De acuerdo con cálculos privados, el tamaño exacto de la “motosierra ” que aplicó el gobierno en los primeros cinco meses del año fue de $14,4 billones, estimados a valores constantes del mes pasado.

La cifra es importante porque explica una caída del gasto público total del 31,4% interanual real. Las dudas que se siguen planteando entre los consultores privados, e incluso el Fondo Monetario Internacional (FMI), es cuán sostenible puede ser ese tipo de recorte en el futuro.

Las exigencias del organismo internacional con sede en Washington de mejorar “la calidad, durabilidad y perdurabilidad” del ajuste, que consta en el “Staff Report” de la última revisión del acuerdo con argentina, es un llamado más que nada a que el Gobierno presente una reforma integral del Estado y una reforma fiscal que por el momento no se conoce.

Este martes, el Palacio de Hacienda dio a conocer los datos del Sector Público Nacional (SPN) que registró un superávit financiero extraordinario en mayo de $1,18 billones y uno primario de $2,2 billones. Aunque el Gobierno hizo su parte achicando los pagos, es cierto también que el mes pasado hubo una recaudación inusual del Impuesto a las Ganancias de las empresas, como fruto de la devaluación de diciembre.

Algunos de los ajustes que se llevaron a cabo hasta ahora corren riesgo. Tal es el caso de los jubilados. El gobierno pretende que el costo total del sistema sea del 7,14% del PBI, mientras que la oposición impulsa un proyecto que cuenta con sanción en Diputados para que sea del 7,57% PBI

Según estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), las jubilaciones y pensiones sufrieron una poda en lo que va del 2024 de $4,56 billones, lo que implica un aporte del 31% del total de ajuste.

“En el acumulado del año el gasto público nacional pagado bajó $14,4 billones en pesos constantes de mayo respecto de 2023”, dice el informe. En ese sentido, el estudio plantea que es “importante analizar la distribución del recorte del gasto público”.

Cada jubilado perdió este año unos $653.000

“Se aprecia que las jubilaciones y pensiones soportaron el 31% de la reducción total (su participación disminuyó 4 puntos respecto al mes anterior), la inversión real directa el 16%, las transferencias a provincias el 14%, subsidios a la energía el 10% y salarios el 7%, entre los más importantes”, indica el IARAF.

Si se toma la cantidad de jubilados y pensionados con beneficios contributivos, un total de 6,8 millones, se puede estipular que cada beneficiario habría aportado este año al superávit del gobierno unos $653.000 aproximadamente.

El IARAF detalla, por otro lado, que “de un déficit fiscal acumulado de 1,3% del PBI a mayo de 2023, se pasó a un superávit de 0,4% del PBI a mayo de 2024”.

“La magnitud relativa del cambio fiscal registrado, básicamente vía reducción del gasto, es de 1,7 puntos porcentuales del PBI”, añade el informe.

Por otra parte, señala que, “en los primeros 5 meses del año, 15 de los 16 gastos nacionales bajaron interanualmente en términos reales. La excepción fue el gasto en Asignaciones Universales (AUH) para la protección social (11,5%).

Los gastos que más cayeron fueron: transferencias de capital a provincias (-98,1%), inversión real directa (-77,7%) y Transferencias corrientes a las provincias (-75,3%). Estos expendios son los que vienen registrando las mayores caídas interanuales en términos reales.

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