Tal como publicó esta semana Economis en esta nota, los datos del mercado laboral de Posadas muestran una transformación que va mucho más allá de una simple variación en la cantidad de personas ocupadas. Los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) correspondientes al primer trimestre de 2026 revelan un deterioro simultáneo de la calidad del empleo, los ingresos y la capacidad de los hogares para sostener sus gastos. El dato más preocupante es que se está produciendo un desplazamiento acelerado desde el empleo asalariado hacia el cuentapropismo y, fundamentalmente, desde la formalidad hacia la informalidad.

Entre 2024 y 2026, la participación del cuentapropismo dentro de los ocupados de Posadas pasó del 24% al 29%, mientras que el trabajo asalariado retrocedió del 71% al 66%. En otras palabras, cada vez hay una mayor proporción de personas que trabaja por cuenta propia y una menor proporción que lo hace como asalariada. Este proceso no necesariamente implica que todo el cuentapropismo sea precario —aunque también crece en esa dirección—, pero cuando se lo observa junto con la evolución de la informalidad, el diagnóstico se vuelve mucho más claro.

La informalidad laboral alcanzó al 53% de los ocupados en el primer trimestre de 2026, frente al 43% registrado apenas un año antes. Es decir, en solo doce meses, la proporción de trabajadores informales aumentó 10 puntos porcentuales. El fenómeno no se explica solamente porque hayan desaparecido empleos formales: los ocupados formales se redujeron 12,9%, equivalente a unas 12.104 personas, mientras que los informales aumentaron 30,0%, incorporando unas 21.603 personas.

Esta combinación es especialmente significativa. El mercado laboral no solamente está perdiendo empleo formal, sino que una parte importante de quienes ingresan o permanecen ocupados lo hace bajo modalidades informales. En otras palabras, el mercado de trabajo está funcionando como una válvula de escape frente a la pérdida de capacidad para generar empleo de mayor calidad.

Esto puede estar asociado a varios factores que se retroalimentan. Por un lado, una menor demanda de trabajo formal por parte de empresas y comercios, en un contexto en el que muchas actividades enfrentan dificultades para sostener sus niveles de ventas y rentabilidad. Por otro, la necesidad de los propios trabajadores de generar rápidamente algún ingreso, aun cuando sea a través de actividades por cuenta propia, changas, trabajos ocasionales o empleos sin registración. Cuando el empleo asalariado formal no crece al ritmo de la necesidad de ingresos, el cuentapropismo y la informalidad se convierten en mecanismos de absorción.

El problema es que esta salida tiene un costo económico y social elevado: a mayor informalidad, menores ingresos y mayor vulnerabilidad. La evolución de los ingresos confirma que el deterioro no se limita a la composición del empleo. Al primer trimestre de 2026, el ingreso promedio de los trabajadores formales de Posadas cayó 8,7% real interanual, mientras que el de los informales retrocedió 2,5%. El dato puede parecer paradójico: los ingresos formales cayeron más que los informales. Sin embargo, esto no significa que la informalidad haya dejado de ser desventajosa. Por el contrario, la brecha continúa siendo muy importante. En promedio, un trabajador formal de Posadas percibe ingresos equivalentes a 2,1 veces los de un trabajador informal.

La diferencia es fundamental porque el empleo formal no solamente supone un ingreso monetario mayor. También implica acceso a cobertura de salud, aportes jubilatorios, licencias, protección frente al despido y, en muchos casos, mayor estabilidad. Por eso, cuando una economía reemplaza empleo formal por ocupaciones informales, la pérdida no puede medirse únicamente en pesos: también se deteriora la red de protección que acompaña al trabajador y a su hogar.

La situación del mercado laboral termina trasladándose directamente a los hogares. Y allí aparecen algunos de los indicadores más preocupantes. El 20% de los hogares de Posadas declara que, en el primer trimestre del año, debió utilizar ahorros para poder cubrir los gastos del hogar, mientras que el 46% debió realizar compras básicas en cuotas con tarjeta de crédito ante la falta de liquidez.

Estos datos muestran un cambio importante en la forma en que las familias enfrentan la pérdida de poder adquisitivo. Cuando los ingresos corrientes dejan de alcanzar, aparecen inicialmente mecanismos de ajuste: reducir consumos, postergar compras, cambiar marcas o eliminar gastos considerados prescindibles. Pero cuando ese margen se agota, surgen mecanismos de financiamiento: primero los ahorros y luego el crédito.

El problema es que esos mecanismos no son infinitos. Los datos de crédito del Banco Central muestran que la mora en Misiones alcanza al 18,7% y afecta a unas 142.000 personas, con un saldo en mora superior a 90 días de aproximadamente $293.000 millones. La situación es particularmente compleja en algunos segmentos del sistema financiero: la mora alcanza al 33,0% entre los clientes de empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito y llega al 50,3% entre quienes acceden a crédito a través de proveedores no financieros. También existe una fuerte diferencia generacional: la mora alcanza al 33,5% entre los jóvenes de hasta 25 años. Y, por género, es mayor entre los varones (19,8%) que entre las mujeres (17,2%).

Esto permite observar una segunda etapa del deterioro. Primero se deterioran los ingresos laborales; después, los hogares utilizan sus ahorros para sostener el consumo; luego recurren al crédito; finalmente, una parte creciente comienza a tener dificultades para pagar ese crédito. No se trata solamente de un problema financiero. La expansión de la mora puede terminar restringiendo el acceso futuro al crédito de las familias, encareciendo el financiamiento y profundizando las dificultades para sostener consumos básicos. En ese sentido, el endeudamiento puede convertirse en un mecanismo que amortigua el impacto de la caída de ingresos en el corto plazo, pero amplifica la vulnerabilidad en el mediano plazo.

Pero todo esto también afecta a la salud. En 2025, el 37% de las personas de Posadas no contaba con cobertura de obra social o prepaga. En 2026, esa proporción trepó al 42,5%. La explicación puede estar vinculada a distintos factores. La pérdida de empleos formales implica, en muchos casos, la pérdida de la cobertura asociada al trabajo registrado. Pero también puede existir otro fenómeno: hogares que, aun conservando determinados ingresos, dejan de pagar una prepaga o reducen gastos vinculados a la cobertura médica porque el presupuesto familiar ya no alcanza.

En cualquiera de los dos casos, el resultado es el mismo: una mayor cantidad de personas termina dependiendo exclusivamente del sistema público de salud. Esto genera una presión adicional sobre un sistema que ya enfrenta restricciones presupuestarias y de recursos. Por eso, el deterioro del mercado laboral no queda encerrado en las estadísticas de empleo: termina impactando también sobre la demanda de servicios públicos.

Los datos de Posadas permiten identificar un círculo que merece especial atención. Menos empleo formal implica menores ingresos y menor cobertura social. La pérdida de poder adquisitivo obliga a los hogares a reducir consumos y utilizar ahorros. Cuando los ahorros se agotan, aparece el financiamiento con tarjeta y otros mecanismos de crédito. A medida que aumenta el endeudamiento, también crece el riesgo de mora. Al mismo tiempo, la pérdida de cobertura de salud incrementa la presión sobre el sistema público y, en paralelo, quienes necesitan generar ingresos encuentran en el cuentapropismo y la informalidad una alternativa cada vez más extendida.

El problema es que esta dinámica puede volverse autorreforzada. Una economía con menor empleo formal genera menos ingresos estables; hogares con menor capacidad de consumo reducen la demanda; una demanda más débil dificulta la recuperación de determinadas actividades; y empresas y comercios con menor capacidad de generación de ingresos tienen menos incentivos o posibilidades para incorporar trabajadores formalmente.

En este contexto, los esfuerzos que puedan realizar los gobiernos local y provincial para sostener la actividad, acompañar a los sectores más afectados o contener el deterioro social resultan necesariamente insuficientes si el marco macroeconómico nacional continúa operando en sentido contrario. No hay política provincial que pueda compensar indefinidamente una estrategia económica que plancha el consumo, debilita el mercado interno, encarece el crédito y deteriora las condiciones de competitividad de las economías regionales.

El problema de fondo es que, mientras la política económica nacional se concentra en determinadas variables financieras y fiscales, la economía real muestra otra película: comercios que venden menos, empresas que demandan menos trabajo, trabajadores que pasan a la informalidad, familias que consumen sus ahorros y se endeudan para comprar lo básico. Si el objetivo es recuperar el empleo y mejorar las condiciones de vida, resulta imprescindible que la política económica vuelva a mirar esa economía real, porque ninguna estabilización será sostenible si se construye sobre el deterioro de quienes producen, trabajan y consumen.