La ley que en 2023 pretendía convertir a Misiones en la primera provincia argentina libre de glifosato está a punto de perder su artículo más disruptivo. Y también el más resistido. Tal como anticipó Economis el domingo, el borrador de la ley ya comenzó a ser analizado por diputados. El proyecto de reforma al que todavía le restan detalles por pulir, no fija una nueva fecha para la prohibición ni extiende simplemente la transición hasta 2030. El cambio es bastante más profundo: deroga el artículo 7 de la Ley VIII Nº 103 y lo reemplaza por una disposición que ya no menciona al glifosato ni ordena su eliminación.

La nueva redacción establece que la utilización de bioinsumos será exigible únicamente cuando los organismos nacionales competentes o las autoridades de los países compradores hayan autorizado el empleo de “fitosanitarios amigables con el ambiente”. El Poder Ejecutivo provincial quedará facultado para determinar los plazos, condiciones y requisitos de esa transición.

En términos prácticos, la prohibición general y automática desaparece. El reemplazo de los productos químicos deja de depender de un calendario político provincial y pasa a quedar condicionado por la validación regulatoria, sanitaria y comercial de los productos alternativos.

Es una rectificación sustancial de la política que Carlos Rovira promovió hace poco más de tres años y que el Gobierno presentó entonces como uno de los pilares de su modelo de agricultura sustentable.

El proyecto lleva las firmas de Juan José Szychowski, Sara Carolina Butvilofsky, Arabella Mariel Soler y Ángel Centeno. Los cuatro legisladores están hoy identificados como integrantes del Movimiento por lo que Viene, el espacio político referenciado en el gobernador Hugo Passalacqua.

El dato no es accesorio. No se trata de una modificación presentada por la oposición ni de uno de los proyectos que, desde 2023, intentaron revisar o derogar la restricción. La reforma surge de la nueva corriente política que lidera hoy Passalacqua.

La composición de las firmas expone así una segunda lectura: la revisión de la política de bioinsumos también forma parte de la reconfiguración de la política misionera. El espacio conducido por Passalacqua asume la responsabilidad de corregir una de las leyes emblemáticas de Rovira y, al mismo tiempo, de las más resistidas.

Qué decía la ley sancionada en 2023

La Ley VIII Nº 103 fue sancionada el 22 de junio de 2023 y publicada oficialmente en julio de ese año. Su finalidad general era establecer un marco para la investigación, el desarrollo, la producción, el registro, la comercialización y la utilización de bioinsumos.

La norma definió a los bioinsumos como productos biológicos elaborados a partir de microorganismos, macroorganismos, extractos o compuestos bioactivos destinados a la producción agropecuaria, agroalimentaria, agroindustrial y agroenergética.

También creó el Registro Provincial de Productores de Bioinsumos y habilitó al Estado a brindar incentivos financieros y asistencia técnica a las personas humanas o jurídicas inscriptas.

Pero el verdadero corazón político y productivo de la ley estaba en su artículo 7:

“Se prohíbe la utilización del glifosato, sus componentes y afines en toda la Provincia”.

La prohibición debía comenzar dos años después de la publicación oficial, como parte de una “transición progresiva” hacia métodos más amigables con el ambiente. Eso ubicaba el vencimiento original a mediados de 2025, aunque Passalacqua extendió el plazo hasta 2030. 

La sanción de la ley le abrió las puertas a Agro Sustentable, la empresa presidida por Joaquín Basanta, socio de Augusto Marini -dueño de los canales de streaming Blender y Carajo y de la aplicación AlegraMed, que también será dada de baja– que se instaló en el Parque Industrial de Posadas. Desde enero el Gobierno dejó de comprarle bioinsumos a esa empresa.