La Secretaría de Energía abrió una licitación nacional e internacional para sumar hasta 700 MW de almacenamiento eléctrico con baterías (BESS) al Sistema Argentino de Interconexión (SADI). La medida, formalizada mediante la Resolución 50/2026 y publicada el 2 de marzo en el Boletín Oficial, apunta a contratar potencia disponible durante al menos cuatro horas consecutivas, con el objetivo de reforzar reservas, cubrir picos de demanda y reducir riesgos de cortes en nodos críticos.

El instrumento crea la convocatoria “AlmaSADI” y encomienda a CAMMESA la adjudicación y administración de los contratos. El dato clave: la potencia objetivo es de 700 MW, que se suman a los 713 MW ya adjudicados en el Área Metropolitana bajo el esquema AlmaGBA. La señal es clara: el Gobierno acelera la incorporación de almacenamiento como pieza estructural del mercado eléctrico mayorista.

Una nueva capa de oferta firme para el MEM

La norma convoca a presentar ofertas para celebrar Acuerdos de Almacenamiento destinados a prestar servicios de potencia y reservas operativas de corto plazo en el Mercado Eléctrico Mayorista.

Las centrales deberán ser nuevas, basadas en sistemas BESS, y garantizar la entrega de energía y potencia comprometida durante un mínimo de cuatro horas seguidas. Ese requisito no es menor: define el perfil de activos buscado —capacidad firme de corta duración— orientado a cubrir picos, estabilizar la red y aportar respuesta rápida.

El pliego aprobado fija: Niveles de potencia comprometida. Precios referenciales por potencia puesta a disposición y por energía. Metodología de evaluación con ponderación por mejora de confiabilidad según nodo y región. Requisitos técnicos y formales de conexión.

Los proyectos necesitarán la conformidad del transportista troncal o del prestador adicional de la función técnica de transporte correspondiente. En otras palabras, no alcanza con la tecnología: el valor sistémico en cada nodo será determinante.

CAMMESA actuará como compradora de la potencia y energía comprometida y pagará mensualmente los contratos. El costo se incorporará a las transacciones económicas del MEM como servicio de Reserva de Confiabilidad, a cargo de toda la demanda.

Reservas en tensión y expansión renovable

La decisión se inscribe en el marco de la Ley 24.065, que obliga a garantizar suministro seguro al menor costo posible. Pero también responde a una realidad operativa: la expansión de generación renovable intermitente y la demora en ampliaciones de transporte en alta tensión generan cuellos de botella y tensiones de corto plazo.

El Gobierno ya había avanzado con AlmaGBA, donde se adjudicaron 713 MW para el Área de Gran Buenos Aires. Además, en 2025 se creó el Programa de Gestión de Demanda para grandes usuarios, con un esquema voluntario y remunerado de reducción de carga.

Sin embargo, esos instrumentos no alcanzan para recomponer reservas en todo el SADI. La convocatoria AlmaSADI amplía el foco al resto del país con una visión federal. El almacenamiento aparece así como solución transitoria —y en algunos casos sustitutiva— frente a obras de transporte que requieren plazos y financiamiento más extensos.

En términos técnicos, las baterías permiten: Cubrir requerimientos de capacidad de corta duración. Aportar reservas de rápida respuesta. Regular tensión y potencia reactiva. Limitar aporte al cortocircuito, facilitando integración segura. Evitar Energía No Suministrada (ENS) en zonas abastecidas radialmente.

La norma no modifica el marco legal vigente, pero sí amplía la arquitectura contractual del MEM al consolidar al almacenamiento como actor específico dentro de la planificación de potencia.

Inversión intensiva y costos socializados

Desde el punto de vista económico, el programa puede movilizar inversiones relevantes en infraestructura electroquímica y sistemas de control. Los proyectos BESS demandan importación de equipamiento, ingeniería local y montaje, con impacto en empleo técnico y proveedores especializados.

Al mismo tiempo, el esquema traslada el costo a toda la demanda del MEM. Es decir, el financiamiento de la reserva se socializa vía transacciones económicas. Para las empresas distribuidoras y grandes usuarios, el efecto dependerá del precio adjudicado por MW y del peso relativo del nuevo cargo.

En términos de competitividad sistémica, el almacenamiento puede: Reducir costos asociados a cortes o restricciones. Optimizar despacho y uso de generación existente. Diferir inversiones en transporte. Facilitar mayor penetración renovable sin desestabilizar la red.

El beneficio es indirecto pero estructural: menos riesgo operativo implica menor costo de energía no suministrada y mayor previsibilidad para sectores industriales intensivos en electricidad.

Señal política y regulatoria

La convocatoria no implica una desregulación. Por el contrario, consolida un esquema centralizado de contratación donde CAMMESA actúa como comprador único y el costo se prorratea entre usuarios.

Sin embargo, también envía una señal pro-inversión: el almacenamiento deja de ser un complemento experimental y pasa a formar parte explícita de la planificación de confiabilidad. La decisión combina intervención coordinada con apertura a capital nacional e internacional.

En clave política, la medida refuerza la idea de transición energética pragmática. No se trata solo de sumar renovables, sino de garantizar firmeza y estabilidad en un sistema que enfrenta crecimiento de demanda y limitaciones de infraestructura.

Lo que habrá que seguir de cerca

El impacto real dependerá de tres variables: el nivel de precios adjudicados, la distribución regional de los proyectos y la velocidad de ejecución. También será clave observar cómo se integra esta nueva capacidad con la gestión de demanda y con futuras ampliaciones de transporte.

En los próximos meses, el mercado mirará si la competencia en la licitación logra contener costos y si el almacenamiento efectivamente reduce restricciones operativas. La señal ya está dada: el Gobierno apuesta a que las baterías no sean un complemento, sino una pieza central en la confiabilidad del sistema eléctrico argentino.