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El FGS adjudicó $200.000 millones a siete bancos para ampliar el crédito hipotecario

La tercera licitación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) recibió ofertas por $273.000 millones de 12 entidades financieras y adjudicó la totalidad de los $200.000 millones disponibles a siete bancos. Los recursos deberán convertirse en nuevos créditos hipotecarios dentro de los próximos 90 días, con una tasa máxima para los tomadores de UVA + 7,5% y plazos mínimos de 15 años. La convocatoria incorporó además el financiamiento de viviendas en construcción mediante boletos de compraventa e hipotecas divisibles.

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El esquema de fondeo impulsado a través del FGS busca ampliar la disponibilidad de financiamiento hipotecario y conectar los recursos del sistema financiero con la demanda de vivienda y la actividad de la construcción. Con esta tercera colocación, el programa acumula $600.000 millones adjudicados desde septiembre, en un contexto en el que el acceso al crédito de largo plazo constituye una de las principales restricciones para las familias que buscan adquirir una propiedad.

La operación se realizó mediante depósitos a cinco años y registró una tasa promedio ponderada de UVA + 4,79%, superior al mínimo de UVA + 4,5% establecido para la convocatoria. Las propuestas presentadas superaron en $73.000 millones el volumen disponible, una diferencia que refleja el interés de las entidades participantes por acceder a esta línea de fondeo.

En total, se contabilizaron 33 posturas de 12 bancos, de los cuales siete resultaron adjudicatarios. La distribución de los recursos quedó sujeta a los límites prudenciales definidos por el Banco Central para evitar una concentración excesiva del financiamiento en una sola entidad.

Las condiciones para transformar los fondos en hipotecas

Uno de los aspectos centrales del programa es el plazo establecido para que los bancos conviertan los recursos recibidos en préstamos destinados a la vivienda. Las entidades adjudicatarias dispondrán de 90 días desde la acreditación de los fondos para otorgar nuevos créditos hipotecarios.

La tasa que podrán cobrar a los tomadores no podrá superar UVA + 7,5% nominal anual. Los préstamos deberán contemplar un plazo mínimo de 15 años y un monto máximo de 150.000 UVA, equivalente a aproximadamente $329 millones o unos 210.000 dólares, de acuerdo con las cotizaciones de referencia utilizadas en la convocatoria.

El mecanismo utiliza la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), cuyo valor se actualiza según la evolución de la inflación. Por ese motivo, la cuota y el capital adeudado se expresan en unidades que varían en pesos a lo largo del tiempo. Esta característica permite estructurar financiamiento de largo plazo, aunque implica que los ingresos de los hogares deben acompañar la evolución de las cuotas para preservar su capacidad de pago.

El Banco Central también estableció restricciones sobre la asignación de los fondos. Ninguna entidad podrá concentrar más del 40% del total licitado y, además, deberá respetar los límites vinculados con su Responsabilidad Patrimonial Computable y el volumen de su cartera hipotecaria vigente.

Estas condiciones buscan compatibilizar la expansión del crédito con los parámetros de solvencia de las entidades financieras y establecer criterios para distribuir los recursos entre distintos participantes del sistema.

Hipotecas divisibles: el financiamiento llega a las viviendas en construcción

La principal novedad de esta tercera licitación es la ampliación de los destinos habilitados para los préstamos. Además de la compra, construcción, ampliación y refacción de viviendas, el esquema contempla operaciones instrumentadas mediante boletos de compraventa con compromiso de constitución de hipoteca y garantías de hipotecas divisibles pendientes de división.

La modificación abre la posibilidad de financiar unidades que todavía se encuentran en construcción y no cuentan con escritura individual. De esta manera, el crédito hipotecario puede intervenir antes de que el desarrollo inmobiliario esté terminado y las unidades se encuentren en condiciones de escriturarse por separado.

El cambio apunta a resolver una de las dificultades tradicionales del financiamiento inmobiliario argentino: la desconexión entre el crédito hipotecario destinado a compradores y las necesidades de capital de los desarrolladores durante la ejecución de las obras.

En el esquema tradicional, el acceso a una hipoteca suele estar condicionado por la disponibilidad de una propiedad terminada y con documentación dominial individualizada. La incorporación de boletos de compraventa e hipotecas divisibles permite ampliar las alternativas para operaciones sobre proyectos en desarrollo, aunque su implementación dependerá de las condiciones jurídicas, registrales y financieras de cada emprendimiento.

La medida recibió el respaldo de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU) y la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV). Sus autoridades consideraron que la posibilidad de constituir garantías hipotecarias divisibles sobre proyectos en ejecución permite acercar el financiamiento bancario al proceso productivo y no solamente al inmueble terminado.

Damián Tabakman, presidente de CEDU+AEV, y Carlos Spina, vicepresidente, señalaron que financiar al comprador desde las primeras etapas de un emprendimiento puede contribuir también a sostener la construcción. Según plantearon, este mecanismo tiene potencial para movilizar inversiones, generar actividad y ampliar la participación de proveedores, profesionales y trabajadores vinculados con el sector.

El efecto sobre la economía real dependerá de la capacidad de los desarrolladores para incorporar estas herramientas a sus proyectos y de la respuesta de los compradores frente a las condiciones de financiamiento disponibles.

El objetivo de alcanzar $2 billones y generar nuevas operaciones

El Gobierno prevé continuar con las licitaciones periódicas del FGS hasta completar un cupo total de $2 billones. Según las estimaciones oficiales, el programa podría impulsar entre 17.000 y 18.000 nuevas operaciones hipotecarias.

La distancia entre los fondos adjudicados y los préstamos efectivamente otorgados será uno de los indicadores centrales para evaluar el desempeño de la iniciativa. La disponibilidad de recursos constituye una primera condición, pero la concreción de las hipotecas también dependerá de los requisitos de ingresos, la capacidad de endeudamiento de los hogares, las garantías exigidas y la oferta de propiedades que puedan incorporarse al esquema.

En ese sentido, la ampliación hacia viviendas en construcción introduce una alternativa para vincular el financiamiento de las familias con la producción inmobiliaria. Si logra consolidarse, el mecanismo podría contribuir a generar demanda anticipada para los desarrollos, mejorar sus posibilidades de financiamiento y dinamizar actividades relacionadas con la construcción.

El ministro de Economía, Luis Caputo, había presentado el acceso a la vivienda mediante crédito hipotecario como una prioridad de la política económica. El desafío operativo será que los $600.000 millones ya adjudicados se traduzcan en préstamos concretos, que las nuevas condiciones permitan incorporar proyectos en distintas etapas de ejecución y que las familias puedan acceder a financiamiento sostenible en el tiempo.

La continuidad del programa y sus resultados dependerán, en definitiva, de la articulación entre el FGS, los bancos, los desarrolladores y los potenciales compradores. La cantidad de créditos otorgados, las condiciones financieras efectivas y el impacto sobre la construcción permitirán medir si el fondeo disponible logra convertirse en una herramienta de acceso a la vivienda y de recuperación de la inversión inmobiliaria.

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