Denuncian que el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes citó jurisprudencia inexistente de la Corte Suprema

Una sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes invocó Jurisprudencia inexistente de la Corte Suprema de la Nación

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Un reconocido jurista argentino, Nelson Ramón Pessoa, expuso una situación de gravedad en el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Corrientes, en donde habrían dictaminado un fallo con un argumento inexistente atribuido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Lo expuesto

En el escrito publicado, el 29 de septiembre de este año el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes dictó un fallo en el cual rechazaron un recurso de casación propuesto por una defensa que alegaba la lesión del derecho constitucional al plazo razonable. Según el jurista Pessoa, la resolución fundamentó su decisión con citas falsas, números de fallos trastocados y una doctrina inventada atribuida al Alto Tribunal del país.

Según Pessoa, la Corte Suprema no sostuvo la doctrina atribuida por el Superior Tribunal de Corrientes. Al revisar los antecedentes utilizados por este último, se determina que en los tres fallos el Alto Tribunal hizo lugar a los planteos de las defensas y dictaminaron lo opuesto a lo que la justicia correntina argumentó.

Difusión en las redes sociales

Este caso pasó de una denuncia institucional a conocimiento público luego de que el abogado Augusto Enrrique compartió en Facebook un texto en donde destacaba la denuncia expuesta por Pessoa y elogió su accionar: «Gracias a una impecable y valiente denuncia técnica formulada por el prestigioso jurista Dr. Nelson Ramón Pessoa, la sociedad correntina ha tomado conocimiento de un hecho de extrema gravedad institucional: la máxima instancia judicial de la provincia rechazó un recurso de casación utilizando citas falsas, números de fallos trastocados y doctrina completamente inventada atribuida a la Corte Suprema de Justicia de la Nación», comentó.

«La gravedad institucional denunciada por el Dr. Pessoa exige una profunda e inmediata explicación pública. Apelar a la falsedad para denegar garantías constitucionales no es hacer justicia; es, lisa y llanamente, un ejercicio de fuerza ilegal vestido con ropajes jurídicos», concluyó Enrrique.

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