El principal componente del gasto público nacional son las jubilaciones y pensiones. Representan aproximadamente 40% del total de las erogaciones. Más importante aún es que crece a una tasa sustancialmente más alta que el resto de los gastos e ingresos. Por ejemplo, en lo que va del año el pago a jubilados aumentó a una tasa del 30% interanual cuando los recursos tributarios lo hicieron al 22%. Esta dinámica convierte al sistema previsional en el principal factor desestabilizador de las finanzas públicas.
Esta acelerada expansión del gasto previsional no solo explica el insostenible nivel de déficit fiscal sino que además limita y cercena otras actividades del Estado. Incluso en otros componentes del sistema de protección social. Por ejemplo, el gasto en asignaciones familiares –que es el segundo en importancia luego de las jubilaciones dentro de las prestaciones sociales– viene creciendo a una tasa del 22% interanual, es decir, más en línea con la evolución de los recursos tributarios que con el gasto previsional.
¿Cuál son las consecuencias sociales de que el gasto previsional sea tan alto y con un crecimiento tan expansivo? Un dato que ayuda a echar luz sobre este interrogante es la diferencia en la tasa de pobreza según grupos etarios. En este sentido, con la encuesta de hogares del INDEC correspondiente al 1° trimestre del 2018 se estima que:

• Entre la población menor de 20 años de edad la pobreza alcanza al 38%.
• En la población con entre 20 y 60 años de edad la pobreza es del 23%.
• Entre la población mayor a 60 años la pobreza es de apenas el 7%.

Estos datos muestran que los niños y los jóvenes sufren cinco veces más pobreza que los mayores. Semejante brecha está asociada al hecho de que la política previsional aplicada en la última década fue eficaz en reducir la pobreza entre los mayores pero, debido a su rudimentario diseño, lo hizo a costa del resto de la población y, en especial, de los niños y jóvenes. Esto es así porque el acelerado crecimiento del gasto previsional obliga a sacrificar otras erogaciones del Estado de alto impacto en la niñez y la adolescencia (como las asignaciones familiares) y a aplicar impuestos de muy mala calidad (incluyendo el inflacionario) que cercenan la generación de empleos. Así, el gasto previsional termina haciendo una contribución importante a la distribución regresiva del ingreso.
Dejar que el gasto previsional continúe con esta dinámica no solo es un factor de desestabilización macroeconómica sino que profundiza la desigualdad y la exclusión social. Además, evaluado en una perspectiva de largo plazo, erosiona la propia sustentabilidad del sistema previsional. Los niños y jóvenes que hoy sufren la pobreza no están desarrollando capacidades laborales apropiadas para ser los futuros sostenedores del sistema. Si en la actualidad sólo un tercio de los ocupados tiene un empleo asalariado registrado en el sector privado –es decir, es un sostén genuino del sistema previsional– con las tendencias actuales en el futuro esa proporción tendera a empeorar.
¿Existen márgenes para moderar el crecimiento del gasto previsional sin incrementar la pobreza entre los adultos mayores? La respuesta es afirmativa, en la medida que se esté dispuesto a eliminar reglas que generan derroches y privilegios. En términos simplificados, hay que actuar sobre tres áreas: a) tender a la homogeneidad de las reglas previsionales revisando los regímenes especiales y diferenciales que permiten acceder a la jubilación con menor edad, menos aportes y/o mayor haber jubilatorio que el régimen general; b) establecer que la regla de movilidad para personas con doble beneficio se aplique sólo a uno de los beneficios; y c) revisar las reglas de acceso a la pensión por supervivencia a los fines de comenzar a revertir el masivo fenómeno de doble cobertura.
La política previsional de la última década se caracterizó por el oportunismo y la irresponsabilidad. La más dañina y perdurable de sus consecuencias es que quitó espacios para asistir mejor a los 4 de cada 10 menores que viven en la pobreza. Se trata de un drama presente y una hipoteca pesada a futuro. Por eso, la reforma previsional es necesaria para el ordenamiento de las finanzas públicas e imprescindible para generar los espacios fiscales que permitan atender la pobreza entre los niños y los jóvenes.