El Senado aprobó este viernes la baja de edad de imputabilidad de los menores de 16 a 14 años con la reforma de la Ley Penal Juvenil. La votación resultó 44 votos positivos y 27 negativos.

La Cámara de Senadores convirtió en ley el nuevo Régimen Penal Juvenil, una decisión histórica siendo que modifica una norma vigente desde 1980. Esto es, el oficialismo libertario consiguió este viernes lo que otras administraciones intentaron sin éxito, naufragando siempre el tema en el ámbito de las comisiones -solo una vez en 2009 había alcanzado la media sanción en el Senado, que luego fue frizada-. Fue en el marco de una extensa sesión que concluyó a las 18.15, con la aprobación por 44 votos afirmativos, 27 en contra y 1 abstención.

Conseguida la aprobación en general, el Cuerpo se abocó al tratamiento en particular de la norma, en una votación que igual que en la Cámara baja se realiza por títulos.

El proyecto, que en Diputados fue aprobado el 12 de febrero pasado, con 149 votos afirmativos y 100 negativos, establece una baja de edad de imputabilidad de 16 a 14 años para menores que cometen delitos.

Desde el Ejecutivo emitieron un comunicado, donde Milei felicita a los legisladores por aprobar la norma.

Un encendido debate

La apertura del debate estuvo a cargo del presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el oficialista Gonzalo Guzmán Coraita, quien destacó que “estamos frente a una jornada histórica”. Recordó que la actual Ley de Minoridad rige desde 1980, “anterior a la reforma constitucional de 1994” y la jerarquización de la Convención de los Derechos del Niño por parte de nuestro país.

El salteño aseguró que se trata de aplicar un régimen “moderno, integral y especializado” donde “estén debidamente garantizados los derechos al debido proceso” del adolescente. “Es una reforma que tiene pilares claros”, agregó y mencionó que hace más de una década organismos internacionales “instaron a nuestro país a abandonar el modelo tutelar que hoy nos rige”.

Luego de afirmar que no solo se trata de una modernización normativa, el libertario dijo que es “saldar una deuda histórica”, ya que cuando anteriormente se intentó avanzar los proyectos fueron “descalificados como punitivistas, violatorios de los derechos humanos, regresivos”. “Mantener la ley de 1980 es totalmente regresivo. Esa ley puede formar parte de nuestro ordenamiento jurídico”, enfatizó y sumó que la legislación actual “no respeta las garantías mínimas”.

En esa línea, Guzmán Coraita sostuvo que este régimen “está acorde a los estándares internacionales a los cuales el Estado se ha comprometido”. “Estamos avanzando hacia adelante”, expresó y se refirió a la cuestión de la edad: “La edad de 16 años no es un derecho ni un estándar en sí mismo. El Comité de los Derechos del Niño ha analizado distintos regímenes donde preponderantemente la edad es de 14 años y no ha dicho que sea contrario a la Convención”.

Por otra parte, el legislador detalló datos de la Corte Suprema de Justicia, según los cuales en 2023 hubo 17.551 causas penales con menores involucrados y en 2024 fueron 18.972, “un incremento del 10%”. “Detrás de cada número hay un hecho, una víctima, una familia, un adolescente que ha cometido delito y una historia personal”, señaló. En su discurso, donde además precisó cada uno de los títulos del proyecto, mencionó que Argentina “junto a Cuba somos los únicos países en la región que mantiene los 16 años”.

A su turno, el chaqueño Jorge Capitanich señaló que el problema “son las provincias las que efectivamente tienen que dar cumplimiento a un régimen penal en materia de capacidad instalada, pero también, lugares de alojamiento y las políticas públicas necesarias para observar el problema que separe causas y consecuencias. Su aplicación y ejecución corresponde a las provincias y, si no se garantizan los recursos para su aplicación, puede quedar en letra muerta”.

Además, planteó que es necesario establecer cuáles son el número de casos en donde efectivamente existen personas detenidas: “En Argentina se registran 935 niños y adolescentes detenidas. En Chaco son 23 casos. Es importante remarcar el número y la evaluación de la tasa de homicidios y delitos cometidos en función de la edad porque cuando se hace un análisis riguroso en el país el 97% de niños y adolescentes son nativos, 9 de cada 10 personas son varones y, a su vez, el porcentaje de delitos de menores alcanza el 2%”.

“La problemática entre 12 a 17 años son 43% porque los delitos están fuertemente asociados a la propiedad 57%, a las personas y delitos de integridad sexual son el 7,5%. El problema es de alta sensibilidad porque existen víctimas y niños, y porque tenemos un problema mayor que tiene que ver con la capacidad de financiamiento y las capacidades estatales sensibles y eficientes para resolver esto”, manifestó el senador del bloque Justicialista.

Capitanich señaló que hay “una sobrepoblación carcelaria que se estima en el 30% en el sistema penitenciario. Es una cuestión compleja”, y se refirió al presupuesto que establece el proyecto: “Ese componente en cifras es equivalente a 24 mil millones de pesos, pero si tomamos alojamientos de 100 personas esto implica una proyección para cada jurisdicción y equivale a 9 años. Este presupuesto es insuficiente porque no puede tarde 9 años un proceso de construcción de capacidades instaladas eficientes”, y cerró: “El exceso de punitivismo no resuelve el problema, solo lo traslada. Hay que atacar las causas para garantizar un ordenamiento jurídico”.

A su turno, la senadora de la UCR Gabriela Valenzuela habló de “una reforma trascendental” en la que “no estamos discutiendo solamente edades o penas, estamos discutiendo qué Estado queremos frente a delitos cometidos por adolescentes. Si uno anclado en normas de la dictadura o uno sostenido en leyes de la democracia, que aporta garantías”.

En esa línea, la correntina dijo que la norma vigente “nada tiene que ver con el país que construimos desde 1983” y, por eso, “es una deuda democrática que este Congreso tiene la obligación de saldar”. “No podemos sostener un régimen que permite amplias discrecionalidades”, insistió.

Yendo al proyecto, la radical remarcó que “un punto central es que la privación de la libertad del adolescente deja de ser una respuesta automática y se convierte en un recurso verdaderamente excepcional”. “Los jóvenes necesitan límites claros y oportunidades para su reinserción”, añadió.

A continuación, la senadora Alicia Kirchner objetó el presupuesto que se destina en la ley y cómo se destinará hacia las provincias. “En Argentina tenemos 56 lugares de encierro para atender a los niños y niñas que han delinquido. Seis provincias no tienen absolutamente nada, ¿quién las va a apoyar? ¿Las va a apoyar la Nación, les va a derivar los fondos, o todo va a caer de nuevo en las provincias?”, se preguntó.

“Yo no digo que la pobreza traiga el delito, pero la pobreza sí importa”, subrayó la exministra de Desarrollo Social, para enfatizar que se requieren medidas e inversión en otras áreas, como la salud mental. “Hay artículos que no puedo dejar de compartir, pero sí me preocupa el cumplimiento concreto”, manifestó.

La legisladora del bloque Justicialista comparó que en Colombia, donde la edad de imputabilidad es de 14 años, hay “un 25,9%” de menores en encierro, mientras que en Ecuador, donde es de 12 años, “hay 45,1% de menores en encierro, diez veces más por delitos graves que la República Argentina. Evidentemente la edad no es el problema, el problema va más a fondo”. Sobre esto, sumó: “No lo dejemos en la punibilidad, no legislemos sin saber cómo vamos a dar respuestas. Hay que tener una mirada más integrada”.

En un extenso discurso, la senadora neuquina Nadia Márquez (LLA) sostuvo que la Ley Penal Juvenil actual es “es arcaica, vetusta y vieja. No sirve. No permite solucionar los problemas”, y apuntó contra el kirchnerismo: “Me muero si alguien dice que un chico de 14 o 15 años no entiende o no sabe que robar está mal”.

Avanzado el debate, Beatriz Ávila apuntó que este “es un tema complejo, sensible, pero profundamente necesario” ya que “el Estado no puede estar indiferente frente a delitos cometidos por menores”, los cuales previamente, para llegar a esa instancia, “ya han sido desprotegidos por el propio Estado”. “Hay que proteger a la sociedad y rescatar a esos jóvenes antes que el delito se convierta en una identidad” y que sean “utilizados por organizaciones delictivas”, advirtió.

La senadora del bloque Independencia aseveró que en la sociedad hay “mucha frustración en ver cómo menores cada vez con mayor facilidad cometen un delito y salen al otro día”. “El espíritu de esta norma tiene que ver con responsabilidad y oportunidad”, defendió y reflexionó que “cuando un menor comete un delito todos fracasamos. Pero ese fracaso no puede convertirse en impunidad”. Además, dijo que “esto no debe terminar solo en esta ley”, sino que hay que trabajar en “salud mental, educación, inserción laboral”.

En su intervención, la catamarqueña Lucía Corpacci (UP) calificó el proyecto como “una pantalla de distracción” y que “no busca mejorar la inseguridad”. En ese sentido, planteó: “Nosotros somos legisladores, no estamos responder el enojo. Sino para dictar leyes que hagan una sociedad mejor”.

“Quieren acusar a los niños de la inseguridad del país. Las estadísticas dicen que solo el 0,45% del universo de adolescentes tuvo conflicto con la ley y tenemos el menor índice de delitos en toda América Latina. Ustedes nos quieren hacer creer que la mano dura es lo que mejora todo”, expresó y sumó: “La tasa de homicidios es de 3.8% cada 100 mil habitantes. Somos el país menos inseguro. Nosotros estamos para actuar con racionalidad y humanidad”, y preguntó: “¿A quién se le ocurre que encerrar a un niño de 14 años va a construir una sociedad más justa? Solo a gente que cree que lo que no es igual se tiene que destruir”.

Corpacci ratificó que “la baja de edad no soluciona nada. Van a sacar excelentes adultos del delito. Las personas están presas para cumplir un castigo y para ser reinsertado en la sociedad. El presupuesto que proponen no sirve para nada. Solo les importa golpear y castigar. Esta ley no soluciona nada, solo garantiza tener más jóvenes delinquiendo. Esto no es la solución, es la debacle. Este Gobierno quiere encerrar chicos de 14 años y esta ley es invotable”.

Titular del bloque Pro, el senador misionero Martín Goërling, consideró que el Régimen Penal Juvenil “es una ley de sentido común que viene a poner una solución a un problema que es real de hace muchos años en una Argentina donde vemos a menores que delinquen y que matan”. También se dirigió a las familiares de las víctimas presentes en el recinto de la Cámara alta y lamentó que “nunca tuvieron justicia” por sus pérdidas.

Al ratificar el apoyo de su bancada, conformado también por la pampeana Victoria Huala y la chubutense Andrea Cristina, señaló que “el resto de los países de América Latina ya zanjó este debate”, respecto a la baja en la edad de imputabilidad. Luego, explicó que “los chicos salen a delinquir porque el Estado está ausente”, y concluyó: “Si un menor mató a los 15, a los 18 va a estar peor, y esta ley viene a poner blanco sobre negro para darle una nueva oportunidad a esos jóvenes que delinquen”.

Por el bloque Justicialista, el senador rionegrino Martín Soria apuntó con aquellos que utilizan ese “argumento berreta de pedir ‘pena de adulto para delito de adulto’”. Comparó este debate con el trunco del 2025 cuando pertenecía al otro cuerpo: “el análisis que se hizo en la Cámara de Diputados fue distinto a lo que hizo en este Senado, donde muchos artículos fueron modificados e, incluso, eliminados porque contradecían a la Constitución Nacional y a tratados internacionales”.

De todas maneras, el exministro de Justicia de la Nación durante el gobierno del Frente de Todos señaló que “sigue siendo una ley muy mala y quiero que quede claro que no estamos debatiendo si dar una respuesta desde el Estado por si un mejor comete delito, acá estamos convencidos”. “Queremos un Estado que brinde una respuesta integral, y del otro lado únicamente la respuesta es penal: cárcel o bala”, cerró.

A su turno, el jefe del bloque radical, Eduardo Vischi (Corrientes), consideró que el problema de la juventud y de la delincuencia “es una deuda de la política no es cuestión de mano dura o no, hay que reconstruir un contrato social para que el joven sienta que el país le da un futuro”.

“Quienes están en contra de la ley creo que no la han leído. Se han puesto en una posición doctrinaria o de contra sin leerla porque no parece una ley penal. Parece como que el Estado va a salir a agarrar a todos los menores y meterlos presos según lo que dicen, pero cuando lees la ley es más un plan social que una ley penal porque la mayoría de las consignas que tiene son los que realmente el Estado tenía que haberse hecho cargo hace tiempo en cuanto a los menores”, afirmó.

Vischi analizó que “no podemos seguir mirando para el costado porque los menores de 14 años en adelante comprenden perfectamente la criminalidad de sus actos. No podemos seguir haciendo como si nada pasó. No le podemos decir a la sociedad y a la familia de las víctimas que no pasa nada si un menor de edad comete un delito. No puede ser que no hagamos nada. Esta ley es sumamente necesaria porque es un pedido de la sociedad”.

El cierre del debate estuvo a cargo de la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, quien aseguró que el Congreso tiene “la gran oportunidad” de terminar con una de las “grandes injusticias del sistema penal argentino” que es una ley que viene de la dictadura y convirtió a cada juez “en dueño de la vida de cada menor que cometía delitos. Un sistema tutelar sin claridad, donde la ley no era igual para todos. Era un factor discrecional”.

“Acá el kirchnerismo hizo de la seguridad el mundo del revés, donde habló del victimario y nunca de la víctima. Convirtieron a los presos, detenidos, asesinos y abusadores en personas que parecían que habían cometido un delito porque la sociedad no se había desarrollado para que puedan vivir, cuando el 99% no cometen delitos con independencia de la situación social en la que viven”, apuntó.

Bullrich remarcó que el Estado “no va a seguir mirando para otro lado ¿o quieren que los ciudadanos sean de segunda frente a delincuentes que hoy tienen derechos que la Argentina les sigue dando a pesar de los crímenes que cometen? Ponemos una edad de imputabilidad porque es necesario dar certeza. Esta ley está del lado del ciudadano y deja la teoría de que la víctima es el delincuente”, y afirmó: “Venimos a recuperar el sentido de la justicia que es fundamental. Venimos a terminar con la doctrina de que el delincuente es víctima del sistema y se deja solo al trabajador”.

“Cuando el delito no tiene consecuencias, la ley pierde autoridad y esto es lo que pasaba. El lugar del delincuente en la sociedad es de acuerdo al delito que comete, si asesina tiene que tener cadena perpetua porque matar no puede ser gratis ni para un menor de 14 años ni para alguien mayor”, exigió Bullrich y recordó el caso de Jeremías Monzón, asesinado por menores de edad en Santa Fe; el de Roberto Sabo asesinado en Ramos Mejía mientras atendía su kiosco; a Uma Aguilera cuyos padres son policías de la federal y eran sus custodios.

La senadora acusó a la oposición de mentir sobre el proyecto: “Mienten para asustar y que la gente crea que se van a llevar a los chicos por una pelea”, y ratificó que “los hechos tienen que tener consecuencias y el Estado no puede ser indiferente. La impunidad nunca educó a nadie y genera la idea de que todo vale. Destruye la conciencia moral del pueblo”.

Por último, destacó que el proyecto baja la edad a 14 años que se basa en “responsabilidad legal, en educación, medidas de re sociabilización, a la integración social, a planes de capacitación social, al acceso a la salud. Es una ley penal que también intenta generar una escala para frenar en el primer delito al delincuente y que no se convierta en un delincuente mayor. Un adolescente que roba y mata es consciente de lo que hace”, y explicó que tiene nueve tipos de penas delictivas, medidas educativas, seguimiento del Estado.

Qué dice el texto

La iniciativa prevé una serie de medidas complementarias (programas educativos, laborales, recreativos). En casos de delitos con hasta 3 años de prisión y de delitos de 3 a 10 años de prisión (que no incluyan muerte o lesiones graves), se podría aplicar una serie de penas antes de llegar a la privación de la libertad.

En cuanto a las penas privativas de la libertad, podrán ser en domicilio; en un instituto abierto; o en un instituto especializado de detención, o bien en una sección separada de un establecimiento penitenciario, siempre apartados de adultos.

La norma prohíbe la prisión perpetua y cuando el adolescente, recluido en instituto o centro de detención, haya cumplido los dos tercios de la condena, el juez a cargo de la causa podrá considerar sustituir el encierro por otras medidas.

También se habilita la mediación penal para delitos con penas máximas de hasta 6 años; y la suspensión del proceso a prueba (para delitos cuyo mínimo de pena no exceda de los 3 años de prisión), con la opción de la reparación del daño y medidas comunitarias.

El proyecto también menciona la figura del “supervisor”; los principios generales de los institutos especializados de detención; medidas de salud, entre otros puntos. De todas maneras, la ley entrará en vigencia a los 180 días de su publicación en el Boletín Oficial.

Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana tienen fijada la edad de imputabilidad en 14 años, mientras que Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá inician en los 12 años. En ambos casos, el tratamiento de los niños y jóvenes que cometen delitos se basa en impartir medidas socioeducativas que priorizan su reinserción en la sociedad.

La letra oficial

Por otra parte, el oficialismo argumenta que “aumentaron los delitos cometidos por menores” de entre 12 y 15 años, con una participación “creciente” en delitos graves, lo que genera una sensación de “injusticia” e “impunidad”, dos situaciones que el Ministerio de Seguridad, hoy comandado por Alejandra Monteoliva y previamente por la actual senadora libertaria Patricia Bullrich, pretenden combatir desde el inicio de su gestión.

Asimismo, se busca actualizar una norma que fue instalada en el año 1980 por considerarse necesaria la instalación de “un marco legal moderno” que se adapte al escenario actual de la delincuencia juvenil.

Por último, señalaron desde LLA que muchas bandas utilizan a menores de edad como parte de los hechos delictivos que cometen porque saben “que no pueden ser procesados” y este proyecto pretende contrarrestar esa estrategia.

¿A qué se debió el cambio de 13 a 14 años que presentaba el proyecto inicial?

El oficialismo originalmente había impulsado el proyecto que iniciaba la punibilidad de los menores en los 13 años; aunque tuvo que comenzar una “negociación parlamentaria” con los bloques dialoguistas y elevarla a 14 para lograr el consenso político y, por ende, los votos necesarios para obtener la primera media sanción en Diputados.

Con esa modificación, aseguró el acompañamiento de las fuerzas aliadas como el PRO y la UCR, que señalaban que los 14 años representaban un límite más equilibrado y estaban en sintonía con el resto de los países de la región.

Esta decisión también estuvo acompañada por los resultados que hubo durante el debate en comisiones, donde especialistas en desarrollo cognitivo y neurología aseguraron que, si bien un menor puede comprender lo que hace a los 13, los 14 años ofrecen un marco más rígido para determinar la responsabilidad penal y la capacidad de comprender la criminalidad del acto.

¿Dónde permanecerán los jóvenes que cometan delitos?

El régimen prohíbe que los menores convivan con adultos y plantea la creación de centros de detención e institutos especializados con personal capacitado en niñez y adicciones, o bien permanecer en una unidad separada dentro de un penal.

Según el oficialismo, estos centros estarán enfocados en la educación y en la salud de los niños y jóvenes: para menores de 15 años que cometan delitos graves, se contempla una posible internación para lograr su resocialización, bajo control judicial.

¿Cómo se financiará el proyecto?

De acuerdo con lo establecido por el Gobierno Nacional, y mediante la incorporación de un capítulo presupuestario específico, se destinarán más de $23.700 millones para la realización de nuevos centros de detención y la contratación de personal especializado para la supervisión de los menores detenidos._

Luego de la negociación que llevó a cabo con bloques dialoguistas, el oficialismo se enfocará en la construcción de institutos especializados y en la contratación de personal interdisciplinario, para evitar el alojamiento de los niños y adolescentes en cárceles convencionales destinadas a los adultos.

Desde lo conceptual, es una ley que combina una mirada punitivista con un enfoque de resocialización, con penas graduales, castigos alternativos y medidas complementarias para la reinserción ciudadana.