Con la firma del Decreto 396/2025, el Gobierno avanza en una nueva etapa del ajuste estatal, eliminando estructuras intermedias y consolidando funciones en áreas centrales del Ministerio de Economía. La reorganización del INA y del INPRES marca un precedente en la transformación institucional del sector técnico-científico, mientras crece la expectativa por futuras decisiones en otras áreas estratégicas del Estado.

El Gobierno disuelve el INA y fusiona el INPRES con el SEGEMAR en su plan de ajuste estatal

El decreto 396/2025 transforma organismos técnicos para reducir estructuras y optimizar el gasto público. El Instituto Nacional del Agua será absorbido por la Secretaría de Obras Públicas, mientras que el INPRES se integra al SEGEMAR.

En el marco del proceso de desregulación y racionalización del Estado, el Gobierno nacional dispuso la transformación del Instituto Nacional del Agua (INA) en una unidad organizativa bajo la órbita de la Secretaría de Obras Públicas y la fusión del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) con el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), que absorberá todas sus funciones, recursos y personal.

Así lo establece el Decreto 396/2025, publicado este martes 18 de junio en el Boletín Oficial, en línea con las facultades delegadas por la Ley de Bases N.º 27.742, que declaró la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año.

Reestructuración y control: dos institutos menos, una gestión más centralizada

La norma se inscribe en el objetivo de reducir el sobredimensionamiento del Estado, mejorar la coordinación interjurisdiccional y centralizar funciones técnicas y operativas en áreas clave del Ministerio de Economía.

Según los fundamentos del decreto, las funciones que desarrollaba el INA —dedicado al estudio, capacitación y difusión de conocimientos sobre los recursos hídricos— podrán ser llevadas adelante con el mismo rigor técnico desde una estructura más simple y centralizada. En tanto, el INPRES, creado por ley en 1972 para generar normativa antisísmica y estudiar riesgos geológicos, será absorbido por el SEGEMAR, que comparte competencias vinculadas a la geociencia y la prevención de desastres naturales.

Diagnóstico técnico: estructuras duplicadas y alto costo operativo

El decreto se apoya en informes técnicos de la Secretaría de Transformación del Estado y del Ministerio de Economía, que identificaron 111 organismos desconcentrados y descentralizados, con una planta de 88.095 empleados en 2024 —más del doble que en 2010— y 477 autoridades superiores.

La medida busca reducir la carga presupuestaria de las estructuras duplicadas, unificar criterios técnicos y mejorar el uso de recursos mediante fusión de competencias, reasignación de inmuebles y control de bienes estatales.

El texto oficial aclara que no se verán afectadas las funciones técnicas esenciales de los organismos disueltos o fusionados. El personal continuará en funciones “con sus cargos y situación de revista”, y los créditos presupuestarios y bienes pasarán a las nuevas estructuras.

Además, el Ministerio de Economía deberá proponer una adecuación organizativa integral que contemple esta reestructuración, mientras que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) recibirá un relevamiento detallado de inmuebles, vehículos y maquinaria afectados, con posibilidad de reasignación o enajenación.

La decisión forma parte del paquete de reformas estructurales del Estado promovidas por el presidente Javier Milei, que apuntan a reducir el déficit fiscal y mejorar la eficiencia administrativa. El decreto fue firmado también por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Aunque el Ejecutivo asegura que se mantendrán las capacidades técnicas y los estándares de calidad, la medida podría generar inquietud en sectores científicos y técnicos, que advierten sobre el posible debilitamiento de funciones sensibles como la prevención sísmica o la gestión integral del agua en un contexto climático complejo.