La Política Online – Massalin aumenta la presión para que el gobierno retroceda sobre su decisión y vuelva a incorporar el capítulo sobre tabaco en la nueva versión de la Ley Ómnibus. Santiago Caputo y Guillermo Francos decidieron retirar ese capítulo para evitar que el lobby cruzado de las tabacaleras les complique la sanción de la ley.

En efecto, a pesar de ser el líder de la línea interna libertaria conocida como Grupo Marlboro, Caputo decidió bajar de la Ley Ómnibus el capítulo sobre el tabaco y así lo comunicó en las distintas reuniones que tuvo con los jefes de los bloques dialoguistas como el macrista Cristian Ritondo y el radical Rodrigo de Loredo. 

Es que esa discusión esta sometida a las presiones cruzadas de la multinacional Massalin-Phillips Morris y la local Tabacalera Sarandí.

Sin embargo, Massalin viene desplegando un lobby pocas veces visto para que el tema vuelva a incorporarse a la Ley Ómnibus, y cuenta con aliados de peso, como el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, que llamó a sus pares de la Patagonia para pedirles que lo ayuden a lograr que se trate el capítulo del tabaco. 

El estudio Brochou-Funes de Rioja que trabaja para Massalin organizó un Zoom con diputados de un espectro tan amplio como Ricardo López Murphy, Nicolás Massot, Luciano Laspina, Pamela Calleti y Pablo Yedlin para dialogar sobre la manera de lograr que el capítulo vuelva a la ley ómnibus. 

Los socios del bufete fueron acusados de redactar al menos una parte del DNU y la Ley Ómnibus original. Ahora tienen otra tarea: fueron contratados por Nobleza Picardo y Massalin para convencer a los diputados de presionar al gobierno para modificar la normativa que regula la venta de cigarrillos.

Massalin también quiere conseguir una habilitación para poder vender vapeadores, cuya comercialización está prohibida en la Argentina por ANMAT y el Ministerio de Salud y también en Europa.

Los dispositivos electrónicos volvieron a darle una imagen “cool” a la industria más mortífera del planeta sólo por detrás de las armas. Massalin quiere que el gobierno habilite la venta de cigarrillos electrónicos y que tributen un 20% de impuestos.

Los especialistas no alineados con las tabacaleras creen que la mejor forma de desalentar el consumo no es con un impuesto mínimo sino con un precio mínimo como sucede en la Unión Europea. Además, consideran necesario que el tabaco pague entre 75 y 82% de impuestos.

El lobby de la industria tabacalera atraviesa a todo el arco político. Tabacalera Sarandí logró que diputados del peronismo y el PRO le reclamaran al gobierno el retiro del capítulo sobre tabaco como condición para acompañar la iniciativa.

El tema no es nuevo. Massalin ya había logrado que Macri sancionara una ley de impuesto mínimo de 517,5 pesos por atado, que según Tabacalera Sarandí buscaba quebrar a las tabacaleras nacionales para consolidar un monopolio en cabeza de la multinacional Phillip Morris.

En base a cautelares, Otero evitó el pago del impuesto mínimo y eso le permitió bajar el precio de sus productos y pasó de tener un 10% del mercado al 30%. Por eso, como la jugada le salió mal ahora Massalin busca una nueva formulación del proyecto.

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