El Gobierno nacional oficializó una profunda reforma del Servicio Penitenciario Federal (SPF) mediante el Decreto 455/2025, que aprueba un nuevo Estatuto para modernizar su estructura, profesionalizar su personal y adaptar sus funciones a los desafíos actuales en seguridad, crimen organizado y reinserción social. La medida deroga la Ley Orgánica vigente desde 1967 y establece un nuevo paradigma para el sistema penitenciario federal argentino.

Un nuevo marco legal para el sistema penitenciario argentino

El presidente Javier Milei, acompañado por el ministro del Interior, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, firmó el Decreto 455/2025 que establece el nuevo Estatuto del Servicio Penitenciario Federal. La reforma busca aggiornar una legislación con más de medio siglo de antigüedad (Ley N.º 17.236), reestructurando el sistema bajo parámetros de profesionalización, transparencia y eficiencia.

El nuevo marco legal convierte al SPF en una Fuerza de Seguridad Federal moderna, con capacidad de acción frente a delitos complejos, adaptada a estándares internacionales en derechos humanos, integridad institucional y uso racional de los recursos públicos.

Ejes centrales de la reforma

1. Reestructuración institucional y gestión eficiente:
Se eliminan normativas obsoletas y se establece una nueva organización con fuerte presencia de áreas críticas como la Dirección General de Seguridad, Dirección de Comunicaciones y Tecnologías, y la Dirección de Formación y Bienestar del Personal.

2. Profesionalización del personal penitenciario:
El Estatuto introduce un nuevo régimen de carrera, formación continua, bienestar integral y condiciones de trabajo mejoradas para el personal penitenciario, con un enfoque en la ética, el compromiso público y la excelencia en el servicio.

3. Enfoque en derechos humanos y reinserción:
La medida refuerza la función del SPF en la rehabilitación y reinserción social, a través de programas de tratamiento basados en evidencia, con un enfoque interdisciplinario y respetuoso de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.

4. Infraestructura penitenciaria:
El decreto instruye al Ministerio de Seguridad a diseñar un Plan Nacional de Infraestructura Penitenciaria, que incluye la desafectación de inmuebles en zonas urbanas para relocalizar unidades penales, con el objetivo de reducir la conflictividad, mejorar las condiciones edilicias y optimizar la logística de seguridad.

Según el texto del decreto, “el funcionamiento del SPF como una Fuerza de Seguridad Federal eficiente, profesional y debidamente organizada es esencial para mantener la seguridad dentro y fuera de los establecimientos penitenciarios”. La norma también subraya la necesidad de enfrentar la criminalidad organizada con un enfoque institucional sólido.

La reforma se enmarca en la Ley 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que otorga al Poder Ejecutivo facultades para reorganizar organismos estatales durante el período de emergencia administrativa, económica y financiera.

Además, dentro de los 90 días hábiles desde la publicación del decreto, el SPF deberá presentar al Ministerio de Seguridad los proyectos reglamentarios necesarios para la implementación plena del nuevo Estatuto.

La transformación del SPF se inscribe en una agenda gubernamental más amplia orientada a la desburocratización del Estado, la transparencia en la gestión pública y el combate al crimen organizado. Con este nuevo Estatuto, el Gobierno busca consolidar al sistema penitenciario como un actor central en la seguridad interior y en la reducción de la reincidencia criminal.

En lo inmediato, se esperan definiciones operativas sobre la ejecución del plan de infraestructura, la transición normativa y los mecanismos de implementación del nuevo régimen para los agentes penitenciarios.