El Consejo de Mayo arrancó sin definiciones y con promesas de consenso: el documento final se conocerá recién en diciembre. El oficialismo busca respaldo político para avanzar con su agenda legislativa. Reforma laboral, coparticipación y sistema previsional, entre los temas a debatir en los próximos meses

A once meses de su anuncio inicial en Tucumán, el Gobierno nacional reactivó el Consejo de Mayo, la mesa de diálogo multisectorial pensada como plataforma política para impulsar las reformas estructurales que propone el Ejecutivo. En su primer encuentro formal, realizado en Casa Rosada, no se definieron medidas concretas ni ejes de trabajo inmediatos. El objetivo declarado: reunirse mensualmente y consensuar un documento final hacia diciembre, cuando esperan que se renueve la composición parlamentaria.

La reunión fue encabezada por el jefe de Gabinete Guillermo Francos, y reunió a figuras como el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, la senadora Carolina Losada, el diputado Cristian Ritondo, el gobernador Alfredo Cornejo, el líder sindical Gerardo Martínez (UOCRA) y el empresario Martín Rappallini, titular de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Mesa de diálogo sin representantes opositores y sin agenda técnica

El encuentro se realizó en el Salón de los Escudos de la sede gubernamental y duró poco más de una hora y media. Según relataron algunos participantes, no se debatió en profundidad ningún tema específico, aunque la reforma laboral, la reforma previsional y el esquema de coparticipación federal estarán en el temario a tratar en los próximos meses.

“No se habló de ningún tema en particular, sino en general”, indicó Gerardo Martínez, quien además sostuvo que el Consejo “es constructivo, no vinculante”.

El oficialismo busca generar condiciones de gobernabilidad para proyectos clave que aún no encuentra consensos legislativos. Tanto Ritondo como Cornejo —ambos con peso en Juntos por el Cambio— asistieron en un gesto político más que programático, en medio de negociaciones internas por el armado electoral de cara a 2025.

Reforma laboral en el horizonte: posturas divergentes, diálogo pendiente

Uno de los ejes más sensibles que plantea el Pacto de Mayo —documento fundacional que sirvió de base al Consejo— es el ítem 8: “Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal”. Aunque todavía no se abordó en profundidad, el sindicalismo anticipó su mirada crítica.

“Tenemos nuestra propuesta. En su momento la traeremos para discutir cómo hacer una reforma sin perder derechos”, expresó Martínez.

Desde el sector empresario, Rappallini aclaró que la UIA no plantea una modificación de horas de trabajo ni una reforma previsional, sino que apuntan a una “modernización laboral” con consenso.

Este equilibrio precario entre visiones contrapuestas explica el tono moderado del primer encuentro, que funcionó más como una foto de unidad que como una instancia de negociación efectiva.

Qué propone el Pacto de Mayo

El texto base sobre el que se estructura el Consejo contiene 10 compromisos con eje en la recuperación macroeconómica y la reforma del Estado. Entre ellos:

• Equilibrio fiscal innegociable
• Reducción del gasto público al 25% del PBI
• Reforma tributaria para bajar la presión impositiva
• Rediseño del régimen de coparticipación
• Reforma laboral y previsional
• Reforma política estructural
• Apertura comercial
• Explotación eficiente de los recursos naturales
• Inviolabilidad de la propiedad privada

Firmado por la mayoría de los gobernadores (con excepción de Buenos Aires, Formosa, La Rioja, La Pampa y Tierra del Fuego), el pacto fue presentado como una hoja de ruta para el “renacimiento” institucional y económico del país.

El documento final del Consejo de Mayo será presentado en diciembre, según confirmaron sus integrantes, lo que sugiere que su verdadero impacto quedará atado al resultado de las elecciones legislativas de medio término. El oficialismo aspira a lograr entonces una nueva correlación de fuerzas que le permita aprobar sus reformas en el Congreso.

Mientras tanto, el Consejo funcionará como mesa de diálogo político sin carácter vinculante, con reuniones mensuales que servirán —más que para definir políticas— para medir posiciones, negociar poder y ganar tiempo en un escenario legislativo complejo.