Con la modificación de la Ley 25.613, el Gobierno da un nuevo paso en su política de desregulación económica, ahora en el ámbito científico. La eliminación de controles para importar insumos promete agilidad, pero también genera interrogantes sobre el equilibrio entre eficiencia estatal y autonomía tecnológica nacional.

Se modifica la Ley 25.613 para suprimir obstáculos a la importación de insumos destinados a investigaciones. El Ejecutivo deroga artículos clave y concentra funciones en la Secretaría de Innovación.

El Gobierno nacional oficializó, a través del Decreto 395/2025, la modificación de la Ley 25.613 con el objetivo de eliminar restricciones estatales a las importaciones de insumos científicos y tecnológicos, en línea con el proceso de desregulación económica impulsado por el Decreto 70/2023.

La medida, publicada este 18 de junio en el Boletín Oficial, sustituye el artículo 7 y deroga el artículo 8 de la normativa vigente, eliminando funciones de fiscalización y reduciendo estructuras burocráticas en el sector científico.

Se elimina la Comisión de Fiscalización

Con esta reforma, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete se consolida como única autoridad de aplicación, al tiempo que se elimina la Comisión de Fiscalización y Seguimiento que hasta ahora controlaba el cumplimiento de la norma.

Según el texto del decreto, esta comisión “genera una estructura innecesaria” y su supresión responde a la necesidad de “garantizar un uso eficiente de los recursos públicos”. La decisión se ampara en las facultades delegadas por la Ley 27.742, que declaró la emergencia pública en varias áreas del Estado.

Libre importación: alineamiento con el Decreto 70/2023

El cambio se inscribe en una lógica de apertura comercial y mínima intervención estatal, ya que el Decreto 70/2023 estableció que el Poder Ejecutivo no podrá establecer prohibiciones ni restricciones a las exportaciones o importaciones por motivos económicos.

El Gobierno considera que la participación argentina en proyectos científicos internacionales exige el acceso a insumos estandarizados de origen extranjero, y que los controles actuales dificultan dicha integración. En consecuencia, se eliminan las barreras para que investigadores del sector público y entidades de bien público accedan sin trabas a equipos e insumos del exterior.

La Ley 25.613, sancionada en 2002, eximía del pago de aranceles a las importaciones de bienes destinados a la investigación científica, pero exigía que no existieran equivalentes nacionales disponibles “en calidad, precio o cantidad suficiente”. Además, preveía una fiscalización específica a cargo de una comisión técnica.

El nuevo enfoque oficial considera que estos controles representan una traba al desarrollo científico y a la integración de Argentina en el mercado internacional, e introduce una visión más alineada con las leyes del mercado, quitando intervención estatal en la evaluación de insumos.

Entre la eficiencia y el debate sobre soberanía científica

El decreto se dicta en el marco de la emergencia económica y administrativa declarada por la Ley Bases, y busca contribuir a una gestión pública “más ágil, eficiente y eficaz”, en palabras del Ejecutivo. Sin embargo, la eliminación de controles podría abrir un debate respecto al impacto en la producción nacional de equipamiento científico y sobre el riesgo de dependencia tecnológica externa.

Mientras tanto, el Poder Ejecutivo ya notificó a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para que evalúe el decreto conforme al artículo 76 de la Constitución Nacional y la Ley 26.122.