responsable político de la crisis, aunque reconoció que dentro del oficialismo existen posiciones contrapuestas y que no se observa un consenso definido.

La crisis también tuvo expresión en las calles de Asunción, donde manifestantes reclamaron la renuncia de Peña por su gestión en el caso Ueno Bank. La protesta refleja que el conflicto excedió el ámbito técnico de la supervisión financiera y alcanzó a la discusión pública sobre el uso de los recursos previsionales, los vínculos entre el poder político y los grupos económicos y la capacidad de las instituciones para proteger a los depositantes.

Para los ahorristas, el punto central sigue siendo la recuperación de los fondos y la claridad sobre los mecanismos que se aplicarán. La ampliación de la Ley 2334/03 propuesta por Cartes podría abrir una discusión legislativa sobre la cobertura de los depósitos y los procedimientos de resolución, pero el alcance concreto de cualquier modificación dependerá del texto que se presente, su tratamiento parlamentario y las condiciones legales del sistema de garantía. La prioridad inmediata es que las autoridades informen con precisión qué recursos están protegidos, cuáles son los plazos y qué vías estarán disponibles para los afectados.

El caso Ueno Bank deja planteado un desafío que trasciende la disputa entre oficialismo y oposición: restablecer la confianza en la regulación financiera y garantizar que los mecanismos de control funcionen con independencia, especialmente cuando están comprometidos depósitos de particulares y recursos de la seguridad social. Para Paraguay, y también para las provincias argentinas fronterizas como Misiones, la credibilidad de las instituciones económicas y la previsibilidad del sistema financiero son variables relevantes para la actividad cotidiana, la inversión y los vínculos comerciales transfronterizos.

La evolución del procedimiento de resolución, la recomposición del directorio del Banco Central y el eventual tratamiento de los juicios políticos marcarán los próximos pasos. Mientras tanto, la respuesta a los ahorristas y la transparencia sobre las operaciones que originaron la crisis serán determinantes para que el conflicto no se prolongue como una fuente de incertidumbre financiera e institucional.