El protagonismo correcto

Posadas es una de las diez ciudades con menor desempleo de la Argentina y es el tercer aglomerado de mayor tasa de empleo, solo por debajo de CABA y Gran Mendoza, por encima de santafesinos, rosarinos, cordobeses, bonaerenses y otros. En los últimos doce meses, la población desocupada se redujo en casi dos mil personas. La transformación de la ciudad en los últimos años atrae a inversiones que generan empleo y la amplia oferta educativa -la sexta mejor del país- atrae a estudiantes de toda la región. La capital misionera tiene además a uno de los intendentes mejor valorados de la Argentina, en una encuesta que mide el grado de satisfacción de la sociedad con sus dirigentes. Leonardo Stelatto se mantuvo siempre entre los más destacados.

Es el corolario de una construcción política que lleva años y que tiene a Misiones como protagonista de los principales indicadores económicos en la Argentina.

Sin embargo, de la noche a la mañana, la ciudad fue tomada por un conflicto del que no hubo advertencias. Violencias, oficinas bloqueadas y sindicalistas enardecidos que desoyeron incluso una conciliación obligatoria.

No estaba en juego siquiera una negociación salarial. La excusa fue la muerte [accidental] de un trabajador municipal. Pero una fatalidad no puede justificar la desmedida reacción ni la toma de rehenes de toda una ciudad por un grupo de trabajadores que cree que el diálogo es imposición. 

Hay que escarbar un poco y despejar la hojarasca, incluida la rapiña de la oposición, rauda para sacar tajada de los conflictos ajenos y solidarizarse con quienes desprecian cuando son gobierno. 

De fondo, la elección de autoridades del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales. Preguntas de manual. ¿Un sindicalista que aparece solo cuando se debe revalidar cumple cabalmente su función? ¿Si sólo se discute la formalidad cuando hay elecciones internas, se protege realmente a los afiliados? ¿O es simplemente la expresión de un mecanismo cuasi extorsivo? Los dirigentes que conducen a los empleados municipales están enquistados en el aparato burocrático desde hace años con varios intendentes en su haber. Los mecanismos de “negociación” siempre son los mismos. Revuelta, amenazas, ciudad paralizada y acuerdo. 

El derecho a huelga está garantizado, pero conlleva obligaciones y no puede ser ejercido únicamente cuando me conviene. 

El acuerdo alcanzado estipula que en julio 300 trabajadores pasarán a planta temporaria y 200 a planta permanente, mientras que para fin de año, otros 200 pasarían a planta temporaria y 200 más a planta permanente. En definitiva, se aceleró un plan que ya estaba en marcha. ¿No se podía discutir de otra manera? El propio intendente dijo que el diálogo siempre estuvo abierto.

Sin embargo, sin siquiera aviso previo, se desconocieron las elementales normas sindicales, como acatar una conciliación obligatoria. ¿Por qué la ciudad debe ser sometida a ese nivel de violencia? ¿Por qué dirigentes que dicen querer gobernar la ciudad, estando en la oposición aparecen aplaudiendo y fogoneando actitudes absolutamente reñidas con la convivencia que debe tener una sociedad

Los que se identifican con la alianza Cambiemos son los más contradictorios: cuando estuvo en el poder, Mauricio Macri hizo un culto del desprecio al empleo público, cerró organismos y ajustó salarios. Los funcionarios de su Gobierno combatían a la “mafia sindical” con un manto épico. 

Son los mismos que ahora dicen tener todas las respuestas ante la escasez de resultados que exhibe Alberto Fernández, cuya administración pierde más tiempo enfrascado en la estéril interna con Cristina Fernández que en consolidar una gestión que, de todos modos, muestra datos mucho mejores que los que dejó el macrismo, antes de la pandemia. 

La política de la grieta ahora es también la de la interna. Los roces del Gobierno se exhiben en prime time. Las chicanas de la oposición se juegan en las redes sociales. Se retroalimentan. Mientras tanto, millones de argentinos buscan cómo sobrellevar el día a día, agobiado por precios que escalan mucho más rápido que los ingresos o salarios. 

En el colmo del cinismo, el PRO intentó burlarse de una expresión de Cristina (“Militamos la felicidad del pueblo) con un dato económico: hoy Argentina tiene el salario en dólares más bajo de la región. Obivaron, los community manager de la política, un pequeño detalle: en 2015 el salario en Argentina era de 589 dólares. La Argentina encabezaba el podio de los salarios mínimos en dólares en países latinoamericanos, sólo seguido de cerca por Costa Rica. Brasil, por su parte, se posicionaba con una cifra menor a la mitad que en ese entonces tenía el país.

Devaluaciones, reperfilamiento y deuda récord y eterna. Cuando se fue Macri, el salario equivalía a u$s268, lo que ubicaba a la Argentina en el 11º puesto en el ránking regional. La paradoja es que el deterioro fue sólo comparable con la situación de Venezuela en donde el salario sufrió un retroceso del 70% en el mismo período.

Ahora, en pandemia y con una aceleración de la inflación, el salario se ubicará en unos US$ 437 dólares. Pero la pérdida de poder adquisitivo es evidente, tanto que opacan los datos positivos, como la caída del desempleo al 7 por ciento, desde el 10 por ciento del año pasado. 

La caída de la desocupación no logra ocultar el problema asfixiante de los precios. El Presidente no encuentra antídoto. La vicepresidenta Cristina Fernández le pide a viva voz ir a fondo, incluso desairando a sus ex aliados. Muchos dirigentes de organizaciones sociales están que trinan porque quedaron expuestos por sus palabras, cuando dijo que  “el Estado nacional debe recuperar el control, la auditoría, y la aplicación de las políticas sociales, que no pueden seguir tercerizadas”. La vicepresidenta generó un sismo al poner en cuestionamiento el manejo de los planes sociales, que en muchos casos erige a dirigentes por encima de las necesidades de los beneficiarios. 

No se trata de eliminarlos ni de que desaparezcan. El debate es necesario, la política carroñera sobra. Para que se reduzcan, hay que generar empleo real, con una economía real. Nuevamente, el contraste. Néstor Kirchner recibió el Gobierno con 2.200.000 planes sociales. Cristina se fue con 253.000. Macri dejó su gobierno con 641.000 planes. Para septiembre de 2021 los beneficiarios de planes de cooperativas ya eran 1.223.537. No desaparecerán mágicamente y mucho menos con una economía tan frágil. 

La distancia entre el debate político nacional y las necesidades de la sociedad de a pie asombra. En el Congreso “nueva mayoría” opositora celebra cambios en la ley de Alquileres en los que persisten la desprotección del inquilino y la balanza inclinada hacia el propietario: “Libertad entre partes ajustable cada tres meses”, es una quimera de igualdad inaplicable. Contratos de dos años e incentivos tributarios para los dueños, justo cuando la AFIP avanza en el revalúo fiscal, lo que, en definitiva, desfinanciaría al Estado en beneficio de unos pocos. Los diputados misioneristas ya anticiparon que la actualización debe darse cada seis meses y otros ítems en beneficio del inquilino. En el Senado se esperan otros cambios, como la actualización por índices regionales, en lugar de un sólo indicador nacional. Las asimetrías internas también son relevantes y perjudican especialmente a las provincias más alejadas del centro. En el precio del combustible, en el desabastecimiento, en las obras. Un desequilibrio que no cambia con eufemismos. 

Es elocuente el mensaje de las provincias, que cada vez cobra más protagonismo. La liga del Norte Grande se amplió. Ahora es la Liga de los Gobernadores, a secas.

En la reunión del viernes en Resistencia, Chaco, reclamaron “mayor federalismo en la toma de decisiones” acordaron un texto que lleva por título “En defensa de los argentinos”, donde se recuerda que “las provincias son preexistentes a la Nación”, y por lo tanto, reclaman “ser partícipes ante decisiones que nos afecten”.

La Liga de Gobernadores no es un espacio sólo de mandatarios del PJ, sino una convocatoria a “saltar la grieta”. “Convocamos a todos y todas. Sin exclusiones”, dice el texto, que agrega: “Nuestra patria nos convoca a todos. Para construir los consensos necesarios y para administrar los disensos en el marco de la diversidad y el pluralismo”.

También mostraron la intención de “unir a todos para construir futuro”, al asegurar que mantienen “el propósito” de trabajar “por una Argentina justa y federal, en unidad nacional que permita aprovechar las oportunidades que un mundo lleno de incertidumbres nos depara”.

El documento, firmado por el vicegobernador Carlos Arce en representación de Misiones apunta a que “se necesita sancionar iniciativas legislativas que nos permitan el desarrollo de la industrialización con valor agregado en origen de nuestra producción primaria”.

“Esto implica avanzar en la sanción de un marco jurídico que garantice previsibilidad e incentivos para lograr más inversiones y exportaciones diversificando la penetración a mercados múltiples”, remarcaron.

En la Liga se mantiene el reclamo de “una justa y equitativa distribución de los recursos de la coparticipación federal”, le han agregado un pedido de “mayor protagonismo” a la hora de aplicar medidas “que nos afecten”.

La toma de distancia de los gobernadores no es momentánea. Los debates “centrales” no representan a las provincias y nadie quiere atar su suerte a la interna o al experimento fallido de la grieta.

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