La reunión pasó casi desapercibida en los grandes medios, pero tuvo una asistencia casi perfecta. La mayoría de los gobernadores coincidió en la Casa Rosada con un objetivo común: advertirle a la Corte Suprema que un fallo que está pendiente, pone en riesgo la idea de federalismo en la Argentina. ¿Qué es lo que se discute? La cesión, generosa, de recursos de la Nación hacia Capital Federal. Cuando Mauricio Macri estaba en el poder ocurrió el traspaso de la Policía hacia la ciudad, gobernada por Horacio Rodríguez Larreta. Por decreto y con cálculos grises, hubo también una enorme cesión de recursos, calculada desde 2016 en 500 mil millones de pesos y que sólo este año significaría resignar 120 mil millones de pesos.

Al asumir, el nuevo Gobierno cuestionó ese reparto discrecional y Larreta recurrió a la Corte para que la Nación siga financiando la seguridad en la Capital Federal. Así es fácil construir una gestión y una imagen presidenciable. Así es fácil mostrar “autonomía”.

El resto de las provincias, en cambio, son custodia de su propia seguridad y además deben soportar el desdén de quienes desde el centro porteño dicen cómo se debe hacer.

Con excepción del cordobés Juan Schiaretti y los cambiemitas Rodolfo Suárez (Mendoza), Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes), el resto de los gobernadores calificaron la actuación de Macri como una “decisión unilateral, discrecional e injustificada“, que eludió obligaciones constitucionales. 

“Se rompió el equilibrio existente entre las jurisdicciones, se desoyó el procedimiento previsto en la Constitución y se violaron los principios de equidad, solidaridad y de igualdad de oportunidades“, insistieron.

Ese es el federalismo que supimos construir y que revela las enormes desigualdades internas que condenan a buena parte de la población a sufrir las consecuencias de políticas erradas con consecuencias que se extienden por años. La deuda eterna de Mauricio Macri, la laxitud de Alberto Fernández para resolver la pesada herencia, es tiempo que no se puede recuperar en medio de crisis económicas que persisten y obligan a agudizar el ingenio para sobrevivir. 

Mientras se construyen realidades “centrales” y se dirimen disputas personales que tienen al país como daño colateral, los gobernadores muchas veces deben soportar el estigma del atraso y la falta de infraestructura, como si esa no fuera una consecuencia de la mala distribución que atrasó a la Argentina profunda durante años, mientras que las provincias del centro crecían en autopistas y rascacielos. 

El propio gobernador de Jujuy, el radical Gerardo Morales, transformado ahora en enemigo íntimo del macrismo, reconoció en las últimas horas el dislate de las políticas ortodoxas que sólo van detrás de ecuaciones en las que “cierren los números”: fue en respuesta a la idea (poco original) de Mauricio Macri de volver a prometer una privatización de Aerolíneas si hay un segundo tiempo de su gobierno. Por el contrario, Morales reconoció el valor de la aerolínea de bandera que tendrá a Jujuy en otra ruta federal, que unirá esa tierra con las Cataratas del Iguazú y con Mendoza.  “Es fundamental contar con los vuelos transversales que nos conectan sin tener que pasar por Buenos Aires”, remarcó el mandatario en contraste con las declaraciones del ex presidente.

Es irónico que apenas dos años después de dejar el Gobierno, en Cambiemos recién ahora se acuerden de lanzar una “corriente federal” que incorpore la mirada de otros dirigentes. Cuando estuvieron en el Gobierno, el “interior” era un apéndice molesto que gastaba mucho. 

Sacarse ese corsé de dependencia debe ser una máxima ambición del federalismo. En eso andan los gobernadores del Norte Grande, que levantan la voz en contra de la desigualdad histórica. Por eso, la foto de 19 gobernadores con el ministro del Interior, Eduardo De Pedro, es simbólica. Si la Corte falla a favor de Larreta, premiará la discrecionalidad (que se cuestiona cuando son otros los protagonistas) en contra de los intereses de la mayoría de los argentinos que ya de por sí pagan las culpas de los errores políticos por decisiones que no tomaron. 

La memoria activa no debe ser un ejercicio apenas para días simbólicos, sino práctica permanente para evitar repetir errores. Misiones hace dos décadas que puso en marcha un proceso de desendeudamiento que le sacó una pesada mochila de dependencia del humor nacional y al mismo tiempo, le dio autonomía para determinar rumbos propios que torcieran la condición asumida de provincia periférica. 

Desde que se inició la búsqueda de esa autonomía, los indicadores sociales y económicos dejaron de avergonzar para iniciar una senda inversa, que hoy ya no sorprende. En los últimos años, crecimiento económico, récord de consumo, aumento del empleo y una sensible baja de la pobreza medida por ingresos, después de un pico que comenzó a fines de 2018 y se agudizó con la pandemia. Pero al final del segundo semestre del 2021, la pobreza en Posadas exhibió una muy importante disminución: el registro marcó 34,1%, el más bajo desde el primer semestre de 2018; y disminuyó en 5,3 puntos porcentuales respecto al semestre anterior. En la comparación interanual, la merma de la pobreza en el aglomerado misionero fue de 3,6 puntos. De este modo, en los últimos seis meses, 19.248 personas dejaron de ser consideradas pobres en la capital misionera, pero si se proyectan esos datos a toda la provincia, se registran cerca de 40 mil personas que habrían salido de situación de pobreza en el último año en Misiones. 

Ese resultado obedece a una combinación de reactivación económica, creación de empleo y aumento de salarios que, pese a todo, le ganaron a la inflación en varios sectores productivos e incluso en el sector estatal. 

Como detalla Alejandro Pegoraro en su columna habitual en Economis, Misiones tuvo la recomposición más alta del salario público provincial del país, según los últimos datos disponibles que corresponden al tercer trimestre 2021, con una suba real del 28,3%, siendo además una de las únicas tres provincias del país donde el gasto salarial creció en términos reales. En relación con el salario privado, Misiones mostró en 2021 el incremento más alto en la región y el segundo más alto del país (6,1% real), por lo cual una fuerte masa de trabajadores formales privados tuvo un crecimiento en su poder de compra. Para el caso de los informales, no existen datos al respecto. 

No deja de ser una foto sensible, que puede mutar en medio de la inflación fuera de control, con medidas del Gobierno nacional que todavía no aparecen como eficaces. Las políticas locales sirven para mitigar los efectos de los errores “nacionales”. Sin ellas, las consecuencias serían mucho peores. Para tomar dimensión: en el caso del Salario Mínimo, Vital y Móvil, la caída de valor real durante el Gobierno de Macri fue de 25%. Durante el Gobierno del Frente de Todos el promedio del valor real del SMVM se ubicó un 10,7% por debajo del nivel de diciembre de 2019. 

Por eso no sorprende que la sensación sea de agobio en buena parte de la sociedad. Tampoco que cada vez haya más distanciamiento del ciudadano de a pie de la grieta que es alimentada por igual en el Gobierno y la oposición. Una grieta que es tan grande que ya comienza a resquebrajar hacia dentro a las mismas facciones. La disputa a cielo abierto entre el kirchnerismo duro y el Presidente, amenaza con desestabilizar al Gobierno mucho más que los embates de la oposición, que también comienza a mostrar sus propias miserias pensando en 2023. 

En ese escenario, no sorprende que en Misiones las encuestas muestren un alto rechazo a los referentes nacionales y sus delegados locales que no logran hacer pie, como fieles laderos de una política que se juega demasiado lejos de las realidades locales. En contraste se visualiza el respaldo sostenido a las principales figuras de la Renovación, que están consolidados en base a la gestión. De cara a 2023, cuando se renuevan cargos ejecutivos, el diputado Hugo Passaladcqua, el vicegobernador Carlos Arce y el intendente posadeño Leonardo Stelatto, sacan enorme distancia de los seguidores identificados en la grieta. Hay otros dirigentes que también tienen una alta aprobación e incluso el joven obereño Pablo Hassan comienza a aparecer como una figura fuerte a los pocos meses de asumir la conducción de Oberá, la segunda ciudad más grande de la provincia. 

Los dirigentes renovadores se acercan a los 40 puntos de intención de voto, mientras que los de Cambiemos rozan los diez. La gestión contra la política del desgaste que pierde fuerza cuando no aparecen las soluciones. 

El voto negativo de Cambiemos al Presupuesto 2022 caló hondo, por las obras perdidas en los municipios y según las encuestas, se visualiza con claridad a los responsables. 

Ese voto obligó a redoblar la gestión para conseguir recursos. El gobernador Oscar Herrera Ahuad es uno de los más exigentes en las oficinas porteñas y esa persistencia logró recuperar algunas obras, pero para otras habrá que seguir insistiendo. 

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